El Gobierno amplió la comitiva que viajará este viernes a Ushuaia para recorrer el proyecto de la Base Naval Integrada y sumó legisladores nacionales y jefes militares. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantendrán además un encuentro a media mañana con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

La actividad tendrá como eje la inspección del predio donde se desarrolla la base, pero la incorporación de autoridades políticas, parlamentarias y militares le agrega una dimensión más amplia. El Gobierno busca mostrar respaldo institucional a una de las principales obras incluidas en la estrategia que Javier Milei anunció por Malvinas.

En Nación confirman que participarán el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, mientras que no viajarán los titulares de las tres Fuerzas Armadas. La delegación estará encabezada por Quirno y Presti.

También se sumarán legisladores nacionales de Tierra del Fuego. La lista incluye a Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, aunque la nómina de participantes terminó de ajustarse durante las últimas horas.

El encuentro con Melella tendrá lugar a media mañana, antes o durante el tramo inicial de la actividad. Hasta este jueves no estaba prevista una conferencia de prensa ni una presentación formal posterior: el núcleo de la jornada seguirá siendo la recorrida por el área destinada al proyecto.

La comitiva prevé llegar a Ushuaia alrededor de las 10 y quienes regresen a Buenos Aires el mismo día apuntan a iniciar la vuelta cerca de las 17. Tampoco está prevista, hasta ahora, una reunión con autoridades militares de Estados Unidos.

La visita busca marcar además un cambio de etapa. Quirno aseguró este jueves que, después del trabajo conjunto entre Cancillería y Defensa, el Gobierno pasó “del planeamiento a la ejecución” y adelantó que la recorrida servirá para definir los próximos pasos de la Base Naval Integrada.

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El canciller ubicó la obra dentro de una estrategia más amplia para el extremo austral. Sostuvo que la instalación permitirá concentrar medios, ampliar las capacidades navales y fortalecer las campañas antárticas, además de mejorar la protección de los intereses marítimos argentinos.

En ese esquema adquieren especial importancia las inversiones en telecomunicaciones anunciadas por Milei durante la cadena nacional. El Gobierno trabaja para que esas capacidades se integren con radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales en un esquema permanente de vigilancia del Atlántico Sur.

La intención oficial es que la Base Naval Integrada funcione progresivamente como uno de los nodos de ese sistema de vigilancia, concentrando información producida por distintos medios y permitiendo cruzar datos sobre movimientos marítimos y aéreos en la región.

El proyecto tiene antecedentes mucho anteriores a la actual administración. La Armada y el gobierno de Tierra del Fuego firmaron en 2004 un convenio marco vinculado con la reubicación y modernización de la Base Naval Ushuaia y el desarrollo de un polo logístico austral y antártico.

Una de las razones históricas para avanzar con la nueva instalación fue el crecimiento de Ushuaia alrededor de la actual base naval. En ámbitos militares explican que la expansión urbana fue rodeando progresivamente las instalaciones, reduciendo el margen para ampliar su infraestructura y sus capacidades operativas.

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La obra actual fue lanzada formalmente en 2022 y presenta un avance físico cercano al 9%. El proyecto contempla un muelle de más de un kilómetro, edificios de servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible e infraestructura para la logística antártica.

Después de la cadena por Malvinas, Milei dispuso un refuerzo presupuestario para Defensa. El Decreto 867/2026 asignó más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel, mientras que el costo total estimado del proyecto de Ushuaia se ubica entre US$400 millones y US$500 millones.

La recorrida de este viernes buscará así combinar la definición de los próximos pasos de la obra, el respaldo de legisladores fueguinos, la participación de la conducción militar y la coordinación con la provincia. Para la Casa Rosada, la base debe convertirse además en una pieza central del despliegue logístico, militar y tecnológico con el que pretende reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

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Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ratificó en redes sociales su postura sobre el archipiélago al escribir que “¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina!”. Su declaración se produce en medio de tensiones diplomáticas por la explotación hidrocarburífera en la región.

¡Las Islas Malvinas pertenecen an Argentina! 🇦🇷

— Yair Netanyahu🇮🇱 (@YairNetanyahu) September 10, 2026

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No es la primera vez que el activista digital manifiesta este respaldo. En septiembre del año pasado, tras una decisión británica respecto al Estado palestino, ya había expresado públicamente que “¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.

Aquel mensaje inicial fue celebrado en su momento por dirigentes oficialistas locales como Nahuel Sotelo y Agustín Romo. Aunque no posee cargos oficiales en la administración de su padre, Yair utiliza habitualmente sus redes para emitir fuertes posicionamientos políticos internacionales.

En sintonía con este pronunciamiento, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó al gobierno israelí a reconocer formalmente el reclamo argentino y a imponer sanciones a Gran Bretaña por considerar que “le roban violentamente al pueblo argentino”.

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En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.

Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.

En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.

También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.

Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.

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“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.

A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.

Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.

Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.

Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.

El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.

Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.

Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.

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