El proyecto de Ley desregulador impulsado por el Gobierno, que será enviado en breve al Congreso, incluye la simplificación del funcionamiento del sistema de planes de ahorro previo para comprar automóviles. La iniciativa, que trascendió esta semana, prevé una reforma mucho más amplia que alcanza a todo tipo actividades comerciales, profesionales y que afecta a sectores productivos, comercio, transporte y servicios financieros.

Surgió del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, e implicaría una de las mayores reestructuraciones regulatorias de los últimos años, que en el caso de los planes de ahorro implicará -si se aprueba- una notoria reducción de las facultades estatales para intervenir en precios y condiciones comerciales.

Los planes de ahorro para la compra de automóviles 0 km están actualmente regulados por la Inspección General de Justicia (IGJ), a través del Departamento Federal del Ahorro, organismo que establece el modo en que se establecen las sociedades de capitalización para fines determinados. Asegura la solvencia de las empresas que tienen esa finalidad en su conformación y funcionamiento y controla el cumplimiento de los compromisos asumidos con los ahorristas.

El proyecto de ley establece, en el capítulo 6°, que ese organismo deje de ejercer el control específico sobre un sistema de comercio en el cual se adquiere un bien que no se entrega inmediatamente sino a plazos mientras los suscriptores abonan mensualmente una cuota parte del bien, en este caso, un automóvil.

Así lo establecen los artículos 159 y 160 del texto. En el primero se detalla expresamente que se derogará el decreto 142.277 del 8 de febrero de 1943, que está referido a las condiciones que deben tener las empresas de capitalización y ahorro.

El segundo, en tanto, dice que “los contratos que tengan por objeto la capitalización, el ahorro para fines determinados o la constitución de capitales mediante desembolsos únicos o periódicos, destinados a la percepción de sumas de dinero o a la adjudicación de bienes o servicios, quedarán bajo las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley Nro 24.240″.

Para muestra, nada mejor que un ejemplo. A comienzos de julio, y después de casi tres años de gestiones hasta conseguir la aprobación que exige la norma, Honda Argentina comunicó la creación de Honda Plan Argentina (HPA), una empresa específica para administrar un plan de ahorro para comprar motocicletas.

En el comunicado emitido por la marca, se detalló que la empresa se constituyó el 21 de enero de 2026, con un capital de USD 5.000.000, una participación accionaria de Honda South America del 60% y de Honda Motor de Argentina S.A. del 40%, cuyo presidente es Masaichi Kobayashi, y la actividad registrada y aprobada es la de prestación de servicios de gestión de capital.

Si se deroga la ley 142.277 que regula la actividad comercial para planes de ahorro, los consumidores no tendrán este tipo de garantías al suscribirse para la adquisición de un vehículo, sea un automóvil o una moto en este caso, y quedarán desprotegidos ante eventuales faltas al compromiso de suscripción.

“Es cierto que aún con esta legislación, hay varios incumplimientos por parte de las administradoras de planes de ahorro, pero esta legislación es la que obliga a la entrega de unidades en determinados plazos una vez que se adjudicó el vehículo y el ahorrista pagó sus costos, regula esos costos de adjudicación, regula el costo del seguro sobre vehículos con prenda, etc”, aseguraron desde una de las actuales administradoras de planes de ahorro del mercado.

“Sin control, cualquier empresa, hasta una SAS, podrá crear un plan de ahorro y si cuando llega el momento de entregar una unidad no lo hace, será tarde, porque el ahorrista ya pagó y Defensa del Consumidor llegará cuando el problema ya existe. La ley actualmente regula incluso la actividad de las administradoras respecto a cómo se utilizan los fondos recaudados mensualmente a través de las cuotas”, agregaron.

El proyecto de ley que incluye desregular la actividad comercial de los planes de ahorro llega en el momento en el cual varias marcas nuevas, casi todas chinas, están comenzando a ofrecer planes de ahorro para la venta de sus autos híbridos o eléctricos.

“Teniendo en cuenta que el 30% de los autos que se patentan actualmente en el mercado lo hacen a través de planes de ahorro, las nuevas marcas chinas están empezando a trabajar ese sistema también, pero de forma tercerizada, ya que no cuentan con administradoras propias ni con el respaldo de una terminal”, dijo el especialista en planes de ahorro Pablo Piñeiro a Infobae.

“Las más grandes como BYD o Baic no tendrian problemas para constituir grupos de 168 ahorristas (planes de 84 cuotas) porque ya tienen volumenes de ventas que se los permite. Pero a las marcas que venden pocas unidades se les va a complicar y si no juntan los ahorristas no podrán armar los grupos y tendrán que disolverlos. Comprar un auto a través de este sistema sin ningún tipo de control sería una pésima decisión, no lo recomendaría jamás”, finalizó Piñeiro.

La situación de crisis y parálisis que atraviesa el sector de la indumentaria y el calzado sigue colocando al borde del precipicio a buena parte de los principales actores de ese nicho. Sin recuperación a la vista, el sector suma números rojos en todos los frentes: sufre la caída del consumo interno, redujo sensiblemente su actividad, acumula una rentabilidad negativa y en los últimos tres años sufrió la pérdida de más de 24.000 puestos de trabajo. Desde la histórica Texilo hasta Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y Dass, que viene de cerrar su planta de producción de zapatillas en Eldorado, en la provincia de Misiones, con despidos a mansalva, el número de firmas complicadas se acrecienta mes a mes. En línea con eso, Textil Amesud, considerada una de las la tejedurías de punto más grandes de la Argentina y proveedora estratégica de marcas internacionales como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y firmas locales como Cheeky, tramita por estos días su concurso preventivo de acreedores tras declarar la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros de corto y mediano plazo.

El proceso en cuestión quedó radicado en el Juzgado Comercial porteño N° 22, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, bajo la carátula de «Gran Concurso». Con este movimiento judicial, la empresa intenta frenar el avance de sus acreedores en un contexto donde el freno de la producción y la caída del consumo le congelaron por completo la facturación.

Según datos ligados a ese proceso, la compañía comandada por la familia Kim acumula un pasivo de $12.156 millones, acentuado por una cesación de pagos que la propia firma fijó de manera formal a partir de mayo.

Amesud cuenta con activos declarados por más de 25.000 millones de pesos. Se destaca su planta industrial de 30.000 metros cuadrados sobre la calle Rodríguez Peña, en San Martín, equipada con tecnología europea. Con relación al rojo de la firma, el problema fue de caja: el corte del flujo de dinero y el estiramiento de los plazos de cobro hicieron inviable sostener la compra de materia prima para la operatoria diaria.

Máquinas apagadas y el paraguas judicial hasta 2027

La caída del poder adquisitivo redundó en una pérdida de demanda que golpeó de la peor forma a Amesud. Fundada a comienzos de la década del ’90 por Yeal Kim —referente histórico del sector y de la Fundación Pro Tejer—, la firma llegó a procesar en sus épocas de esplendor hasta 2.000 toneladas anuales de tela de punto.

Hoy la realidad del taller en el Gran Buenos Aires muestra un panorama opuesto. El parate sostenido del consumo masivo y el viraje estratégico de las grandes multinacionales hacia la prenda terminada importada dinamitaron su capacidad instalada.

La planta de San Martín opera actualmente a apenas un 20% de su capacidad. Cifras oficiales que constan en el concurso revelan que a finales de 2024 la fábrica mantenía un ritmo promedio superior a las 315 toneladas mensuales de tejido terminado. En los últimos meses ese número decayó hasta rozar apenas las 115 toneladas.

Con la apertura del concurso, la Justicia fijó a la tejeduría un plazo legal de verificación de créditos que se extenderá de manera formal hasta julio de 2027. Se trata de un paraguas que le permitirá renegociar plazos antes de la liquidación, pero que en el corto plazo no resuelve el ahogo diario.

«El problema no es que se perdió eficiencia: es que las marcas que contrataban a las empresas para fabricar acá te dicen abiertamente que prefieren traer el contenedor cerrado del exterior porque les da más margen y no tienen riesgo de estructura local», comentó a iProfesional una fuente del sector textil.

«A una fábrica del porte de Amesud le bajás el volumen a la mitad y los costos fijos de energía, mantenimiento y sueldos te comen vivo en dos meses», completó.

Suspensiones en puerta y la deuda bancaria

Frente a esta parálisis, la empresa podría retornar con las suspensiones rotativas de personal. Vale mencionar que en solo dos años, la empresa redujo su plantilla de personal en más del 50%: pasó de 389 empleados en enero de 2024 a una dotación actual de 173 trabajadores.

Según trascendió, dentro del rojo de $12.156 millones que la firma busca congelar bajo el paraguas de la Ley de Concursos y Quiebras, hay un capítulo que genera fuerte preocupación en los pasillos del sistema financiero: las abultadas deudas con la banca oficial.

Así, Amesud acumula una deuda del orden de los $1.100 millones, concentrada en su mayoría entre el Banco Nación y el Banco Provincia.

Dichos compromisos corresponden a créditos de inversión productiva tomados en períodos anteriores para incorporar maquinaria textil italiana y alemana de alta precisión, además de la adecuación de procesos bajo estándares ambientales exigidos por licenciatarias de primer nivel.

Con la demanda destruida, esa infraestructura de punta se encuentra prácticamente apagada en los galpones.

«Amesud era la pyme modelo dentro del sector: tomaba crédito para equipamiento, invertía en tecnología y cumplía con todas las certificaciones exigidas por Nike o Adidas. Que un jugador de este calibre haya terminado en concurso le prende luces rojas inmediatas a los bancos, que ahora tienen que ver cómo reestructuran esa deuda», señalaron fuentes del sector financiero.

En el sector textil afirman, además, que la empresa posee «un pasivo laboral de 372 millones de pesos» derivado del achique de personal que la empresa ejecutó en los últimos dos años.

El factor importador y el impacto en cadena

Muy cerca de la compañía, que sigue encabezada por David Kim, apuntan las fichas al impacto directo que generó la apertura del comercio exterior y la consolidación de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu. Aseguran que estas dinámicas cambiaron drásticamente el comportamiento de compra del consumidor y la estrategia de abastecimiento del retail.

Las marcas de indumentaria urbana y deportiva que antes traccionaban la compra masiva de tejido nacional para confeccionar en talleres locales giran a ritmo acelerado hacia la importación de prendas finalizadas desde mercados asiáticos.

La situación se alinea con la radiografía general de la actividad: relevamientos de la Fundación Pro Tejer confirman que al menos 7 de cada 10 máquinas textiles en la Argentina permanecen apagadas, con niveles de capacidad ociosa sin precedentes en ese nicho industrial.

El Banco Central (BCRA) actualizó la normativa sobre cuentas sueldo y habilitó la posibilidad de que las empresas paguen salarios en dólares estadounidenses. La medida responde a los cambios previstos en la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y dispone que la remuneración puede satisfacerse en dinero tanto en moneda nacional como extranjera. Hasta ahora, la regulación contemplaba únicamente la denominación en pesos.

Según fuentes de la autoridad monetaria, “el Banco Central de la República Argentina actualizó la normativa sobre cuentas sueldo para adecuarla a la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establece que el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

“La regulación previa contemplaba únicamente la denominación en pesos. A partir de esta modificación, las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses”, agregaron.

En el sector privado, la expectativa sobre la implementación inmediata de pagos en dólares es limitada. Predomina la visión de que “mientras las empresas tengan limitaciones para acceder al mercado libre de cambios para comprar dólares no creo que tenga demasiado éxito”, según admiten en reserva referentes del sector financiero.

La nueva disposición del Banco Central busca adecuar la operatoria bancaria a la reciente legislación laboral y amplía el universo de opciones para empleadores y empleados. No obstante, las restricciones vigentes para la adquisición de divisas oficiales por parte de empresas continúan condicionando la potencial masividad de la medida.

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