ECONOMIA
El barril de petróleo volvió al precio previo a la guerra: cuándo se sentirá en los surtidores
La baja del precio podría alcanzar al 16%, según estimaciones privadas. Los motivos de YPF para sostener el valor actual y tener paciencia
03/07/2026 – 13:04hs
La fuerte baja que experimentó el precio internacional del petróleo en las últimas semanas volvió a instalar una pregunta: ¿cuál es el margen para que ese alivio llegue al precio de la nafta en la Argentina?
Por la guerra entre Estados Unidos e Irán, el barril de crudo tipo Brent llegó a negociarse en los mercados internacionales por encima de los u$s110 y durante varias semanas se mantuvo en torno de los u$s100.
Sin embargo, ese escenario cambió de manera drástica en las últimas semanas. Con la tensión geopolítica más contenida, el Brent retrocedió hasta la zona de los u$s71 por barril, prácticamente el mismo nivel previo al conflicto.
En cualquier mercado competitivo, una caída de semejante magnitud terminaría trasladándose al precio final de los combustibles en las estaciones de servicio.
Pero en la Argentina el proceso no es tan lineal.
Combustible: el margen para que baje, tras nuevo precio del petróleo
Un informe de la consultora 1816 argumentó que, tomando como referencia los actuales valores internacionales del petróleo, «la nafta local debería bajar alrededor de un 16%» para reflejar plenamente el nuevo contexto.
La estimación no es menor. Si hoy un litro de nafta premium ronda los $2.100 en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, una reducción del 16% implicaría un precio cercano a $1.765 por litro, es decir, una rebaja aproximada de $335.
El cálculo, sin embargo, es más complejo que una simple comparación entre el precio del Brent y el valor del surtidor.
Motivos para la espera
En su informe, los técnicos de 1816 explican que durante varios meses ocurrió exactamente lo contrario: la nafta se mantuvo por debajo de lo que hubiera correspondido según la evolución del petróleo y del tipo de cambio oficial, gracias al denominado «buffer» aplicado por el presidente de YPF, Horacio Marín.
Ese retraso permitió amortiguar el impacto de la suba internacional del crudo sobre la inflación, pero también dejó pendiente una recomposición de ingresos para refinadoras y expendedoras.
Por eso, la consultora plantea que hoy existen dos caminos posibles para el Gobierno.
- El primero consiste en mantener prácticamente sin cambios el precio de los combustibles durante los próximos meses, permitiendo que la baja del petróleo internacional vaya compensando ese atraso previo. Según la consultora, bajo ese escenario la nafta podría permanecer cerca de los valores actuales hasta mediados de noviembre, es decir, por los próximos 130 días aproximadamente.
- La segunda alternativa sería aprovechar la caída del Brent para acelerar el proceso de desinflación. En ese caso, el Gobierno podría habilitar una reducción en el precio de los combustibles antes de fin de año.
El impacto en el IPC
La decisión no es menor porque el impacto sobre el índice de precios sería significativo. Siempre según los cálculos de la consultora, una baja del 16% en las naftas tendría «un efecto directo de aproximadamente 0,65 puntos porcentuales sobre el IPC», sin considerar los efectos indirectos (de segunda vuelta) que podría generar sobre los costos logísticos y de transporte.
En otras palabras, el comportamiento de los surtidores se convirtió en una variable relevante dentro de la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.
Por ahora, los automovilistas siguen pagando valores que reflejan un petróleo mucho más caro que el actual.
La gran incógnita es si la administración de Javier Milei privilegiará la recomposición económica de la cadena petrolera —y de YPF en particular— o si utilizará la baja del Brent como una herramienta adicional para consolidar la desaceleración de la inflación.
Después de todo, el mercado internacional ya hizo su parte. La decisión de cuándo ese alivio llegará a los surtidores dependerá, ahora, de la estrategia económica del Gobierno.
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El incremento va de septiembre a febrero, por un total del 15,39%, más una suma no remunerativa que arranca en $90.000 y termina en $120.000
Aumento de sueldo para obreros del plástico: cómo se aplica el incremento
- Septiembre, 2,2%
- Octubre, 1,8%
- Noviembre, 1,7%
- Diciembre,1,6%
- Enero, 1,5%
- Febrero, 5,76%
- Septiembre, $90.000
- Octubre, $90.000
- Noviembre, $105.000
- Diciembre, $110.000
- Enero: $120.000
Así quedará conformado el sueldo de cada categoría
- Nivel 1: en septiembre, $1.347.948, mientras que en febrero llegará a $1.521.965.
- Nivel 2: septiembre, $1.368.575. Febrero: $1.545.255.
- Nivel 3: septiembre, $1.445.321. Febrero: $1.631.909 en febrero.
- Nivel 4: septiembre, $1.503.667. Febrero: $1.697.787 en febrero.
- Nivel 5: septiembre, $1.653.553. Febrero: $1.867.023.
- Capataz: septiembre, $1.688.086, Febrero: $1.906.014.
- Chofer: septiembre, $1.515.280. Febrero: $1.710.899.
- Ayudante de Chofer: septiembre, $1.364.510. Febrero: $1.540.665
- Conductor de Autoelevador: septiembre, $1.692.075. Febrero: $1.910.518.
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La escala salarial de trabajadores del plástico, de septiembre 2026 a febrero 2027.
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ECONOMIA
El Gobierno quiere acortar los tiempos para abrir una empresa: cuáles son los cambios que dispuso
El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), simplificó el régimen de constitución de sociedades y flexibilizó el objeto social. La nueva normativa apunta a reducir las barreras y los costos de formalización de empresas, al tiempo que amplía el margen para definir las actividades que podrán desarrollar.
“Con el objetivo principal de reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para abrir una empresa, la IGJ simplifica el régimen de constitución de sociedades y flexibiliza el objeto social”, dijo a través de su cuenta de X el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El funcionario precisó que la Resolución General 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, deroga 33 artículos reglamentarios, y dos resoluciones generales que incorporaban exigencias no previstas en la norma de fondo, dispensa el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades y elimina restricciones a la pluralidad del objeto social, permitiendo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) adoptar “cualquier actividad lícita” como objeto.
Los considerandos de la norma indican que “los registros de sociedades deben funcionar como ventanillas de habilitación ágiles, orientadas a la publicidad y a la certeza jurídica, y no como filtros de control previo de naturaleza discrecional”.
“La reducción de barreras formales de acceso al registro constituye una herramienta de política pública destinada a facilitar la incorporación de la actividad económica a la economía formal, reducir los costos de cumplimiento de los emprendedores y aproximar la realidad del tráfico a la registración pública”, agrega.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
1. Eliminación de precalificación obligatoria: La constitución de sociedades ya no requiere dictamen de precalificación profesional, sin perjuicio de su presentación facultativa o de los supuestos en que resulte exigido.
2. Mayor flexibilidad para definir el objeto social: El objeto podrá comprender una o más categorías de actividades, sin exigirse conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas. En las SAS se admite expresamente la fórmula “la realización de cualquier actividad lícita”.
3. Incorporación de la sede electrónica: Las entidades podrán constituir, junto con su sede social física, una sede electrónica complementaria, mediante la declaración de una dirección de correo electrónico, con efectos frente a socios y terceros una vez inscripta.
4. Aportes dinerarios: Se amplían los medios admitidos para acreditar la integración de aportes en efectivo.
5. Cláusula arbitral: Se habilita expresamente la inclusión de cláusulas arbitrales en los instrumentos constitutivos.
6. Documentos registrables: Se simplifican y unifican los requisitos aplicables a los instrumentos constitutivos y a los actos posteriores a la constitución (escritura pública, instrumento privado con firma certificada o digital, y documento electrónico con firma digital de los otorgantes).
Cada modificación introducida responde a la verificación de que el requisito eliminado o flexibilizado reiteraba lo ya establecido por la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normas, o imponía recaudos formales que no aportaban una utilidad verificable a la función registral.
Por otra parte, la normativa establece reglas específicas para los aportes de capital realizados con activos virtuales, como las criptomonedas. En estos casos, el instrumento constitutivo deberá individualizar la clase, cantidad y valor asignado de los activos, además de identificar al socio aportante.
También se deberá acreditar que el aportante era titular de esos activos antes de realizar el aporte y depositarlos en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), a nombre de los administradores designados, con el compromiso de transferirlos a la sociedad una vez obtenida su CUIT.
El valor deberá acreditarse mediante una certificación profesional sobre el valor de plaza a la fecha de constitución o mediante una cotización emitida por un PSAV registrado.
“La medida se suma al proceso de revisión y simplificación normativa que la IGJ viene desarrollando durante 2026, que incluyó modificaciones en materia de inscripción de directores, administradores societarios, sociedades constituidas en el extranjero, digitalización registral, presentación de estados contables, notificaciones electrónicas y tramitación digital”, aseguraron fuentes oficiales.
La decisión se da en un contexto en que iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025.
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