La baja del precio podría alcanzar al 16%, según estimaciones privadas. Los motivos de YPF para sostener el valor actual y tener paciencia
03/07/2026 – 13:04hs
La fuerte baja que experimentó el precio internacional del petróleo en las últimas semanas volvió a instalar una pregunta: ¿cuál es el margen para que ese alivio llegue al precio de la nafta en la Argentina?
Por la guerra entre Estados Unidos e Irán, el barril de crudo tipo Brent llegó a negociarse en los mercados internacionales por encima de los u$s110 y durante varias semanas se mantuvo en torno de los u$s100.
Sin embargo, ese escenario cambió de manera drástica en las últimas semanas. Con la tensión geopolítica más contenida, el Brent retrocedió hasta la zona de los u$s71 por barril, prácticamente el mismo nivel previo al conflicto.
En cualquier mercado competitivo, una caída de semejante magnitud terminaría trasladándose al precio final de los combustibles en las estaciones de servicio.
Pero en la Argentina el proceso no es tan lineal.
Un informe de la consultora 1816 argumentó que, tomando como referencia los actuales valores internacionales del petróleo, «la nafta local debería bajar alrededor de un 16%» para reflejar plenamente el nuevo contexto.
La estimación no es menor. Si hoy un litro de nafta premium ronda los $2.100 en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, una reducción del 16% implicaría un precio cercano a $1.765 por litro, es decir, una rebaja aproximada de $335.
El cálculo, sin embargo, es más complejo que una simple comparación entre el precio del Brent y el valor del surtidor.
En su informe, los técnicos de 1816 explican que durante varios meses ocurrió exactamente lo contrario: la nafta se mantuvo por debajo de lo que hubiera correspondido según la evolución del petróleo y del tipo de cambio oficial, gracias al denominado «buffer» aplicado por el presidente de YPF, Horacio Marín.
Ese retraso permitió amortiguar el impacto de la suba internacional del crudo sobre la inflación, pero también dejó pendiente una recomposición de ingresos para refinadoras y expendedoras.
Por eso, la consultora plantea que hoy existen dos caminos posibles para el Gobierno.
La decisión no es menor porque el impacto sobre el índice de precios sería significativo. Siempre según los cálculos de la consultora, una baja del 16% en las naftas tendría «un efecto directo de aproximadamente 0,65 puntos porcentuales sobre el IPC», sin considerar los efectos indirectos (de segunda vuelta) que podría generar sobre los costos logísticos y de transporte.
En otras palabras, el comportamiento de los surtidores se convirtió en una variable relevante dentro de la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.
Por ahora, los automovilistas siguen pagando valores que reflejan un petróleo mucho más caro que el actual.
La gran incógnita es si la administración de Javier Milei privilegiará la recomposición económica de la cadena petrolera —y de YPF en particular— o si utilizará la baja del Brent como una herramienta adicional para consolidar la desaceleración de la inflación.
Después de todo, el mercado internacional ya hizo su parte. La decisión de cuándo ese alivio llegará a los surtidores dependerá, ahora, de la estrategia económica del Gobierno.
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Los problemas para Mark Walter, el empresario estadounidense investigado por autoridades federales y con vínculos en la Argentina, sumaron dos frentes durante las últimas semanas: titulares de rentas vitalicias presentaron demandas contra aseguradoras de su grupo y fondos de Guggenheim Partners sufrieron rescates por USD 2.400 millones en septiembre.
Las acciones judiciales cuestionan la información que las compañías de seguros habrían entregado a sus clientes sobre el destino de los fondos administrados. En paralelo, la salida de dinero de los fondos mutuos de Guggenheim se aceleró luego de que trascendiera la pesquisa sobre las operaciones financieras del conglomerado que lidera Walter, también dueño de Los Angeles Dodgers.
Los reclamos apuntan a compañías bajo el paraguas de Group 1001 Insurance, entre ellas Delaware Life, Clear Spring y Gainbridge. Según informó The Wall Street Journal, los demandantes sostienen que contrataron anualidades sin conocer en qué medida las aseguradoras tenían activos colocados en inversiones o préstamos vinculados con empresas relacionadas con el propio empresario.
La conexión de Walter con la Argentina aparece a través de Juan y Diego Ball, empresarios argentinos que trabajaron en Guggenheim Partners y que figuran vinculados a ABS Capital, una de las firmas intermediarias mencionadas en la trama de préstamos bajo revisión. Según la información publicada, ABS Capital habría participado en estructuras societarias que recibían fondos de aseguradoras del grupo de Mark Walter para canalizarlos hacia otras entidades relacionadas. La investigación federal busca determinar si esas operaciones fueron informadas correctamente a los reguladores y si existieron vínculos financieros que debieron transparentarse; hasta el momento no hay acusaciones formales contra los empresarios argentinos.
Rick Phillips, un jubilado de la zona de Los Ángeles, presentó una demanda para que los clientes de Clear Spring y Gainbridge puedan rescindir sus contratos sin pagar cargos o reciban una compensación. El planteo sostiene que los productos podrían haber tenido otro precio si las firmas hubieran informado el peso real de las inversiones relacionadas dentro de sus carteras.
Las anualidades son instrumentos financieros que suelen captar los ahorros de personas próximas al retiro o ya jubiladas. A cambio de un desembolso inicial, ofrecen pagos futuros bajo condiciones definidas. Las modalidades indexadas, que permiten una exposición parcial a la evolución de mercados bursátiles, ganaron terreno durante la última década.
Otro demandante, Robert Kalinsky, de 76 años, inició una causa contra Clear Spring y Delaware Life. Ira Rosner, titular de una anualidad de Delaware Life, había presentado una acción separada el mes anterior. Los dos casos fueron radicados ante un tribunal federal del sur de Florida.
Las demandas se suman al escrutinio sobre la administración de los ahorros de cientos de miles de titulares de pólizas. Group 1001 informó que, al cierre de 2024, tenía cerca de 500.000 contratos de anualidades vigentes entre sus aseguradoras.
La controversia se profundizó en junio, cuando Delaware Life y Clear Spring corrigieron datos incluidos en sus presentaciones regulatorias. De acuerdo con cálculos de The Wall Street Journal basados en registros estatales, las dos compañías habían informado inicialmente proporciones de activos vinculados de un solo dígito.
Tras la reformulación de esos datos, el peso de esas inversiones ascendió al 59 % de las tenencias de Clear Spring y al 42 % de Delaware Life. Se considera que un activo está vinculado cuando implica préstamos a empresas conectadas, o inversiones comercializadas por ellas y respaldadas por otros deudores.
Las firmas señalaron que detectaron la dimensión de esas exposiciones después de que fiscales federales de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) iniciaran una investigación. Gainbridge también comunicó que coopera con los investigadores.
La pesquisa busca determinar si las empresas vinculadas a Walter obtuvieron financiamiento de las aseguradoras sin que se informaran debidamente esas relaciones a los reguladores estatales. Este tipo de operaciones no está prohibido de por sí, aunque está sujeto a límites y obligaciones de transparencia.
En una declaración enviada al diario estadounidense, un vocero de Group 1001 afirmó que ninguna corte determinó que sus aseguradoras o Delaware Life hayan cometido irregularidades. La compañía sostuvo que defenderá los casos y destacó su trayectoria de servicio a sus clientes.
Por su parte, TWG Global, el conglomerado de Walter, negó que hubiera existido fraude tanto en Guggenheim como en las aseguradoras vinculadas al grupo.
La investigación también repercutió sobre el negocio de gestión de activos de Guggenheim Partners. Según datos de Morningstar citados por Investing.com, los cuatro mayores fondos mutuos de la administradora registraron rescates netos por USD 2.400 millones durante septiembre.
El mayor impacto se concentró en el Guggenheim Total Return Bond Fund, el principal fondo mutuo de la firma que cotiza en los mercados. Ese vehículo sufrió salidas por USD 1.800 millones, equivalentes al 6,1 % de su patrimonio, y sus activos descendieron por debajo de USD 29.000 millones.
A ello se sumaron retiros por USD 317 millones en el Guggenheim Limited Duration Fund, USD 222,4 millones en el Guggenheim Macro Opportunities Fund y USD 64,9 millones en el Guggenheim Core Bond Fund.
El ritmo de los rescates creció de forma marcada en tres meses: había sido de USD 103 millones en julio y de USD 647 millones en agosto, antes del salto registrado en septiembre. La comparación con la categoría de bonos de perfil similar muestra una dinámica distinta: los fondos Intermediate Core Plus Bond, que reúnen cerca de USD 1 billón, recibieron aportes netos por USD 4.600 millones ese mes.
Eric Jacobson, analista de Morningstar, señaló que las condiciones del mercado de bonos podían explicar una parte de las salidas, aunque consideró que el volumen total indicaba que las noticias alrededor de la investigación también incidían en las decisiones de los inversores. El especialista mantuvo en agosto una calificación de cuatro estrellas para el Guggenheim Total Return Bond Fund.
Guggenheim respondió que continúa recibiendo inversiones en sus estrategias institucionales y minoristas, pese a los rescates de sus fondos de renta fija. Un vocero de la administradora sostuvo que los productos mencionados conservan calificaciones de cuatro o cinco estrellas otorgadas por Morningstar y que la firma trabaja con sus clientes en la gestión de riesgos de las carteras.
Los 25 fondos mutuos de Guggenheim Partners administran en conjunto alrededor de USD 52.000 millones. Esa cifra representa cerca del 14 % de los USD 367.000 millones que la firma tiene bajo administración, de acuerdo con los datos difundidos.
Mientras avanzan las investigaciones federales, las causas promovidas por los titulares de anualidades abren una instancia judicial separada. Allí se pondrá en discusión si la información divulgada por las aseguradoras alcanzó los estándares exigidos para la comercialización de esos contratos y si los clientes tuvieron elementos suficientes para evaluar el riesgo de sus inversiones.
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christian asinelli
