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ECONOMIA

Al BCRA le salió caro pactar con inversores en el mercado de dólar futuro: deberá pagar $600.000 millones

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No fue magia, ni tampoco salió gratis: la pulseada del gobierno para evitar que la escapada del dólar fuera más fuerte tuvo un costo que los analistas del mercado estiman en $600.000 millones -unos u$s500 millones- en las últimas semanas. La razón: los contratos en el mercado de futuros, donde el Banco Central deberá pagar por la diferencia entre la cotización que había fijado y la que luego se constató en la realidad.

La situación se agravó especialmente cuando, en su afán por revertir las expectativas devaluatorias y de estimular a los inversores a poner su dinero en títulos en pesos, el BCRA intensificó su presencia para achatar la curva de tasas. Y llegó al extremo de poner contratos en los que la cotización del dólar futuro era inferior a la que en ese momento se negociaba en el mercado.

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¿Cuál es la explicación racional para esta política? Los más críticos afirman que ninguna, dados los resultados. Pero quienes defienden al gobierno creen que se eligió el mal menor: para que un inversor compre un título en pesos, tiene que estar seguro de que no habrá una devaluación -sobre todo si es un título con vencimiento a largo plazo, que en Argentina vendría a ser después de las elecciones de octubre-.

Y es por eso que hay una práctica muy común, se compra un bono emitido por el Tesoro -una Lecap, por ejemplo- y, al mismo tiempo, se compra un contrato en el mercado de futuros, que funciona como un «seguro anti devaluación». Es lo que en la jerga financiera se conoce como «hacer tasa sintética», y el requisito para que funcione es que el costo de cubrirse en futuros tiene que ser menor a la renta del título en pesos.

En un momento de volatilidad de las tasas, como el ocurrido tras el desarme de $15 billones de LEFIs que estaban en poder de los bancos, el principal temor del gobierno era evitar que esos pesos quedaran circulando en el mercado y, eventualmente, presionando el valor del dólar.

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Por eso, al tiempo que trataba de absorber los pesos «excedentes» mediante licitaciones fuera de programa, adoptaba una actitud agresiva en el mercado de futuros, que hacía que el costo de la cobertura fuera ya no bajo, sino que pagara un premio.

Un costo caro para sostener al dólar futuro

Todos sabían que eso tendría un costo. Hablando en plata, había contratos en los que el BCRA se comprometía a pagar el excedente de $1.277. Y el cierre de julio fue de $1.368 para el dólar mayorista -promedio mensual de $1.352. El volumen negociado por esa posición rondaba los u$s2.500 millones.

Conclusión: solo por ese contrato, el BCRA tiene que pagarles a quienes tomaron cobertura unos $187.000 millones, que es lo que arroja la cuenta de multiplicar por 2.500 millones esa diferencia de $75 entre la posición de futuro y la cotización real del dólar.

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En total, sumando otros contratos, se estima que el BCRA lleva perdidos $450.000 millones en julio, y acumula $600.000 millones desde las posiciones de mayo.

¿De dónde saldrá ese dinero?: de la emisión monetaria que haga el Central. ¿Quiénes son los ganadores de esta operación?: los inversores que toman cobertura en el mercado de futuros para hacer tasa sintética; bancos, en su gran mayoría.

El costo del contrafáctico

¿Es mucha o poca plata lo que se debe pagar? La respuesta a esa pregunta es subjetiva y puede variar dependiendo de con qué se compare. Podría decirse que $0,6 billones es un monto menor en comparación con los vencimientos por $38 billones que habrá en la próxima licitación del Tesoro, dentro de dos semanas.

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Pero ya se torna un número grande si se lo compara con la expansión monetaria ocurrida en un mes, que fue de $1,46 billones -tomando como referente el agregado monetario M2, que considera al dinero circulante y los depósitos en caja de ahorro-.

De todas formas, la medida para saber si se trata de mucho o poco dinero es casi imposible de estimar, porque depende de imaginar un escenario contrafáctico: ¿cuál habría sido el costo de que el Central se abstuviera de intervenir? Hoy el dólar no tendría el precio que tiene, ni las tasas estarían en el nivel actual.

Y también es cierto que mientras la intervención en el mercado de futuros se paga en pesos, las que se hacen en el mercado de divisas -como hacía el Banco Central hasta que se levantó el cepo- se pagan con dólar contantes y sonantes, e implican el sacrificio de reservas.

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Es cierto, además, que en meses anteriores había ocurrido lo contrario: el Central había ingresado ganancias, que tuvieron que pagar los inversores que tomaron cobertura por un tipo de cambio más alto que el que finalmente ocurrió.

Un recuerdo para Vanoli

Como ocurre cada vez que hay ruido en el mercado de futuros, surge inevitable la comparación con lo ocurrido en el final del gobierno de Cristina Kirchner, y se reedita la polémica respecto de si este tipo de operaciones deberían ser consideradas ilícitas.

Las dudas sobre la legalidad están relacionadas a los juicios que en su momento se realizaron contra la ex presidente, además de Alejandro Vanoli -ex titular del BCRA y Axel Kicillof -ex ministro de economía-.  En 2015, y con el cepo cambiario vigente, llegaron a un nivel récord de posturas por u$s17.400 millones para sostener al dólar en $9, cuando en el mercado global la tasa era de $16. Cuando finalmente se devaluó, ya en la gestión macrista, esa intervención del Central implicó un costo de u$s5.400 millones para el Estado.

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Aunque finalmente la sentencia dictaminó la inocencia de los imputados, por entender que no se había incurrido en una conducta que deliberadamente dañara el patrimonio del BCRA y que esa intervención en futuros era una decisión que está dentro de las potestades de los funcionarios, igualmente quedó un remanente de rechazo.

En definitiva, no hay nada de ilegal en este tipo de operaciones, aunque sí existe un tope para la intervención, fijado en u$s9.000 millones. Esto implica que Bausili todavía tiene un amplio margen de u$s6.000 millones para hacer posturas en el mercado A3 (ex Rofex) para ayudar a contener al tipo de cambio.

¿Puede volver a ocurrir?

Lo cierto es que el mantra de «el dólar flota» que suelen repetir los funcionarios, desde Javier Milei hasta los técnicos de segunda línea, mostró en los últimos días una redefinición sutil, pero importante. La explicó Santiago Bausili, presidente del Central, en un programa oficialista de streaming: desde la óptica oficial, la «no intervención» en el mercado cambiario se entiende como la negativa a comprar o vender dólares dentro de la banda de flotación, pero no excluye a otros métodos indirectos.

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Fue la admisión oficial de lo que todos en el mercado saben desde hace mucho tiempo: que cuando el gobierno considera que el dólar está subiendo demasiado, o que los inversores no quieren comprar títulos en pesos por las expectativas devaluatorias, recurre sin pudor a la intervención en el mercado de futuros. Y lo seguirá haciendo

¿Puede repetirse una pérdida como la que el BCRA tuvo en julio? Dependerá de cómo se comporte el mercado de cambios. Actualmente, la curva de futuros muestra una progresión en la que cada mes la cotización sube aproximadamente un 3%. De esa manera, se llega a una posición octubre -post elecciones- de $1.459 por dólar.

En la medida en que el nerviosismo continúe en el mercado y la tasa devaluatoria se ubique por encima de 3%, Bausili seguirá inyectando pagándoles a quienes apuesten por la devaluación.

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Pero en el gobierno creen que lo ocurrido en julio fue un momento excepcional, que no se repetirá. El razonamiento es que el desarme de las LEFIs dejó una liquidez inesperada que generó una turbulencia en el programa económico, pero que después de medidas como la suba de encajes bancarios, ya no habrá tantos pesos libres como para presionar al dólar.

La lupa en los pesos que sobran

Un argumento que, por cierto, encuentra muchos detractores. En parte, porque aun cuando haya un congelamiento monetario, se prevé una menor entrada de dólares, una situación estacional típico del segundo semestre, cuando merma la exportación agrícola.

Pero, además, hay quienes cuestionan que el «ancla monetaria» de la que habla Toto Caputo sea realmente cierta. La crítica principal es que la «base monetaria amplia» que toma como referencia el gobierno no es relevante en este momento. Y quienes ponen el foco en el agregado monetario M3 -incluye, además del circulante, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, los depósitos a plazo públicos y privados- ven que viene creciendo aceleradamente: llegó a una velocidad mensual de 11% hace una semana, aunque en los últimos días hubo indicios de una baja.

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Por otra parte, muchos analistas miran con preocupación los $45 billones depositados en plazo fijo, que en situación de incertidumbre podrían correr contra el peso.

Es en ese contexto que se comenzó a hablar de una «bomba de Lecaps» y que lo que el gobierno presenta como una mejora en el perfil de deuda no fue más que cambiar el déficit cuasifiscal -las Leliqs y pases a un día que pagaba el Banco Central- por una nueva deuda.

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ECONOMIA

No es Bancarios ni Camioneros: cuál es el único gremio que tuvo aumentos de sueldo arriba de la inflación en 2025

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La mayoría de los sindicatos no pueden mejorar los ingresos de los asalariados, a pesar de la desinflación. El impacto de la caída del consumo

05/08/2025 – 19:00hs

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A pesar de la baja de la inflación, la gran mayoría de los sindicatos firmaron paritarias que no logran ganar la carrera de los precios. Hay un único gremio que, por ahora, logró una mejora en el poder adquisitivo de los afiliados.

Se trata de SMATA, el sindicato de los mecánicos. De acuerdo a un relevamiento de la consultora Synopsis, ese gremio lleva una ventaja del 2,4% en relación a la inflación acumulada durante el período enero-junio del año.

De todo el lote relevado por la consultora dirigida por Lucas Romero, el otro gremio que no pierde contra la inflación es el de los bancarios (La Bancaria). El saldo, en ese caso, es cero. No pierde, pero tampoco gana.

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«Los empleados bancarios ajustan mensualmente de acuerdo al índice de precios», cuenta Romero a iProfesional.

«El resto de los gremios, salvo SMATA, no logra recuperarse del salto inflacionario de marzo, cuando el IPC fue del 3,7%«, asevera el analista.

SMATA tiene acuerdos trimestrales, y esa estrategia le viene sirviendo para ganarle a la inflación. El arreglo que tuvo, evidentemente, resultó superior a la evolución del IPC; y ganó en medio de la desinflación.

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La pérdida del poder adquisitivo de los salarios «en blanco» durante lo que va de 2025

Salarios a la baja; consumo en rojo

El gráfico adjunto da cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios «en blanco».

Los ferroviarios (-10,7%), los salarios de los encargados de edificios (-8,0%) y de los agentes públicos (-6,0%) son los que más pierden en lo que va del año.

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Por detrás siguen los sueldos de los trabajadores de la alimentación (-4,7%); los de la sanidad (-5,7%) también muestran datos negativos.

Las ventas planchadas a nivel minorista le ponen un límite contundente a la posibilidad de recomponer los márgenes. Ese límite, de acuerdo a distintas consultas formuladas por este medio entre compañías líderes del consumo masivo, estaba en torno de los $1.300.

Ese es el umbral que se superó en las últimas horas; y que puso en guardia a las compañías.

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El rubro de los alimentos viene jugado a favor de la estrategia del Gobierno para mostrar un IPC más bajo. Fue clave, de hecho, en la medición de mayo y junio, que dio apenas el 1,5% y apenas 0,6% respectivamente.

En este contexto, otra vez una ruptura en la tendencia a la desinflación podría empeorar el horizonte de los asalariados.

Para julio, las principales consultoras económicas que monitorean la evolución de los precios semana tras semana esperan una inflación de entre 1,7% y 1,9%, pero con los alimentos yendo unas décimas por detrás de ese promedio.

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Hasta el momento no hubo contactos entre Economía y distintas cadenas de supermercados, consultadas por iProfesional.

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ECONOMIA

Peajes: todas las polémicas detrás de las concesiones de miles de kilómetros de rutas

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Tras las advertencias lanzadas por las empresas constructoras sobre las trabas y negativas de los bancos para financiar obras de las nuevas concesiones viales; la administración de Javier Milei salió a mejorar las condiciones del negocio de las rutas con peaje con un fondo estatal que fue previsto originariamente para las pymes y que ahora se utilizará como garantía contra un eventual congelamiento tarifario.

Se trata del «Fondo de Garantías Argentino» (FOGAR), que las empresas oferentes en las licitaciones de los 9.155 kilómetros de rutas nacionales podrán usar como respaldo y garantía de devolución de los préstamos que tomen en caso de que no se apliquen los aumentos de peajes incluidos en los contratos.

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Aumento de peajes: Luis Caputo usa un fondo para Pymes como respaldo para concesionarios

La introducción de esa herramienta destinada a evitar que fracasen las concesiones en curso por falta de financiamiento junto con otros cambios que aligeran los requisitos de los pliegos licitatorios fueron comunicados por Martín Maccarone, quien viene desempeñándose como virtual «Secretario Coordinador de Infraestructura» del ministerio de Economía, sin haber sido nombrado hasta ahora en forma oficial para ese cargo.

Según explicó Maccarone, si durante el plazo de las concesiones el Estado llega a frenar o recortar los aumentos de peaje previstos en los contratos, el fondo de garantía cubrirá los montos afectados para que las concesionarias puedan devolver los préstamos tomados para las obras de rehabilitación y mejoras de las rutas.

El FOGAR es un fideicomiso público nacional que tiene como objetivo la inclusión financiera de las pymes y emprendedores particulares mediante el otorgamiento de garantías que permiten el acceso al financiamiento bancario.

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Fue creado en el 2000 como «Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa —FOGAPYME—» y en 2018 pasó a tener su actual denominación de «Fondo de Garantías Argentino». Se alimenta con recursos que aporta el Estado Nacional y funciona como un fondo de segundo piso en forma directa con las entidades bancaria y financieras que conceden las líneas de créditos.

A principios de junio, el ministro de Economía, Luis Caputo le transfirió al FOGAR más de $1 billón remanentes de tres esquemas de asistencias creados durante la pandemia para avalar créditos a pymes, monotributistas y empresas adheridas al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por medio de la resolución 734/25, Caputo ordenó el giro a las cuentas del FOGAR de los siguientes fondos: FAE MiPyMEs, $463.733 millones; FAE Créditos a Tasa Cero (PCA), $371.116 millones y FAE Programa ATP, $165.568 millones.

Además de poder acceder a la garantía de FOGAR, las empresas que se presenten en las licitaciones están habilitadas para conceder a los bancos y financiadores de las obras los «derechos emergentes» de hasta un 70% de la recaudación por peajes y de los ingresos de las explotaciones complementarias que tengan en sus áreas de concesión. También podrán «prendar y ceder fiduciariamente» sus acciones de la sociedad concesionaria que se constituya para la operación privada de las rutas.

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Empresas como Mercado Libre podrían controlar parte de la obra pública

Otro cambio significativo en las reglas de juego que aprobó la gestión libertaria consiste en la posibilidad de que puedan competir empresas que no sean constructoras, ni tengan experiencia en obras viales mediante la presentación de avales y garantías de una compañía de seguros.

Al explicar el alcance de esa apertura, Maccarone señaló que «si viene Mercado Libre o Cargill y desea participar por una ruta, podrá hacerlo y el Estado solo le exigirá un seguro de caución equivalente al 30% del monto total de la obra. Con esto vamos a romper el ‘club de la obra pública’ y la que va a decir qué empresa puede o no participar será la compañía de seguro».

A esas modificaciones en las bases licitatorias se agregaron otras tres que apuntan a facilitar e incrementar los ingresos de los futuros concesionarios de los 18 tramos viales que pasarían a manos privadas.

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Esos cambios —que regirán para las dos primeras concesiones de los tramos «Oriental» (Autovía de Mercosur) y «Conexión» (puente Rosario-Victoria)— establecen lo siguiente:

  • En primer lugar, se elevó la «Tasa Interna de Retorno» que estaba estipulada en los pliegos iniciales para el armado de las ofertas del 10% al 15%.
  • En segundo lugar, se incrementó un 16% la «tarifa básica tope» fijada para cada una de las estaciones de peaje de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria que tendrán como referencia las empresas oferentes. En el caso de la autovía mesopotámica, la tarifa tope para un automóvil que era de $3.700 saltó a $4.300. En el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la tarifa tope de peaje pasó de $3.499 a $4.056.
  • La tercera corrección alteró la cláusula que exigía terminar «todas las obras iniciales de puesta en valor» de cada tramo antes de empezar a cobrar los aumentos de peaje incluidos en las ofertas. Ahora, los ajustes tarifarios podrán adelantarse y aplicarse cuando concluyan los trabajos en las áreas más cortas en que se dividen las secciones del tramo que corresponden a cada cabina de peaje.

Mientras las empresas constructoras analizan si las nuevas condiciones son suficientes para poder presentar el 8 de setiembre ofertas por los dos primeros tramos en juego; el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) salió a remarcar sus cuestionamientos a las privatizaciones viales que impulsa el Gobierno.

«El sistema de concesiones fue un fracaso antes y ahora también lo será. Salvo en los accesos metropolitanos, resulta inviable poder afrontar y mantener las obras en todas las rutas con el cobro de peajes por los bajos caudales de tránsito que tienen», destacó el coordinador de Conaduv, Ricardo Lasca.

Con respeto a los últimos cambios en los pliegos, señaló que «los funcionarios actuales ya no saben qué hacer para que alguien se presente en las licitaciones que no contemplan obras de ampliación como multitrochas, autovías y autopistas que mejoren las condiciones de seguridad vial y reduzcan los choques frontales en las rutas».

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«Mientras Milei plantea, por un lado, que hay que bajar impuestos, por otro impulsa la instalación de más cabinas de peaje con tarifas más caras que representan un impuesto al tránsito y un incremento en los costos logísticos y de transporte que afectan a los usuarios y las economías regionales», advirtió Lasca.

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ECONOMIA

En el país del asado, crecen las importaciones de carne desde Brasil y alcanzan niveles récord

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En un giro inesperado para un país tradicionalmente exportador de carne vacuna, Argentina comenzó a importar cantidades récord desde Brasil durante el primer semestre de 2025. Según datos oficiales del gobierno brasileño citados por Bloomberg y la consultora AZ Group, en el primer semestre el volumen mensual promedio de carne brasileña que ingresó al país fue de 1.033 toneladas, una cifra que contrasta con las escasas 24 toneladas registradas en el mismo período del año anterior. Se trata del mayor nivel estacional de importaciones desde que existen registros en 1997.

A pesar de lo llamativo del dato, el volumen representa una porción mínima frente a la producción doméstica, que ronda las 250.000 toneladas por mes. Sin embargo, el fenómeno es revelador del nuevo escenario económico que atraviesa el país: la combinación de un tipo de cambio oficial fortalecido y una mayor apertura comercial generó condiciones en las que, en algunos casos, importar carne resulta más rentable que producirla localmente.

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Se disparó la importación de carne: qué factores lo explican

«La apreciación del peso en términos reales hizo que la carne brasileña empezara a competir en precio en el mercado argentino», explicó Diego Ponti, analista del sector cárnico en AZ Group. Según detalló, muchas de estas operaciones se dan en zonas limítrofes o son realizadas por frigoríficos que operan tanto en Argentina como en Brasil. Aunque aún se trata de movimientos puntuales, reflejan un cambio estructural que el mercado empieza a internalizar.

La política económica del presidente Javier Milei, que incluye el mantenimiento de un dólar oficial relativamente bajo (en torno a los $1.360) como estrategia para contener la inflación, tiene efectos colaterales: al abaratar los bienes importados, también dificulta la competitividad de la producción local, mientras complica la balanza comercial en momentos en que el Gobierno necesita generar divisas para cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el sector exportador buscan restarle dramatismo a esta tendencia. «No se trata de un problema para la industria. Mil toneladas al mes no significan nada frente a nuestra capacidad. Y además, en un mundo globalizado, no es raro que un país exportador también importe carne si le conviene», argumentó Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), quien también remarcó la importancia de respetar los estándares sanitarios en cualquier operación.

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Qué pasó con el precio de la carne

La suba del precio de la carne en el mercado local también jugó su parte. Con un consumo interno que, aunque en baja, sigue en torno a los 50 kilos por habitante al año -uno de los más altos del mundo-, el encarecimiento de los cortes se volvió un tema sensible.

En junio, los precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires subieron un 53% interanual, muy por encima del 39% que marcó la inflación general, y el impacto político es claro: con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte, el bolsillo de los consumidores vuelve a ser central.

El alza del precio en dólares también afectó a los frigoríficos, que en ciertos momentos llegaron a pagar cerca de u$s5 por kilo de novillo, reduciendo sus márgenes y empujando a algunos a evaluar la opción de importar. En ese contexto, la carne brasileña -más económica- empezó a aparecer como una alternativa viable, aunque limitada.

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A nivel internacional, la situación también plantea nuevas alertas. Tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reinstalar un arancel del 50% sobre las importaciones de carne brasileña, parte de ese excedente podría redirigirse hacia China, el principal cliente de la carne argentina. Esto podría dar lugar a una presión bajista en los precios internacionales, reduciendo la rentabilidad de las exportaciones locales, que en 2024 superaron los u$s3.400 millones.

En definitiva, aunque las importaciones actuales de carne no afectan de forma directa ni masiva al sistema productivo nacional, lo que sí revelan es una transformación más profunda. La economía argentina, en plena reconfiguración, enfrenta tensiones entre la estabilidad cambiaria, la apertura comercial y la necesidad de sostener su balanza externa. En ese nuevo tablero, incluso un país tan asociado a la carne como Argentina no escapa a las reglas del mercado global.

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