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ECONOMIA

Alerta roja: cuál es la «trampa» de ARCA que puede fundir a tu empresa con una multa de $67 millones

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La era de la indulgencia fiscal por obsolescencia normativa ha llegado oficialmente a su fin en la Argentina. Durante años, los contribuyentes convivieron con un sistema sancionatorio que, producto de la inflación crónica, había convertido a las multas por incumplimientos formales en un costo irrisorio, casi simbólico. Pagar una sanción era, en muchos casos, más barato que pagar los honorarios de un profesional o un taxi al centro para evitarla. Sin embargo, el viento ha cambiado de dirección drásticamente y la tormenta que se avecina promete ser devastadora para los desprevenidos.

El Gobierno nacional, bajo la estricta bandera del ordenamiento económico, avanza a paso firme con una iniciativa que busca reestructurar los cimientos de la relación entre el fisco y los ciudadanos. Se trata del proyecto de ley denominado irónicamente «Presunción de Inocencia Fiscal». Aunque su nombre sugiere un alivio o una mayor protección de los derechos del contribuyente, la letra chica del texto revela una actualización draconiana de los valores punitivos que maneja la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Los números que se barajan en los despachos oficiales y que ya circulan en el Congreso de la Nación son escalofriantes para cualquier bolsillo, sea el de una gran multinacional o el de un pequeño comerciante de barrio. Estamos hablando de incrementos que, en términos porcentuales, desafían cualquier lógica inflacionaria reciente, multiplicando los valores actuales por doscientos o incluso trescientos veces. El objetivo declarado es recuperar el «poder disuasivo» de la multa, una capacidad que el Estado había perdido cuando $200 pasaron a valer menos que un caramelo masticable.

Este cambio de paradigma no es solo una actualización contable más; es un mensaje político contundente y peligroso. La administración busca dejar en claro que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto materiales como formales, ya no será optativo ni flexible. A partir de la sanción de esta norma, el «olvido», la «demora» o el «error administrativo» dejarán de ser simples anécdotas burocráticas para convertirse en problemas financieros graves que podrían comprometer la viabilidad operativa de muchos negocios.

De monedas a sueldos: el salto del 110.000%

El cambio más impactante, por su masividad y alcance cotidiano, se encuentra en la actualización de las multas mínimas por infracciones formales. Hasta el día de hoy, la falta de presentación de una declaración jurada en término se sancionaba con un monto que había quedado congelado en el tiempo: apenas $200 pesos. Este valor, totalmente desdibujado por la realidad económica, generaba que muchos contribuyentes ni siquiera se preocuparan por cumplir los plazos, total, el costo era inexistente.

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Con la nueva ley, ese piso histórico y obsoleto desaparece para dar lugar a una nueva realidad mucho más dura y costosa. El proyecto establece que la multa mínima automática saltará directamente a $220.000. El incremento es brutal, representa un salto del 110.000% y no tiene precedentes inmediatos en la historia tributaria reciente. De un día para el otro, el costo de un error administrativo se multiplica por mil cien veces, golpeando directamente la caja chica de quien cometa la infracción.

Pero el ajuste no se detiene en el piso mínimo de la sanción. Las multas máximas para este tipo de infracciones formales, que hoy rondan los $400, también sufrirán una corrección agresiva, elevándose hasta los $440.000. La brecha histórica entre el incumplimiento y su consecuencia económica se cierra de golpe, eliminando cualquier posibilidad de especulación financiera sobre si conviene o no presentar los papeles a tiempo ante el organismo recaudador.

Esta modificación afecta transversalmente a todo el universo de contribuyentes argentinos sin distinción. Desde el monotributista que se olvida de una recategorización o una declaración informativa menor, hasta la PyME que lucha con la burocracia diaria. Ya no habrá lugar para descuidos «baratos» ni olvidos pasajeros; cada fecha en el calendario fiscal tendrá ahora un peso específico y doloroso en el presupuesto de las familias y las empresas.

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El negocio de los datos: multas millonarias

Si las multas por falta de presentación de declaraciones juradas generales asustan, los números previstos para los regímenes de información son directamente de terror. El proyecto pone un foco especial en castigar la opacidad y la falta de suministro de datos, elevando las sanciones a niveles millonarios. Aquí es donde la «mano dura» de ARCA se hará sentir con mayor rigor, transformando la información en el activo más riesgoso.

Según el texto de la iniciativa que avanza en el legislativo, las multas por omitir presentaciones en regímenes de información ya no se contarán en miles de pesos, sino en millones. Los nuevos valores oscilarán entre los $5.000.000 y los $10.000.000, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y la reincidencia del contribuyente. Estamos ante cifras que pueden desequilibrar las finanzas de cualquier empresa mediana en cuestión de segundos.

Estos regímenes suelen ser técnicamente complejos y, a menudo, son los que más errores generan por la cantidad de datos específicos que requieren. Hasta ahora, el riesgo de equivocarse o de no presentar la información era bajo en términos monetarios. Con la nueva escala, el error humano, la falla en el sistema de gestión o la falta de un dato se pagarán a precio de oro, obligando a los estudios contables a blindar sus procesos.

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El mensaje es claro y no admite dobles lecturas: la información es el activo más valioso para el fisco y quien no la entregue pagará las consecuencias. Se busca así forzar un cumplimiento estricto que permita a ARCA tener una radiografía completa y en tiempo real de la economía, utilizando el miedo a la sanción millonaria como principal motivador para el cumplimiento voluntario.

Operaciones internacionales: el error de los $67 millones

El proyecto de ley también apunta sus cañones más pesados hacia los grandes jugadores y las operaciones transnacionales. La fiscalización sobre los precios de transferencia y las operaciones con sujetos del exterior se vuelve una prioridad absoluta para el Gobierno, y las multas acompañan esta decisión estratégica con montos que parecen sacados de una película de ficción financiera de Wall Street.

La omisión de información sobre operaciones con el exterior podrá ser sancionada con multas de hasta $22.500.000. Este endurecimiento busca evitar la fuga de divisas y la erosión de la base imponible a través de maniobras contables complejas con casas matrices o vinculadas. Las empresas multinacionales o aquellas locales con comercio exterior activo deberán revisar con lupa cada reporte enviado al organismo.

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Sin embargo, el récord absoluto en materia de sanciones se lo lleva el incumplimiento del régimen «País por País». No designar al sujeto informante o no presentar este reporte específico podrá implicar una multa de hasta $67.500.000. Es, sin dudas, una de las sanciones administrativas más altas contempladas en la normativa argentina, diseñada para alinear al país a la fuerza con los estándares internacionales de transparencia.

Estas cifras demuestran que el Gobierno no solo busca recaudar por la vía de los impuestos tradicionales, sino también disciplinar a los actores económicos más grandes del mercado. El costo de no cumplir con las normas de transparencia internacional se vuelve prohibitivo, eliminando cualquier incentivo a ocultar información sobre la estructura global de los negocios y los flujos de fondos.

Nadie se salva: el nuevo tarifario general

Más allá de los casos específicos de comercio exterior, la reforma toca la columna vertebral del sistema sancionatorio: las infracciones generales a la Ley de Procedimiento Tributario (Ley 11.683). Aquellos artículos que antes preveían sanciones que la inflación había tornado ridículas y sin efecto, ahora se reactualizan con una virulencia que sorprenderá a más de uno cuando llegue la notificación.

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Las multas por infracciones a los deberes formales genéricos pasarán a tener un piso de $150.000. Esto implica que cualquier requerimiento del fisco no contestado a tiempo, cualquier falta de colaboración en una inspección rutinaria o cualquier inconsistencia formal menor, tendrá un costo de entrada significativo. Ya no habrá «faltas leves» que salgan gratis o que se arreglen con una nota de disculpa.

El techo de estas sanciones generales también se dispara a niveles preocupantes, llegando a los $2.500.000 en los casos más graves de resistencia a la fiscalización. Pero la norma va más allá y establece topes acumulativos que pueden escalar hasta los $35.000.000 según el tipo de contribuyente y la magnitud de la infracción detectada. La discrecionalidad del organismo recaudador contará ahora con un arsenal mucho más potente.

Este «nuevo tarifario» de multas obliga a replantear la relación diaria con los inspectores y las agencias de recaudación. La vieja estrategia de «dilatar y ver qué pasa» se vuelve financieramente suicida ante estos montos. La respuesta rápida y el cumplimiento meticuloso de cada requerimiento pasarán a ser la única forma de evitar una sangría de recursos innecesaria.

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La trampa de la UVA: deudas que crecen solas

Quizás el cambio más estructural y de largo plazo que introduce el proyecto es el mecanismo de actualización de estas deudas. Históricamente, en Argentina las multas quedaban fijas en pesos históricos y la inflación se encargaba de licuarlas hasta hacerlas desaparecer en términos reales. El Gobierno ha decidido cortar de raíz con esta dinámica perversa para el Estado.

El proyecto prevé que, a partir del 1° de enero de 2027, todos los montos de las multas se actualicen automáticamente de forma periódica. La unidad elegida para esta indexación no es el IPC ni el salario mínimo, sino la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Esto garantiza que el valor de la sanción corra a la par, o incluso por encima, de la inflación general, manteniendo su poder de daño intacto.

Esta cláusula de ajuste automático es una trampa mortal para los morosos o para quienes decidan discutir la multa. Ya no servirá de nada patear el pago esperando que se devalúe con el tiempo. Por el contrario, la deuda crecerá día a día siguiendo el ritmo de los precios, convirtiendo el pasivo en una bola de nieve imposible de detener si no se cancela.

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La elección de la UVA como indexador muestra la intención de «dolarizar» de facto el valor de las sanciones, atándolas a una variable que ha demostrado ser implacable en otros rubros como los créditos hipotecarios. El Estado se asegura así que nunca más tendrá que esperar una nueva ley del Congreso para actualizar los valores; el sistema lo hará solo, mes a mes, año a año.

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ECONOMIA

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con 30 años de aporte en marzo 2026 y cómo calcularlo

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Los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial. En los casos en que se superan esos años mínimos, el sistema previsional argentino reconoce un adicional por cada año trabajado de más, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El haber jubilatorio inicial se determina a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral. En este cálculo no se incluye el aguinaldo.

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Para obtener ese promedio, la ANSES suma los 120 sueldos y divide el total por 120. El resultado se actualiza mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y la movilidad previsional.

Desde noviembre de 2025, el cálculo incorporó un cambio relevante. A través de la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que promedia la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente se aplica únicamente a quienes se jubilan a partir de diciembre de 2025.

Jubilación con más de 30 años de aportes: cómo impacta en el haber

Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un tope máximo del 15%. Esto equivale a un reconocimiento total de hasta 45 años de aportes.

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Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

Hasta su finalización, la moratoria previsional permitió que quienes alcanzaban la edad jubilatoria sin reunir los 30 años exigidos regularizar aportes faltantes y acceder, en la mayoría de los casos, a una jubilación mínima.

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Cuánto cobra un jubilado en marzo de 2026

Desde marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,9%, conforme a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $369.495,16, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.486.347,64. El aumento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), estableciendo un nuevo piso de ingresos.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Con este adicional, el ingreso mínimo garantizado en marzo rondará los $439.495,16.

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El refuerzo se abonará de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite. Aquellos que superen los $439.495 no accederán al beneficio.

En el caso de las PNC, el ingreso total con bono será de $328.649,34, mientras que la PUAM alcanzará los $365.596,53 tras la aplicación del extra.

Qué es el juicio por reajuste jubilatorio y cuándo corresponde

El juicio por reajuste jubilatorio es una acción judicial mediante la cual un jubilado o pensionado solicita la revisión del cálculo de su haber, ya sea del monto inicial o de los aumentos posteriores, cuando considera que la fórmula aplicada por ANSES fue incorrecta o desfavorable.

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En distintos fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que ciertos índices utilizados por ANSES no reflejaban adecuadamente la evolución de los salarios, lo que habilitó miles de reclamos judiciales.

La ley bajo la cual te jubilaste y su impacto en el reajuste

Antes de iniciar un juicio, es clave identificar el régimen legal aplicable:

  • Ley 18.037: quienes se jubilaron bajo este régimen suelen obtener una corrección casi total del haber.

  • Ley 24.241: los criterios de recálculo se apartan de la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que puede implicar resignar parte del haber potencial si se acepta la propuesta de ANSES sin litigar.

Cada caso requiere un análisis técnico individual, preferentemente con un abogado previsionalista independiente.

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Cuándo conviene iniciar un juicio de reajuste jubilatorio

Existen situaciones frecuentes en las que el reclamo judicial puede resultar procedente:

  • Errores en el cálculo del haber jubilatorio, como aportes omitidos o topes indebidos

  • Haber inferior al 82% móvil de los últimos salarios

  • Haber igual o inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil

El juicio de reajuste puede iniciarse para jubilaciones otorgadas hasta marzo de 2018, período en el que existía un vacío legal en la fórmula de cálculo. Para jubilaciones posteriores, la normativa ya estableció un esquema definido.

Plazos, honorarios y pago de sentencias judiciales

Los juicios previsionales suelen demorar entre 5 y 7 años, según la complejidad del caso y la carga de los tribunales. Los honorarios profesionales, en general, se pagan solo si el jubilado obtiene un resultado favorable.

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Una vez dictada la sentencia, ANSES liquida el nuevo haber y los retroactivos adeudados. Si el pago no se efectúa en la fecha asignada, los fondos regresan al organismo y se reprograman automáticamente.

Según el Comunicado A-7028 del BCRA, el cobro de sentencias por reajuste jubilatorio se realiza por ventanilla bancaria, sin necesidad de turno previo.

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ECONOMIA

El FMI valoró avances en la reforma laboral y apertura comercial, aunque pidió mitigar los costos de la transición

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Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional, destacó la continuidad de las negociaciones con la Argentina (Reuters)

Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó como “muy buenas” las discusiones entre el personal del organismo y las autoridades argentinas durante la misión reciente para la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y la consulta del Artículo IV. “Estas conversaciones continúan en el contexto de una agenda de reformas amplia que impulsa el Gobierno”, afirmó Kozack.

La funcionaria sostuvo que el objetivo de este programa es “consolidar los logros de estabilización que la Argentina alcanzó hasta ahora, al tiempo que fortalece las bases para un crecimiento duradero”. Además, Kozack remarcó que “desde el inicio del año, observamos pasos muy importantes para reforzar la confianza y la estabilidad externa”.

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En ese sentido, la portavoz del FMI señaló que el organismo se mostró “especialmente alentado por los recientes ajustes en el régimen monetario y cambiario, y por las compras diarias de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda y reconstruir las reservas”. Según Kozack, “el Banco Central de la Argentina compró más de dos mil millones de dólares en moneda extranjera desde el inicio del año”.

Kozack insistió en que “la acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks”.

Respecto a las reformas estructurales, la directora de comunicaciones indicó que “los esfuerzos por profundizar los cambios en Argentina siguen adelante”. Destacó que “hubo medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad, pero también a respaldar la creación de empleo”. Agregó que “estas iniciativas están siendo debatidas en el Congreso”.

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Además, Kozack valoró la apertura de la economía argentina y la búsqueda de inversiones: “Damos la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía al comercio y atraer inversiones, incluido el progreso en acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, este último a través de Mercosur”.

Sobre el proceso de reformas, Kozack subrayó que “mitigar apropiadamente los costos asociados con la transición también será importante para la Argentina”. Esta referencia se inscribió en el contexto del impulso de medidas estructurales, la apertura comercial y la atracción de inversiones extranjeras.

Al referirse a la calidad de las estadísticas oficiales, Kozack manifestó que el FMI mantiene un diálogo fluido con las autoridades. “Estamos profundamente comprometidos con los esfuerzos para salvaguardar la calidad, precisión y transparencia del sistema estadístico argentino. En nuestras conversaciones, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza pública”, aseguró.

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Las discusiones técnicas sobre la segunda revisión del acuerdo y la consulta del Artículo IV siguen en curso. Kozack explicó que “el próximo paso será, en caso de lograr un acuerdo a nivel de staff, preparar la documentación y someterla a consideración del directorio ejecutivo. Por ahora, seguimos en la fase de conversaciones”.

Kozack subrayó durante su intervención que “las discusiones siguen en curso y se desarrollan en el marco de una agenda de reformas que las autoridades argentinas están impulsando con determinación”. Enfatizó que el FMI mantiene “un diálogo constructivo y permanente con el Gobierno, enfocado en asegurar que los progresos observados hasta el momento puedan sostenerse en el tiempo”.

La vocera del Fondo hizo hincapié en la importancia de “la implementación continua de las políticas acordadas”, ya que, en sus palabras, “la sostenibilidad de las medidas adoptadas por Argentina será determinante para consolidar la confianza de los mercados y mantener la estabilidad lograda en los últimos meses”.

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Kozack también se refirió a la estrategia del Banco Central: “El hecho de que el Banco Central haya realizado compras diarias de moneda extranjera representa un paso clave para fortalecer la posición externa del país y atender las obligaciones de deuda”. Agregó que “la reconstrucción del colchón de reservas internacionales forma parte de los objetivos centrales del programa”.

Respecto a la agenda legislativa, Kozack manifestó: “Las reformas laborales que están siendo debatidas en el Congreso representan una oportunidad para abordar problemas históricos del mercado de trabajo, como la informalidad, al mismo tiempo que buscan fomentar la creación de empleo”.

En relación a la apertura comercial, expresó: “El FMI valora positivamente los avances en la negociación de acuerdos comerciales. Creemos que estos convenios pueden contribuir a dinamizar la economía argentina y atraer inversiones productivas”.

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Consultada sobre el acceso a los mercados internacionales, Kozack señaló: “El acceso duradero a los mercados requiere no solo disciplina fiscal y acumulación de reservas, sino también un compromiso sostenido con la transparencia y la calidad de los datos estadísticos”.

Kozack reiteró el compromiso del organismo con la transparencia: “El FMI está profundamente comprometido con los esfuerzos de Argentina para mejorar la calidad, precisión y transparencia de su sistema estadístico. La disponibilidad de datos confiables es fundamental para la toma de decisiones de política económica”.

Por último, la funcionaria recordó que el proceso de revisión técnica “seguirá su curso habitual, con nuevas actualizaciones a medida que avancen las discusiones y, eventualmente, con la presentación de la documentación correspondiente al directorio ejecutivo”.

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ECONOMIA

Banco de top de Brasil apuesta por el Merval: las 5 acciones que pone al frente de su cartera

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La Bolsa argentina vuelve a quedar bajo la lupa global, pero esta vez el debate no gira solo alrededor de si las valuaciones están «baratas» o «caras». El foco se desplazó hacia una pregunta más concreta y difícil: ¿pueden las acciones revalorizarse de forma sostenida si el financiamiento externo sigue siendo limitado? En un mercado que históricamente convivió con saltos de humor, la consistencia del rally depende cada vez más de variables que van más allá del precio y del «momentum».

En ese marco, la narrativa cambia de tono. Ya no alcanza con que el riesgo país baje o con que haya una buena rueda para que todo suba parejo: el mercado empieza a separar sectores y modelos de negocio. Las compañías con ingresos en dólares, con exposición exportadora o con contratos ligados a la energía aparecen como candidatas naturales a resistir mejor un escenario donde el frente externo marque el paso.

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La macro de 2026 agrega otra capa. Con desinflación en marcha pero con condiciones financieras estrictas, la economía tiende a enfriarse y el consumo pierde potencia. Ese combo obliga a mirar el equity con un filtro distinto: menos apuesta al ciclo doméstico y más atención a balances que puedan sostener caja y márgenes aun con crecimiento moderado.

Por eso, esta nota recorre la lectura que se instala entre inversores internacionales: qué condiciones se vuelven decisivas para un «re-rating» más amplio, por qué el tipo de cambio aparece como variable de ajuste, y cómo se traduce todo eso en una cartera que prioriza energía, perfiles dolarizados y selectividad. El objetivo: entender dónde podría estar la resiliencia y en qué señales se concentraría el riesgo.

La tesis central: re-rating posible, pero no «gratis» y con selectividad

Desde Bradesco señalaron que, en un contexto de financiamiento externo escaso, el país necesita que el tipo de cambio funcione como amortiguador para acomodar el frente externo sin generar una dislocación mayor. En esa lectura, el mercado accionario puede seguir ofreciendo valor, pero el recorrido no se da por inercia: depende de que el programa macro conserve credibilidad y de que el ajuste cambiario sea ordenado.

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Para Bradesco, ese punto cambia el manual del inversor. El equity no deja de ser atractivo, pero se vuelve más importante elegir qué comprar y no solo «comprar Argentina». En un escenario más exigente, el mercado tiende a premiar a quienes tienen cobertura natural contra movimientos del dólar y a castigar a quienes dependen del pulso interno.

Sus analistas apuntaron que, por esa misma restricción, el rendimiento se vuelve más heterogéneo. Las acciones ligadas al mercado doméstico pueden enfrentar recortes de expectativas, mientras que las compañías con ingresos dolarizados o exposición externa ganan peso en la conversación. La idea de «todo sube» pierde fuerza: aparece la lógica de ganadores y perdedores.

Aun con ese sesgo más defensivo, los especialistas del banco de inversión detallaron que mantienen una postura positiva en términos relativos: sostienen una visión de sobreponderación sobre acciones argentinas, pero enfatizando que la oportunidad no es uniforme y que la cartera debe inclinarse a sectores con mejor calidad de flujo bajo estrés macro.

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Política y reformas: la prima de gobernabilidad en el precio de las acciones

Los expertos del banco de Brasil explicaron que la dimensión política entra en el precio de manera directa. El equity argentino puede ser muy sensible a señales de continuidad del programa, porque la gobernabilidad influye sobre expectativas de inflación, tipo de cambio, financiamiento y riesgo país. En otras palabras: la política se traduce en múltiplos.

Para Bradesco, el mercado no necesita reformas perfectas para reaccionar, pero sí señales consistentes. Avances parciales en reformas estructurales ya funcionan como un ancla de expectativas. En un país donde los cambios de rumbo suelen costar caro, la Bolsa suele premiar la previsibilidad con menor prima de riesgo.

Sus analistas apuntaron que el Congreso fragmentado obliga a leer la gestión como un ejercicio de negociación permanente. En ese contexto, el «premio» para el equity aparece cuando la hoja de ruta se percibe sostenible y cuando los compromisos fiscales y cambiarios parecen creíbles. El revés también es cierto: si el clima político erosiona la confianza, el mercado ajusta rápido por precio.

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Para Bradesco, esa prima de gobernabilidad es clave para entender por qué las valuaciones pueden expandirse o contraerse incluso sin grandes cambios en ganancias. En la práctica, el equity termina siendo un termómetro del «contrato» implícito entre política y economía: si ese contrato se fortalece, suben los múltiplos; si se debilita, sube el descuento.

Dólar, reservas y balance de pagos: la bisagra del escenario 2026

Desde Bradesco señalaron que el cuello de botella de 2026 sigue siendo el balance de pagos, y que el tipo de cambio aparece como variable de ajuste para recomponer competitividad y sostener el frente externo. En su lectura, la trayectoria cambiaria tendería a acercarse hacia la parte alta del rango, con una depreciación controlada que funcione como amortiguador sin desordenar expectativas.

Los especialistas del banco de inversión detallaron que la economía enfrenta necesidades de financiamiento relevantes en un contexto donde no hay acceso pleno a mercados. En ese marco, la historia pasa por rollovers, multilaterales y administración de flujos. Esa arquitectura define la tranquilidad del mercado: cuando el financiamiento aparece, el dólar se ordena; cuando se traba, la presión se reaviva.

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Sus analistas apuntaron que, por eso, la acumulación de reservas es una señal que el equity mira casi a diario. La capacidad de sumar dólares reales —y no solo contables— impacta en credibilidad, en expectativas de tipo de cambio y en la prima de riesgo. En este punto, el mercado no se conforma con promesas: exige tracción.

Desde Bradesco también trabajaron con escenarios alternativos: un caso base de depreciación moderada, un caso negativo con mayores necesidades de dólares y un ajuste cambiario más intenso, y un caso positivo con menores necesidades y una depreciación más suave. La conclusión común es que el equity depende de que el ajuste no sea disruptivo y de que el frente externo no obligue a un cambio abrupto de reglas.

Crecimiento más lento y consumo más débil: por qué las «domésticas» pierden brillo

Los expertos de Bradesco explicaron que, aun con desinflación, la combinación de tasas reales, normalización de precios relativos y restricción financiera tiende a enfriar el ciclo. En ese marco, el crecimiento se modera y el consumo pierde fuerza. Para el equity, eso significa que algunas expectativas pueden estar por delante de lo que la economía puede entregar.

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Para Bradesco, esa desaceleración impacta en rentabilidad. Con menos demanda interna, ciertos sectores enfrentan una dinámica más desafiante para sostener márgenes. Incluso si baja la inflación, la recuperación del poder de compra no necesariamente compensa el enfriamiento del crédito o la cautela del gasto privado.

Sus analistas apuntaron que, en ese contexto, las proyecciones de ganancias agregadas pueden volverse vulnerables a revisiones. El mensaje para el inversor es claro: un escenario macro más exigente obliga a ser más quirúrgico. No todo lo que «está barato» necesariamente se revaloriza: hace falta catalizador.

Esa es la razón por la que el foco migra a empresas con ingresos dolarizados o exposición externa. En un escenario donde el peso se deprecia de forma controlada, quienes generan dólares o tienen cobertura natural tienden a sostener mejor la rentabilidad real. La selectividad deja de ser una preferencia y se convierte en estrategia central.

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La cartera de 5 acciones: el quinteto que Bradesco pone al frente

En ese giro de enfoque, desde Bradesco señalaron que mantienen sin cambios el núcleo de su cartera preferida, integrado por cinco nombres que concentran su apuesta principal. La selección combina energía, un banco líder, infraestructura de mercado y un jugador relevante de real estate: una mezcla que busca balancear dólar, caja y «beta» local con disciplina.

Para Bradesco, Banco Macro aparece como representante del sector financiero, pero dentro de una mirada selectiva. La banca puede beneficiarse si la estabilización macro reduce volatilidad y mejora el horizonte de crédito, aunque el ciclo doméstico más frío obliga a no generalizar el optimismo a todo el sector por igual.

Los especialistas del banco de inversión detallaron que el componente de energía es clave: Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur (TGS) ocupan un lugar central porque funcionan como cobertura natural en un esquema donde el dólar y el frente externo son bisagra. En ese sentido, energía opera como «seguro» relativo cuando el mercado vuelve a mirar reservas.

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La cartera se completa con BYMA, como apuesta a la profundización del mercado de capitales y al funcionamiento de la plaza, y con IRSA, como exposición a activos reales y a un perfil que puede capturar valor si el clima financiero se vuelve más estable. El mensaje general del quinteto es nítido: dólar, energía y selectividad, sin perder del todo el termómetro local.

Valuaciones, múltiplos y el límite del entusiasmo

Desde Bradesco señalaron que las valuaciones siguen resultando atractivas en términos históricos y que el equity argentino podría sostener una continuidad del re-rating si se mantiene un marco razonable de gobernabilidad y disciplina macro. En esa lectura, el mercado todavía tiene recorrido, pero con un «techo» condicionado por riesgo y financiamiento.

Sus analistas apuntaron que el problema no es solo el nivel de múltiplos, sino qué tan sostenible es la narrativa que los justifica. Si el programa se consolida, el mercado puede convalidar valuaciones mejores; si el frente externo se tensa, la prima de riesgo vuelve a mandar. El equity argentino suele moverse en ese péndulo.

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Para Bradesco, el punto de control es claro: sin acceso pleno a mercados, el país necesita que el esquema de financiamiento alternativo funcione y que el tipo de cambio sea ancla sin volverse trampa. Si la dinámica de rollovers y multilaterales se sostiene, el mercado respira; si se interrumpe, el ajuste aparece por precio.

Por eso, la tesis termina siendo más pragmática que eufórica: hay oportunidad, pero no para comprar «cualquier cosa». El recorrido depende de disciplina macro, credibilidad política, reservas y un dólar que no se desordene. En ese tablero, energía y perfiles dolarizados ganan peso como cobertura, mientras el mercado doméstico exige paciencia y una selección fina.

Petróleo, exportaciones y reservas: la energía como cobertura natural

Los especialistas del banco de inversión detallaron que el precio del petróleo se volvió un factor macro relevante porque impacta en exportaciones de energía y, por esa vía, en la capacidad de sumar reservas. En su análisis, cambios en el Brent alteran el ritmo de acumulación de dólares y, por lo tanto, la percepción de riesgo.

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Desde Bradesco señalaron que un escenario de petróleo más bajo complica el flujo externo, mientras que un precio más firme mejora el aporte de divisas. En ese punto, la energía deja de ser solo «sector bursátil» para convertirse en variable macro. Y eso explica por qué el banco la toma como cobertura natural dentro de cartera.

Sus analistas apuntaron además que el agro puede actuar como amortiguador parcial, ayudando a sostener términos de intercambio, aunque no elimina la necesidad de un esquema financiero consistente. En un país donde el dólar es el precio más sensible, el mercado sigue de cerca cada fuente de oferta de divisas.

La conclusión que se impone es que, mientras el frente externo no se desordene, la tesis positiva para acciones puede sostenerse. Pero la condición es explícita: reservas, dólar ordenado y continuidad del programa. Y dentro de ese mapa, la energía —por flujo, por cobertura y por impacto macro— aparece como el «núcleo defensivo» de una apuesta por el Merval que intenta capturar valor sin negar los riesgos.

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