En un nuevo paso en el acercamiento comercial y diplomático con Estados Unidos, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, encabezó la firma de un acuerdo de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del país norteamericano.

El convenio marco tiene como objetivo continuar con la modernización y automatización de los procesos en el comercio bilateral y el tránsito de pasajeros entre ambos países y profundizar la digitalización de trámites iniciado durante la actual gestión, según informó ARCA.

Las claves del acuerdo entre ARCA y la Aduana de Estados Unidos

Tal como señaló la agencia de recaudación mediante un comunicado, «el fortalecimiento de la coordinación entre la Aduana argentina y la de los Estados Unidos de América permitirá potenciar la capacidad de identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con mayores controles inteligentes y segmentados por riesgo».

«En ese sentido, este acuerdo de cooperación reforzará la seguridad fronteriza, al tiempo que impulsará el comercio legítimo entre ambas naciones, con una reducción de los tiempos logísticos que redundará en un avance en la competitividad del sector privado.

La firma del convenio marco se llevó adelante en la ciudad de Washington. Pazo fue acompañado por el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis. Por parte de la CBP, estuvo presente el Subcomisionado Ejecutivo Adjunto de esa Oficina estatal, Donald R. Stakes.

«Este nuevo hito en la cooperación entre ARCA y la CBP marca un nuevo paso en el avance a una Aduana 100% digital, sin gestiones en papel ni trámites presenciales y mejoras en la experiencia de ciudadanos y operadores», señalaron desde ARCA.

El acuerdo comercial que Argentina tiene con los Estados Unidos

El flamante acuerdo comercial entre Donald Trump y Javier Milei desató una fuerte controversia en los círculos diplomáticos y económicos de Buenos Aires. Aunque desde la Casa Rosada se lo presentó como un «histórico avance en la integración estratégica con los Estados Unidos«, un análisis detallado del borrador revela un marcado desequilibrio: Estados Unidos obtiene 14 beneficios concretos, mientras que la Argentina solo recibe uno, acompañado de seis compromisos recíprocos cuyo alcance todavía permanece indefinido.

El entendimiento, que se firmará en Washington en las próximas semanas, implica una apertura masiva del mercado argentino a prácticamente cualquier producto estadounidense, desde medicamentos hasta maquinaria, tecnología, autos y alimentos. Pero, según fuentes diplomáticas que hablaron con iProfesional, también supone que Argentina aceptará las normas técnicas, regulatorias y de propiedad intelectual de los Estados Unidos, lo que podría convertir al país en «una plaza sin defensas» para la industria local.

«Lo que en Estados Unidos esté aprobado, acá ingresará sin discusión«, explicó a iProfesional un diplomático con intervención directa en las negociaciones. En términos prácticos, la Argentina renuncia a exigir evaluaciones técnicas propias: si la FDA, el Departamento de Agricultura o cualquier agencia norteamericana valida un producto, ese producto entrará al mercado argentino sin requisitos adicionales.

Esto implica una renuncia a la potestad regulatoria nacional en sectores sensibles como alimentos, medicamentos y tecnología industrial. Varios especialistas advirtieron que la medida también podría facilitar la entrada de bienes más baratos —o subsidiados—, afectando a Pymes e industrias locales que no pueden enfrentar esas condiciones de competencia.

Uno de los puntos más polémicos es la obligación de prohibir importaciones de bienes producidos mediante «trabajo forzoso«, una redacción que en la práctica funcionaría como un veto a productos originados en China. Para la diplomacia estadounidense, es un instrumento estratégico. Para la economía argentina, puede implicar tensiones con su principal socio comercial.

Exportaciones argentinas: una promesa todavía difusa

En el plano positivo, el gobierno asegura que Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos para ciertos recursos naturales —como aluminio, hierro, hidrocarburos, madera y productos agropecuarios— y que se otorgará un acceso mejorado para la carne argentina, uno de los pedidos históricos del sector.

Sin embargo, funcionarios de la Cancillería advirtieron que hasta ahora no existe ningún listado oficial de productos: «Todos los acuerdos quedan en el papel. Lo que no está escrito, no existe», señaló un negociador con larga trayectoria. Y agregó un dato clave: incluso si Trump baja aranceles, esa decisión debe ser aprobada por el Congreso estadounidense, que no le ha delegado dichas facultades al presidente.

Hoy, lo único concreto es el desequilibrio numérico: 14 compromisos de apertura y beneficios para Washington, 1 para Buenos Aires y 6 puntos recíprocos sin especificación técnica.

Las 14 ventajas para Estados Unidos y los compromisos asumidos por Argentina:

1. Acceso preferencial a los mercados argentinos para productos industriales, farmacéuticos, tecnológicos, automotrices y agrícolas. Sería para autos eléctricos. China importó 50 mil el último año y EE.UU. habla de 15.000

2. Eliminación gradual de la tasa estadística y fin de formalidades consulares para importaciones estadounidenses. Estados Unidos quiere eliminar todas las trabas, sellos, certificados, aranceles, pero no se compromete a lo mismo.

3. Ingreso automático de productos que cumplan normas técnicas de EE.UU., sin exigencias locales. Argentina homologaría todo lo regulado en EE.UU., pero ellos no se comprometen a homologar los controles argentinos.

4. Argentina deberá alinear su ley de patentes con los estándares estadounidenses e internacionales. Deberá derogar decretos regulatorios y adherir a un Tratado Internacional de Cooperación de Patentes.0

5. Apertura del mercado local a carnes y aves de corral estadounidenses. Pero ellos no se comprometen a abrirlo del mismo modo salvo con cupos y tasas.

6. Simplificación de registros para productos cárnicos y lácteos norteamericanos. No tendría que ir nadie de Senasa a controlar las importaciones de los EE.UU.

7. Prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso, afectando compras desde China. Esto puede traer tensiones con China porque limitaría importaciones chinas.

8. Medidas ambientales alineadas con la agenda estadounidense en tala de árboles, minerales críticos y normas de pesca. En los tres temas, China no cumple los estándares y nadie lo frena. También un punto contra China.

9. Cooperación para frenar políticas «no mercantiles» de terceros países. Se refiere a China que tiene empresas estatales regidas por el Estado chino.

10. Control a subsidios y empresas estatales que puedan distorsionar el comercio bilateral. También Estados Unidos busca desactivar a los gigantes chinos que son empresas del Estado.

11. Reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para flujos de datos digitales, lo que evita cualquier limitación a empresas tecnológicas norteamericanas. Estados Unidos sostiene que los datos deben traspasare las fronteras y China no. También podría dar preeminencia a empresas norteamericanas de usos de datos en el país.

12. Aceptación de firmas electrónicas reguladas en Estados Unidos. Tampoco se exige una reciprocidad.

13. Ingreso automático de vehículos estadounidenses que cumplan las regulaciones federales. Se homologan vehículos de Estados Unidos sin reciprocidad.

14. Validación automática de certificados de la FDA, sin que se validen los certificados de la ANMAT o Senasa.

La única ventaja concreta para la Argentina

Estados Unidos eliminaría aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales y productos farmacéuticos no patentados. Incluye supuestamente acero y aluminio, aunque la lista completa será publicada recién al momento de la firma final, pero según fuentes del gobierno de Milei es muy amplia de más de cien productos, alimentos, petróleo crudo, te, madera, carne, entre otros.

Compromisos recíprocos: seis títulos, ninguna precisión técnica:

1. Apertura mutua de mercados para «productos clave» (no definidos). Esto queda sujeto al acuerdo y no se informó.

2. Mejora del acceso recíproco al mercado de la carne. Es desigual porque Estados Unidos tiene un cupo de exportación y Argentina no.

3. Armonización de enfoques en controles de exportación y seguridad de inversiones. Enunciado de buenas intenciones.

4. Trabajo conjunto contra barreras no arancelarias en alimentos. No pasas de una declaración.

5. Colaboración en comercio e inversión en minerales críticos. En esto Estados Unidos quiere desplazar a China de la explotación y comercio de tierras raras y para eso exige regímenes de inversión de grandes inversiones (RIGI)

6. Cooperación para estabilizar el mercado global de soja. Podría ser una suerte de división de los mercados.

El arribo de la familia iPhone más reciente se concreta con versiones múltiples y precios confirmados en la web local de la operadora, junto con la oferta estimada por el principal distribuidor especializado de la marca. Desde el 19 de noviembre, la serie se incorpora a los principales canales de venta del país, incluido el marketplace líder que anticipa su disponibilidad próxima.

El anuncio sobre la disponibilidad en la Argentina abarca los modelos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos equipados con el procesador A19 y tecnología de punta en cámaras más pantalla. La demanda inicial se concentra en los modelos con más capacidad de almacenamiento, en especial la edición 256 GB y superiores, seguidas de cerca por las variantes de color especial como el Cosmic Orange.

A continuación, se detallan los valores destacados en la tienda online de Claro, con la advertencia de que pueden existir variantes según plan, financiación y oferta bancaria actual:

• iPhone 17 256GB: $1.889.999 (Precio sin impuestos: $1.437.262)
• iPhone 17 Pro 256GB: $2.609.999 (Precio sin impuestos: $1.984.790)
• iPhone 17 Pro Max 256GB: $2.879.999 (Precio sin impuestos: $2.190.113)
• iPhone Air 512GB: $2.879.999 (Precio sin impuestos: $2.190.113)
• iPhone 17 Pro 512GB: $3.149.999 (Precio sin impuestos: $2.395.437)
• iPhone 17 Pro Max 512GB: $3.329.999 (Precio sin impuestos: $2.532.319)

El acceso a cuotas y descuentos depende del medio de pago, promociones bancarias y combinación del equipo con líneas activas o nuevos contratos. Esta política de precios contempla una diferencia entre el valor final y el importe sin impuestos nacionales y tasas específicas sobre productos tecnológicos.

Uno de los principales vendedores autorizados de la marca en Argentina, MacStation, reveló precios estimativos, sujetos a cambios por tipo de cambio y actualización de impuestos:

• iPhone 17: desde $1.999.990
• iPhone Air: desde $2.499.990
• iPhone 17 Pro: desde $2.699.990
• iPhone 17 Pro Max: desde $2.999.990

Estos montos funcionan como orientación para compradores, en espera de confirmaciones definitivas al momento de cada venta. MacStation brinda opciones de retiro en tienda, entrega a domicilio, asistencia técnica y garantía.

Mercado Libre mantiene abierta su plataforma para la incorporación próxima de la línea, aunque hasta el cierre de este relevamiento los modelos aún no figuraban publicados por vendedores oficiales. El marketplace había anunciado la llegada, pero la integración final depende de procesos internos y acuerdos con proveedores.

El catálogo oficial de Apple en Estados Unidos publica el iPhone 17 Pro Max 256GB a un precio de 1.199 dólares. Aplicando el tipo de cambio vendedor oficial del Banco Nación, que se sitúa en 1.430 pesos por dólar, el mismo modelo equivale a 1.713.570 pesos argentinos (1.199 x 1.430).

En las web locales, el iPhone 17 Pro Max 256GB tiene un precio final de 2.879.999 pesos y un valor sin impuestos de 2.190.113 pesos.

De este modo, el costo del modelo más avanzado en Argentina supera en aproximadamente 1.166.429 pesos el valor convertido desde Estados Unidos (comparando precio final en Claro con el monto convertido en pesos al dólar oficial). La diferencia se reduce a unos 476.543 pesos si se enfrenta el valor sin impuestos de la operadora argentina contra el mismo valor de referencia estadounidense. Estos montos no contemplan costos adicionales como envío, garantía local ni financiación.

En Chile, eliPhone 17 Pro Maxse comercializa en cadenas como Falabella por aproximadamente 1,5 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 1.630 dólares. Esta cifra representa una diferencia de cerca del 40% respecto al precio vigente en Argentina, donde el mismo modelo supera los 3,5 millones de pesos y ronda los 2.400 dólares con el tipo de cambio oficial. La brecha de valores continúa estimulando viajes de compra al país vecino, aunque adquirir el dispositivo en Chile implica asumir ciertos riesgos, como la validez limitada de la garantía y posibles complicaciones con modelos no homologados localmente. Además, quienes abonan con tarjeta internacional deben contemplar el recargo del “dólar turista”, que incrementa el costo final, aunque aún deja la opción chilena como una de las más competitivas de la región para productos premium.

El lanzamiento nacional de la línea más reciente de Apple implica una oferta sostenida por los canales de venta más relevantes, integración inmediata de productos en stock y acompañamiento técnico para usuarios que completan la compra a través de la web, aplicaciones móviles o atención en sucursales. La política comercial de las tiendas especializadas se apoya en la garantía local y la posibilidad de financiación en múltiples cuotas, aspecto central para el segmento argentino durante noviembre.

La actualización de los precios se publicará regularmente en las plataformas de ambas cadenas y responde a la circulación cambiaria y fiscal local. Cada comprador puede simular el costo efectivo consultando el valor del plan y el método de pago en los portales oficiales.

Las diferencias en el costo de la electricidad residencial se profundizaron en noviembre de 2025 y muestran un mapa energético fragmentado. Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet), un hogar promedio puede pagar hasta seis veces más de acuerdo a la provincia en la que vive, aun considerando el mismo consumo promedio mensual de 265 kWh. Las variaciones surgen de la combinación entre los precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía y los distintos valores del componente de distribución (VAD) autorizados en cada jurisdicción.

El informe señala que la Resolución 434/25 unificó los precios mayoristas de la energía eléctrica a partir del 1° de noviembre, pero “el ritmo de los incrementos tarifarios correspondientes al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias”. Esa divergencia es la que explica el salto entre las facturas finales de cada distrito, incluso cuando la energía mayorista y los impuestos se rigen por parámetros comunes.

La comparación de facturas finales —incluyendo impuestos y sin descuentos— exhibe una dispersión inédita. Para un consumo mensual de 265 kWh, el monto más bajo del país es inferior a $20.000, mientras que las jurisdicciones más caras superan ampliamente los $120.000. La relación entre ambos extremos alcanza una diferencia cercana a seis veces.

En concreto, un usuario de ingresos bajos de Neuquén paga actualmente una factura media de $85.271, mientras que un usuario de Santa Cruz abona $12.209. En ese ejemplo, la diferencia es de 6,6 veces. En el caso de los usuarios de nivel medio la brecha es de cinco veces, mientras que en los de ingresos altos la distancia es más corta, de 3 veces.

El documento advierte que la dispersión es multicausal. “Conviven empresas públicas, privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales”, remarcan desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios. Además, los cuadros tarifarios responden a estructuras de costos distintas, a la frecuencia con que se actualiza cada componente y al impacto de las cargas impositivas locales.

La composición de la factura también varía según el nivel de ingresos del usuario. En promedio país, un hogar N1 —clasificado como de altos ingresos— abona $69.935 mensuales por la electricidad, mientras que un usuario N2, considerado de bajos ingresos, paga $43.598 y uno N3, de ingresos medios, $50.758. En términos relativos, la factura de un usuario N1 “es 1,6 y 1,4 veces superior respecto de la de un hogar N2 y N3, respectivamente”.

El análisis del IIEP detalla la estructura típica de una factura según el segmento. En el caso de los usuarios N1, la energía representa el 33%, el VAD el 41% y los impuestos el 27%. En los hogares de ingresos bajos (N2), la participación del VAD crece hasta el 55% y la energía baja al 18%, mientras que los impuestos permanecen en torno al 27%. Para los usuarios de ingresos medios (N3), la factura se compone por 31% de energía, 42% de VAD y 28% de impuestos.

La carga impositiva también cambia entre provincias. Algunas jurisdicciones aplican tributos adicionales —como tasas municipales o fondos específicos— que elevan el valor final, mientras que otras sostienen esquemas fiscales más acotados.

Pese a las subas en los precios desde 2024, persiste una brecha entre el costo real de la energía y el precio que pagan los hogares. El informe destaca que, en promedio nacional, la cobertura de costos para la categoría residencial es del 58%: los usuarios aportan esa proporción vía tarifas, mientras que el Estado financia el 42% restante.

Incluso los hogares N1 mantienen un nivel de subsidio, según la página 9 del documento. Para este segmento, la tarifa eléctrica permite cubrir el 89% del costo reconocido por la Secretaría de Energía, por lo que el Estado continúa absorbiendo la diferencia. En el caso de los usuarios N2 y N3, la cobertura es más reducida: 30% y 44%, respectivamente.

El esquema de bonificaciones aplicado en 2025 —establecido por la Resolución 36/2025— introdujo “una escala de bonificaciones decrecientes para cada mes hasta finales de 2025”, lo que implica un sendero gradual de reducción en la asistencia estatal, especialmente sobre los segmentos medios y bajos.

El informe identifica varios elementos que generan la dispersión tarifaria:

• Actualizaciones del VAD: cada provincia define la frecuencia y magnitud de los ajustes según la estructura de costos de su distribuidora.
• Características de la red: densidad poblacional, extensión territorial y condiciones climáticas inciden en los costos de operación.
• Modelo de gestión: empresas públicas, privadas y cooperativas presentan costos y esquemas regulatorios diferentes.
• Impuestos y tasas locales: algunos distritos aplican cargos adicionales que elevan la factura final.
• Anomalías regulatorias: el documento menciona “factores exógenos que alteran artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”.

El IIEP advierte que las comparaciones deben interpretarse con cautela. “Una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación… pero debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada jurisdicción”, concluye el estudio.