ECONOMIA
El otro costo del riesgo país: Caputo perdió la chance de sumar u$s6.500 millones a las reservas
Una de las mayores frustraciones de Luis Caputo por la suba del riesgo país en la segunda mitad del año es haberse visto obligado a suspender uno de sus instrumentos preferidos: los Bontes -los bonos que emitía el Tesoro para inversores del exterior, que se suscribían con dólares, pero pagaban en pesos-, con los que originalmente pensaba reforzar las reservas en u$s8.000 millones.
Si se hubiese continuado, acaso la situación financiera mostraría menos turbulencia en esta etapa pre-electoral, dado que el Banco Central mostraría una posición más sólida.
Pero Caputo apenas logró hacer dos de las emisiones planeadas, una por u$s1.000 millones en mayo y otra de u$s500 millones en junio, pero -sin que hubiera anuncio oficial de por medio- se decidió congelar es plan, ante la constatación de que el mercado exigía tasas de interés demasiado altas.
Cuando se hizo la primera colocación,fue motivo de celebración para el gobierno. Un eufórico Javier Milei escribía hace tres meses: «Y un día volvimos», acompañado del inevitable VLLC.
El argumento oficial era que ese bono era un punto de inflexión en la economía argentina, porque marcaba el regreso al mercado de crédito. Y, además, el hecho de que los inversores de Wall Street hubieran aceptado títulos pagaderos en pesos suponía un mensaje de confianza sobre la estabilidad -dado que si hubiera devaluación, perderían capital-.
Es decir, se celebran varias cosas al mismo tiempo. Desde lo simbólico, el poder mostrar que el plan generaba confianza en el mercado internacional. Además, hay algo que ningún funcionario mencionó explícitamente, pero estaba flotando en el mercado: el recuerdo del histórico «empome» de gigantes de Wall Street -como Templeton y BlackRock- al comprar un bono en pesos en 2018, también emitido por Toto Caputo.
Y desde lo puramente financiero, lo importante para el gobierno era la posibilidad de reforzar las reservas sin necesidad de comprar dólares dentro de la banda de flotación.
El error de cálculo de Luis Caputo sobre el riesgo país
Pero rápidamente se notó un problema de cálculo: Caputo consideraba que, dado el superávit fiscal, el descenso de la inflación, el acuerdo con el FMI y el desarme del cepo cambiario, los inversores pedirían una tasa relativamente baja. En ese momento, el índice de riesgo país argentino rondaba los 600 puntos, y el propio ministro confesó tiempo más tarde que su expectativa era que, para esta altura del año, se encontraría en torno de 400 puntos.
En fuerte contraste, el costo financiero argentino medido en ese índice ya se encuentra otra vez en torno de 850 puntos, algo que Caputo atribuye al «riesgo kuka» -es decir, el temor del mercado a que un eventual triunfo de la oposición en las legislativas posibilite que el Congreso ponga en riesgo el equilibrio fiscal-.
Los críticos del gobierno, en cambio, sostienen que el pico del riesgo país se explica mucho más por daños auto-inflingidos que por el accionar del Congreso. En particular, por la certeza de que habrá una corrección cambiaria tras las elecciones.
¿Sería diferente la situación de hoy si Caputo hubiese continuado con su programa para sumar dólares con los Bontes? Difícil saberlo, pero a esta altura el BCRA contaría con u$s44.000 millones.
Sin embargo, el Gobierno prefirió asumir que, después de haber festejado la vuelta a los mercados, ahora otra vez quedó lejos el crédito internacional. La primera señal de alarma vino con la licitación de mayo, cuando los inversores pidieron una tasa de 29,5%, que hoy parece ínfima cuando se la compara con el 75% que se acaba de convalidar para Lecaps de corto plazo, pero que en aquel momento causó un escándalo en el mercado.
Para ayudar a despejar temores se había incluido una cláusula «put» a dos años, que implicaba la garantía de que se podía salir de la inversión antes de los cinco años de vida del bono -que además pagaba intereses semestrales-. Como los dos años se vencían en 2027, se interpretó esa cláusula como una «salvaguarda contra el riesgo político» en un año de elección presidencial.
Desconfianza, pese a los endulzantes
La expectativa previa era que la tasa del Bonte no superaría el 23%, dada las perspectivas de inflación. Pero los inversores externos no miran el IPC sino el riesgo de devaluación. Y querían asegurarse una ganancia no menor a un 11% real, teniendo en cuenta que el Treasury bond a cinco años rendía un 4% y el riesgo país argentino se ubicaba en torno de 650 puntos.
En definitiva, esa tasa de 29,5% reflejaba que había riesgos más altos percibidos desde el exterior, sobre todo en la evolución del dólar -la tasa suponía un tipo de cambio un 19% más alto en un año-.
Al mes siguiente, se agregaron «edulzantes», como la eliminación de la norma que obligaba a los inversores extranjeros a permanecer un mínimo de seis meses antes de llevarse los dólares -lo que en la jerga se conoce como «paking»-.
Con esto, se mejoró levemente la tasa en la segunda emisión -fue de 28,46%-, realizada a fines de junio, pero Caputo limitó el monto a u$s500 millones, la mitad de lo que estaba habilitado a tomar. Pocos días antes, se había concretado un préstamo «repo» con un grupo de bancos por u$s2.000 millones, y los analistas no ocultaron su decepción por la tasa de 8,25% que costó la operación.
Lo que quedaba en evidencia era que el índice de riesgo país no bajaba a pesar del superávit fiscal. Y fue cuando recrudecieron las críticas al plan económico. Primero, por las señales en el sentido de que no se comprarían dólares mientras no llegaran al piso de la banda de flotación -algo que los economistas creen que podría no ocurrir nunca-. Fue un punto sobre el que el gobierno terminó dando marcha atrás, con compras en nombre del Tesoro.
Luego, por las manifestaciones del presidente Milei, que minimizó la gravedad del déficit de la cuenta corriente, que se proyecta en unos u$s12.000 millones para este año.
Hasta economistas muy influyentes en el mercado, como Ricardo Arriazu y Domingo Cavallo -a quienes nadie puede acusar de ser opositores a Milei- advirtieron que no era lo mismo acumular reservas con endeudamiento que hacerlo con divisas provenientes del superávit comercial.
Lo cierto es que ya no hubo nuevos intentos por buscar dólares con bonos nominados en pesos. Y la rápida suba del riesgo país, a tono con la volatilidad de las tasas de interés domésticas, que virtualmente congelaron el crédito, cambiaron totalmente el panorama.
Hablando en plata, Caputo resignó u$s6.500 millones de su plan original de u$s8.000 millones colocados en bonos.
¿Otra vez «empomados»?
Según Caputo, la situación actual es transitoria y solo se explica por el nerviosismo electoral. Desde su lógica, tanto las tasas del mercado interno como el índice de riesgo país deberían desinflarse tras la elección.
Si su pronóstico fuera cierto y el índice cayera debajo de los 500 puntos, entonces volverían a darse las condiciones como para volver a emitir los Bontes. Claro, del otro lado del mostrador tiene que haber inversores dispuestos a correr el riesgo. Y es algo que muchos ponen en duda, porque argumentan que se está reeditando el histórico «empome» con bonos en pesos de 2018.
¿Cómo les fue a quienes entraron en la licitación de mayo, vendiendo dólares a $1.148 a cambio de un bono en pesos que paga 29,5%? Si no tomaron ninguna cobertura anti devaluación, les fue pésimo: en tres meses, el tipo de cambio ya subió un 17%, lo que implica que ya perdieron un 14% del capital. Aun si el dólar quedase congelado en este nivel hasta mayo del año próximo, la tasa de interés no compensaría el nivel de riesgo país.
Con esos números a la vista, podría suponerse que, otra vez, quienes compraron títulos en pesos emitidos por Caputo se sintieron «empomados». Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que esos inversores tomaron el recaudo de contratar un «seguro de devaluación» en el mercado de futuros.
En aquel momento, la posición a diciembre cotizaba a $1.240 -un valor bajo, considerando que hoy cotiza a $1.525-. Esto implica que parte de lo perdido por la desvalorización del bono se compensará con la ganancia que se cobre por el contrato a futuro.
Aun así, lo ocurrido en estos meses no solo ratifica que los inversores externos estaban justificados en su cautela, sino que aquella tasa que tres meses atrás lucía exageradamente alta, en realidad se había quedado muy corta.
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ECONOMIA
Tres días de medidas de fuerza en el PAMI. ¿peligra la atención de los jubilados y pensionados?
El Frente Sindical reclama la urgente convocatoria a paritaria. Afirman que hace 350 días que no reciben aumentos. Amenazan con profundizar las protestas.
30/09/2025 – 10:28hs
A los recurrentes problemas que sufre el PAMI se le suman medidas de fuerza que pueden afectar la atención y gestión de trámites. El Frente Sindical de Unidad integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) y la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) dispuso un plan de lucha por tres días, con paros y actos y concentraciones en la gran mayoría de las oficinas.
El secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar afirmó que «ya van más de 350 días con los salarios congelados. Desde la creación de la obra social no existen precedentes de un ajuste de esta magnitud» y agregó que «recortan los ingresos de los trabajadores y las prestaciones de los jubilados».
Cómo se aplicará el plan de lucha y en qué consiste
El dirigente subrayó que «más de la mitad de los empleados cayeron por debajo de la línea de pobreza y son muchos los profesionales que están migrando por sueldos tan bajos. Esto repercute de manera negativa en los servicios que brinda el Instituto» y añadió que «tienen que explicar a dónde está yendo a parar la plata, porque estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes del Estado nacional».
El plan de lucha del Frente Sindical comenzó a mediados de septiembre, pero ahora se profundizará con acciones progresivas en demanda de una urgente convocatoria a paritarias, además de otros reclamos laborales.
Las organizaciones gremiales anunciaron llevarán a cabo, hoy y mañana, ceses de actividades de 11 a 12, mientras que el jueves convocaron a los trabajadores y trabajadoras a concentrarse en todas las sedes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) a partir de las 12, con el objetivo de visualizar el conflicto.
Amenazan con profundizar las protestas
Aguar sostuvo que «se trata de un reclamo absolutamente justo y razonable. Si no existen respuestas concretas, vamos a profundizar las medidas de fuerza en todo el país» y avisó: «Que nadie se escandalice porque los trabajadores hacemos paro. Es el gobierno el que odia a los viejos, les quita los medicamentos, paga haberes de miseria y les pega todos los miércoles».
Según trascendió, los referentes de los sindicatos tendrán una reunión el mismo jueves, después de las manifestaciones, para evaluar los resultados de las protestas y allí decidir la continuidad del plan de lucha, que podría incluir nuevos paros (de más duración) y movilizaciones de los 12.500 empleados.
Voceros gremiales señalaron que «estamos sufriendo un desguace del PAMI, donde por un lado se nos ajustan los salarios al igual que los jubilados y pensionados, a quienes además les quitan prestaciones» y agregaron que «no solo se trata de una actualización salarial, sino de mejorar las condiciones laborales para que podamos cumplir con nuestras tareas y hacer más eficiente la atención; hoy el PAMI atraviesa una crisis de difícil resolución por inoperancia del gobierno».
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ECONOMIA
Milei respondió a las críticas por la quita de retenciones al campo y ratificó que “los productores sí se beneficiaron”
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente de Argentina, Javier Milei, salió al cruce de las críticas que recibió por la quita temporal de las retenciones al campo y reafirmó que la medida permitió a los productores recibir el precio más alto de la soja en los últimos 25 años.
Así lo manifestó este martes en declaraciones televisivas, en la que abordó los impactos económicos de la reciente suspensión de retenciones al agro, una medida que el gobierno adoptó por tres días hábiles debido a que en ese plazo se alcanzó el cupo de USD 7.000 millones.
Según el mandatario, tras la implementación de la medida, el valor de la tonelada de soja pasó de USD 295 a USD 350, lo que a su entender representa un beneficio directo para los productores. “El mejor respeto es que de 295 te vas a 350”, remarcó Milei en sus declaraciones, al referirse al aumento de precio verificado en el mercado.
Durante la entrevista, Milei reiteró su postura contraria a las retenciones, al calificarlas como “siniestros” junto al impuesto a los débitos y créditos bancarios. “Odio las retenciones”, dijo. Explicó que el objetivo de su gobierno es avanzar hacia una reducción de la presión fiscal en la medida en que la economía lo permita. Sostuvo además que, desde el inicio de su gestión, el sector agropecuario recibió al menos 43 mejoras impositivas.
De acuerdo con lo expresado por el Presidente, “cuando estaba el kirchnerismo, la soja estaban en USD 600 y el productor recibía USD 250. Hoy en Chicago está a USD 400 y el productor recibe USD 350”. Para Milei, la coyuntura internacional e interna ha determinado que el productor agropecuario perciba el mejor valor en décadas.
Consultado sobre la continuidad de la baja de impuestos, Milei explicó que dentro del plan fiscal diseñado por el equipo de economía encabezado por Luis Caputo, la reducción total prevista a 2031 equivaldría a una devolución de USD 500.000 millones en impuestos a los contribuyentes. Esto, subrayó, supera la deuda consolidada actual entre el Tesoro y el Banco Central, que se sitúa en USD 450.000 millones.
Milei aseguró que el compromiso del gobierno es continuar con el sendero de baja de impuestos en la medida en que la disciplina fiscal lo permita, remarcando además la importancia de avanzar también sobre tributos provinciales considerados distorsivos.
La eliminación temporal de retenciones, que se extendió entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, provocó un debate abierto entre productores. Por un lado, algunos reconocieron que la suba del precio fue positiva para quienes pudieron vender, pero el agotamiento veloz del cupo de USD 7.000 millones generó una gran crispación en el sector, que advirtió que el beneficio se lo quedaron las cerealeras exportadoras.
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El Gobierno nacional anunciará este martes un programa de descuentos para jubilados y pensionados que regirá en las principales cadenas de supermercados del país. La iniciativa apunta a alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios y, de manera paralela, incentivar el consumo en comercios de todo el territorio.
La medida fue diseñada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según fuentes oficiales, no implicará erogaciones para el Estado, ya que los costos serán absorbidos por supermercados y bancos adheridos.
Cómo serán los descuentos para jubilados ANSES
El esquema establece un 10% de descuento en compras generales, sin límite de reintegro, y un 20% en los rubros perfumería y limpieza en las cadenas participantes. El alcance será nacional, con más de 7.000 locales incluidos en el programa.
Entre los productos alcanzados se incluyen alimentos y artículos de primera necesidad, mientras que quedarán excluidos carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas por los comercios. Los descuentos se aplicarán directamente en el momento de la compra.
Supermercados adheridos al programa
Las cadenas participantes incluyen Disco, Jumbo, Vea, Día, Coto, Carrefour, La Anónima y Josimar, además de los autoservicios agrupados en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
En el caso de Carrefour y Josimar, el beneficio será válido tanto para compras presenciales como online, mientras que se espera que otras cadenas, como Disco, Jumbo y Vea, lo sumen próximamente en sus plataformas de comercio electrónico.
Con esta medida, el Gobierno busca facilitar el acceso de jubilados y pensionados a bienes de consumo masivo, a través de acuerdos con el sector privado, sin impacto directo sobre el gasto público.
Beneficios adicionales con bancos
Además de los descuentos otorgados por las cadenas de supermercados, el plan incluye promociones financieras en alianza con entidades bancarias.
- Banco Nación: ofrecerá un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con la aplicación MODO, junto con un rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000.
- Banco Galicia: brindará un 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés en supermercados. Los topes serán de $20.000 mensuales para consumos en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.
El Gobierno adelantó que se trabaja en convenios con otras entidades financieras con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y llegar a un mayor número de beneficiarios en distintas regiones del país.
Contexto político y económico
El lanzamiento del plan se produce en un escenario marcado por el debate sobre el poder adquisitivo de los jubilados. En las últimas semanas, el presidente Javier Milei vetó proyectos impulsados por la oposición que proponían aumentos adicionales en las jubilaciones y la renovación de la moratoria previsional. Desde el oficialismo se argumentó que esas medidas ponían en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
En paralelo, en la presentación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo anunció que las jubilaciones se incrementarán un 5% por encima de la inflación proyectada para el próximo año, estimada en 10,1%. Distintos sectores políticos y analistas cuestionaron la viabilidad de esa meta en un contexto de inflación acumulada de los últimos dos años que superó las previsiones iniciales.
En la actualidad, la jubilación mínima es de $326.304, cifra que con bono alcanza los $396.304, mientras que la jubilación máxima se ubica en $2.195.498,72. El nuevo esquema de descuentos apunta a reforzar el poder de compra de los jubilados, al mismo tiempo que busca sostener el nivel de consumo en supermercados y comercios adheridos.
Según el Gobierno, el impacto esperado es doble: mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores y, de manera simultánea, incentivar la actividad en el sector comercial sin comprometer recursos fiscales.
Alcance del programa
La iniciativa tendrá aplicación inmediata en las principales cadenas de supermercados y bancos adheridos, con la posibilidad de que se sumen nuevas entidades en las próximas semanas. El universo alcanzado por la medida es el conjunto de jubilados y pensionados registrados en ANSES, lo que equivale a más de 7 millones de personas en todo el país.
El Ministerio de Capital Humano y la ANSES indicaron que el seguimiento del programa será conjunto, con el objetivo de evaluar su funcionamiento en términos de alcance geográfico, volumen de operaciones y niveles de adhesión tanto de beneficiarios como de comercios.
El Gobierno mantiene abierta la negociación con entidades bancarias y otras cadenas comerciales para extender la cobertura. El objetivo oficial es consolidar un sistema de beneficios que permita sostenerse en el tiempo, en coordinación con el sector privado.
De esta manera, el plan de descuentos para jubilados y pensionados se inscribe en una estrategia que combina acuerdos con supermercados, bancos y asociaciones de autoservicios, en un marco donde la política previsional es uno de los temas centrales de la agenda económica y política del país.
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