La indumentaria en la Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre costos para producir y precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la Cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el placard o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas. Sin embargo, el debate vuelve a tomar fuerza porque el país se transformó en algunos aspectos: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.

Como punto de partida, tomamos un dato elaborado por Focus Market, que compara cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, retomamos los datos relevados en 2024 y reconstruimos la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años. La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.

El precio de la ropa y una brecha que se achica: los motivos

En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba u$s1.049 en la Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a u$s936, una disminución del 10,8%. En cambio, en el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. El resultado es claro, vestirse en la Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es bastante menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como lo es el caso respecto a Chile. 

Pero la pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí es donde se abren las distintas aristas del debate. Por un lado, el consumidor busca precios razonables y el productor busca no fundirse. Desde el lado de la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más. Del lado de la oferta, el argumento es igualmente válido, explicando que los precios locales se deben a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan a la competitividad.

Es conveniente en este punto, evitar la lectura de «buenos y malos», porque ambos agentes describen restricciones reales. Lo que se puede afirmar es qué no explica el problema por sí solo: reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa, no resiste el contraste con los datos. La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura pudo contribuir a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.

Además, la evolución en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período en consideración tanto en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar mientras que, en la Argentina el peso se depreció. 

Esta diferencia importa porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares aun cuando la inflación interna sea moderada. Es decir, parte del aumento en dólares observado en los países vecinos responde menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se ve influida por una dinámica inversa, además del efecto competencia.

Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se muestra en los indicadores del nivel de actividad industrial. En la última publicación disponible de INDEC que refleja la utilización de la capacidad instalada, se observa que el rubro «Productos textiles» opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada del sector era 48,2%, mientras que, en el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 p.p. interanuales. Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.

En paralelo, el dato que ayuda a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural, es que en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron un 16,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Es decir, incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece venir por otras vías.

Entonces, en términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo una presión persistente. Si la industria pierde escala, trabaja con capacidad ociosa elevada y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. En este contexto, la apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.

El empleo formal, en caída

El empleo completa el panorama. Si se mira la evolución de mas largo plazo, la evidencia sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. En un reciente informe de IDESA, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, los asalariados no registrados y cuentapropistas, pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.

El empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. 

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La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Del mismo modo, los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, agregando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.

En la misma línea, los datos del Ministerio de Capital Humano, muestran que en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en «Confecciones» y del 11,2% en «Cuero y calzado». 

La conclusión es incómoda pero necesaria para ordenar el debate. El dilema argentino es que conviven ropa cara y una industria frágil. En ese marco, la discusión no puede reducirse a consignas: cerrar la economía no garantiza precios razonables, y abrirla sin reformas internas no asegura una transición ordenada. El problema de fondo atraviesa a buena parte de la economía argentina y es el costo de formalizar y producir. Contratar en blanco, sostener cargas patronales, enfrentar litigiosidad y operar con impuestos distorsivos puede volver inviable a una empresa, especialmente si compite con países que producen a escala, con menores costos y una logística más eficiente.

Ese escenario incentiva la informalidad y termina generando un «equilibrio» social de baja calidad: el empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque «es lo que hay», y el resultado final es una economía con menos productividad, salarios reales más bajos y menor inversión.

Se requieren reglas de juego claras y un esquema de incentivos que fomente la competencia sin destruir. En ese sentido, el rol del Congreso es central. En caso de avanzar con el proyecto de modernización laboral, que incluye algunos puntos tributo-impositivos específicos, podría funcionar como primer paso para habilitar una discusión posterior más amplia sobre reforma tributaria. Sin una baja de la presión impositiva distorsiva y sin una corrección del costo laboral formal, el país corre el riesgo de sostener el círculo vicioso de consumidores que buscan precios fuera del mercado local, productores que se achican y empleo que se precariza. El desafío es construir consensos que ordenen prioridades. El consumidor no pide un privilegio, pide precios razonables y el productor tampoco, pide no fundirse por intentar competir.

El Gobierno nacional resolvió convocar a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a una sesión plenaria ordinaria, con el fin de actualizar el salario mínimo que deberían cobrar las empleadas domésticas. El anuncio fue oficializado por medio de una publicación en el Boletín Oficial.

A través de la resolución 1/2026, la presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, confirmó que la reunión se realizará el próximo 24 de febrero de 2026 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la misma manera, plantearon que la reunión podrá realizarse de manera presencial en Av. Leandro N. Alem 628, piso 3° o, en caso necesario, de forma virtual conforme a lo establecido por la Resolución Nº 344 del 22 de abril de 2020.

“Fíjese como Orden del Día de la sesión mencionada en el artículo anterior, el siguiente: análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844″, establecieron.

A pesar de la citación, no está previsto que hubiera alguna modificación en el monto que percibirían por lo trabajado en febrero. Por este motivo, la remuneración sería igual a la cobrada en enero, luego de que se integrara el bono extraordinario abonado en noviembre y diciembre de 2025.

El último acuerdo paritario había incorporado el diferencial, que varió según las horas semanales trabajadas. De esta manera, se otorgó $6.000 para quienes cumplen de cero a 12 horas; $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas; y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

Con este esquema, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares en febrero de 2026 serán de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales, para quienes realicen tareas generales con retiro; $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes, para quienes cumplan tareas generales sin retiro. Estos valores se aplican en todo el territorio nacional y deben respetarse tanto en nuevas contrataciones como en relaciones laborales previas.

La normativa vigente también exigió a todos los empleadores registrar al personal de casas particulares en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA) sea cual fuera la modalidad de contratación y la cantidad de horas de trabajo semanales. La inscripción se deberá realizar a través de la web oficial, donde se deben cargar los datos personales, el domicilio, las características del empleo y la modalidad de pago.

El Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida de USD 575 millones, aunque la cifra depende del nivel de acatamiento. La protesta, impulsada en rechazo a la reforma laboral, coincide con la persistente incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún falta el dictamen de comisión para tratar el proyecto.

Según fuentes oficiales de Economía consultadas por Infobae, el impacto estimado responde a proyecciones sectoriales que consideran la adhesión variable de cada rubro, en un contexto atravesado por la presión sindical y el reciente cierre de la fábrica FATE. Una fuente del Ministerio precisó que el cálculo “da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad”. Así, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente menor respecto de huelgas anteriores con mayor participación.

La información se difundió tras la confirmación del paro nacional por parte de la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE y lo presentó como muestra de la crisis industrial. La central obrera sostuvo que la decisión empresarial constituye una señal de alerta para el sector manufacturero y atribuyó la situación al “fracaso del plan económico del Gobierno”. El objetivo de la medida es expresar el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno, que, según la CGT, pone en riesgo derechos laborales y podría agravar la pérdida de empleo. En su comunicado, la central sindical describió la clausura de FATE como un llamado de atención para el sector productivo y respaldó el paro como respuesta ante el “fracaso del plan económico del Gobierno”.

La CGT vinculó la convocatoria con el cierre de FATE y la situación de la industria, argumentando que el evento refleja las dificultades que enfrenta el sector productivo ante el contexto económico y los cambios en la legislación laboral. Representantes sindicales definieron el paro nacional como una herramienta legítima para la defensa del empleo y las condiciones laborales.

Las huelgas generales previas convocadas por la CGT y otras organizaciones sindicales generaron pérdidas de hasta USD 544 millones, cifra registrada durante la medida del 9 de mayo de 2024, según datos del Instituto de Economía de la UADE. En esta ocasión, se anticipa un menor nivel de acatamiento y el Gobierno presiona por la no adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la amenaza de quitarle la personería jurídica al encontrarse en conciliación obligatoria.

En 2025, el paro del 10 de abril sirvió como antecedente para analizar estas variaciones. En esa oportunidad, el funcionamiento habitual de los colectivos amortiguó la caída de la actividad, con un costo económico de USD 194 millones, equivalente al 6,4% del PBI diario. No obstante, los modelos técnicos advirtieron que, sin transporte, esa jornada habría costado USD 539 millones, casi el triple, lo que subrayó la importancia de la movilidad para el comercio y la industria.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó la dinámica estructural de estas protestas. El economista indicó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincide con el impacto de otros paros masivos, como el del 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total generó una pérdida de USD 544 millones, alcanzando el 24,3% del PBI de ese día.

El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, destacaron que está vigente la conciliación obligatoria y que, por lo tanto, no deberían adherir porque, de lo contrario, corren el riesgo de que se les quite la personería jurídica (representación sindical). Mientras que en el sindicato que conduce Roberto Fernández guardan silencio.

El escenario actual se diferencia de protestas anteriores por el menor nivel de adhesión previsto, la coyuntura industrial y el clima político. La CGT reiteró que el cierre de FATE es un mensaje de advertencia para el empleo y la producción, mientras que el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con la reforma laboral.