El gremio rechazó un aumento del 1,9%. Reclamos al gobierno y a la Corte Suprema. Pérdida del 30% del salario. Amenaza con profundizar las protestas.

26/09/2025 – 10:49hs

La conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) dispuso un nuevo cese de actividades para este viernes, en reclamo a una urgente recomposición salarial, a pesar del aumento otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que fue de un 1,9 por ciento para agosto, en línea con la inflación.

Como venimos informando en iProfesional, el gremio que lidera Julio Piumato viene desarrollando un plan de lucha que comenzó en el gobierno de Alberto Fernández y se prolongó durante toda la gestión de Javier Milei, aunque diferenciando los motivos por los cuales el Ejecutivo no gira los fondos al Alto Tribunal para que mejoren los ingresos del personal.

Aniversario del gremio en medio de un plan de lucha

Durante el anterior gobierno, el sindicato afirma que los fondos no llegaban por la disputa política entre Fernández y los miembros de la Corte. Desde la llegada de Milei, apuntan a la famosa motosierra libertaria. Lo cierto es que denuncian un atraso salarial cercano al 30 por ciento, lo que derivó en huelgas y movilizaciones desde hace casi tres años.

La huelga además se da en el marco del 54º aniversario de la creación de la UEJN. Al respecto, Piumato resaltó «la historia corta, pero gloriosa» de la organización y afirmó que «la estamos homenajeando siendo leales a esta historia día tras días».

Declaró además que, «en el día del aniversario de nuestra Unión, les decimos que, si no están las respuestas que pedimos, este viernes vamos a llevar adelante un paro nacional de 24 horas. Se lo vamos a dedicar especialmente a nuestros mártires, a todos nuestros fundadores y a todos los que a lo largo de estos 54 años dieron todo» y remarcó: «Lo vamos a hacer a paso de vencedores».

También destacó el principio de solidaridad que guía a la UEJN, tomando las palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de los sindicatos de «mirar más allá de los muros y ver la realidad que están pasando los que más sufren».

Rechazo al aumento y profundización de las protestas

En un comunicado, el sindicato explicó que, si bien la Corte firmó la acordada que aplica una suba salarial del 1,9 por ciento para agosto, se trata de un aumento «insuficiente» y advirtió que «seguimos sin recuperar parte de lo perdido desde diciembre 2023».

Piumato indicó que los cortesanos habían solicitado a la Casa Rosada un cambio de partidas que contempla la inflación más un 2,9 por ciento para recuperar lo perdido desde enero y avisó que «si no hay respuesta, seguimos la lucha», por lo que se espera, de mínima, nuevos paros de 24 horas o ampliarlos a 36 o 72 horas, acompañados por los «Banderazos Nacionales», que son movilizaciones en todo el país con epicentro en los Tribunales porteños.

Al reclamo de una actualización de los ingresos, hay que sumarle el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en contra de la reforma del sistema jubilatorio del sector.

Piumato exigió a la Corte que se «ponga firme» frente al Ejecutivo para plantear las necesidades de la Justicia tanto en materia salarial como laboral, al tiempo que advirtió que los trabajadores no se quedarán «de rodillas ante la precarización de sus derechos por parte del Poder Ejecutivo». Asimismo, denunció que «hay un ajuste presupuestario que está afectando el normal funcionamiento de la Justicia y amenaza con profundizarse».

El Banco Central (BCRA) reinstauró la restricción cruzada que impone un plazo de 90 días en los que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Es para frenar rulos ante la incipiente brecha cambiaria que se había formado entre los diversos mercados donde se transa la divisa.

La autoridad monetaria publicó este viernes la Comunicación “A” 8336 que modifica las normas cambiarias. La restricción que introdujo el directorio de la entidad que conduce Santiago Bausili no es desconocida para los operadores y ahorristas locales: supo estar vigente durante los últimos episodio de controles de cambio, la era de “cepo cambiario”.

Los operadores del mercado la conocen como “restricción cruzada”, y lo que hace es impedir a las personas que compran dólares en el mercado oficial volcar esas divisas en las plazas financieras del dólar MEP y el dólar contado con liquidación durante 90 días. La norma empieza a regir hoy mismo.

La restricción se aplica en ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP y contado con liqui quedarán inhabilitados para recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de 3 meses.

Este impedimento ya pesaba para personas jurídicas, empresas. Ahora se aplica también a las personas humanas.

“Las personas pueden comprar los dólares para ahorrar, lo que no pueden es ir a abastecer el dólar financiero con esos dólares. Esta medida busca evitar distorsiones en el mercado cambiario”, dijeron en el BCRA ante la consulta de Infobae.

Desde hace varias ruedas, en medio de la volatilidad cambiaria que dominó al mercado en los últimos meses, la cotización oficial y los precios financieros de la divisa empezaron a separarse. Se trato de un regreso germinal de la “brecha cambiaria”. Esto se debió a que en medio del nerviosismo, muchos operadores avezados optaban por hacer sus comprar en el MEP o el contado con liquidación porque son menos burocráticos que el el mercado oficial.

Las brechas activaron los “rulos”, operaciones de arbitraje en las que e compra en el mercado donde el dólar está más barato y se vende en el que está más caro. Esto no tiene costos para el Banco Central, salvo que esté vendiendo reservas en el mercado oficial. Algo que pasó apenas por tres días, aunque con montos importantes que superaron los USD 1.100 millones antes del anuncio de apoyo del Tesoro de EEUU.

Ante la reaparición de estas maniobras propias del desdoblamiento cambiario, el BCRA ya había recurrido a regulaciones para intentar frenarlas durante la semana pasada. En ese entonces, había decidido imponer la “restricción cruzada” pero limitada a un grupo de personas físicas, aquellas que ocupan cargos de relevancia en entidades financieras.

Ahora, las trabas aplican para todos. Funcionarios de entidades financieras y ahorristas por igual.

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