ECONOMIA
Para el BCRA, la deuda de los hoteles de Cristina Kirchner es irrecuperable

Hotesur SA es la empresa más importante de la familia Kirchner. Esta firma es propietaria del hotel Alto Calafate administrado desde que fue adquirido, hasta julio de 2013, por Lázaro Báez, que, para ese momento, se convirtió en el principal adjudicatario de obra pública vial en suelo santacruceño. La firma hotelera fue investigada por lavado de dinero y hace cuatro años volvió, su administración a manos de sus dueños.
Por segunda vez, el BCRA colocó en la categoría de incobrables una serie de créditos de la compañía. Para la justicia, la principal compañía de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner dedicada a la explotación de su único inmueble, fue tan solo una «pantalla sin fines comerciales reales«. Asimismo, Cristina y Máximo irán este año a un juicio oral por lavar dinero a través de ese y otros hoteles que les construyó Báez.
La causa que involucra a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner
La acusación judicial por la que deberán comparecer la exvicepresidenta y su hijo y diputado nacional, en un juicio oral, refiere a una estructura montada para concretar operaciones de lavado de dinero a través de la actividad hotelera. En esta línea, el eslabón indispensable fue Lázaro Báez, quien mientras recibía contratos viales por $ 51.000 millones, explotaba Hotesur sin experiencia en el rubro.
Con esa actividad, entre 2009 y julio de 2013, el empresario patagónico le aseguró a los Kirchner $ 27,5 millones por el gerenciamiento del Alto Calafate y más $ 11 millones por habitaciones que contrató y que nunca utilizó. La Justicia concluyó que se blanquearon $ 80 millones. En este sentido, Néstor y Cristina Kirchner pudieron comprar Hotesur con un préstamo de 8.329.596,60 pesos que les realizó Austral Construcciones.
El mismo debía cobrarse en dos años, pero al empresario nunca le interesó exigir que se salde la acreencia. De esta forma, la firma elegida para administrar el hotel y otros dos más de los expresidentes, fue Valle Mitre SRL que se creó en 2008: meses antes de la adquisición del Alto Calafate. Durante más de seis años, Hotesur SA se encontró bajo la intervención judicial hasta que en 2020 la familia Kirchner recuperó el manejo de la empresa, siempre con una veeduría de la ex AFIP, actual ARCA.
La administración de los Kirchner en crisis, según el Banco Central
Bajo la administración de personas de confianza de los dueños, la firma hotelera no mejora en sus números. En manos de sus dueños, Hotesur fue calificada por el Banco Central, es su escala de deudores, como «irrecuperable«. Después de esa instancia queda una última calificación que es irrecuperable por disposición técnica. El BCRA aplica estas categorías de manera automática tras la información que recibe de las entidades financieras.
No es la primera vez que ocurre. En 2022, bajo la órbita de la familia Kirchner, la empresa dueña del Alto Calafate ya había recibido esta calificación por parte del Central por créditos bancarios adquiridos. Cabe recordar que todo se encuentra regulado en la normativa sobre la calificación de deudores.
En esta línea, cuya reglamentación sostiene que las deudas de clientes incorporados a esta categoría «se consideran incobrables. Si bien estos activos podrían tener algún valor de recuperación bajo un cierto conjunto de circunstancias futuras, su incobrabilidad es evidente al momento del análisis». Así se encuentra Hotesur, una vez más.
Ademàs, hay antecedentes crediticios de la emrpesa durante todo el 2023 y mitad de año del 2024, el cual se encontró bajo esta calificación, superando la instancia de «alto riesgo de insolvencia» y pasando al status de «irrecuperable«.
¿Cómo se llegó a esa situación?
Para llegar a esa situación, según el BCRA, la empresa de los Kirchner presentó una «situación financiera mala con suspensión de pagos, quiebra decretada o pedido de su propia quiebra, con obligación de vender a pérdida activos de importancia para la actividad desarrollada y que materialmente sean de magnitud significativa».
En otro tramo, la normativa resalta que el flujo de fondos no alcanza a cubrir los costos de producción. La calificación de irrecuperable se aplica para quienes incurren en atrasos superiores a un año, «cuente con refinanciación del capital y sus intereses y con financiación de pérdidas de explotación«.
De hecho, la información oficial expone que son diez meses continuos de deuda, parte de ellos bajo la administración de la familia Kirchner y el nuevo directorio. Entonces, se les aplicó una de las peores calificaciones para deudores.
Hotesur SA desde 2023 fijó como domicilio fiscal la vivienda que utiliza Cristina Kirchner cada vez que está en Río Gallegos, en la costanera local. En este sentido, los interventores judiciales en varios documentos habían planteado la inexistencia de un «grupo económico» real, señalando que se ha diseñado una «ingeniería societaria y un mecanismo de explotación que es funcional a eludir la cautela judicial y que además ocasiona gastos estatales«.
El planteo se acompañó de otra explicación, al analizar la documentación, ver el movimiento del hotel, los contratos de locación celebrados, entendieron que la actividad comercial «era escasa y poco rentable«. Por eso, en 2018, el interventor sugirió disolver la sociedad y liquidarla.
La empresa administradora fue clave para manejarla
La justicia corroboró que la empresa administradora no contaba con el dinero para pagar el canon de explotación, motivo por el cual comenzó a recibir préstamos intercompany por más de $ 75 millones, mientras recibía contratos viales «direccionados, con abultados sobreprecios y de manera ilegal«, sostuvo la sentencia condenatoria del caso Vialidad.
Los fondos fueron remitidos a través de la «simulación de contratos«, según la fiscalía. También en este punto un acuerdo entre Austral y Valle Mitre para consultoría «en materia hotelera y asesoramiento general para el desarrollo y apertura de unidades de negocio».
Además, se expuso otra contratación con Kank & Costilla «por el alquiler de habitaciones dobles y mensuales por 20 noches» en el Alto Calafate «donde se iba a alojar personal de la empresa, siendo que trabajaban en obras viales a 472 km, 191 km y 120 km de distancia del hotel».
Al listado agregó una contratación por parte de Don Francisco y La Estación (ambas estaciones de servicio de Báez) que le contrataron a Valle Mitre el salón de fiestas de «Alto Calafate por 6 meses y durante 5 meses, 4 habitaciones dobles por cada día de reserva utilización del salón». Estos contratos permitieron que Valle Mitre reciba más de 75 millones de pesos de empresas del mismo grupo «para poder pagarle el canon de locación de los hoteles a la familia Kirchner«, sostiene la acusación.
Asimismo, el dato que resaltó el Ministerio Público Fiscal es que la gestión de Valle Mitre «arrojó pérdidas superiores a los seis millones de pesos a diferencia de las ganancias que sí reportó a favor de la familia Kirchner«, se señaló. Valle Mitre SRL tuvo como único cliente a los Kirchner, manejó tres de sus cuatro hoteles, y de todos modos, iba a pérdida, sin embargo, mes a mes garantizó por la explotación del Alto Calafate, ingresos a favor de los expresidentes Kirchner por más de 28 millones de pesos.
La ecuación negativa para Báez cuenta con otro dato: el flujo canalizado por las locaciones firmadas con Lázaro Báez superó en trece veces el valor que invirtió para la compra del hotel por parte de los expresidentes.
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ECONOMIA
Computación cuántica y finanzas: un banco global asegura que puede lograr una mejora del 34% proyectando precios de venta de bonos

HSBC Holdings dijo que logró un avance pionero a nivel mundial en la implementación de la computación cuántica en los mercados financieros, a medida que se intensifica la carrera entre algunas de las empresas más grandes de Wall Street para incorporar la tecnología de vanguardia en sus operaciones diarias.
El banco con sede en Londres dijo el jueves que utilizó el procesador cuántico Heron de International Business Machines, el más avanzado, para lograr una mejora del 34% en la proyección de la probabilidad de que un bono se negocie a un precio determinado. HSBC y el gigante de la tecnología estadounidense aplicaron el procesamiento cuántico a un conjunto anónimo de datos de negociación de bonos europeos y descubrieron que podría mejorar significativamente la eficiencia del mercado.

Esto marca un salto significativo, ya que es la primera vez que un banco utiliza operaciones reales a gran escala para demostrar la ventaja que ofrece la tecnología emergente, que hasta la fecha ha sido en gran medida dominio exclusivo de la investigación académica y las empresas tecnológicas especializadas. Se trata de la próxima frontera que empresas desde Alphabet hasta IBM y Microsoft buscan conquistar invirtiendo miles de millones de dólares, aunque el camino hacia aplicaciones prácticas parece ser largo.
“¿Es este un ‘momento Sputnik’ para la cuántica? Mi instinto me dice que sí”, dijo Philip Intallura, jefe del grupo de tecnologías cuánticas de HSBC, refiriéndose al evento crucial que desencadenó la carrera espacial entre EEUU y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. “Generará un frenesí de actividad” a medida que otros intensifican sus esfuerzos para aprovechar la tecnología, añadió.
Un estudio de McKinsey indicó que es probable que los ingresos de la computación cuántica aumenten a USD 72.000 millones en una década
La prueba de HSBC consistió en examinar cómo la computación cuántica podría utilizarse en los mercados extrabursátiles, donde se compran y venden activos entre dos contrapartes sin intermediarios. Intallura afirmó que, si bien su prueba no fue una operación en vivo, fue una demostración real a escala de producción.
Si bien las empresas tecnológicas han estado a la vanguardia del desarrollo de la computación cuántica, los titanes de los servicios financieros, incluidos JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup y HSBC también han invertido en este sector, atraídos por sus posibles beneficios. Las consultoras McKinsey y KPMG afirman que podría mejorar considerablemente la capacidad de los bancos para gestionar riesgos, optimizar carteras, detectar fraudes y predecir los precios de los activos ante diversos escenarios de mercado.
Otros bancos también han informado de sus propios avances en computación cuántica. Por ejemplo, JPMorgan
Un nuevo estudio de McKinsey publicado en junio indicó que es probable que los ingresos procedentes de la computación cuántica aumenten hasta los USD 72.000 millones en una década, frente a los USD 4.000 millones del año pasado, impulsados por los avances en sectores como el químico, el de las ciencias de la vida y el financiero. Para los bancos, esta tecnología aporta importantes beneficios, como en la predicción de precios, donde incluso un punto porcentual marca una gran diferencia, afirmó Henning Soller, socio de McKinsey con sede en Fráncfort que lidera la investigación global de la empresa sobre tecnologías cuánticas.
“Si un banco es capaz de empezar a usar la computación cuántica para desarrollar un programa, los demás lo estarán desarrollando al día siguiente y la gente no dormirá hasta tenerlo”, dijo Miklos Dietz, socio senior y socio director de la oficina de McKinsey en Vancouver. “Cuando llegue, será explosivo”.
La computación cuántica se basa en los principios que sustentan la compleja mecánica de la física cuántica. Al igual que los computadores tradicionales, los computadores cuánticos también utilizan circuitos diminutos para realizar cálculos, pero lo hacen en paralelo, en lugar de secuencialmente. Esto permite resolver problemas complejos a velocidades mucho mayores que las de los procesadores clásicos.
En un hito importante. Google, de Alphabet, reveló a finales del año pasado que su último procesador cuántico, Willow, había resuelto un problema en cinco minutos, un problema que los supercomputadores más potentes del mundo no habrían podido resolver ni siquiera si hubieran estado trabajando en ello desde que comenzó el universo.
Josh Freeland, director global de comercio de crédito algorítmico en HSBC, dijo que en un momento de la prueba, un equipo de 16 físicos, expertos en aprendizaje automático e inteligencia artificial estaban “trabajando las 24 horas”, tratando de replicar lo que el computador cuántico había sido capaz de hacer.
“Si pudiéramos obtener un resultado como este todos los días, sería algo extraordinario”, dijo Freeland. “Nos pasamos el día buscando mejoras de un solo dígito, porque cuando se repite eso miles de veces al día, realmente puede marcar la diferencia”.
Otros bancos también han informado de sus propios avances en computación cuántica. Por ejemplo, JPMorgan. En marzo, afirmó haber generado y certificado los llamados números verdaderamente aleatorios utilizando un computador cuántico por primera vez a nivel mundial, esperando que tenga aplicaciones en cifrado, seguridad y comercio. Los investigadores crearon la secuencia con una máquina construida por Quantinuum, según un artículo publicado en la revista científica Nature.
El año pasado, KPMG dijo en un informe que la tecnología todavía está en una fase temprana de prototipo, pero puede estar acercándose a su punto de inflexión.
“Confiamos en que estamos en el comienzo de una nueva frontera de la informática en los servicios financieros, en lugar de algo que está muy lejos en el futuro”, dijo Intallura de HSBC.
Con información de Bloomberg
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ECONOMIA
Se formalizó la primera oferta para el salvataje de Vicentin: qué empresa pica en punta

Un nuevo capítulo en la novela de la malograda empresa Vicentin, que supo liderar el mercado agroexportador, acaba de salir a la luz.
En pleno proceso de cramdown, o salvataje dispuesto por la justicia, comienzan a conocerse las ofertas para hacerse de la empresa, por parte de otros jugadores del negocio agropecuario.
El 31 de octubre es la fecha límite para conocer las ofertas de parte de los interesados, que hasta el momento son tres. De acuerdo al proceso concursal, uno de los más interesados en quedarse con Vicentin, sus activos, personal e infraestructura es Grassi S.A., una corredora de granos que creció mucho en los últimos tiempos, que tiene de aliado nada menos que al coloso Cargill, con quien trabajaría en conjunto si resulta ganador del proceso.
Además, hay otros dos grandes grupos de jugadores, que siguen en carrera: Bunge junto con Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) además de Molinos Agro en sociedad con LDC.
Vicentin: ¿qué es el cramdown?
El cramdown es una figura del derecho concursal que permite que un tribunal imponga un plan de reorganización de una empresa, incluso si algunas clases de acreedores no lo aprueban. Su objetivo es garantizar la continuidad de la empresa frente a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo preventivo consensuado con todos los acreedores.
A través de este mecanismo, terceros interesados pueden presentar ofertas para asumir el control de la empresa y hacerse cargo de su reestructuración, compitiendo entre sí bajo supervisión judicial para determinar cuál propuesta resulta más conveniente. Para los acreedores que no aprueban el plan, implica recibir condiciones menos favorables, mientras que se establecen mecanismos de valuación de activos y pasivos para garantizar que el proceso sea equitativo.
En el caso de Vicentin, la empresa agroindustrial argentina entró en crisis y default en diciembre de 2019, con pasivos que superan los u$s1.300 millones. Tras varios intentos fallidos de homologar un acuerdo preventivo con los acreedores, la Justicia habilitó el proceso de cramdown como vía para reestructurar la compañía.
La decisión permitió abrir un registro de oferentes interesados en rescatar la empresa, establecer un valuador judicial para fijar el valor patrimonial de Vicentin y garantizar que las propuestas compitan de manera transparente.
Se estima que el valor de liquidación de la empresa, si se vendieran todos sus activos, rondaría entre 290 y 320 millones de dólares, es decir, apenas cubriría el 22% del pasivo concursal. En este escenario, las acciones de los dueños originales podrían resultar sin valor, lo que permitiría al oferente que gane el proceso quedarse con el control sin costo adicional.
La decisión del juez implica que, si ninguna propuesta alcanza las mayorías requeridas de acreedores, Vicentin podría terminar en quiebra.
La propuesta de Grassi, la empresa que picó en punta
La empresa corredora de granos rosarina picó en punta, y formalizó públicamente su oferta, ganando algo de tiempo respecto a sus adversarios. El objetivo central de la iniciativa es ofrecer una salida concreta que garantice a todos los acreedores un recupero de sus deudas sin pérdida de poder adquisitivo, al tiempo que se asegura la continuidad operativa de la empresa.
Para lograrlo, el modelo de Grassi se apoya en tres ejes fundamentales. En primer lugar, todos los créditos verificados en pesos serán convertidos a dólares estadounidenses a un tipo de cambio fijo de $60,78, correspondiente a la fecha de presentación concursal de Vicentin, el 10 de febrero de 2020.
En segundo lugar, la propuesta integra a todos los acreedores en una única categoría, ofreciéndoles un menú de opciones para que cada uno pueda elegir la alternativa que mejor se adapte a sus intereses.
Finalmente, y como pilar clave, se busca recompensar a aquellos que apuesten por la viabilidad de la «nueva Vicentin», ya sea comprometiendo la entrega de granos o aportando financiamiento, dándoles la posibilidad de recuperar la totalidad de su acreencia.
Detalles del plan de Grassi para quedarse con Vicentin
Dentro de las alternativas, se destaca la opción de abastecimiento de soja, que en algunos casos permitiría recuperar hasta el 200% del crédito original convertido a dólares. Esta opción implica la entrega de 200 toneladas de soja por cada u$s1.000 de crédito en un plazo de 10 años, con un cupo anual limitado a 3,5 millones de toneladas. Para quienes no puedan originar todo el volumen, se han creado fideicomisos de apoyo que permiten delegar parte de la entrega, con recuperos estimados entre 80% y 120% , así como una opción con un anticipo financiero de hasta USD 25.000 y recuperos de hasta el 140%.
Para los acreedores que prefieran un esquema de cobro en dinero, la propuesta también ofrece un menú de «quita y espera». Este incluye planes de pago a 10 años con recuperos del 30%, 35% o 40% del crédito dolarizado.
Además, se contemplan pagos inmediatos del 9%, 10% u 11%, aunque con cupos limitados a un total de u$s3 millones. La propuesta también incentiva la inyección de capital de trabajo, permitiendo a los acreedores que aporten nuevos fondos alcanzar recuperos de hasta el 100% de su acreencia original. Como alternativa final, se incluye la posibilidad de capitalizar la deuda en acciones de Vicentin, hasta un 30% del capital social.
El tiempo y la web
El primero de los oferentes que logre la mitad más una de las adhesiones, más dos tercios del capital, se quedará con Vicentin y se evitará así la quiebra de la agroexportadora.
Un factor clave en este proceso es el tiempo, ya que el juez concursal estableció como fecha límite para tomar una decisión el 31 de octubre de 2025. Asimismo, varias de las alternativas más beneficiosas cuentan con cupos máximos, por lo que quienes decidan primero tendrán más posibilidades de acceder a la opción deseada. El detalle completo de todas las opciones, junto con un simulador de escenarios, se encuentra disponible para consulta en el sitio web.
Grassi habilitó un simulador virtual donde pueden conocerse las distintas operaciones, y estimar las condiciones comerciales de los acreedores de Vicentin.
«En un país como la Argentina, donde operan las mayores agro-traders del mundo con posiciones consolidadas y muchos años de experiencia, el aporte de granos a la nueva Vicentin le permitirá competir en igualdad de condiciones. Ese respaldo de los acreedores se traduce en un hecho inédito: la posibilidad de recuperar, en algunos casos, hasta el 200% de los créditos (convertidos a dólares), monto que representa probablemente uno de los recuperos más importantes de la historia concursal argentina», expresaron desde Grassi S.A. en un comunicado de prensa.
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ECONOMIA
Oficializaron el programa que permitirá a comercios reducir el consumo energético a cambio de una bonificación

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó la creación del Programa de Gestión de Demanda de Energía, una iniciativa voluntaria, programada y remunerada que apunta a que los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las distribuidoras participen activamente en la reducción de la demanda eléctrica en momentos críticos del sistema. La medida, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti y publicada este viernes en el Boletín Oficial, busca incentivar la eficiencia energética y mejorar la calidad del servicio en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La normativa permitirá a usuarios residenciales, comercios y grandes consumidores participar en un esquema para reducir el consumo de electricidad y aportar energía al sistema durante momentos de alta demanda, a cambio de una compensación económica. La medida, que ya había implementado previamente solo para grandes usuarios, apunta a mitigar los cortes de luz que suelen ocurrir en épocas de calor extremo, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral, cuando el consumo de aire acondicionado lleva la red al límite en horarios críticos.
De acuerdo con la resolución 379/2025, este sistema entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y está dirigido a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del MEM, siempre que cuenten con una demanda de potencia superior a trescientos kilovatios (300 kW) y dispongan de sistemas de medición que permitan registrar el consumo horario.
Aquellos que adhieran voluntariamente y cumplan con los requisitos técnicos serán designados como Usuarios Adherentes (UA), y podrán presentar ofertas de reducción de carga, que serán evaluadas y aceptadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED), según las necesidades del mercado.

En ese sentido, el Gobierno destacó que el Programa de Gestión de Demanda de Energía se implementa en el marco de la Ley N° 24.065 y sus normas reglamentarias, que establecen la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competitividad y la eficiencia en el sector eléctrico, y la libertad de elección de los consumidores.
Según lo dispuesto, la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación y tendrá competencia exclusiva para fijar políticas energéticas a nivel nacional y regular el funcionamiento del MEM, especialmente en lo que respecta al comercio interprovincial de energía y la utilización de la infraestructura del SADI.
Uno de los fundamentos centrales de la medida es la necesidad de avanzar hacia una planificación energética que priorice la incorporación de tecnologías de medición inteligente y la gestión activa de la demanda, con el objetivo de evitar inversiones innecesarias en infraestructura y reducir los costos a largo plazo.
La resolución cita antecedentes internacionales, como los programas de eficiencia energética implementados en Estados Unidos y el Reino Unido, que demostraron resultados positivos en la reducción de la demanda y el ahorro de recursos.

En situaciones de falta de reserva en el MEM o en la red de distribución, los usuarios adherentes podrán comprometerse a disminuir su consumo en determinados períodos, recibiendo una remuneración por el servicio de reserva que presten al sistema.
Para aquellos usuarios que no cuenten con mediciones horarias disponibles en el Sistema de Medición Comercial (SMEC), las distribuidoras deberán informar los datos necesarios para el control y validación de los compromisos asumidos.
En cuanto a la estructura de costos, la resolución dispone que los gastos asociados al programa se asignarán a los costos de reserva del MEM. Además, las distribuidoras tendrán derecho a cobrar un cargo de gestión técnica de treinta dólares estadounidenses por megavatio/mes (USD 30/MW-mes) comprometido, que deberá ser abonado por los usuarios adherentes que participen a través de GUDI y GUME. Este cargo busca cubrir los costos administrativos y operativos vinculados a la gestión de la información y la coordinación con el OED.

La Secretaría de Energía remarca que la medida responde a la necesidad de ampliar el espectro de usuarios que pueden optar por transaccionar su abastecimiento en el MEM, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren, y de generar señales económicas que incentiven la eficiencia y la inversión en el sector.
El procedimiento operativo detallado para la implementación del programa se encuentra en el anexo publicado en la edición web del Boletín Oficial.
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