ECONOMIA
Por qué el mercado teme que el riesgo país siga subiendo aunque Milei salga victorioso en las elecciones
Una sospecha empieza a instalarse con fuerza en el mercado: incluso si a Javier Milei le va bien en las elecciones, hay altas probabilidades de que el dólar suba y que el índice de riesgo país siga elevado. Peor aun, ya hay dudas sobre si el actual esquema cambiario sea capaz de durar hasta las legislativas de octubre, dada la creciente demanda de dólares que se está observando.
Así lo indican los antecedentes históricos y la persistencia de problemas como la imposibilidad de acumular reservas genuinas, al tiempo que se deteriora la balanza de pagos.
Por lo pronto, quedó claro que ya no alcanza con la excusa del banco chino que demandó de golpe u$s30 millones. Este jueves, ya con el operativo para «proveer liquidez» a un mercado presuntamente nervioso por el «riesgo kuka», hubo una fuerte demanda de divisas, que el Tesoro no pudo proveer en su totalidad.
Se estima que la venta fue por unos u$s320 millones. Es una cifra que lleva a la inquietante pregunta sobre si será factible estirar este plan de intervención durante todo septiembre y octubre, dado que la demanda podría quebrar las tenencias del Tesoro, que según Federico Furiase rondan los u$s3.000 millones -una cifra que muchos analistas ponen en duda-.
Además, el Banco Central intervino en el mercado de futuros del dólar, con contratos por el equivalente a u$s400 millones. Y el monto límite de intervención que permite el marco regulatorio -u$s9.000 millones- ya luce peligrosamente cercano.
El costo de esta política de defensa del tipo de cambio bajo el «techo extraoficial» de $1.362 es el mantenimiento de altas tasas de interés en torno de 54% nominal anual -casi 70% efectivo- que está llevando al desplome del crédito. Según una estimación del analista Salvador Vitelli, el monto prestado por concepto de adelantos cayó a $7,4 billones, mientras a mediados de julio había alcanzado un pico de $9,6 billones.
Lo cierto es que las críticas a la estrategia de emergencia del gobierno proliferan entre los operadores del mercado. Por caso, apuntan que como consecuencia directa del anuncio sobre la intervención oficial sobreel mercado de divisas, hubo una virtual desaparición de la oferta de privados, que dejaron solo al sector público como oferente.
Igual, pero más caro
Pero, si hay un tema en particular que provoca la irritación de los analistas es la reinstauración de los pases pasivos remunerados del Banco Central. Esta práctica, que había sido común en el gobierno anterior y que Toto Caputo se empeñó en eliminar como parte de la «limpieza del balance» del BCRA, tuvo que volver de emergencia para paliar los problemas operativos que causó la eliminación de las LEFIs.
Es así que estos pases ya alcanzaron un volumen de $4,5 billones, el nivel más alto desde su eliminación hace un año. Y la peor parte de es que esa ventanilla para que los bancos alojen liquidez excedente le genera al Central un costo alto, con una tasa que ronda el 50%.
Es decir, lo que está ocurriendo ahora contradice el argumento principal por el que se desarmaron las LEFIs. Según explicó en su momento Santiago Bausili, con esas letras se estaba subsidiando a los bancos, que no manejaban que eficiencia su liquidez para evitar que hubiera sobrantes en el sistema.
En aquel momento, la tasa que se pagaba por las LEFIs era de un 30% anualizado. Es decir, casi se duplicó el costo para el BCRA. Y eso no es todo: los pases, al igual que las LEFIs, implican vencimientos diarios, cuando lo que dijo Toto Caputo que había que evitar era el riesgo de tener una gran masa de activos que todos los días podían transformarse en pesos líquidos que generaran una turbulencia en el sistema.
Es cierto que el volumen de los pases es la cuarta parte de los pesos que estaba colocado en LEFIs, pero aun así, abundan las críticas por la obstinación del gobierno en seguir defendiendo una medida que se juzga como el inicio de la turbulencia financiera.
El fantasma de la deuda
Es en ese panorama que la lupa del mercado vuelve a posarse sobre las reservas del BCRA y sobre el desafío de los pagos por vencimientos de deuda. Sobre este punto, el economista Amílcar Collante plantea una clara relación inversa entre compras de reservas y nivel de riesgo país.
Así, en los momentos de mayores compras netas de dólares por parte del Central -cuyo pico fue el primer trimestre de este año- coincidieron con los momentos de reducción en el índice de riesgo país, que en enero pasado tocó un mínimo de 560 puntos en la escala EMBI del JP Morgan. Y, por el contrario, cuando se produjo una caída y posterior estancamiento de las reservas, el riesgo país comenzó su escalada que lo llevó cerca de los 900 puntos.
La argumentación de los economistas es que un alto nivel de reservas influye en el aplanamiento de la curva de rendimiento de la deuda dolarizada, con lo cual se posibilita la extensión en los plazos de vencimiento con un menor costo por el pago de intereses.
Pero lo que está ocurriendo es lo opuesto. Y esto lleva a que aumente la inquietud respecto de la posibilidad de hacer frente al calendario de vencimientos que el año próximo prevé unos u$s28.000 millones.
En las oficinas de las empresas y bancos proliferan los informes de consultoras que advierten sobre los riesgos del giro que dio el plan económico.
Por ejemplo, la consultora 1816 fue contundente sobre el desafío de la deuda: «Un riesgo claro de esta estrategia, que el gobierno parece dispuesto a asumir, es que las cosas se deterioren tanto en estos meses que, incluso con un buen resultado para el oficialismo, post elecciones los bonos queden cotizando en niveles que dificulten mucho imaginar el rollover de los vencimientos de deuda externa en un futuro previsible».
Lecciones de la historia reciente
Entonces, ¿Caputo está equivocado y no hay ninguna influencia de la política sobre el riesgo país? Claro que no. Un vistazo a la historia reciente deja en evidencia que la percepción de riesgo crediticio de un país depende de muchos factores, como el ratio de deuda respecto del nivel de exportaciones y la cantidad de reservas en el Banco Central. Pero también influye la tasa de ahorro del país -que en Argentina está, en su gran mayoría, fuera del sistema financiero-. Y, por cierto, también influye la línea política del gobierno y su capacidad para convivir con el Congreso.
Además, hay movimientos que ni siquiera dependen de Argentina sino del mercado global, como los movimientos de las tasas de la Reserva Federal y las fluctuaciones en el precio de las materias primas.
De hecho, un análisis de la gestora de fondos Adcap muestra que la caída del índice registrada al inicio de la gestión de Milei coincidió con medidas desregulatorias, pero sugiere además que parte de la mejora estuvo influenciada por la baja de tasas en el escenario global.
Una mirada al pasado reciente puede ayudar a entender ese punto. En 2007, el índice de riesgo país argentino era de 200 puntos. Gobernaba Néstor Kirchner, el país tenía un récord de juicios en el tribunal del Ciadi por parte de los accionistas de empresas privatizadas y la cuarta parte de los acreedores de la deuda pública habían rechazado el plan de canje de la deuda con una fuerte quita del capital y litigaban en tribunales de Nueva York.
Durante el primer mandato de Cristina, el riesgo país se mantuvo en torno a los 400 puntos, y recién subió con fuerza tras la instauración del cepo.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder y el arreglo con los «fondos buitres», se reabrió el mercado de crédito, lo que llevó a un paulatino descenso del índice EMBI. El punto más bajo se produjo a fines de 2017, cuando se alcanzaron los 342 puntos. Puede atribuirse ese logro a la victoria del macrismo en las legislativas de medio término, pero también es cierto que había u$s55.000 millones en las reservas del BCRA y que el PBI había retomado el crecimiento.
No fue necesario que Cristina Kirchner empezara a subir en las encuestas para que el índice subiera: ya con la saga de devaluaciones de 2018 se volvió al entorno de los 600 puntos, y se alcanzó un pico de 1.000 puntos básicos en mayo de 2019. Y eso ocurría a pesar de que el BCRA contaba con reservas por u$s67.000 millones.
Probablemente haya influido el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, pero lo cierto es que el mercado de crédito ya estaba cerrado para el país, que dependía absolutamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El momento que sí justifica la argumentación de que un cambio político puede agravar la percepción de riesgo ocurrió tras la derrota macrista en las PASO, en agosto. El índice tuvo un salto desde 871 puntos previo a los comicios hasta un nivel de 1.741 puntos. En simultáneo, se retiraron del sistema bancario el 10% de los depósitos en apenas un día.
Durante la mayor parte del período peronista el índice se mantuvo en torno de 2.000 puntos, y recién cayó por debajo de 1.000 puntos en octubre de 2023, cuando Milei se empezó a perfilar como ganador de la elección. Ahora, el gobierno argumenta que la gran diferencia respecto de los gobiernos anteriores es la existencia de un superávit fiscal. Sin embargo, la persistencia de un riesgo país alto induce a pensar que los inversores no ven ese logro como garantía suficiente.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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ECONOMIA
Cuánta plata hay que ganar por mes para pertenecer al 10% de la población más rica de Argentina
Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.
Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica
En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.
Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.
Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.
Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre
En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».
Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.
El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.
Los datos de la UCA revelan cuánto necesita ganar un hogar para ubicarse en cada nivel social
El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal
En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.
El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Estabilización e interrogantes hacia adelante
En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.
El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.
Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.
De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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ECONOMIA
Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones
La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Según el gobierno provincial, esta transacción financiera tiene como propósitos principales la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.
De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.
El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales:
- Un primer pago del 33,33% en el año 2031.
- Un segundo pago del 33,33% en el año 2032.
- Un pago final del 33,34% en el año 2033.
En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar. Esta cifra representa una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) en comparación con el margen convalidado por el mercado en la última emisión internacional de la provincia, realizada en el año 2017.
La colocación no funciona de forma aislada, sino que forma parte de un proceso de administración de pasivos que incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado definitivo de esta propuesta de canje se dará a conocer el próximo 27 de febrero.
Desde el punto de vista técnico, la emisión internacional apunta a reemplazar el título actual por uno con plazos más extensos. Paralelamente, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar obligaciones denominadas en pesos. Estos pasivos en moneda nacional se caracterizan por tener un costo financiero más alto y cronogramas de vencimiento de corto plazo, lo que generaba una presión constante sobre la caja provincial.
La implementación de esta estrategia financiera modifica el perfil de vencimientos globales de Entre Ríos. Al sustituir deuda de corto plazo y alto costo por un instrumento a largo plazo en dólares con tasas fijas, se busca una estructura de pagos más equilibrada en el tiempo.
El reordenamiento de estos compromisos financieros tiene como fin directo liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración busca reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.
Con esta colocación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones subnacionales que han buscado aprovechar las condiciones del mercado financiero para reprogramar sus pasivos y aliviar la carga sobre sus tesorerías, en un contexto donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se mantiene como el eje de la política económica provincial.
Desde el inicio de gestión del gobierno de Milei, ya colocaron deuda en los mercados internacionales Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De hecho, el martes pasado ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central un total de USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre.
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