Y de pronto, se alinearon los planetas para la cúpula sindical argentina, que nuevamente se siente con fuerza para convocar a un paro nacional. Tras meses de sufrir reproches desde izquierda y derecha, con baja capacidad para convocar militantes y con su representatividad cuestionada, se había resignado a ser un espectador más en el debate sobre la reforma laboral.

Fue así que tras la votación de la ley en el Senado -una jornada en la cual sólo protestaron los sectores de izquierda mientras la CGT se limitó a emitir un comunicado- volvieron a circular los reproches de tibieza y las ironías respecto de que la sigla CGT ahora significa «Confederación General de Twitter».

Y las críticas no se limitaban al reclamo de una actitud más combativa. También hubo insinuaciones sobre una negociación entre la cúpula sindical y el gobierno. Concretamente, la acusación era que la CGT se limitó a hacer una oposición «testimonial» y sin consecuencias políticas a cambio de que el gobierno retirase el artículo que eliminaba la «cuota solidaria» que se les descuenta a los asalariados, aun cuando no estén afiliados al gremio.

Sin embargo, en el lapso de pocos días, el panorama cambió de tal forma que esa misma dirigencia sindical que se sentía sin capacidad de convocatoria, ahora decidió ponerse al frente de la resistencia contra la reforma laboral nada menos que con la organización de un paro general nacional.

La CGT, en busca de nuevo protagonismo

Para que eso ocurriera, confluyeron situaciones inesperadas fuera y dentro de la sede sindical de la calle Azopardo. Para empezar, esta vez la cúpula de la CGT se aseguró de antemano que contará con la adhesión del gremio transportista, un factor crucial para garantizar el éxito de cualquier paro.

De hecho, esa desavenencia interna había llevado al fracaso de los últimos dos paros. Primero, el del 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

El segundo para de baja adhesión se produjo en abril del año pasado, cuando en medio de las protestas por las jubilaciones, los dirigentes de la CGT se sintieron presionados a hacer una demostración de fuerza. Pero no lograron evitar la presencia de colectivos, lo cual dejó como resultado otra protesta floja.

Finalmente, la otra experiencia frustrada fue la jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de modernización, que tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. Para ese entonces, ya había asumido el nuevo triunvirato.

Ese día, los dirigentes de las facciones más combativas propusieron convocar a una huelga desde el momento que se iniciara el debate en el Congreso, algo que no contó con apoyo en la cúpula.

Era una postura que parecía contrastar con la actitud cautelosa de la nueva cúpula. Jorge Sola, uno de los nuevos triunviros, había dejado en claro su vocación negociadora.

«No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales», fue la definición del dirigente.

Errores no forzados

Desde el punto de vista del gobierno, esa división entre sindicalistas duros y tibios suponía una oportunidad política. Ante cada movilización sindical de convocatoria discreta, los funcionarios destacaban que esa jornada había sido «un día normal». Y Javier Milei, en plena negociación con la oposición peronista, hizo jugar todas esas situaciones en su favor, argumentando que los paros era la expresión de los «sectores retrógrados que se niegan a perder privilegios».

¿Cómo fue que una oposición sindical que parecía irrelevante se erigió de pronto en una amenaza política seria, con capacidad de paralizar el país el día en que el texto de la ley entra a la cámara de Diputados? Hubo una serie de «errores no forzados» del gobierno que ayudaron a que la oposición ganara fuerza.

Para empezar, el efecto de los descuentos en las licencias por enfermedad. Fue un agregado de último momento, cuya autoría nadie se atribuye, y que terminó enojando al propio bloque legislativo del oficialismo. El tema es de alta sensibilidad social, algo de lo que el gobierno se anotició cuando vio que, de todas las reformas incluidas en la ley, la que centraba toda la atención mediática era la de las licencias.

De hecho, el propio Toto Caputo se quejó por la escasa repercusión que habían tenido los artículos de rebaja de costos para los empresarios en la contratación de nuevos empleados.

Originalmente, el tema que se había planteado era sólo un sistema de auditorías para los casos de enfermedades por tiempo prolongado, para evitar lo que Patricia Bullrich denominó «la mafia de los certificados truchos». Pero no estaba previsto que se incluyera el descuento de 50% por jornal para un empleado que se accidentara jugando al fútbol un domingo.

La sucesión de «marchas atrás» -primero anunciando una revisión de los descuentos, y luego su eliminación completa– dejó en evidencia un error de cálculo político. La negativa de los aliados de Milei fue tan terminante que se llegó a temer por la supervivencia de toda la reforma.

Un cambio de clima

Pero, además, hubo otras noticias desde el plano de la economía que también le jugaron en contra al gobierno y le dieron fuerza a la oposición. Ya se había caldeado el clima con el inesperado 2,9% de la inflación de enero y la casi certeza de que habrá alta inflación también en febrero y marzo -con el agravante de que se encarecieron más las canastas que marcan las líneas de pobreza e indigencia-.

En medio del debate por la inflación al alza, estuvo la polémica por el frustrado cambio de metodología del Indec, que llevó a que la CGT avisara que sus asesores económicos prepararían un índice propio para tomar como referente en las negociaciones salariales.

También hubo críticas a la iniciativa del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), porque los economistas críticos dan por descontado que esa «caja» formada con aportes obligatorios de las empresas terminará siendo un financista involuntario del Tesoro, ante la creciente necesidad de Caputo por fondear las arcas estatales.

Y, cuando parecía que ya no podía haber más polémicas, con un sugestivo «timing» se anunció el cierre de Fate, lo cual puso otra vez sobre el tapete la polémica que se había generado a fin de año con la suspensión de la producción en Whirlpool.

En este momento, el talón de Aquiles del gobierno es la velocidad de la pérdida de puestos de trabajo en la industria -que está usando, en promedio, apenas un 53,8% de su capacidad instalada, y con casos extremos como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.

El caso de Fate excede largamente la situación específica de los neumáticos y pone en cuestión toda la política de apertura a las importaciones, lo cual deja a la oposición con mayor fuerza para argumentar contra la flexibilización contractual que propone la reforma laboral.  

Buscando aliados

En definitiva, los hechos de la última semana supusieron, para la CGT, una inesperada inyección de fortaleza política. De forma que no solamente se animó a la convocatoria al paro, sino que aspira a influir en el debate parlamentario.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno, creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la «ultraactividad» -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy jueves 19 de febrero el pago de diversas prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según el cronograma oficial correspondiente a febrero de 2026. El calendario de pagos, determinado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), alcanza a millones de beneficiarios en toda la Argentina. Los haberes se actualizan este mes con un incremento del 2,8% en línea con la inflación registrada en diciembre, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

La actualización de los montos impacta de manera directa tanto en las jubilaciones como en las asignaciones, incluyendo el pago de bonos extraordinarios para sectores más vulnerables. El refuerzo adicional de $70.000 se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que las asignaciones familiares también se incrementan en el mismo porcentaje.

Hoy jueves 19 de febrero, corresponde el pago a los titulares de diferentes prestaciones, según la terminación de su DNI y el tipo de beneficio.

Las personas cuyo DNI finaliza en 6 y 7 pueden cobrar su prestación hoy. Este grupo integra a quienes perciben la jubilación o pensión mínima establecida por la ANSES para febrero de 2026.

El pago para titulares cuyo DNI termina en 6 está disponible desde hoy. Estos beneficios alcanzan a familias con hijos menores de 18 años y a personas con discapacidad, según los requisitos vigentes.

Las beneficiarias cuyo DNI finaliza en 5 acceden hoy al cobro de la AUE, prestación destinada a mujeres embarazadas que cumplen los requisitos establecidos por la ANSES.

Hoy corresponde el pago a titulares cuyos DNI finalizan en 8 y 9. Este beneficio se otorga a trabajadoras registradas y monotributistas durante el embarazo y el período de licencia por maternidad.

Estas asignaciones pueden cobrarse desde el 10 de febrero y hasta el 12 de marzo, independientemente de la terminación del DNI. Incluyen los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento.

El calendario para Pensiones No Contributivas concluyó el 13 de febrero para todas las terminaciones de DNI, pero quienes no hayan cobrado en fecha pueden hacerlo hasta 60 días después.

Este beneficio continúa disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, de acuerdo con los lineamientos oficiales.

La prestación por desempleo correspondiente a DNI terminados en 0 y 1 se abonará el próximo 24 de febrero, por lo que hoy no está incluida en el pago.

El haber mínimo jubilatorio en febrero de 2026 es de $359.219,42. A este monto se suma el bono previsional vigente de $70.000, lo que eleva el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $429.079,70. El refuerzo está congelado desde marzo de 2024 y se mantiene como parte de la política de contención para los sectores de menores ingresos.

Para el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se ubica en $287.375,53, equivalente al 80% de la jubilación mínima. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascienden a $251.453,59, cerca del 70% del haber mínimo, y también incluyen el bono de refuerzo. El haber máximo para jubilados en febrero se ubica en $2.417.441,63.

La actualización de los haberes se realiza de manera automática en función del índice de movilidad, mecanismo que ajusta los ingresos previsionales en función de la variación inflacionaria y la recaudación de la Seguridad Social. La consulta sobre el monto exacto a cobrar puede realizarse en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

El monto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $129.096, con un pago directo de $103.276,80 tras la retención habitual del 20%. Para quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, el valor actualizado es de $420.354, con un pago directo de $336.283,20. Las asignaciones familiares SUAF varían según los ingresos del grupo familiar; el primer rango establece $64.554 por menor y $210.186 por hijo con discapacidad.

En lo referente a la Asignación Universal por Embarazo, el monto se alinea con la AUH general, permitiendo a las beneficiarias acceder al mismo esquema de actualización y pagos. Las asignaciones de pago único también fueron incrementadas: nacimiento sube a $75.246, adopción a $449.888 y matrimonio a $112.668.

El monto de la Prestación por Desempleo en febrero de 2026 se ubica entre $170.500 y $341.000, ya que se abona a mes vencido, de modo que los nuevos topes comenzarán a regir a partir del mes siguiente.

Para acceder a la información completa y consultar el estado de cada prestación, la ANSES recomienda ingresar a su sitio web oficial o utilizar la aplicación Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de cobro y el monto liquidado. La entidad recuerda que los fondos permanecen disponibles en las cuentas bancarias hasta 60 días después de la fecha asignada para el pago, y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibirlos.

El Gobierno dio un nuevo paso en la ley de «inocencia fiscal», especialmente en su potencial para que afloren y comiencen a circular los dólares «en el colchón», con el objetivo de dinamizar la actividad económica.

En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia, difundieron un documento conjunto para recordar a los bancos que las normas de Prevención de Lavado de Activos «no prohíben los depósitos en efectivo, independientemente de su monto».

Entre otros aspectos, actualiza las condiciones objetivas de punibilidad para que se tipifique el delito de evasión tributaria elevando significativamente el umbral económico requerido para su configuración; crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone a disposición del contribuyente una declaración jurada precargada, que puede ser revisada, validada y presentada, y cuyo pago en término otorga un efecto liberatorio que acota y condiciona eventuales fiscalizaciones futuras.

Asimismo, en línea con el Principio de Inocencia Fiscal, la norma redefine el vínculo entre el contribuyente y la administración tributaria al establecer que ARCA debe presumir el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario, limitando controles patrimoniales preventivos y abandonando la lógica histórica de persecución generalizada.

Cuántos dólares se pueden depositar sin presentar ninguna documentación

El texto remarca además que tampoco se exige «la solicitud de información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptarlos» cuando las colocaciones no superen el equivalente a 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

«La obligación normativa se limita a la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 SMVM», detalla el documento oficial.

Con el salario mínimo fijado este mes en $346.800, ese umbral equivale a $13.872.000, es decir, unos u$s9769 al tipo de cambio vendedor de $1420 del Banco de la Nación Argentina.

Por debajo de ese límite, aclararon fuentes oficiales, «no hay obligación alguna de solicitar documentación respaldatoria».

La comunicación se conoció días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, instara públicamente a los argentinos a ingresar al sistema financiero los dólares atesorados fuera del circuito formal. «Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco», sostuvo, al señalar que esa dinámica permitiría acelerar el crecimiento, reducir impuestos en el mediano plazo y generar más empleo formal, además de ofrecer la posibilidad de obtener intereses en dólares.

El Decreto 93/2026, que reglamentó la Ley 27.799, establece que los sujetos obligados deben considerar la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como un antecedente favorable en su análisis de riesgo.

Asimismo, insta a bancos y agentes financieros a revisar umbrales operativos y requerimientos documentales cuando el origen y destino de los fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, siempre que el monto involucrado sea inferior al umbral que configura el delito de evasión tributaria.

En esos casos -recuerda la norma- podrá resultar innecesario exigir documentación adicional si, bajo un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) razonable, no se detectan inconsistencias relevantes.

Dólares del colchón: otros puntos clave del decreto

El Decreto 93/2026 del 08/02/2026, que reglamenta la Ley 27.799, insta a los sujetos obligados a que consideren la adhesión de un contribuyente al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como antecedente favorable en su análisis de riesgos.

Cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para la configuración del delito de evasión tributaria, podrá resultar innecesario requerir documentación adicional cuando, conforme al análisis integral de riesgo efectuado por el sujeto obligado, no se identifiquen inconsistencias relevantes en línea con un EBR (Enfoque Basado en Riesgos) razonable.

En función de este enfoque, los Sujetos Obligados deberán efectuar un análisis integral del cliente, que contemple sus características, su comportamiento transaccional y la naturaleza y razonabilidad de sus operaciones, y no limitar su evaluación a una consideración exclusiva de su perfil impositivo o fiscal.

En este marco, y con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera, fomentar el uso de canales formales y preservar la integridad del Sistema Preventivo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el EBR constituye un elemento esencial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de los fondos depositados en el sistema financiero.

En consecuencia, los sujetos obligados deberán ajustar sus sistemas de prevención mediante la actualización correspondiente de sus matrices de riesgo, a fin de que reflejen las modificaciones normativas vigentes —en particular, el incremento de la condición objetiva de punibilidad— y permitan optimizar la categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de las alertas internas generadas por sus sistemas. Todo ello, con el propósito de evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y con la normativa aplicable.

Por lo expuesto, se exhorta a los sujetos obligados a fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y a actualizar sus sistemas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad con la Resolución 14/2023 y sus modificatorias, manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emergentes de la Ley 25.246 y sus modificatorias.

Con estos cambios, el Gobierno apuesta a acelerar a fondo con la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal y captar los dólares del colchón, en un contexto de tipo de cambio en calma y consumo retraído.