Las entrelíneas del reporte del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina apuntan a lo que considera el punto débil del programa de ajuste de Toto Caputo: que el superávit fiscal se haya logrado sobre la base de factores pasajeros, que no podrán sostenerse a futuro.

«Para sostener el progreso es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal», escribieron los funcionarios, en una observación que no deja dudas sobre cuál es el primer punto en la lista de tareas para el corto plazo: que ante el agotamiento de la licuación inflacionaria del gasto público, empiece a verse más «motosierra». Y es, tal vez, uno de los puntos en los que el Gobierno mantiene menos discrepancias con el Fondo, dado que dio señales de que está dispuesto a avanzar en uno de los recortes estructurales más drásticos: el despido masivo de empleados públicos.

El Gobierno prepara más despidos de empleados públicos

Los salarios de la administración central representaron en mayo $939.207 millones, lo que equivale a un 14% del gasto corriente primario. Es uno de los rubros que ha venido disminuyendo a lo largo del año, aunque el recorte se explica más por la inflación que por la salida de casi 20.000 funcionarios de la nómina.

Y en ese punto radica uno de los cambios que el gobierno tiene en carpeta. De hecho, en un momento en que afloran las discrepancias entre con el FMI, el recorte de la plantilla es uno de los temas en los que hay coincidencias, porque implica una reforma estructural que generará una disminución permanente y sostenible en el gasto fiscal.

El propio Javier Milei ha insinuado que la cifra podría llegar a 70.000 servidores estatales, lo que implica que hasta ahora se ha visto menos de un tercio del ajuste previsto. Y la expectativa en las oficinas públicas es que en los próximos días se concrete otra tanda masiva de desvinculaciones, por la vía de la no renovación de contratos para quienes revistan como monotributistas.

Se viene la tercera tanda

Las agremiaciones de empleados estatales advirtieron que, en algunas dependencias de la administración central, como los ministerios, esto puede tener un alto impacto, dado que la modalidad de contratación fue la que proliferó en los últimos años, al punto que los contratados por período a términos son la mayoría, mientras empleados de la planta permanente apenas llegan a un tercio del total.

De hecho, después de las dos tandas de desvinculaciones -la primera en diciembre de 2023 y la segunda en marzo de este año- miles de contratados que continúan en funciones han firmado contratos cortos, por tres o seis meses, cuando lo habitual es que se firme en períodos mínimos de un año. Es por eso que en la última semana de junio ya habrá comunicaciones sobre listados de empleados que cesarán en sus funciones.

En los últimos meses, las nuevas autoridades de los ministerios y organismos avanzaron en su auditoría sobre la planta laboral, a fin de determinar si hay un excedente en el personal necesario y si hay irregularidades en la asistencia y el cumplimiento de funciones. Pero, más allá de las presuntas faltas de cumplimiento, lo cierto es que el recorte de la nómina es un objetivo político que el propio gobierno ha admitido como parte de su diagnóstico de la crisis económica.

Las gremiales de empleados estatales advirtieron que habrá situaciones de despidos masivos ahora y, posiblemente, también en septiembre. Por lo pronto, la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE, perteneciente a la central sindical CTA, de tendencia izquierdista- convocó a una jornada de protesta el miércoles 26, cuando se presume se darán a conocer los listados de funcionarios desvinculados.

Según Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, la movilización no solamente se hará en repudio de los despidos, sino también como advertencia sobre una virtual paralización de servicios estatales en varias reparticiones. Hay casos, como el del ministerio de Capital Humano, en los que la incidencia de personal contratado llega al 80% de la nómina.

Próximo paso: la planta permanente

Pero, más allá de los esperables nuevos recortes entre el personal bajo contrato, hay otra reforma que el gobierno considera la real «motosierra» para ajustar el gasto de personal estatal: el avance sobre los empleados de la llamada «planta permanente».

Es uno de los puntos centrales -y más controvertidos- del proyecto de Ley Bases que el gobierno aspira a tener aprobado en los próximos días en la Cámara de Diputados, luego de haber sido revisado por el Senado.

La ley prevé que se puedan fusionar, reducir o directamente disolver organismos del Estado y que el personal afectado a estas reparticiones podrá quedar en «disponibilidad» mientras recibe capacitación para su reubicación. Esto implica la posibilidad expresa de que en un año los funcionarios queden desvinculados.

En las oficinas estatales hay alarma por la posibilidad de que los despidos se extiendan a la «planta permanente»

Este tema es abordado en el artículo 52 del Capítulo IV, que modifica el Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco) de la siguiente manera: «El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación».

Es decir, técnicamente no se trataría de un despido -no se puede echar a un empleado estatal para contratar a otro que cumpla su misma función- sino que se suprimiría el cargo en forma permanente. Y los empleados cuyos cargos desaparecen quedarían en «situación de disponibilidad» y pasarían a formar parte de un nuevo régimen de reinserción laboral.

El fantasma del pase a disponibilidad

Según lo propuesto en el proyecto de ley, se creará un Fondo de Reconversión Laboral, con carácter fiduciario y que se financiará mediante recursos del presupuesto nacional. Básicamente, la función de ese fondo será la de pagar los salarios de los empleados «en disponibilidad» durante un año. En ese período, se buscará la reinserción laboral de estos trabajadores en el sector privado, para lo cual habrá un incentivo de eximición de cargas sociales por un lapso acotado.

Si pasa todo el año y el empleado «en disponibilidad» no pudo ser reubicado en otro trabajo, dejará de percibir el salario del Fondo de Reconversión y ya no formará parte de la nómina estatal.

De esta manera, se podrá incorporar al listado de pasibles de ser desvinculados a los funcionarios de una vasta lista de dependencias estatales. De todas formas, las reformas sobre el proyecto original impidieron que se mantuviera dentro de estas modificaciones a funcionarios de universidades, el Congreso de la Nación, el poder judicial y el ministerio público.

Hay organismos que, tras los cambios en el proyecto original de Ley Bases, no podrán ser disueltos, aunque sí existirá la facultad del gobierno para reorganizar su funcionamiento. Es decir, que también en estos casos se podrá reducir la nómina de empleados de planta permanente.

En este grupo figuran en Conicet, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el Incaa, el Incucai, la Comisión Nacional de Valores, el Enacom, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Unidad de Información Financiera, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.