Hay un indicador del que se habla poco, pero que resulta más ilustrativo que el propio IPC para argumentar la baja de la inflación: las empresas están empezando a espaciar los períodos de incremento de sueldo nominal.

Una reciente encuesta de la consultora PwC constató que, respecto de su anterior encuesta realizada en abril, había disminuido drásticamente la cantidad de empresas que estaban haciendo ajustes a ritmo mensual o bimestral, al tiempo que la mayor parte de las organizaciones están planeando para el corto plazo hacer ajustes trimestrales.

En abril pasado, cuando la inflación se ubicaba en 8,8% mensual y acumulaba una variación interanual de 289%, la tendencia generalizada en el sector registrado era acortar lo más posible la frecuencia de los aumentos nominales. Así, superaba un 60% de los casos encuestados las compañías que ajustaban los salarios mensualmente o bimestralmente.

Seis meses después, con una inflación mensual ya debajo del 3% y con una expectativa de 35% para los próximos 12 meses -según la encuesta REM del Banco Central-, la situación está empezando a cambiar. Ahora, el porcentaje de empresas con ajustes de cortísimo plazo bajó a 45% mientras que un 54% ya está volviendo a ajustes cada tres o cuatro meses.

Esta encuesta incluye al personal profesional intermedio y jerárquico, lo que implica que tiene en cuenta a muchos que no están alcanzados por los convenios, que se negocian en paritarias. En este momento, las empresas están analizando las expectativas de inflación para el año próximo, de manera de ajustar su estrategia de remuneraciones.

Según Mariela Rendón, experta de PwC en recursos humanos y organización, un 81% de las grandes empresas encuestadas está proyectando para 2025 una inflación de 51%, lo cual da la pauta de cuáles pueden ser las cifras de recomposición previstas.

La frecuencia de aumento de sueldo: un síndrome histórico de inflación

Para los economistas, este es uno de los síntomas más importantes de que, efectivamente, está ganando fuerza el proceso de desinflación. Porque la frecuencia salarial constituye uno de los principales componentes de indexación inercial en la clásica puja de precios y salarios.

De hecho, cada vez que Argentina ingresó en un proceso de inflación alta, el primer síntoma de «espiralización» de la crisis fue el acortamiento en los períodos de subas salariales nominales.

Un ejemplo clásico es el período previo al «Rodrigazo» de 1975. En un histórico discurso, al asumir como nuevo ministro de economía durante el período de Isabel Perón, Celestino Rodrigo relataba el síntoma del agravamiento del ciclo inflacionario: el primer aumento salarial duró nueve meses antes de que hubiera que actualizar los ingresos para compensar la inflación; el segundo se acortó a seis; el tercero duró cuatro meses y el cuarto no llegó a durar dos meses. Pero la inflación era cada vez más alta.

Una situación parecida ocurrió cuando, una década más tarde, entró en crisis el Plan Austral de Raúl Alfonsín: ante la evidencia de que los problemas fiscales se agravaban, la inflación retomó su senda alcista, y los sindicatos presionaron para un acortamiento de los aumentos, que en el pico de la hiperinflación llegaron a ser mensuales.

Fue ese el motivo por el que, durante la gestión de Alberto Fernández, se produjeron debates internos en el gobierno respecto de la política de ingresos: mientras el ala kirchnerista exigía subas generalizadas por decreto, los funcionarios argumentaban -tanto en el período de Martín Guzmán como de Sergio Massa-, que no se debía forzar a las empresas a dar aumentos mayores a sus posibilidades, porque se corría el riesgo de que trasladaran de inmediato a los precios ese mayor costo operativo.

Fue, de hecho, lo que terminó ocurriendo, como habían anticipado la mayoría de los economistas.

«Cuanto mayor sea el aumento de salarios nominales que logren los sindicatos, mayor será la tasa de inflación del año, porque a los empresarios no les quedará otra que traspasar esas subas a los precios. No discuten el salario real, discuten el nivel de inflación», argumentaba hace dos años Marcos Buscaglia, ex economista jefe de Bank of America Merrill Lynch, quien advertía los paralelismos históricos entre la economía de Alberto Fernández y las anteriores crisis inflacionarias.

El «techo» de Luis Caputo en las paritarias

En 2024, ya con una inflación instalada cómodamente encima de los dos dígitos mensuales, Luis Caputo no tuvo margen político como para tratar de espaciar las subas salariales, aunque sí enfocó su esfuerzo en que los aumentos no se despegaran demasiado de la inflación que preveía el gobierno.

Fue así que se enfrentó a los gremios más fuertes, como el de camioneros, por negarse a homologar paritarias que, según Caputo, no se correspondían a la realidad de la economía nacional, y que conllevaban el riesgo de que la inflación se acelerase.

A inicios de año, Caputo trataba de convencer a empresarios y sindicalistas que la inflación bajaría a un dígito. Y consideraba que la paritaria camionera era un obstáculo en su prédica porque implicaba un ajuste de 25% para el sueldo de marzo y otro de 20% para abril, cifras que ya duplicaban los registros del IPC.

En consecuencia, empezó el conflicto por su negativa a dar el aval oficial. «Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía», decía entonces el ministro.

Con su característico estilo, Pablo Moyano expresaba su disgusto por la contradicción entre el discurso liberal y la práctica de interferir en negociaciones salariales: «Qué carajo se tienen que meter en un acuerdo entre privados del gremio y las empresas, Caputo o el mismo presidente de la Nación», protestó Moyano, con una lógica que incluso muchos libertarios tuvieron que admitir que tenía peso argumental.

Finalmente, se llegaron a acuerdos para que las negociaciones salariales no derivaran en una conflictividad permanente. Se autorizaron aumentos que, en general, seguían la pauta del Indec, con escalonamientos mensuales y cláusulas de revisión en caso de que hubiese subestimado la inflación. Y, en algunos casos, hubo gremios -como el camionero- que recibiron mejoras por encima de la inflación gracias a los componentes no remunerativos, como los bonos de suma fija.

Pero el objetivo que el gobierno se había fijado era que, a partir de que la inflación volviera a niveles relativamente bajos, los aumentos salariales retornaran a sus ciclos clásicos de subas más espaciadas en el tiempo. De esa manera, razonan, se corta el ciclo de incremento de costos operativos que lleva a las subas de precio continuas.

Lo que viene con los gremios en las paritarias de fin de año

En el ámbito de las negociaciones salariales de convenio, es decir las que son lideradas por los grandes gremios en las paritarias, también empieza a notarse el mismo fenómeno. Unos 30 convenios de gremios del sector privado ya arreglaron aumentos para noviembre, algunos con cláusula de revisión por inflación y con fecha de renegociación para dentro de tres meses.

Uno de los gremios de referencia, el de los bancarios, acaba de anunciar un acuerdo correspondiente a octubre que coincide con el 2,7% del IPC. Se seguirá tomando como referencia el Indec para reajustes mensuales hasta la renegociación del convenio, a realizarse en febrero.

El convenio más numeroso, el de comercio, que involucra a más de un millón de afiliados, negoció subas escalonadas, que totalizan un 8% respecto del nivel de agosto pasado. En marzo está prevista la renegociación del convenio, aunque se podrán pautar correcciones en ese período. En lo que va del año, sumando los conceptos salariales y beneficios extras, los bancarios han logrado un porcentaje cercano al 107% de inflación acumulada desde inicio de año.

Esa tiende a ser la tónica de las negociaciones en los gremios grandes, en la medida en que la inflación sigue en baja y los salarios reales recuperan su poder adquisitivo.

Otro referente del mercado, el gremio metalúrgico, renegoció en octubre, después de haber ajustado en julio, y tomó la cifra acumulada según la medición del Indec.

También en diciembre se reúnen los aceiteros, que protagonizaron uno de los conflictos más duros este año y fueron en septiembre a conciliación obligatoria. En aquel momento, se estableció una recomposición de 26%, que incluyó una suma retroactiva a julio, más subas escalonadas hasta noviembre.

Sueldos de estatales, con retraso

Lo cierto es que, a juzgar por las cifras oficiales, los salarios están evolucionando a un mayor ritmo que la inflación, y no por casualidad el gobierno celebró el hecho de que el IPC de 2,7% de octubre coincidió con una suba salarial de 4,7%.

El argumento oficial es que se está produciendo una mejora en los indicadores sociales: tanto la canasta básica -la que mide la línea de pobreza- como la canasta alimentaria -la que mide la indigencia– tuvieron variaciones más bajas aun que el IPC: 1,2% y 1,4% respectivamente.

Al mismo tiempo, la franja de menores ingresos de la población -que suele coincidir con el sector informal- tuvo en septiembre una recuperación de 10,4%, según la estadística del Indec, lo cual habilita a Javier Milei a reforzar su discurso sobre una disminución de la pobreza.

Claro que, aun con las mejoras de los últimos meses, los salarios siguen por debajo del nivel de hace un año: frente a una inflación acumulada de 209%, los ingresos de los trabajadores aumentaron un 181,9%.

En el sector privado fue donde mejor se defendió el poder adquisitivo, con una acumulación de 197,7%, mientras que el más rezagado fue el sector de empleados públicos, que sólo logró un aumento nominal de 149,7% en un año.

No extraña, en ese contexto, que el sector estatal sea el que está mostrando un mayor nivel de conflictividad a la hora de las negociaciones salariales. En noviembre, los estatales cobrarán un aumento de 2% y en diciembre un 1%, después de un 3% en el bimestre anterior. Esto implica una pérdida real en un período en que la inflación duplicará esas subas nominales. Se negoció que, a modo de compensación, habrá un bono de suma fija por $30.000. De todas formas, el declarado objetivo oficial de seguir recortando la nómina de funcionarios asegura que la conflictividad continuará en los próximos meses.