El juicio por la estatización de YPF en Estados Unidos tuvo este jueves un giro inédito. Es que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo del caso, ordenó a la Argentina entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios -incluidos Luis Caputo y Sergio Massa– para intentar probar que hayan manejado los precios de los combustibles.

Según trascendió, el objetivo con esta medida sería demostrar que YPF es «alter ego» del Estado nacional y que no funciona estrictamente como una sociedad anónima.

La orden fue dada por el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska pidió mensajes de Luis Caputo y Sergio Massa

Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi u$s900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF y embargar sus activos.

El argumento del fondo Burford es que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera como de los objetivos políticos del gobierno de turno.

Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor -excandidato a presidente- Sergio Massa, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.

Este proceso de la justicia de Estados Unidos, llamado «discovery», tuvo a los abogados de Argentina los demandantes en negociación durante las últimas semanas para definir a cuántos funcionarios alcanzaría la medida. Aunque al comienzo hubo pujas entre ambos lados, donde los fondos presentaron un listado de 27 funcionarios y Argentina los redujo en una contrapropuesta, finalmente la jueza Preska determinó quiénes serían aquellos que deberán entregar la información.

De acuerdo a información divulgada en su cuenta de X por el titular de Latam Advisors, Sebastián Maril, la magistrada neoyorkina pospuso los pedidos sobre el exjefe de Gabinete y actual senador, Eduardo «Wado» De Pedro, el exsecretario general de Presidencia de Alberto Fernández, Julio Vitobello, y del economista y extitular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini.

Juicio por YPF: Burford Capital quiere embargar activos argentinos

El fondo buitre Burford Capital quiere embargar activos de Aerolíneas Argentinas con la intención de cobrar el fallo judicial a favor por u$s16.000 millones, en el marco del juicio por la estatización de YPF.

El fondo también iría por activos de Arsat, Enarsa y el Banco Nación, a quienes considera como «alter egos» del Estado argentino, según señala el Financial Times.

Este argumento legal sugiere que estas empresas son prolongaciones del Estado, acusado en el juicio, por lo que sus activos en el exterior también podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, Burford Capital. Sin embargo, los abogados de Argentina descartan esta posibilidad.

El fondo Burford Capital tiene a su favor un fallo judicial de u$s16.000 millones en un juicio por la expropiación de YPF encabezada en 2012 por el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.

La nota del diario británico señala que: «El actual presidente libertario, Javier Milei, está en el extremo ideológico opuesto al de la administración izquierdista de Cristina Fernández de Kirchner».

Pese a que Milei aseguró que quiere privatizar YPF, entre otras compañías estatales, y confirmó su voluntad de pago si falla la apelación en curso, la disputa entre la Argentina y Burford es más contenciosa que nunca, según revelan los papeles del juicio.

Además, aseguran que los abogados litigantes podrían conseguir permiso judicial para examinar organizaciones estatales argentinas como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, que tienen activos en Estados Unidos.

En ese sentido, los abogados de Burford aseguran que esas empresas tienen personal no calificado, que fue nombrado por cargos políticos, y son controladas por el estado argentino e «indistinguibles de él».