Las cuentas públicas registraron en abril un superávit primario superior a los $845.000 millones, y así mantuvo el principal eje de la política económica del gobierno nacional.

«Esto se logró habiendo bajado impuestos por el equivalente a 2 puntos del PBI en 2024«, subrayó el ministro de Economía Luis Caputo en un mensaje en redes sociales.

Luis Caputo anunció que el Gobierno repitió el superávit en abril

Según informó el Palacio de Hacienda, el mes pasado el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $845.949 millones (aproximadamente 0,1% del PBI) y un superávit financiero de $572.341 millones.

De esta forma, acumuló en el primer cuatrimestre un superávit primario de aproximadamente 0,6% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI. Asimismo, se registraron pagos de intereses netos de tenencias intra sector público por $273.608 millones.

El parte oficial destacó que «la consolidación del equilibrio fiscal ha permitido la implementación de distintas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario en los últimos meses».

En esa línea enumeró:

• La expiración del Impuesto PAIS en diciembre de 2024 (0,4% del PIB en el primer cuatrimestre de 2024).
• La baja transitoria de derechos de exportación para exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025
• La derogación a partir del mes pasado de la suspensión de los certificados de exclusión, lo que incidió negativamente en la recaudación de las percepciones aduaneras en IVA y Ganancias.

Por otro lado, el parte oficial recalcó que «en abril las jubilaciones y pensiones y la Asignación Universal por Hijo crecieron 78,5% y 126,4%, interanual, respectivamente».

Mayor recaudación y más ajuste: cómo el Gobierno logró un nuevo superávit

De acuerdo con la información oficial, los ingresos totales alcanzaron los $10.3 billones (52,3% real). Los recursos tributarios presentaron un crecimiento de 57,5%, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (123,2%), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (85%), Ganancias (80,2%), los Derechos de Importación (78,3%) y Débitos y Créditos (72,4%). Por su parte, el IVA neto de reintegros tuvo un incremento de 45,5%.

Por otro lado, los gastos primarios alcanzaron los $9.5 billones (45,6%) lo que implicó una baja del orden del 1% respecto de igual mes del año pasado, descontado el efecto inflacionario. Las prestaciones sociales ascendieron a $6.1 billones (57,2%), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.2 billones (41,5%) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.

En tanto, las transferencias corrientes alcanzaron los $3.9 billones (25,3%). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $71.486,9 millones (3%). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $898.539,7 millones (204,5% i.a.), explicado mayormente por las transferencias a universidades.

De acuerdo con la información oficial, los subsidios económicos presentaron una caída de $479.327 millones (50,3%), donde los energéticos variaron -$527.950 millones (67,7%), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $56.635 millones (+35,1%).

«El orden en las cuentas públicas permitió reducir impuestos explícitos por el equivalente a 2% del PBI en 2024, además de contribuir decisivamente al proceso de desinflación. En este contexto, el crecimiento del nivel de actividad permitirá continuar con el sendero de baja de impuestos», afirmó el Ministerio de Economía.

Así lo anunció este viernes mediante un comunicado. El incremento es del 6% para mayo y 4% en julio: con el aumento de este mes, alcanza el 15,5% en el año

16/05/2025 – 17:06hs

Luego de que los gremios nacionales reclamaran la apertura de la paritaria, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó un aumento de sueldo con los gremios que nuclean a los docentes bonaerenses.

Según informó la gobernación, el incremento será del 10% en dos tramos, a cobrarse con los salarios de mayo y julio. Además, se comprometieron a volver a negociar en agosto.

Paritaria: aumento de sueldo confirmado para los docentes bonaerenses

Tal como informó el gobierno de Axel Kicillof, «la provincia de Buenos Aires acordó con los gremios que nuclean a las y los trabajadores docentes de la Provincia dos nuevos tramos de aumento salarial de 6% en mayo y 4% en julio, respecto de los haberes vigentes al mes de marzo». Además, detalló, el acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en agosto; y se suma al alcanzado con las y los representantes de la Ley 10430.

De esta manera, con el incremento del 6% en mayo se alcanza un aumento acumulado de 15,5% en lo que va del año; a lo que se sumará el tramo de julio.

«Aún en el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, continuidad del iniciado en 2024 producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y profundizado por la caída de la recaudación debido a la recesión y a decisiones unilaterales del Gobierno nacional que atentan contra la coparticipación y generan incertidumbre a las provincias, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, como desde el inicio de la gestión», señalaron desde la gobernación bonaerense, con dardos directos al Ejecutivo nacional.

Los gremios docentes nacionales reclamaron la apertura de paritarias

La semana pasada, los gremios docentes solicitaron formalmente al gobierno la urgente convocatoria a la paritaria del sector, frente a lo que consideran el «grave deterioro del poder adquisitivo» de los trabajadores y trabajadoras. La demanda fue planteada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).

En el caso de la CTERA formalizó su pedido con el envío de una carta documento a la secretaría de Educación de la Nación, donde además advirtió sobre «el congelamiento de fondos destinados a la educación» y la «ausencia de diálogo» por parte de las autoridades nacionales.

Desde el gobierno, en tanto, estarían estudiando la convocatoria después de cerrar los montos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según fuentes oficiales, el llamado podría ser en el transcurso de la segunda quincena de este mes.

La organización gremial explicó que la paritaria nacional docente «es el ámbito legal e institucionalmente establecido para la discusión y un acuerdo sobre políticas salariales y condiciones laborales que afectan al conjunto de las y los docentes en todo el país». 

La CTERA solicitó al Ejecutivo una «urgente recomposición de los ingresos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un incremento del presupuesto educativo nacional, la defensa de las obras sociales nacionales y provinciales y un aumento a la jubilación de docentes».

Asimismo, planteó que «la falta de convocatoria a la negociación salarial significa un grave incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, lo que constituye una amenaza al derecho social a la educación».

La mayor cámara empresarial del sector rechazó los dichos de un ejecutivo de Barrick sobre el peso del régimen de incentivo y espera prontas aprobaciones

16/05/2025 – 16:15hs

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, afirmó este viernes que el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) es «fundamental» para la viabilidad de inversión de muchos proyectos mineros, al igualar en términos de competitividad al país con los mercados regionales con los que compite.

Los dichos de Cacciola salen al cruce de las recientes declaraciones de uno de los ejecutivos de Barrick Mining Corporation, el director para Latinoamérica de la compañía, Marcelo Alvarez, quien en el reciente congreso del IAEF expresó que «con el RIGI no alcanza» porque ante la carencia de infraestructura el «inversor prefiere ir a Chile donde las rutas y la línea eléctrica ya están».

Las expresiones del directivo de la empresa que en la Argentina opera la mina de oro de Veladero, en la provincia de San Juan generaron malestar en las empresas integrantes de la CAEM -entidad a la que ya no pertenece Barrick y de la cual Alvarez fue su presidente entre 2015 y 2019-, y que están a la expectativa de que el Gobierno nacional empiece a aprobar alguno de los siete proyectos mineros presentados al nuevo régimen.

«El RIGI es una herramienta fundamental porque iguala los términos de competitividad en materia tributaria con quienes compiten con nosotros para recibir inversiones. Pero hay otro que es tan importante que, teniendo en cuenta los incumplimientos que ha tenido la Argentina en materia de respetar las leyes, da la posibilidad de este de litigar en el exterior», expresó Cacciola.

Más allá de los beneficios técnicos, el presidente de CAEM se refirió a las expresiones del directivo de Barrick y aseveró que «esos dichos no corresponden a la minería sino que hablan por su empresa, que además no es socia de la cámara». No obstante ello, coincidió con Alvarez sobre las necesidades de infraestructura que tiene la Argentina, algo para lo que es necesario trabajar con las empresas y las provincias.

«Hay un escenario donde el Gobierno nacional dijo que no va a intervenir en la obra pública, y en ese contexto sí se le puede pedir que acelere los procesos licitatorios de las obras que le competen en términos jurisdiccionales. La minería es pensar en 100 años y en eso hay carencia de infraestructura, necesidades importantes y hoy tiene que ser resuelto entre privados y gobiernos provinciales, para lo cual hay que ocuparse y empezar a trabajar», agregó el directivo.

Proyectos de minería a la espera del RIGI

El sector minero viene expresando en los últimos días su preocupación respecto a la demora en conocerse las primeras aprobaciones de los proyectos del sector ya presentados para su adhesión al RIGI. «Es un proceso en el que intervienen muchas dependencias del Estado, pero hay ansiedades por empezar a saber cuáles estan autorizados, por eso pedimos como necesidad del sector que empiecen a haber definciones sobre aprobaciones», sentenció.

Tal como reflejó iProfesional esta semana, los proyectos presentados son siete, la mayoría de litio, mientras que se esperan que los grandes desarrollos de cobre también hagan sus presentaciones en los próximos meses. Los hasta hoy elevados al Ministerio de Economía son los siguientes:

• Hombre Muerto Oeste: proyecto de Galan Lithium previsto para la provincia de Catamarca. Comprende la instalación de una planta de producción de cloruro de litio previa inversión de 217 millones de dólares.
• Gualcamayo: emprendimiento de Minas Argentinas previsto para la provincia de San Juan. Comprende la construcción de instalaciones de lixiviado y una planta de cal, exploración y el desarrollo de un parque fotovoltaico. Promesa de inversión de 1.000 millones de dólares.
• Rincón: controlado por la minera Rio Tinto, prevé la construcción de al menos dos plantas para el procesamiento de carbonato de litio. Con foco en la provincia de Salta, demandaría inversiones por 2.700 millones de dólares.
• Salar del Hombre Muerto: otra inversión prevista por la misma minera (Rio Tinto). Desembolso de casi u$s820 millones proyectado para el desarrollo de un yacimiento de litio en Catamarca.
• Proyecto Mariana: con base en la provincia de Salta. Inversión de u$s273 millones fijada por la empresa china Ganfeng. Contempla el desarrollo de una planta de cloruro de litio.
• Los Azules: en la provincia de San Juan. La minera McEwen Cooper pidió exenciones para una inversión de u$s227 millones para la factibilidad de su proyecto de cobre. El desarrollo total del yacimiento implicaría una inyección de capital del orden de los 2.500 millones de dólares.
• Sal de Oro: iniciativa de la coreana Posco en la provincia de Salta. Implica una inversión de casi u$s635 millones para la construcción de una planta de fosfato de litio, hidróxido de litio y carbonato de litio.