La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó una ola de ventas en los principales mercados financieros. Los futuros de las bolsas estadounidenses abrieron en rojo, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdiendo cerca del 1% en las primeras horas de negociación en Asia. Las acciones australianas siguieron la tendencia y los operadores se alejaron de los activos de riesgo.

El índice Nikkei 225 de Tokio cayó 2,07% hasta los 57.628,07 puntos en las primeras horas de este lunes, mientras que el Topix, el selectivo más amplio del mercado nipón, bajaba un 1,97% y se ubicaba en 3.860,97 unidades.

Toyota, la compañía de mayor capitalización local, caía un 3,2%; Honda retrocedía casi un 3%; Sony bajaba un 2,5% y SoftBank se dejaba cerca de un 2%.

El caso del petróleo, los contratos de referencia llegaron a subir hasta un 13% ante el temor a una interrupción en el suministro global tras los ataques y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial.

El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3% hasta los USD 71,94 el barril en la primera jornada. El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5% hasta los USD 5.357,53 la onza.

En las divisas, el dólar estadounidense repuntó y el franco suizo mostró ligeros avances frente a las principales monedas. El euro cedió 0,3% y el yen japonés cayó 0,2% frente al dólar, mientras el dólar australiano y el yuan se depreciaron en un entorno de aversión al riesgo. Los bonos soberanos de Australia y Nueva Zelanda, considerados seguros, ganaron terreno en la apertura de sus mercados.

La tensión en Medio Oriente llegó en un momento de alta sensibilidad para las bolsas, que recientemente experimentaron la mayor caída mensual desde abril.

“Los ataques liderados por Estados Unidos en Irán han impulsado los precios del petróleo y reavivado el riesgo geopolítico”, señaló Adam Hetts, jefe global de Multi-Activos en Janus Henderson.

“Por ahora, los mercados descuentan un conflicto limitado, pero si la escalada se prolonga, el impacto puede ser mayor. En estos momentos, la diversificación y la visión de largo plazo son esenciales», dijo.

Según Bloomberg Economics, un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría empujar el precio del petróleo hasta los USD 108, con consecuencias directas en la inflación global. El tráfico de petroleros ya está prácticamente detenido y tres barcos fueron atacados cerca del Golfo Pérsico, lo que refuerza el temor a una escasez de suministro.

Irán, por su parte, ha dicho que no busca cerrar formalmente el paso, pero el efecto en las rutas y los seguros ya encarece el flujo de crudo.

“La situación complica aún más un momento frágil para los mercados, que ya estaban nerviosos por la inteligencia artificial y posibles tensiones en el crédito”, advirtió Dec Mullarkey, director en SLC Management. El alza de los precios de las materias primas podría forzar liquidaciones adicionales de acciones si los inversores deciden reducir su exposición al riesgo.

Ajay Rajadhyaksha, jefe global de investigación de Barclays, advirtió que aún no es momento de comprar la baja: “El riesgo-recompensa no parece atractivo. Si las acciones caen más de 10%, será hora de comprar, pero aún no”, afirmó.

El salto del petróleo también altera la dinámica de los bonos del Tesoro: si bien la búsqueda de refugio suele bajar los rendimientos, un shock inflacionario por el crudo puede presionar al alza los tipos.

En el detalle de la jornada, el S&P 500 cayó 0,8% hacia las 8:13 de la mañana en Tokio y el índice australiano S&P/ASX 200 retrocedió 0,4%. En monedas, el euro bajó a USD 1,1781, el yen cayó a 156,35 por dólar y el yuan offshore a 6,8771. Bitcoin y Ether subieron levemente. El oro sumó 1,5% y el petróleo se disparó hasta 13% en el arranque de la semana marcada por la guerra y la tensión en el Golfo.

(Con información de AFP y EFE)

El Consejo Superior del Trabajo (CST) de El Salvador confirmó que avanza en la elaboración del anteproyecto legal para facilitar la transición de la economía informal, que representa 70% de la fuerza laboral, a la formalidad.

El ministro de Trabajo y presidente del CST, Rolando Castro, informó este domingo, a través de su cuenta en X que: “El Consejo Superior del Trabajo avanza firmemente en la elaboración del anteproyecto sobre la transición de la economía informal a la formalidad. Estamos afinando la parte legal para firmarlo como CST y remitirlo al Presidente para su análisis”.

Actualmente, el organismo concentra sus esfuerzos en perfeccionar el marco legal de la propuesta, con el objetivo de firmarla en el seno del CST y transmitirla al Presidente de la República para su estudio. Este anuncio ocurre en el marco de las acciones permanentes del Consejo encaminadas a la formalización laboral y a la mejora de las condiciones de empleo en El Salvador.

El Consejo Superior del Trabajo, conformado por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, ha subrayado en los últimos meses su énfasis en el diálogo social y la cooperación intersectorial para impulsar propuestas orientadas a la formalización del empleo y al fortalecimiento del mercado laboral salvadoreño. En comunicados recientes, el CST ha afirmado que prioriza acciones para responder a las demandas de la población trabajadora y consolidar un mercado laboral más inclusivo.

La economía informal representa cerca del 70% de la fuerza laboral en El Salvador, según datos de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este dato exhibe la dimensión de la iniciativa liderada por Castro y el CST.

El CST se instaló el 27 de agosto de 2025 y en este ámbito tripartito se han comenzado a definir mecanismos y acuerdos con la participación de representantes de empleadores y trabajadores, así como con el aporte de expertos. El objetivo central es incentivar la regularización de actividades económicas mediante incentivos tangibles y regulaciones adaptadas a la realidad de los emprendedores.

En ese sentido, el año pasado, Castro anunció una propuesta para exonerar temporalmente de impuestos a pequeños negocios que decidan salir de la informalidad, con el fin de facilitar su crecimiento y promover la formalización del trabajo en El Salvador.

“En la propuesta vamos a plantear al Presidente Bukele una exoneración en el momento transicional que se dé para que las personas no tributen un periodo de tiempo, mientras se estabilizan económicamente. Tenemos aproximadamente un 68 % de economía informal en El Salvador, planeamos hacer una prueba piloto con una cantidad muy significativa que transite y luego cuenten cómo les está yendo, también una estrategia de gradualidad”, indicó el funcionario en septiembre pasado.

Pero en diciembre actualizó esos datos y afirmó que entre el 73% Y EL 74% de las empresas en el país operan en la informalidad. En esa oportunidad, el CST explicó que un micronegocio requiere un aproximado de $1,000 para hacer el trámite de inscripción para formalizar su empresa, por lo que implicaba un escollo para muchos microempresarios.

“Estamos trabajando este tema con aportes de expertos nacionales e internacionales. Nosotros tenemos la Unidad de Investigación del Mercado Laboral, con técnicos de los empleadores y trabajadores”, subrayó Castro el año pasado, respecto al avance del proyecto que deberán presentar a Casa Presidencial.

La reciente recategorización de oficio de monotributistas por parte del sistema Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó inquietud y consultas masivas en el sector tributario. El foco está puesto en qué movimientos detectó el fisco nacional y cuáles parámetros se activaron para disparar miles de notificaciones. Y el eje del debate gira en torno a los regímenes de información, los umbrales de ingresos y la manera en que las billeteras virtuales informan los movimientos de sus usuarios.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que existen dos regímenes de información distintos, cada uno con sus normas y alcances. El primero corresponde al denominado “Título I” de la Resolución General 4614/2019, que establece la obligación de informar comisiones que cobraron con servicios de gestión de pago electrónico. En este grupo se encuentran las ventas realizadas a través de terminales tipo posnet y los pagos con tarjetas de crédito, débito, compras, links de pago y sistemas QR. Según Domínguez, en estos casos, las entidades informan las comisiones cobradas y las ventas correspondientes a cada usuario.

Por otro lado, el “Título II” abarca un régimen diferente, en el que se deben informar todos los ingresos, egresos y saldos finales al cierre de cada mes, siempre que se cumpla alguna de las tres condiciones clave: ingresos totales iguales o superiores a $50 millones, egresos que alcancen o superen ese mismo monto, o que el saldo final supere el umbral de $50 millones. Estas exigencias aplican únicamente para personas humanas. Domínguez detalló que si ninguna de estas variables supera el piso establecido, no se informa ningún dato adicional. Pero si uno solo de los parámetros se activa, corresponde informar los tres conceptos: ingresos, egresos y saldo final, siempre mes a mes.

Es decir, las billeteras, bancos, tarjetas y otros sujetos obligados ya no informan consumos o saldos debajo de los $50 millones, pero si informan los cobros que hicieron para sus clientes.

La mecánica de estos regímenes cobra relevancia en el contexto de las recategorizaciones de oficio que el fisco realiza mediante controles sistémicos. Según el tributarista, ARCA puede utilizar toda la información que posee en sus sistemas, pero aclaró que en esta oportunidad fue por la información que recibió por el “Titulo I”. Así, las ventas procesadas a través de medios electrónicos —como tarjetas o links de pago— entran en el radar del fisco por el título uno, mientras que transferencias, movimientos por alias o CBU integran el marco del título dos, que, según la interpretación vigente, no se utiliza para recategorizar en estos controles actuales.

La gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, precisó que la Resolución General 4614/2019 establece una diferenciación entre el Título I y el Título II, regulando situaciones y alcances claramente distintos. El límite de $50 millones mensuales para personas humanas —y $30 millones para personas jurídicas— rige exclusivamente para el Título II, que se aplica a los proveedores de servicios de pago (PSP) encargados de administrar cuentas virtuales y billeteras. Ese umbral define a partir de qué montos los usuarios deben ser informados por su saldo, ingresos y egresos totales. Si no se superan esos montos, la información no se reporta bajo ese título.

En cambio, el “Título I” no contempla ningún umbral mínimo. Girardi señaló que este régimen aborda los servicios de procesamiento de pagos electrónicos y comprende a las plataformas que gestionan cobros comerciales mediante tarjeta, débito o QR. Aquí, lo que se reporta es el monto total operado por cada contribuyente y las comisiones cobradas, en directa vinculación con la actividad económica del sujeto. La especialista remarcó que, si una persona cobra tan solo $1 a través de un QR comercial, esa operación ya se encuadra en el Título I y puede ser informada a ARCA, sin importar lo bajo del monto. Lo relevante es la naturaleza del movimiento: si se trata de un cobro comercial procesado electrónicamente, queda abarcado por ese régimen.

Girardi advirtió que, en la práctica, se identificaron casos de contribuyentes que aseguran no haber realizado cobros con tarjeta, débito o QR comercial y, de todos modos, figuran con un monto informado bajo ese encuadre. Esto podría deberse a una incorrecta calificación del movimiento por parte de la plataforma o a una interpretación que asimila transferencias a cobros comerciales. La gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich sostuvo que resulta esencial analizar cada situación en particular y verificar qué tipo de operación se reportó efectivamente. En todas las notificaciones revisadas figuraba el Título I, vinculado a QR, y remarcó que es correcto que ese régimen no tenga tope, aunque la mayoría de los monotributistas afirman no operar con QR ni cobran con tarjeta y aún así fueron recategorizados.

Tambien Domínguez advirtió sobre posibles errores en el procesamiento de la información por parte de las billeteras virtuales. Señaló que algunas plataformas podrían haber informado operaciones que no corresponden al Título I, “no por desconocimiento, sino muchas veces por el procesamiento de la información”, dado el volumen de datos involucrados. En este sentido, mencionó que pueden existir problemas en la preparación de los reportes que se entregan a la AFIP para cumplir con los regímenes de información, lo que podría derivar en errores de categorización.

Y otra fuente en off the record apuntó en el mismo sentido. “Aparentemente las plataformas informaron transferencias y movimientos del ‘Título II’ como si fueran del I. Y de ahí las recategorizaciones que se dispararon. Se reunieron con las plataformas para ver qué pasó y como lo pueden arreglar a futuro”, confirmó a Infobae. Este dato refuerza la hipótesis sobre la confusión al informar operaciones, que habría provocado que muchos monotributistas reciban recategorizaciones automáticas que no se ajustan a su verdadera situación fiscal.

Ante este escenario, el tributarista recomendó a monotributistas y comercios revisar cuidadosamente la información sobre cobros (o lo que es lo mismo, los pagos que les hicieron sus clientes) en sus billeteras virtuales, cuentas bancarias y otros medios de pago para saber con qué información cuenta el fisco. El sistema cruza los datos informados de todo el período fiscal 2025, por lo que resulta clave detectar posibles errores en los reportes y, de ser necesario, solicitar la rectificación de las presentaciones. La verificación de los reportes es especialmente relevante para quienes recibieron notificaciones de recategorización, dado que los controles automáticos se sustentan en esas bases de datos.

El procedimiento ante una notificación de recategorización exige a los monotributistas presentar un recurso dentro de los quince días hábiles administrativos. De no hacerlo, la recategorización queda firme y, aunque AFIP puede reevaluar la situación si se aportan datos nuevos, no existe garantía de que el organismo lo haga de manera espontánea. Por este motivo, Domínguez subrayó la importancia de apelar en los casos pertinentes, para evitar que quede consolidada una recategorización basada en datos incorrectos.

La revisión de los datos presentados y la presentación de recursos en tiempo y forma se posicionan como los mecanismos disponibles para quienes consideran que la recategorización realizada por ARCA no refleja su realidad fiscal. El cruce de información, la automatización de los controles y la interpretación de los regímenes continúan alimentando el debate en el universo de los monotributistas y profesionales del ámbito tributario.