“En medio de versiones que comenzaron a circular en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la Argentina no se encuentra en desacato en el litigio vinculado a la expropiación de YPF que tramita ante los tribunales de Nueva York”.

Al filo del comienzo del 2026, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), un organismo que encabeza Santiago Castro Videla, emitió un comunicado dando su opinión sobre las últimas novedades del juicio por la expropiación de YPF.

Se trata de una compleja y extensa demanda que tramita hace más de una década en EEUU y por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por mala praxis expropiatoria. Esa condena está apelada y, en paralelo, Burford Capital, quien compró hace 10 años los derechos para litigar en esta causa y es el principal beneficiario del fallo, insistió con diversas medidas para cobrar. Entre ellas, pedir las acciones que el Estado tiene en la petrolera, o demostrar alter ego entre ambas –básicamente, que el Gobierno y la empresa son lo mismo– para intentar embargar activos del país en el exterior.

“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes del organismo que defiende al Estado en el país y el exterior, y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.

Desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron. Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal.

La PTN –que lleva el caso por medio de los dos subprocuradores, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira– se refiera a algunas decisiones que tomó la jueza Loretta Preska, que encabeza la causa principal y condenó al país en primera instancia.

Como detalló este medio, Burford se prepara para pedirle formalmente a Preska que declare al país en desacato en un proceso cuya agenda autorizó la jueza y se dará desde marzo. Restan saber aún los argumentos finales del demandante y si Preska decidirá en ese sentido, pero Burford argumenta que el país nunca presentó comunicaciones de chats y mail de funcionarios y ex funcionarios que demostrarían el alter ego, y por eso pide sanciones y que se declare al país en desacato.

Una desobediencia de ese calibre no sería buena noticia para la estrategia del gobierno de Javier Milei de hacer que los grandes inversores vuelvan a mirar al país o pensar en emitir deuda bajo legislación americana. Además, cuando Preska va a decidir sobre el tema se estará desarrollando en Nueva York la Argentina Week, un evento para inversores globales al que tiene planeado asistir el propio Presidente.

“En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense”, detalló la PTN, que remarcó que el país “actúa de buena fe”.

“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”. Para Burford no es suficiente.

Sin embargo, el Gobierno cree que ese proceso de discovery es “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios” y que se trata de una maniobra “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.

Las autoridades remarcaron que las acciones de Burford se derrumbaron 29% en este año, sobre todo después de la audiencia por la apelación de la causa “madre”, la condena en primera instancia. Fue en octubre y el estado cree que salió beneficiado antes los jueces de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York.

“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.

El bolívar cerró 2025 con una devaluación del 82,7% frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, registrando una brecha significativa respecto a la tasa paralela.

Al finalizar la última jornada laborable del año, el tipo de cambio oficial fue de 301,37 bolívares por dólar, un aumento notable frente a los 52,02 bolívares de inicios del año.

En contraste, en el mercado paralelo el dólar superó los 560 bolívares, ampliando la diferencia entre ambas tasas de cambio.

El dólar oficial en Venezuela sirve de referencia para la fijación de precios de bienes y servicios en el país. La disparidad entre la tasa oficial, determinada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV), y el valor del mercado paralelo genera incertidumbre y afecta la economía cotidiana de la población.

Mientras el BCV ubicó el dólar en menos de 302 bolívares en el cierre anual, la cotización paralela rebasó los 560 bolívares, lo que ha incrementado la dificultad para cubrir necesidades básicas.

El salario mínimo en Venezuela permanece estancado desde 2022 en 130 bolívares, lo que equivale a solo 0,43 céntimos de dólar, según el tipo de cambio oficial más reciente.

Para enfrentar las consecuencias de este bajo ingreso, las autoridades han implementado bonos gubernamentales de hasta 160 dólares mensuales, calculados al tipo de cambio oficial: uno denominado “ingreso de guerra económica” de 120 dólares y otro bono de alimentación de 40 dólares, que también se otorga a trabajadores privados.

A pesar del apoyo que ofrecen estas asignaciones, no forman parte del salario base ni impactan en el cálculo de los beneficios laborales.

El incremento de la brecha cambiaria y la rigidez de los ingresos ha tenido un efecto directo en los precios y en el poder de compra. El dirigente opositor y diputado electo Henrique Capriles señaló que “los precios se fijan al dólar más alto, pero los ingresos se ajustan al más bajo”, y advirtió que este diferencial actúa como un “impuesto silencioso” que incrementa la pobreza y deteriora las condiciones de vida de quienes perciben remuneraciones en bolívares.

Actualmente, el país afronta una falta de datos oficiales sobre inflación, ya que el Banco Central de Venezuela suspendió la publicación de estos indicadores desde octubre de 2024, coincidiendo con la expansión de la brecha cambiaria.

Esta ausencia de cifras limita el análisis sobre el comportamiento real de precios y el impacto en el poder adquisitivo de la población.

El sostenido diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se consolida como un factor que profundiza la crisis para quienes dependen de ingresos en moneda local, restringiendo la capacidad de afrontar el aumento de los precios y acentuando las dificultades sociales y económicas en Venezuela.

Con el inicio de las vacaciones de verano y un fuerte movimiento turístico hacia la Costa Atlántica, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en los peajes de la autopista Buenos Aires–La Plata y de los principales corredores viales que conectan con los destinos balnearios. La actualización tarifaria comenzó a regir en los últimos días y tendrá un impacto directo en el costo de viajar en auto durante la temporada alta.

El incremento fue solicitado por la concesionaria estatal AUBASA y se encuadra dentro del esquema de actualización trimestral previsto en los contratos. Según precisaron fuentes oficiales, las subas oscilan entre el 7% y el 10%, de acuerdo al tramo recorrido y la categoría del vehículo.

La medida se aplicó en un contexto de fuerte demanda turística, lo que generó preocupación entre los automovilistas que planean trasladarse a ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell o la Costa Atlántica en general.

Cómo se calculó el aumento de los peajes

El ajuste tarifario se definió a partir del nuevo Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un indicador que toma como referencia tres variables clave de la economía: el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el INDEC.

Este mecanismo busca reflejar la evolución de los costos operativos y de mantenimiento de los corredores viales, y habilita revisiones periódicas de las tarifas. Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde a la necesidad de sostener las obras de infraestructura, la seguridad vial y los servicios asociados a las rutas concesionadas.

No obstante, el aumento llega en un momento sensible, cuando miles de familias organizan sus vacaciones y calculan con mayor precisión cada gasto del viaje.

Los nuevos valores en la autopista Buenos Aires–La Plata

En la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense y la capital provincial, los nuevos valores ya se encuentran vigentes. Para los autos particulares, la tarifa máxima en hora pico alcanza los $5.400 con pago manual, mientras que quienes utilizan TelePASE abonan $5.307.

En los peajes de Bernal, Quilmes y Berazategui, el costo trepa a $4.600 con pago manual y $4.511 con TelePASE. En sentido hacia La Plata, los peajes de Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa llegan a $2.700 manual y $2.653 con el sistema electrónico.

En esos mismos tramos, Bernal, Quilmes y Berazategui presentan valores de hasta $1.900 manual y $1.857 con TelePASE, lo que marca diferencias según el recorrido y el punto de acceso.

Rutas a la Costa Atlántica: el mayor impacto en el bolsillo en las vacaciones

El golpe más fuerte para los turistas se siente en los corredores hacia la Costa Atlántica. En la Ruta 2, los peajes de Samborombón y Maipú alcanzan los $7.000 con pago manual y $6.964 con TelePASE. Valores similares se registran en La Huella, sobre la Ruta 11, uno de los accesos clave a la zona costera.

En tanto, sobre la Ruta 74, el peaje de General Madariaga se ubica en $3.000, mientras que Mar Chiquita asciende a $3.300. Con este esquema tarifario, el costo total en peajes para viajar en auto a destinos como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell ronda los $23.000, considerando ida y vuelta y sin contar combustible.

Un verano con costos en alza

El aumento de los peajes se suma a otros gastos que presionan el presupuesto de quienes eligen vacacionar en la Costa Atlántica. Combustibles, alquileres, gastronomía y servicios turísticos conforman un combo que obliga a muchos viajeros a recalcular sus planes.

Desde el Gobierno bonaerense sostienen que el esquema de actualización es necesario para garantizar la calidad de los corredores viales, mientras que los usuarios advierten que cada suba reduce el margen para viajar. En ese equilibrio entre infraestructura y bolsillo, el verano arranca con rutas más caras y un impacto directo en el turismo interno.