La nueva fórmula de indexación jubilatoria está en el ojo de la tormenta: llueven críticas desde la oposición por la pérdida del poder adquisitivo, incluso desde los sectores políticos que impulsaron la fórmula todavía vigente, que ha redundado en una sistemática pérdida en los últimos cuatro años.

Lo paradójico es que todos parecen de acuerdo con volver al sistema de ajuste por inflación -sí, también están de acuerdo los sectores que se habían opuesto tenazmente a esa propuesta en diciembre de 2017-, de manera que el principal tema de divergencia pasa por la compensación que se debe pagar por la inflación de enero pasado.

La acusación más dura apunta a que, con la fórmula que propone el gobierno, las jubilaciones quedarán cristalizadas en el actual nivel, uno de los más bajos en lo que va del siglo, sin que se dé una posibilidad de recuperación del poder adquisitivo.

Del otro lado, la argumentación es que, como se espera que la inflación vaya en descenso -y como las jubilaciones van reflejando la inflación de hace dos meses- entonces cada ajuste significará una recuperación en términos reales. En esos términos está ahora el debate, donde se mezclan cifras con argumentaciones de índole política.

Pero, ¿qué dicen los números? Que el monto que cobrarán los jubilados por el mes de marzo -es decir, todavía que la vieja fórmula en vigencia- será un 17% menos que lo que cobraron en diciembre.

Esto ocurre porque en los primeros tres meses de año se acumulará una inflación de 54% -asumiendo que el IPC de marzo dé una cifra parecida a la de febrero- mientras que las jubilaciones recibieron un aumento de 27%.

Con la nueva fórmula, los jubilados recuperarán en mayo el nivel real de los haberes que tenían en diciembre

Mayo, el punto de inflexión para las jubilaciones

Hablando en plata, la mínima que actualmente se ubica en $204.445 -una cifra que suma la básica de $134.445 más un bono de $70.000- pasará en abril a $260.000. Se llega a esa cifra al aplicarle un nuevo 27% de indexación, según la nueva fórmula. Suponiendo, claro, que el ajuste se aplique tanto a la jubilación base como al bono.

En el caso de que el bono fuera excluido y se mantuviera en su monto actual, entonces la jubilación se limitará a $241.200. En otras palabras, que en ese caso el aumento ya no sería del 27% sino de un 18%.

Es un punto que aún no ha sido aclarado del todo, pero a juzgar por el antecedente inmediato -el ajuste de marzo- todo apunta a que también se tomará en cuenta el bono al momento de aplicar la indexación.

En todo caso, lo importante es que, a partir de ahora, los jubilados empezarán a ver una recuperación. Cuando cobren los haberes de abril, ya habrán obtenido un aumento nominal de 62% en lo que va del año, contra una inflación que -si se cumple la expectativa oficial- será de un 68%. Esto implica que el monto de las jubilaciones seguirán por debajo de su nivel de diciembre, pero acortarán su distancia a un 9%.

Y, finalmente, según las proyecciones que hacen los economistas, se recuperará el nivel de diciembre cuando se paguen los haberes de mayo. Es decir, en los primeros días de junio. Para ese entonces, las jubilaciones acumularán una suba de 83% nominal, que va a equiparar la inflación transcurrida en el año -si es que, como proyecta el equipo económico, para ese entonces ya se registrará un IPC de un solo dígito-.

«Si en lugar de definir una compensación de 12,5% por enero, se hubiese aplicado el 20%, entonces la jubilación en mayo ya sería un 5% superior que en diciembre», observa el economista Jorge Colina, director de la Fundación Idesa.

«En términos fiscales, el gobierno hace un ahorro de 5% sobre el gasto previsional para aportar al superávit fiscal. Es el famoso 0,4% del PBI que desde el inicio el gobierno dijo que iba a lograr en el sistema previsional», agrega el experto.

Hasta dónde llega la recuperación

A partir de junio, si se cumpliera el objetivo de que haya un descenso escalonado de la inflación, lo que ocurrirá es que cada mes los jubilados recibirán un aumento mayor al de la inflación en curso -por el efecto del desfasaje, que hace que los aumentos tomen en cuenta el IPC de dos meses atrás-, lo cual permitirá un leve camino de recuperación.

De todas formas, los economistas advierten que será imposible que las jubilaciones recuperen todo lo que llevan perdido desde que se aplica la fórmula del ex ministro Martín Guzmán -la que ataba las jubilaciones a la variación de la recaudación de la Anses y el coeficiente salarial-.

En su reunión con Luis Caputo, la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, advirtió que el plan de ajuste fiscal no sería sostenible si se basaba en la licuación de jubilaciones

«Si uno toma la jubilación de diciembre de 2019, que es cuando Alberto Fernández cambia la fórmula, entonces el resultado es que los jubilados perdieron un 30% hasta mayo. Y desde ahí van a acompañar, pero esa pérdida respecto del 2019 se eterniza», advierte Colina.

La pregunta que se vienen planteando los economistas desde que Luis «Toto» Caputo publicó su primer resultado fiscal superavitario en enero, es hasta dónde sería sostenible un programa de ajuste cuyo pilar era la licuación inflacionaria de las jubilaciones.

La estrategia de Caputo, en la mira

En febrero se volvió a registrar un resultado fiscal positivo -algo que Caputo se apuró a anunciar, como forma de compensar la mala noticia del rechazo del DNU por parte del Senado-, pero nuevamente la gran variable de ajuste fueron las jubilaciones.

El gasto previsional, en comparación con el de un año atrás, llegó a un impactante 34% en la última medición. Y la preocupación alcanzó al propio Fondo Monetario Internacional, que en sus comunicaciones públicas ha destacado que se debe buscar otro lugar para el recorte, pero que no resulta políticamente sostenible ahondar la baja jubilatoria.

El tema había sido analizado en la reunión de la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, durante la visita al país, cuando se reunió con Caputo y con el presidente Javier Milei.

En realidad, este cambio de fórmula con ajustes mensuales y basado en el IPC ya había sido planteado por Caputo en enero, cuando se anunció la revisión del acuerdo «stand by» con el Fondo. Claro que en aquel momento, la idea era que fuera parte de la malograda ley Bases.

Ahora, en medio de la nueva negociación en el Congreso, también se había enviado un proyecto oficial que reflotaba aquella propuesta -con la mejora de una compensación parcial por la inflación de enero- pero la discusión se empantanó. Hay actualmente otros dos proyectos de la «oposición dialoguista» que están en curso.

Para el gobierno, aprobar este cambio de fórmula por decreto no es lo ideal, porque sabe que se trata de una decisión judicializable. Pero fue la solución realista para que el ajuste se pudiera aplicar sobre los haberes de abril y no sufriera una nueva postergación.