El Gobierno sigue adelante con su decisión de privatizar la mayor parte de la estructura del estado y, en esa línea, busca interesados para colocar a Tandanor, el astillero más emblemático del país, en manos del empresariado local. A tono con esto, el oficialismo viene sondeando a compañías del ámbito naval y grupos de inversores que podrían asumir el control de la firma. Entre otros, ya hubo contactos con asesores ligados al Grupo Neuss, de larga trayectoria en el real estate y el agronegocio, y la intención de La Libertad Avanza (LLA) es promover reuniones con otras corporaciones del segmento inmobiliario para exponer detalles del astillero. Mientras tanto, la Armada evalúa romper su vínculo contractual con Tandanor, lo cual implicaría un golpe fatal a las finanzas de la empresa controlada por el Gobierno.

Los acercamientos entre LLA y Grupo Neuss vienen impulsándose a través de la cartera de Defensa. En torno a las filas oficiales también se reconoce que el oficialismo entabló diálogo con fondos de inversión estadounidenses que también podrían desembarcar en el astillero.

Si bien Tandanor figura desde hace meses en la nómina de empresas a privatizar, lo cierto es que la firma no ha despertado mayor interés en el sector privado a raíz de su tamaño –más de 800 trabajadores, entre efectivos y tercerizados– y el escaso nivel de actividad que muestra el astillero.

Sin embargo, la empresa controla un terreno de algo más de 8 hectáreas que, situado en la zona de Puerto Madero, presenta una valoración cercana a los 800 millones de dólares. Precisamente, es la posesión de esa tierra el atributo sobre el que más pretende hacer énfasis LLA al momento de buscarle comprador a la empresa.

Tandanor podría perder sus contratos con la Armada

Mientras tanto, la situación económica de Tandanor se ubica al borde del precipicio tras conocerse que la Armada evalúa romper su relación contractual con el astillero por la falta de avance en las construcciones o reparaciones acordadas.

En ese sentido, de acuerdo a Zona Militar, las labores establecidas para convertir el perfil operativo de la corbeta MEKO 140 Parker no han dado muestras de avance alguno más allá de que rige un contrato firmado hace más de tres años.

«En segundo lugar, otro proyecto con la Armada Argentina es la construcción de una serie de doce remolcadores, cuyo cronograma original de fabricación no se está cumpliendo. Actualmente, el primero de ellos se encuentra en un 85% de finalización, mientras que el segundo presenta avances importantes, pero carece de fondos para continuar su construcción«, indicó la publicación.

A raíz de esa situación, la Armada ahora discute la posibilidad de migrar el desarrollo de los remolcadores a distintos astilleros privados.

«Otro proyecto que tampoco muestra avances es el diseño y la futura construcción de un buque polar para la Armada Argentina, con el objetivo de reemplazar al ARA Bahía Paraíso y complementar al rompehielos ARA Almirante Irízar. Sin embargo, los avances durante el último año han sido inexistentes», se añadió.

Hasta el momento, Tandanor solo lleva completadas las fases 1 y 2 de diseño del buque polar, pero la concreción de las etapas 3 y 4 se encuentra totalmente interrumpida por falta de pagos a los desarrolladores de los planos del proyecto. Un corte total en los contratos firmados con la Armada, se reconoce en el segmento naval, situaría al astillero al borde de dejar de funcionar por completo.

IMPSA, otra privatización que no muestra avances

La posibilidad de que la salida del Estado del paquete accionario de IMPSA, otra empresa a la que se le busca comprador, se convierta en la primera privatización del Gobierno podría quedar en la nada. Esto, si es que en los próximos días no se resuelven los graves problemas que podrían afectar el resultado de la operación.

Por un lado, la situación de los 800 trabajadores de la empresa mendocina, que solamente cobraron el 50% de sus salarios de noviembre y podrían no percibir el aguinaldo de diciembre.

Mediante un comunicado reciente, el directorio de la compañía fundada por la familia Pescarmona, anticipó al personal la decisión de liquidar nada más que la mitad de los ingresos salariales por falta de fondos, ya que el Estado Nacional no envió la partida presupuestaria correspondiente.

El escenario puede complicar las conversaciones con el único grupo –por ahora, de identidad reservada– que presentó una propuesta para adquirir las acciones en manos del sector público, y cuyos ejecutivos mostraron preocupación por este tema y la falta de resolución con respecto a la cancelación del millonario pasivo de IMPSA, que ronda los 500 millones de dólares.