ECONOMIA
Efecto paritarias: el salario privado volvió a ganarle a la inflación, tras ocho meses de caída

Justo en pleno debate sobre si hay o no una crisis del consumo privado, Luis Caputo recibió un dato estadístico que le cae como anillo al dedo: el salario privado registrado le ganó en abril a la inflación, algo que no ocurría desde agosto del 2025. Y esto abre la expectativa de que se abra un período de mejora en la demanda doméstica de bienes y servicios.
Si bien el ministro venía defendiendo, con otros indicadores, que el consumo estaba en recuperación -sin ir más lejos, tomó el PBI del primer trimestre, donde se registra una variación positiva de 2,7% interanual en el consumo privado-, lo cierto es que la medición que hace el Indec sobre la evolución salarial siempre dejaba un gusto amargo.
Ese problema se exacerbó, además, con la ola inflacionaria del verano, ocurrida por el impacto de la actualización de tarifas de servicios públicos, junto con un inesperado encarecimiento de la carne vacuna, que tiene una alta ponderación en la canasta del Indec.
Fue el momento de mayor caída del salario para la estadística oficial, pero ya en marzo se había dado una señal de que podría acercarse un punto de quiebre: en el segmento de los empleados públicos, hubo una mejora en términos reales.
La señal en salarios estatales
Ese mes, el salario estatal tuvo un empuje de 5% en el promedio nacional -se compone por un 5,8% de mejora para la administración central y de 4,7% para los empleados de gobiernos provinciales-.
Lo cierto es que, con esa mejora, los estatales recuperaron posiciones frente a los empleados privados -aunque ambos siguen de lejos a la inflación-.
¿Cómo se explica el hecho de que tras un extenso período en el que registraba mejoras de apenas 1% mensual, haya dado ese salto hasta el 5% de marzo? La respuesta está en la aplicación de mejoras retroactivas, que recién se cobraron en marzo, como consecuencia de las negociaciones con los gremios.
Si bien el inicio de año es una típica fecha de revisión salarial, lo cierto es que en los últimos años no se había producido tal variación en un único mes. El 5% fue el producto de la entrada en vigencia de nuevos convenios, que incluyeron además cláusulas de pagos que formalmente se imputaron a enero y febrero pero recién se hicieron efectivos en marzo.
El decreto de fines de marzo homologó el acuerdo por el cual se aplicó una escala de mejoras descendentes, arrancando con un 2,5% en enero hasta un 1,5% en mayo para los dependientes del gobierno nacional. Hubo también refuerzos con sumas fijas.
En cambio, el dato del Indec de abril marca una vuelta a la «normalidad»: los salarios públicos aumentaron 2,3%, tres décimas debajo del IPC del mes.
Punto de inflexión
Ahora, con los datos actualizados hasta abril, se notó la recuperación en el salario privado registrado. El 4% de aumento supera al 2,6% que había marcado el IPC, e incluso está por encima del pico inflacionario de 3,4% que se había observado en marzo.
Así como el mes anterior con el segmento de estatales, ahora fue en el ámbito privado donde se notó el impacto de las paritarias en los grandes gremios. Los acuerdos incluyeron también correcciones retroactivas por la pérdida causada por la inflación en meses previos, y eso fue lo que motivó que la variación de abril haya duplicado a la del mes previo.
El número promedio que marca el Índice Salarial es de 3,7%, y es el resultado de ponderar a las remuneraciones del sector privado formal, al estatal y al privado no registrado. Este último tuvo una variación del 4,7% y es el que acumula la mayor variación anual, con un 69,6% frente a una inflación acumulada de 32,4%. Sin embargo, los economistas suelen recomendar prudencia frente a este indicador, dada la dificultad que representa la recolección de datos en la economía informal, que por su propia naturaleza ofrece dificultades para ser censada.
En cuanto al sector registrado, tanto los privados como los estatales continúan debajo del nivel salarial de hace un año: una mejora nominal de 29,4% frente a la inflación del 32,4%. Eso implica, en términos reales, una pérdida de 2,2% en el poder adquisitivo de los asalariados.
Lo que viene para los sueldos
El gran interrogante es si la ruptura de esta saga de ocho meses de caída salarial se trata de un episodio aislado o si puede ser realmente un cambio de tendencia que abra un período de recuperación.
El argumento del gobierno es que, en un contexto de desinflación, con un IPC que se ubicará durante el resto del año por debajo del 2% mensual, el ingreso real seguirá recuperando terreno perdido y habrá una mejora en el consumo.
Argumenta, además, que la estabilidad cambiaria y la apertura comercial permitirá un mejor acceso a los bienes importados, algo que ya se está viendo en la fuerte demanda de indumentaria y artículos de electrónica a través de las plataformas de compra online.
En cambio, no está tan claro lo que puede ocurrir con el sensible rubro de alimentos. La canasta básica alimentaria, que es el indicador que marca la línea a partir de la cual se ingresa en la categoría de indigencia, dio una variación 2,4% en mayo. Es decir, estuvo por encima del IPC, que marcó 2,1%. Y, más allá de la cifra, es un pésimo dato porque más que duplica el del mes anterior y reafirma que la inflación de alimentos no se limitó a una situación puntual del verano, sigue siendo un problema estructural de la economía.
Hablando en plata, se necesita $681.246 para que una familia tipo, de dos adultos y dos niños en edad escolar, puedan mantener una dieta sana para reponer nutrientes a diario. Según el último censo de pobreza del Indec, un 4,8% de la población sigue debajo de la línea de indigencia.
La visión del gobierno es que lo ocurrido ese mes en el IPC fue accidental, porque hubo una influencia estacional de la suba de tarifas de servicios públicos, junto con una suba de alimentos que también estuvo motivada por una situación estacional en las verdulerías y los productos lácteos.
Pero los relevamientos de consultoras privadas marcan también indicios de normalización en el rubro de alimentos. Con la mitad de junio ya relevada, la consultora Analytica pronostica que el IPC del mes será de 1,9%.
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ECONOMIA
Milei está a un paso de reformar el BCRA: la ley ya tiene fecha de votación en Diputados

Tras varios meses de demora, el oficialismo apunta a convertir el proyecto en ley la semana próxima. Qué cambia y por qué es clave para Milei
Puntos importantes
Milei impulsa la reforma del BCRA para prohibir su emisión al Tesoro.
Diputados aprobará la ley pronto, aceptando la modificación del Senado.
El objetivo es preservar la moneda y dar señal a mercados.
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ECONOMIA
El Gobierno habilitó nuevas licitaciones para concesionar más de 25 tramos de rutas nacionales

El Gobierno nacional dispuso la ampliación de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos tramos de rutas nacionales mediante contratos de peaje.
Por medio de la publicación del Decreto N° 1358/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se habilitó la incorporación de caminos que hoy están bajo administración estatal al régimen de concesión previsto en la Ley N° 17.520. Así, un total de 27 tramos podrían ser susceptibles de ser licitados.
En la provincia de Buenos Aires quedaron alcanzadas las rutas nacionales 3 —en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz—, 22 —junto con La Pampa—, 33, 35 —que también atraviesa La Pampa y Córdoba—, 228 y el acceso A0017. La ruta 9, por su parte, integró el listado en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
También se incorporaron las rutas nacionales 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, que une Corrientes y Misiones; y la 16, en los sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.

En la Patagonia, se incluyó a las rutas nacionales 25 y 26, ambas en Chubut, además de la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país aparecen las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
Por último, también se sumaron las rutas 81 y 86, en Formosa; las 120, 121 y 122, en Corrientes; y las 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá integrar total o parcialmente futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no formen parte de concesiones ya vigentes.
Esta aclaración aplicaría para las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya figuran en etapas previas y que volvieron a ser incluidas en la nueva ampliación.
Por otro lado, se estableció que el Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, podrá conformar los nuevos tramos con la totalidad o parte de las rutas incluidas en un anexo del decreto. Para hacerlo, deberá contar previamente con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
De esta manera, la cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. El decreto fijó un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para realizar los llamados a concurso.
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Los futuros concesionarios podrán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También estarán habilitados para desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales, además del cobro de peajes.
Aunque Economía llevará adelante las licitaciones y otorgará las concesiones, la DNV será la autoridad de aplicación de los nuevos contratos. En este sentido, el organismo deberá supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que asuman las empresas adjudicatarias.
El Gobierno justificó la medida con el argumento de que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento en la red vial, mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y reducir costos logísticos. En línea con esto, remarcaron que objetivo oficial de limitar el uso de recursos del Estado y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La decisión se integró al programa Red Federal de Concesiones, lanzado para reemplazar la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública por peaje. El plan se apoya en los cambios introducidos por la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró a Corredores Viales S.A. sujeta a privatización.
Según los antecedentes citados en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas instancias abarcaron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.
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ECONOMIA
¿Hay cada vez más autos importados en Argentina?: cuál es el verdadero peso de los vehículos que llegan del extranjero


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