La Justicia dio un paso adelante para identificar la red de intermediarios que se movían alrededor de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, y lograban acceder de manera exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina, más conocido como SIRA. El fiscal Franco Picardi identificó a “Pato”, una de las personas que aparece en los chats del financista. De acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, se trata de Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario de la zona de Nordelta a quien Migueles habría conocido a través de una expareja. Tras la identificación, el fiscal pidió analizar todas sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Sospecha que puede ser un nexo con exfuncionarios.

Migueles tenía agendado a Marre como “Pato Juli” en alusión al nombre de la inmobiliaria donde trabaja, propiedad de su mujer. “Cuando empiezan a salir las grandes arreglamos un porcentaje porque vos obviamente te movés para conseguir el cliente, yo me muevo para laburar con la mina esta, y Pato obviamente nos hizo el vínculo”, dice Migueles en un audio enviado en marzo de 2023 a otro de sus contactos. En esa misma conversación, discuten sobre el reparto de las comisiones.

A través de los mensajes de Migueles, el fiscal logró reconstruir una reunión que habría tenido lugar el 18 de enero de 2023 en un reconocida parrilla de Nordelta. En ese encuentro estuvieron “Pato” y Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, otro de los intermediarios. “Los diálogos posteriores al encuentro permiten inferir no sólo que la reunión efectivamente se concretó, sino también que habría resultado altamente positiva para los intervinientes”, sostuvo Picardi al pedir nuevas medidas de prueba.

Entre esas medidas, el fiscal pidió los registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes SMS, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, tanto de “Pato” como de Caputto. “La información solicitada resulta idónea para el avance de la investigación, en tanto permitiría corroborar vínculos, secuencias temporales y patrones de interacción relevantes para la reconstrucción de los hechos pesquisados”, argumentó Picardi.

Los investigadores siguen tratando de identificar a “la vieja del Central” y a “la señora”, otros dos intermediarios que conseguían dólares baratos o facilitaban el sistema de las importaciones. Fuentes que conocen la trama apuntan a una exfuncionaria del Central que se jubiló y ya no trabaja en la entidad. Otros apuntan a la contadora Valeria Fernández, que integraba el Registro de Auditores Externos del BCRA y tenía llegada a todos los financistas.

Picardi pretende escalar en la cadena de responsabilidades. Por eso, insistió en las últimas horas para que la Aduana identifique a los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante todo 2023. Puntualmente, el fiscal quiere saber sobre los funcionarios que intervinieron en los procesos de autorización a NEMES S H de Fuentes N y Mazza, TEFASA y Fizika SRL. Los nombres de esas tres empresas también surgen de los chats de Migueles.

Dólar blue y rulo

El otro tramo de la causa tiene que ver con el “rulo financiero”, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Ahí se apunta a la posible connivencia entre los “cueveros” y los funcionarios del Banco Central. Hasta ahora hay solo cinco funcionarios imputados y allanados. Todos de segunda línea.

Para avanzar, Picardi le pidió al Banco Central que identifique a todos los funcionarios de jerarquía que tenían injerencia en el control de las casas de cambio, entre 2020 y 2023. Y que se detalle “los circuitos internos de autorización, validación, control y reporte existentes en relación con el acceso al mercado oficial de cambios”.

El fiscal también solicitó una copia de los sumarios en trámite contra las casas de cambio investigadas y un informe “pormenorizado” sobre los pesos que se utilizaban para fondear las cuentas de esas agencias. “Deberá establecerse la identificación de las personas humanas y jurídicas que inyectaron los pesos con los que se inició el circuito de adquisición. Asimismo, se deberá establecer la trazabilidad de las divisas adquiridas en el marco de las operaciones descriptas en los sumarios de las entidades mencionadas durante el año 2023″, reclamó mediante un oficio.

El Banco Central tiene en marcha al menos cuatro sumarios que investigan operaciones de aquella época. Uno de esos casos es el de Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles. Entre enero y diciembre de 2023, esa agencia compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.

Piccirillo es un actor central en la causa. De hecho, todo comenzó por unos audios que grabó el financista y terminó aportando el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, que amagó varias veces con ampliar su declaración como arrepentido. Picardi pidió en su momento la detención de Piccirillo en el country “El Yacht” de Nordelta. El financista se escapó del lugar, a la vista de los efectivos de la Prefectura. Los investigadores sospechan que en esa maniobra descartó su teléfono celular.

El fiscal volvió sobre esa línea de investigación. Acaba de pedirle a la Asociación Vecinal Nordelta un listado de todas las personas que ingresaron a la casa de Piccirillo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Coincide, en parte, con el período que compartió junto a Jesica Cirio en esa propiedad. Picardi también quiere la información sobre los movimientos en la casa que ocupaba Martín Migueles dentro de ese barrio. En ese lugar se dio una reunión clave entre Piccirillo y Smith la noche posterior a la emboscada que terminó con la detención de Francisco Hauque. El expolicía reveló que esa madrugada, Cirio tuvo “una crisis de nervios”.

¿El RIGI o el Súper RIGI, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, están cocinando a fuego lento otro régimen de Tierra del Fuego que le quitará recursos a los argentinos, según plantean las voces más preocupadas por esos esquemas? ¿O, al contrario, están produciendo un giro copernicano de la matriz productiva que pondrá a la Argentina y a los argentinos en el mapa global de la riqueza futura, según sostienen los libertarios? La Argentina de Milei recién empieza, pero ya hay un sistema métrico que busca entender el impacto a largo plazo que se podría estar generando desde este inicio.

Hay una discusión más delicada y sutil, ya en marcha: la que pone el foco en el metro patrón del mediano-largo plazo. La cuestión hacia adelante es cuánto dura el impacto de las políticas mileístas que se lanzan hoy y cuáles son sus efectos colaterales en un eventual futuro sin Milei. En ese sistema métrico de externalidades, hay una duda clave: ¿las consecuencias de las políticas desregulatorias y reformistas del Gobierno libertario serán más positivas que negativas, o lo contrario?

Hay otra manera de plantear ese dilema: ¿hay riesgo de que la nave insignia de políticas libertarias esté construyendo una jaula futura que frene el crecimiento y la prosperidad de los argentinos? ¿La economía quedará otra vez atrapada en un sistema de concesiones de privilegios que será difícil de desmontar bajo el riesgo de que la Argentina quede, nuevamente, presa de la acusación de inestabilidad jurídica? Son preguntas que no tienen respuesta en el presente: ni siquiera un eventual triunfo electoral de Milei en la elección presidencial de 2027 es evidencia suficiente como para sostener que sus políticas de largo plazo funcionarán de forma virtuosa para el crecimiento económico. El año que viene, son los indicadores coyunturales los que van a condicionar las emociones de los votantes. Para conocer el aporte, el éxito o el fracaso, de la matriz libertaria de política pública pro crecimiento no queda otra que esperar el paso del tiempo, cuando quizás ya sea tarde.

RIGI, ¿otra Tierra del Fuego?

Esa discusión de largo plazo se da en relación a varias decisiones políticas de Milei y su gabinete y va in crescendo. Un ejemplo claro es el debate en torno al diseño del RIGI y del Súper RIGI, los incentivos y los plazos otorgados para las inversiones en sectores elegidos de la economía y sus efectos de largo plazo. El cuestionamiento de las voces más críticas se sintetiza en dos cuestiones. Por un lado, ¿hay un capitalismo de amigos mileísta que favorece a jugadores con nombre y apellido? ¿El capitalismo mileísta es un capitalismo de amigos de nuevo cuño? Un capitalismo de amigos tecnomagnates, en algunos casos: la coincidencia entre el proyecto del Super RIGI y la presencia de Peter Thiel en la Argentina despierta suspicacias en los más críticos. Por el otro lado, la advertencia es sobre un capitalismo de sectores amigos, como minerales y oil & gas, o como los del mundo de la IA y la infraestructura digital. Es decir, la elección discrecional de sectores productivos beneficiados.

Las voces más razonables están interesadas en una política productiva que aliente a sectores estratégicos, pero advierten sobre una exageración de esas exenciones: el plazo de tres décadas para el goce de una serie de beneficios impositivos, cambiarios y exportadores. Es decir, dar demasiado por mucho tiempo, sin condiciones, y con poca certeza sobre el retorno en el largo plazo.

Desde el oficialismo, la mirada es opuesta. Los economistas del Gobierno ven un horizonte asegurado de prosperidad que derrama de esos sectores privilegiados hacia otros a partir del lanzamiento de esos dos regímenes. ¿Se desoyen a sí mismos? El viceministro de Economía, José Luis Daza, tiene un tuit fijado en su cuenta de X desde antes de ingresar al Gobierno, y no lo ha cambiado. Dice así: “Los economistas son realmente, pero realmente, realmente malos para hacer pronósticos. 8…) No hay fuerzas darwinianas que se encarguen de eliminarlos. Yo soy economista”, reconoce finalmente, con ironía.

Otra política libertaria atravesada por la pregunta sobre sus consecuencias futuras tiene que ver con las universidades públicas y el sistema científico argentino: la falta de precisión y la sobre simplificación de la visión oficialista llega a límites preocupantes. Desde el ministerio de Capital Humano se insiste con que las ingenierías son las carreras consideradas estratégicas por su aplicabilidad directa al mundo de los negocios.

En cambio, a algunas de las carreras de ciencia básica de la Facultad de Ciencias Exactas, se las consideran irrelevantes a partir de definiciones elaboradas a la ligera. En relación a física, se la reduce a “poesía”, según una fuente del Gobierno: una especie de lujo intelectual que podría dejarse de lado. En relación a ciencias de la computación, el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, es incapaz de mencionar con precisión a la carrera de ciencias de la computación, una de las más populosas de esa facultad. En TN la semana pasada, la llamó “informática” y luego, “ciencias de la información”, lo que revela una confusión importante sobre la naturaleza de la disciplina y un desconocimiento inquietante sobre su aporte clave en la economía del conocimiento, justo cuando el Gobierno alienta una matriz productiva como la del Super RIGI, basada en las posibilidades del universo de la IA y sus derivados.

Ímpetu desregulador, ¿otra cara de la “fatal arrogancia”?

Hay una paradoja libertaria impensada. Por un lado, la gestión mileísta ataca con contundencia la centralización planificada de la economía en manos de burócratas con información incompleta. El secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, lo sintetizó bien el año pasado: la mejor política productiva es la no-política productiva porque el Estado no tiene las capacidades para hacer buena política productiva.

Esa visión mileísta es un derivado directo de las lecturas teóricas de Milei, específicamente, de Friedrich Hayek. Milei retoma con frecuencia la idea de “la fatal arrogancia”, el concepto que titula el libro de Hayek y que lleva como subtítulo “Los errores del socialismo”. La fatal arrogancia es la que comete un Gobierno o un grupo de burócratas “socialistas” que se atribuye la potestad de diseñar centralizadamente la política económica. Esa pretensión está condenada a la ineficiencia porque la información económica clave está dispersa en un número indeterminado de individuos, y para nada concentrada en un grupo de funcionarios.

Paradójicamente, el Estado mileísta de la mano, sobre todo, del ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, o del ministerio de Economía de Luis Caputo, además del de Capital Humano de Sandra Pettovello y la subsecretaría universitaria, podría estar cometiendo una “fatal arrogancia” en sentido opuesto: avanza con desregulaciones y reformas estructurales y generalizadas decididas por funcionarios de turno con información tan incompleta como la que manejan los “socialistas” centralizadores y con espíritu tan centralizador como el que cuestionan en la política “comunista” en el sentido de que el Estado que se atribuye el conocimiento pleno del tipo de desregulaciones e incentivos necesarios las áreas donde realizarlos, los actores a afectar, las consecuencias futuras generadas.

La amplitud, la verticalidad y la velocidad de las reformas y regulaciones que salen desde el Gobierno generan dudas sobre la precisión y la calidad del análisis de los efectos colaterales de cada decisión. Ayer, la gestión libertaria aplaudió el nuevo tipo de recibos de sueldos que deberán entregar los empleadores a partir de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. El objetivo es dotarlo de mayor transparencia a los ojos del empleado, una medida razonable, aunque no para todos los impactados por la decisión. Desde el mundo pyme, empezaron a alertar sobre el costo y los obstáculos que implicaría un sistema de liquidación como ése para el pequeño empresariado, clave para el empleo, que opera en condiciones de relativa precariedad.

Hay otro punto que acentúa los riesgos del envión desregulador y reformista al estilo mileísta. En un clima político donde escasea el intercambio de visiones complementarias, y también contrapuestas, y la consulta con expertos con miradas distintas, la elaboración masiva de desregulaciones y reformas puede estar generando un stock de externalidades negativas en el largo plazo, invisibles en el presente.

El mismo oficialismo es poco riguroso en la letra de sus reformas. En febrero, en pleno trámite legislativo por la reforma laboral, Sturzenegger dijo la frase de la polémica: “Si te lesionás jugando al fútbol, el empleador no tiene porqué abonar tus días de ausencia”. Fue en el caso del artículo 44 y las licencias por enfermedad o accidente. El episodio dejó expuesta la falta de rigor oficialista y de coordinación en un punto tan sensible de la reforma. El artículo 44 finalmente fue eliminado.

La cámara de eco del oficialismo es un problema para elaborar reformas que se presenten como la mejor versión basada en evidencia y libre de sesgos ideológicos empobrecedores. El disciplinamiento que impone la figura de Milei, incluso entre sus ministros más destacados, no suma para alcanzar las políticas más racionales. Milei mismo reconoció que el levantamiento de las LEFI fue una decisión propia, resistida por su ministro Caputo. Y Sturzenegger, en otro tema, dio muestras de ese clima de obediencia. “El Presidente cree en la honestidad de Adorni, y si el Presidente cree en la honestidad de Adorni, yo también creo en la honestidad, y creo en la honestidad de Manuel”, dijo en Radio Mitre.

Los climas de época son riesgosos cuando se trata de reformas que afectarán el largo plazo de manera difícil de prever. Ese clima empeora cuando las hegemonías parlamentarias, no importa si ejercidas por una minoría audaz como la mileísta, arrastra votos positivos sin debatir el futuro con un ángulo de mirada más amplio. El problema es ése: sólo el futuro mostrará si hay más beneficios que costos. Puede suceder lo contrario.