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El Gobierno prepara el envío al Senado de otros 46 pliegos de jueces, fiscales y defensores: todos los nombres

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El Gobierno terminó de definir una nueva tanda de 46 pliegos judiciales que serán enviados en los próximos días al Senado para su tratamiento y eventual aprobación, en el marco de la estrategia oficial para acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal. La nómina incluye candidatos para cámaras federales, tribunales orales, juzgados nacionales, fiscalías y defensorías oficiales en distintos puntos del país.

La decisión forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y se suma al envío realizado a fines de marzo, cuando el Poder Ejecutivo remitió al Senado otros 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en distintos fueros judiciales y en los ministerios públicos.

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Con esta nueva etapa, el Gobierno supera los 100 nombramientos promovidos en apenas pocas semanas y busca mostrar una política activa en un área que desde hace años acumula críticas por la cantidad de cargos vacantes, subrogancias y demoras en los procesos de designación.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.(foto Maximiliano Luna)

Uno de los nombres incluidos en la nueva tanda es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Actualmente se desempeña al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales, y mantiene una trayectoria vinculada al fuero federal. En los tribunales también es identificado por su cercanía profesional con el juez federal Ariel Lijo, con quien trabajó durante años.

La cobertura de vacantes se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda judicial del oficialismo. En distintos despachos del sistema judicial reconocen que el volumen de cargos sin cubrir impacta directamente en el funcionamiento de juzgados y tribunales, incrementa la sobrecarga de trabajo y demora resoluciones en fueros sensibles, tanto en Comodoro Py como en tribunales federales del interior del país.

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En paralelo con la preparación de los nuevos pliegos, el Gobierno recibió en los últimos días un fuerte respaldo institucional de sectores representativos de jueces, fiscales y defensores, que salieron públicamente a apoyar el avance de los procesos de cobertura de vacantes.

Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que difundió un comunicado institucional tras una reunión de su conducción con el ministro de Justicia y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

La Comisión de Acuerdos del Senado tiene a su cargo el tratamiento de los pliegos antes de su debate en el recinto

Allí, la entidad sostuvo que viene reclamando “desde hace años” la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes y afirmó que la persistencia de ese problema “afecta directamente la adecuada prestación del servicio de justicia”. En ese contexto, la AMFJN expresó su “reconocimiento” al Ministerio de Justicia por el mecanismo puesto en marcha para avanzar “progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal”.

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La reunión fue encabezada por el presidente de la Asociación, Andrés Basso, y contó con la participación de representantes de los distintos estamentos judiciales y de los ministerios públicos. Según el comunicado, durante el encuentro se abordaron distintas propuestas orientadas a “fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

El respaldo no quedó limitado a la conducción formal de la Asociación. También la Lista Bordó —uno de los espacios internos con representación dentro de la AMFJN— emitió un documento en el que reconoció “el impulso dado al envío al Senado de una importante cantidad de pliegos para la cobertura de vacantes”.

En ese texto, el espacio destacó especialmente “la labor desarrollada por el ministro de Justicia y por el secretario de Justicia” para avanzar en un proceso destinado a revertir “un déficit estructural que desde hace años afecta el adecuado funcionamiento del servicio de justicia”.

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Además, la Lista Bordó incluyó un reconocimiento explícito al trabajo realizado por el Consejo de la Magistratura en la elevación de ternas al Poder Ejecutivo y sostuvo que el Senado tiene ahora la “valiosa responsabilidad institucional” de brindar un “tratamiento ágil y oportuno” a los pliegos remitidos.

Otro de los respaldos institucionales llegó desde Compromiso Judicial, agrupación que también valoró “positivamente las medidas orientadas a agilizar los procesos de cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”.

El espacio destacó “el reciente impulso dado desde el Ministerio de Justicia” mediante el envío de pliegos al Senado y también la continuidad y aceleración de concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

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En el documento, Compromiso Judicial afirmó que la cobertura de vacantes constituye “una condición indispensable para fortalecer el servicio de justicia, reducir demoras y garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía”, y manifestó su acompañamiento a “toda iniciativa institucional” destinada a completar los procesos de selección y designación pendientes.

En el oficialismo consideran que esos apoyos reflejan un cambio de clima dentro de distintos sectores judiciales respecto de la necesidad de avanzar en una normalización institucional de tribunales y fiscalías. También sostienen que la acumulación de concursos demorados y cargos vacantes se convirtió en uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial argentino.

La nueva tanda de pliegos incluye cargos estratégicos en cámaras federales de apelaciones, tribunales orales federales, juzgados nacionales en lo criminal, comercial, civil y laboral, además de fiscalías federales y defensorías oficiales.

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Entre los cargos más sensibles aparecen postulaciones para tribunales federales de Rosario, Salta, Mar del Plata, Resistencia, San Justo y Tucumán, además de nominaciones para juzgados federales en Lomas de Zamora y San Juan.

También sobresalen las designaciones propuestas para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, uno de los fueros que mantiene mayor nivel de conflictividad institucional desde el avance de distintas reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Fuentes judiciales señalaron que el objetivo oficial es acelerar la cobertura de vacantes que llevan años abiertas y evitar que continúe creciendo el esquema de subrogancias y cargos temporarios que actualmente domina buena parte de la estructura judicial nacional y federal.

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El listado completo de los 46 nombres que el Gobierno prepara para enviar al Senado es el siguiente:

1- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal: Evangelina María Lasala

2- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal: José Ignacio Polizza

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3- Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora: Juan Tomás Rodríguez Ponte

4- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A: Florentino Malaponte

5- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C: Javier Jorge Cosentino

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6- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I: Santiago French

7- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo: Andrés Guillermo Fraga

8- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44: Sergio Alejandro Echegaray

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9- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58: Maximiliano Callizo

10- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: Santiago José Martín

11- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30: Federico Alfredo Battilana

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12- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 19: Santiago Villagrán

13- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 110: José María Abram Luján

14- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 69: Karina Gabriela Rapkinas

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15- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10: Julio César Di Giorgio

16- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9: Juan Carlos Riccardini

17- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18: Paula Vanesa Romeo

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18- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9: Mariano Adolfo Klumpp

19- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: Pablo Roberto Toledo

20- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: Ángel Roger Luna Roldán

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21- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 109: Pilar Fernández Escarguel

22- Jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5: María Gabriela Janeiro

23- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K: Juan Manuel Cabral

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24- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42: Diego Andrés Villanueva

25- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54: Ramiro Ariel Mariño

26- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27: Miguel Ángel Asturias

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27- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19: Albertina Antonia Carón

28- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V: Diego Fernando Manauta

29- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II: Diego Javier Tula

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30- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III: Claudio Fabián Loguarro

31- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia: Sebastián Pedro Ruíz

32- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca: Ana María Busleiman

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33- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas: Ruth María Ponce de León

34- Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28: Pedro Manuel Crespo

35- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: María Virginia Ise

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36- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI: Marina Edith Pisacco

37- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X: María Claudia Jueguen

38- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII: Rosalía Romero

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39- Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres: Hugo Daniel Froy

40- Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes: Juan Marcelo Burella Acevedo

41- Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: Patricio Nicolás Sabadini

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42- Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza: Fernando Gabriel Alcaraz

43- Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7: Amanda Espino

44- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII: Víctor Arturo Pesino

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45- Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan: Leopoldo Jorge Rago Gallo

46- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Capital Federal: Miguel Ángel Asturias

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Caso Kueider: el Procurador recomendó a la Corte rechazar que la investigación se concentre en la Justicia Federal

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El procurador Eduardo Casal emitió un dictamen donde le sugiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechace el pedido del Juzgado Federal de San Isidro de quedarse en exclusiva con la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider.

La jueza Sandra Arroyo Salgado había presentado un pedido de inhibitoria contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. El titular es Ives Bastián. Allí también se lleva adelante una pesquisa contra el exsenador. El reclamo de la magistrada era que la justicia entrerriana frene y remita todo lo actuado a su despacho. Pero Bastián lo rechazó. La Cámara provincial lo avaló.

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La puja llegó a la Corte. Allí deberá definirse si la investigación tramitará en uno u otro juzgado. Frente a esta disyuntiva, Casal propuso una salida sinuosa.

En primer lugar, consideró que el delito por el que se investiga a Kueider en ambos estrados es el mismo: enriquecimiento ilícito. Pero evaluó que en San Isidro y en Concordia el zoom está en épocas distintas. El Juzgado Federal centró su investigación a partir de abril de 2019. La Justicia entrerriana recortó un lapso que va de 1999 a 2019, período en el cual Kueider fue funcionario municipal de Concordia y luego del Gobierno provincial.

Por eso entendió que no debía concentrarse en San Isidro la causa. La solución de Casal es que cada Juzgado siga avanzando. Pero cargó en la Justicia entrerriana la responsabilidad de vigilar que no se viole el principio «ne bis in idem», que resguarda a las personas para no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho.

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Casal emitió el dictamen el 28 de mayo. El expediente, ahora, pasará a los ministros de la Corte. Pero como la opinión del Procurador no es vinculante, podrán tomar ese camino u otro distinto.

Lo que está en juego es más que una cuestión de jurisdicción. Mientras que Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez mostraron hiperactividad en la pesquisa, Bastián y el fiscal entrerriano José Arias tienen el legajo casi paralizado. Fue el Juzgado Federal el que solicitó la extradición de Kueider al Paraguay. Y el que envió a juicio a la banda que actuaba con él.

“Planteo prematuro”

En el dictamen de seis fojas, Casal realizó una reconstrucción de las posiciones de Arroyo Salgado y Bastián.

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Luego, fue dejando sus conclusiones que remataron en la sugerencia de negar que San Isidro concentre la investigación.

“Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”, razonó. “En el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales”, agregó. Por lo tanto “no parece aconsejable, en esta etapa inicial del proceso, cercenar el alcance de la investigación que la justicia provincial está llevando a cabo“, razonó.

Casal estimó “comprensible” la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento. En la argumentación de la magistrada, esto podría ocurrir si continúan las dos investigaciones judiciales paralelas.

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La investigación a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito se desarrolla en paralelo en San Isidro y Concordia, con enfoques sobre distintos períodos

El Procurador evaluó en el marco teórico de Arroyo Salgado “el enriquecimiento ilícito es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”.

La magistrada sostiene la hipótesis de que el crecimiento del patrimonio de Kueider podría estar relacionado con el pago de coimas por parte de Securitas. Las autoridades de la firma de seguridad multinacional denunciaron esa práctica en su filial argentina. Una de las empresas comprometidas en la maniobra es la estatal eléctrica entrerriana Enersa. El exsenador, mientras fue Secretario General de la Gobernación, representó a las acciones del Gobierno en la firma.

Los referentes de Securitas en Entre Ríos vivían en el mismo edificio de lujo donde Kueider tenía departamentos y cocheras. Los inmuebles estaban a nombre de Betail SA. Arroyo Salgado considera a la firma como una mascarada para tapar el incremento injustificado de bienes.

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El titular de la Procuración estimó que no es un planteo prematuro de inhibitoria “el remedio adecuado” a un posible doble juzgamiento.

Efecto boomerang

A renglón seguido, estimó que la tramitación del conflicto de competencia “ha cumplido, a su manera, como una fehaciente puesta en conocimiento” del Juzgado de Bastián “de lo que es materia de juzgamiento en el fuero federal”.

“Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio «ne bis in idem»”, sostuvo.

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Sobre este punto, acotó: “A medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, (Bastián deberá) juzgar si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”, los tres puntales sobre los que se basa el doble juzgamiento.

Asimismo, consideró que esto se da “sin mengua de la facultad que asiste a las partes interesadas de ejercer las vías procesales que estimen pertinentes para hacer valer su derecho”.

Las defensas de los imputados en la causa entienden que este punto abre las puertas a que puedan plantear que el caso se subsuma en el Juzgado de Entre Ríos. Es que, hasta el momento, Arroyo Salgado pidió la inhibitoria de Bastián, pero no ocurrió lo inverso. Entienden que la recomendación de Casal se circunscribió a negar el pedido de la jueza federal porque nadie solicitó que toda la investigación pase al Juzgado de Garantías de Concordia.

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Reforma política: ante la falta de acuerdo, el Gobierno no descarta negociar unas PASO optativas

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El Gobierno se fijó como una de sus prioridades para este mes la aprobación en el Congreso de la reforma política, pero ante la falta de acuerdo con el resto de los bloques, incluidos los aliados, abrió la posibilidad de negociar que las primarias, en lugar de eliminarse por completo, sean optativas y solo para aquellos frentes que tengan que dirimir sus internas.

La discusión comenzó semanas atrás, cuando la mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para fijar la hoja de ruta legislativa de cara a junio y se remarcó la necesidad de impulsar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que empiece el Mundial de Fútbol, ya que se prevé que la actividad parlamentaria será menos intensa durante ese periodo.

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De esos encuentros participaron, como es habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En aquellas oportunidades, la hermana del mandatario nacional remarcó la importancia de que se eliminen definitivamente las PASO, al argumentar que son un gasto innecesario por parte del Estado y no tienen buena imagen en la sociedad.

Patricia Bullrich lleva adelante las primeras negociaciones por este proyecto, que ingresó por el Senado (Jaime Olivos)

El Poder Ejecutivo ya dio esta dicusión a finales del 2024, pero con una minoría mucho más marcada en el recinto, durante las sesiones extraordinarias del año pasado solamente pudo conseguir que se suspendieran por única vez.

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Ahora, la cúpula libertaria estaba decidida a ir a fondo para derogarlas, a pesar que desde el inicio la senadora Bullrich advirtió que no contaban con los votos necesarios como para eso, y que insistir podía hacer peligrar todo el texto.

Incluso los espacios más cercanos al oficialismo, como el PRO y una parte del radicalismo, insisten con que las primarias son un instrumento necesario para que la ciudadanía pueda participar de la selección de candidatos.

El primero de estos partidos, de hecho, impulsa una idea que fue elaborada tiempo atrás por María Eugenia Vidal y que es quitar la obligatoriedad en esta instancia, por lo que pasaría a ser optativo el voto.

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“Es mucho más grande el debate que tenemos acá, no tiene que ver solamente con las PASO. Nosotros queremos revisar el sistema de financiamiento, el tiempo de propaganda en los medios de comunicacion, queremos llevar adelante una discusión profunda del tema”, advirtió un referente de la fuerza política fundada por Mauricio Macri.

Todavía no hay fecha para la votación de la reforma política

Ante esta situación, si bien todavía se mantiene la idea original de intentar ir por la eliminación total de las primarias, como siempre se planteó, ya no hay una postura completamente rígida sobre este asunto.

“Siempre hay lugar para discutir”, aclaró uno de los integrantes de la mesa política ante la consulta de Infobae respecto de si se podía conversar la opción de convertir a estos comicios en optativos, como piden los otros bloques.

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De todas formas, hay sectores del oficialismo que continúan criticando esa alternativa, al entender que no soluciona el problema del gasto que conlleva el proceso, sino que solamente lo reduciría, en el mejor de los casos.

Además, este grupo señala que, si se establece que solamente compitan aquellos frentes que tengan internas, esto podría perudicar a la democracia, ya que el votante de un espacio podría involucrarse en los conflictos de su adversario para beneficiar al candidato que más le convenga enfrentar.

Por lo pronto, Bullrich se concentra en la sesión que tendrá esta semana, en la que buscará la media sanción para el pago de la deuda a los holdouts y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, así como también -posiblemente- tratar los pliegos judiciales.

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Santilli lleva adelante las negociaciones con los gobernadores (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El jueves pasado, la senadora se reunió en el Congreso con Santilli para preparar este debate y analizar los caminos para el resto de los temas que están en agenda, fundamentalmente la reforma política.

En paralelo, “El Colo” empezó a recibir a gobernadores en su despacho para conversar sobre las reformas en carpeta y, además, tiene previsto retomar los viajes a las provincias en los próximos días.

“Diego está trabajando dentro del Gobierno junto con Martín Menem y Patricia Bullrich en distintos temas vinculados a la reforma electoral, que hoy pasó a ser una de las principales prioridades del Gobierno, con el objetivo de intentar sancionarla durante junio”, indicaron en el entorno del ministro.

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En este sentido, remarcan que “la idea es seguir con un raid de recorridas y reuniones, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, para continuar construyendo consensos alrededor de esta iniciativa”.

“El objetivo es seguir sumando apoyos y avanzar en las negociaciones necesarias para lograr la aprobación de la reforma”, resumen cerca del funcionario.

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SIRA: identifican a otro de los intermediarios e investigan visitas en Nordelta a Piccirillo y Migueles

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La Justicia dio un paso adelante para identificar la red de intermediarios que se movían alrededor de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, y lograban acceder de manera exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina, más conocido como SIRA. El fiscal Franco Picardi identificó a “Pato”, una de las personas que aparece en los chats del financista. De acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, se trata de Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario de la zona de Nordelta a quien Migueles habría conocido a través de una expareja. Tras la identificación, el fiscal pidió analizar todas sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Sospecha que puede ser un nexo con exfuncionarios.

Migueles tenía agendado a Marre como “Pato Juli” en alusión al nombre de la inmobiliaria donde trabaja, propiedad de su mujer. “Cuando empiezan a salir las grandes arreglamos un porcentaje porque vos obviamente te movés para conseguir el cliente, yo me muevo para laburar con la mina esta, y Pato obviamente nos hizo el vínculo”, dice Migueles en un audio enviado en marzo de 2023 a otro de sus contactos. En esa misma conversación, discuten sobre el reparto de las comisiones.

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A través de los mensajes de Migueles, el fiscal logró reconstruir una reunión que habría tenido lugar el 18 de enero de 2023 en un reconocida parrilla de Nordelta. En ese encuentro estuvieron “Pato” y Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, otro de los intermediarios. “Los diálogos posteriores al encuentro permiten inferir no sólo que la reunión efectivamente se concretó, sino también que habría resultado altamente positiva para los intervinientes”, sostuvo Picardi al pedir nuevas medidas de prueba.

Entre esas medidas, el fiscal pidió los registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes SMS, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, tanto de “Pato” como de Caputto. “La información solicitada resulta idónea para el avance de la investigación, en tanto permitiría corroborar vínculos, secuencias temporales y patrones de interacción relevantes para la reconstrucción de los hechos pesquisados”, argumentó Picardi.

Héctor Ezequiel “El Pipo” Caputto, investigado en la causa del dólar blue

Los investigadores siguen tratando de identificar a “la vieja del Central” y a “la señora”, otros dos intermediarios que conseguían dólares baratos o facilitaban el sistema de las importaciones. Fuentes que conocen la trama apuntan a una exfuncionaria del Central que se jubiló y ya no trabaja en la entidad. Otros apuntan a la contadora Valeria Fernández, que integraba el Registro de Auditores Externos del BCRA y tenía llegada a todos los financistas.

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Picardi pretende escalar en la cadena de responsabilidades. Por eso, insistió en las últimas horas para que la Aduana identifique a los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante todo 2023. Puntualmente, el fiscal quiere saber sobre los funcionarios que intervinieron en los procesos de autorización a NEMES S H de Fuentes N y Mazza, TEFASA y Fizika SRL. Los nombres de esas tres empresas también surgen de los chats de Migueles.

Martín Migueles, con Wanda Nara

Dólar blue y rulo

El otro tramo de la causa tiene que ver con el “rulo financiero”, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Ahí se apunta a la posible connivencia entre los “cueveros” y los funcionarios del Banco Central. Hasta ahora hay solo cinco funcionarios imputados y allanados. Todos de segunda línea.

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Para avanzar, Picardi le pidió al Banco Central que identifique a todos los funcionarios de jerarquía que tenían injerencia en el control de las casas de cambio, entre 2020 y 2023. Y que se detalle “los circuitos internos de autorización, validación, control y reporte existentes en relación con el acceso al mercado oficial de cambios”.

El fiscal también solicitó una copia de los sumarios en trámite contra las casas de cambio investigadas y un informe “pormenorizado” sobre los pesos que se utilizaban para fondear las cuentas de esas agencias. “Deberá establecerse la identificación de las personas humanas y jurídicas que inyectaron los pesos con los que se inició el circuito de adquisición. Asimismo, se deberá establecer la trazabilidad de las divisas adquiridas en el marco de las operaciones descriptas en los sumarios de las entidades mencionadas durante el año 2023″, reclamó mediante un oficio.

El Banco Central tiene en marcha al menos cuatro sumarios que investigan operaciones de aquella época. Uno de esos casos es el de Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles. Entre enero y diciembre de 2023, esa agencia compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

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La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.

Piccirillo es un actor central en la causa. De hecho, todo comenzó por unos audios que grabó el financista y terminó aportando el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, que amagó varias veces con ampliar su declaración como arrepentido. Picardi pidió en su momento la detención de Piccirillo en el country “El Yacht” de Nordelta. El financista se escapó del lugar, a la vista de los efectivos de la Prefectura. Los investigadores sospechan que en esa maniobra descartó su teléfono celular.

El fiscal volvió sobre esa línea de investigación. Acaba de pedirle a la Asociación Vecinal Nordelta un listado de todas las personas que ingresaron a la casa de Piccirillo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Coincide, en parte, con el período que compartió junto a Jesica Cirio en esa propiedad. Picardi también quiere la información sobre los movimientos en la casa que ocupaba Martín Migueles dentro de ese barrio. En ese lugar se dio una reunión clave entre Piccirillo y Smith la noche posterior a la emboscada que terminó con la detención de Francisco Hauque. El expolicía reveló que esa madrugada, Cirio tuvo “una crisis de nervios”.

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