El paisaje urbano de la City porteña, del área metropolitana y de los principales centros del interior del país está cambiando de forma irreversible. Las persianas bajas y los carteles de «disponible» en locales que supieron albergar imponentes sucursales bancarias ya no son una postal de la crisis de un banco en particular, sino el síntoma de un cambio de paradigma estructural.

La pregunta que desvela al sector financiero y al mundo laboral ya no es si el modelo tradicional va a cambiar, sino qué tan drástico —y costoso— será el ajuste. ¿Estamos ante el fin definitivo de las sucursales bancarias? La respuesta corta es que no asistimos a su desaparición, sino a una mutación forzada y acelerada, donde el costo de la transición se mide en metros cuadrados y puestos de trabajo.

La radiografía del ajuste: el repliegue del ladrillo

Los datos duros consolidan una tendencia que ya no es una proyección técnica, sino una realidad palpable en los balances. El sistema financiero argentino consolidó una caída neta cercana al 11% de sus sucursales físicas en los últimos cinco años, lo que se traduce en el cierre de más de 500 filiales en todo el territorio nacional.

El repliegue del sistema financiero sumó un goteo constante año tras año: tras cerrar el 2020 con 4.618 sucursales, la red física inició un recorte sostenido con la pérdida de 96 filiales en 2021, un pico de 112 cierres netos tanto en 2022 como en 2023, y una continuidad del plan de ajuste que eliminó otras 103 dependencias en 2024 y 85 más durante el último año, consolidando la pérdida de 508 puntos de atención en todo el período. De esta manera, a fines de 2025 el sistema contaba con 4.110 sucursales.

Este escenario responde a un doble vector: la búsqueda agresiva de eficiencia operativa frente a costos fijos crecientes y el avance imbatible de las fintech y billeteras virtuales, que absorben transaccionalidad sin el costo hundido de la estructura física. Sin embargo, el comportamiento hacia el interior del sistema muestra estrategias dispares:

• El ala agresiva: entidades líderes del sector privado, en especial extranjero, lideraron el proceso con una reducción de su red física cercana al 25%. El argumento corporativo es la redirección de recursos hacia inversiones millonarias en infraestructura digital e Inteligencia Artificial.
• La transición moderada: grandes jugadores de capital nacional e internacional optaron por esquemas de adecuación más graduales, redefiniendo su capilaridad territorial mediante fusiones estratégicas y reestructuraciones de locales para evitar la duplicación de estructuras tras sus últimas adquisiciones.

La voz de las cámaras empresariales: la defensa técnica del nuevo modelo

Desde las cámaras empresarias que nuclean a las entidades financieras —la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a los de capital extranjero, y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), de capitales nacionales— defienden la transformación argumentando que la sucursal como centro de operaciones masivas (pagar un servicio o retirar sumas menores de efectivo) quedó obsoleta.

En los despachos empresariales rechazan el término «ajuste ciego» y prefieren hablar de «reconversión de perfiles». Desde ADEBA e institutos técnicos del sector argumentan que sostener estructuras sobredimensionadas atenta contra la propia competitividad del crédito en Argentina. Sostienen que, para bajar el costo del dinero y ofrecer tasas más competitivas a las pymes, es indispensable reducir el «costo argentino» de la intermediación, fuertemente afectado por los gastos de mantenimiento físico y las tasas municipales sobre los inmuebles.

Asimismo, las cámaras insisten en que las sucursales remanentes no desaparecen, sino que se transforman en centros de asesoramiento. Los cajeros humanos están siendo reemplazados por puestos de ejecutivos comerciales abocados a operaciones complejas (créditos hipotecarios, comercio exterior o inversiones de empresas) que el cliente prefiere no resolver de manera 100% digital.

La postura del gremio bancario: despidos encubiertos y conflicto directo

En la otra vereda, la Asociación Bancaria plantó bandera. Para el sindicato, los argumentos de eficiencia y reconversión de las cámaras son eufemismos corporativos que esconden un «plan de ajuste, achicamiento y precarización laboral».

El achicamiento de las estructuras se tradujo en un desgranamiento constante de las planillas del sector: tras registrar 104.200 empleados en el año de la pandemia, la dotación total inició una caída sostenida con la pérdida de 1.250 puestos en 2021, unos 1.150 empleos menos tanto en 2022 como en 2023, y una continuidad del ajuste que eliminó 1.050 posiciones en 2024 y otras 850 durante el último año, consolidando la desaparición de 5.450 puestos bajo convenio en apenas cinco años.

La postura del gremio se endureció de forma notable tras la última ola de cierres. El conflicto gira hoy en torno a tres ejes de denuncia activa:

1. «Retiros voluntarios» bajo presión: el sindicato denuncia que los programas de desvinculación no son opcionales. Sostienen que las patronales ejercen un hostigamiento e inusitada presión sobre el personal, colocándolos ante la disyuntiva de aceptar el retiro o enfrentar el desempleo ante el cierre inminente de la filial. «Rechazamos el ajuste que pretenden imponer los bancos. Defenderemos hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo», lanzaron a través de un duro comunicado del secretariado nacional.

2. Presión política: el conflicto escaló también a la banca pública. La Bancaria denunció que los cierres de sucursales dispuestos por el Banco Nación entre otros, en distritos como La Pampa o La Matanza no obedecieron a razones de eficiencia, sino a un «instrumento de represalia política» de la administración central frente a las tasas municipales locales.

3. La brecha digital y la exclusión: el gremio se apoya en el rol social de la banca. Argumentan que el cierre de una sucursal en el interior profundo condena a la exclusión financiera a jubilados, sectores informales y pymes que dependen de la asistencia presencial.

La paradoja del empleo y el escenario que viene

El conflicto promete profundizarse y sumar nuevos capítulos de paros parciales y judicialización. Informes de consultoras especializadas, como D’Alessio IROL, advierten que si bien la sucursal física dejó de ser un canal transaccional masivo, sigue siendo un punto crítico de soporte para operaciones complejas.

Mientras tanto, el mercado laboral financiero exhibe una marcada paradoja: mientras la banca tradicional destruye empleo bajo el histórico y robusto convenio bancario, el ecosistema fintech y las plataformas de pago muestran tasas de crecimiento positivas. El empleo financiero no desaparece, pero se muda de convenio, de regulador y, fundamentalmente, deja de operar detrás de una ventanilla de cristal.

El superávit comercial argentino podría alcanzar u$s20.000 millones este año, según proyectó el economista Ricardo Arriazu, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, durante el cierre del Tax & Legal Leadership Summit 2026. El encuentro, organizado por KPMG Argentina, reunió a más de 150 ejecutivos y especialistas del sector corporativo.

Arriazu reveló que los indicadores actuales superan con creces sus estimaciones iniciales. Sus proyecciones previas contemplaban un superávit de u$s13.500 millones.

Pero el comportamiento reciente de la balanza comercial en los últimos 12 meses lo obligó a recalcular sus modelos hacia un escenario mucho más optimista.

El economista situó el superávit comercial en torno a los u$s20.000 millones. También proyectó un saldo positivo en la cuenta corriente.

En base a estos números, estimó un crecimiento base del 3,5% para este año. Aclaró que la variación final dependerá del comportamiento de los argentinos respecto a la compra de dólares.

Arriazu enfatizó que la clave del éxito radica en lograr una mejora genuina de la economía real. Auguró un horizonte de fuerte expansión para el mediano plazo.

Proyectó que hacia el año 2030 las exportaciones ligadas exclusivamente al sector energético superarán los u$s30.000 millones.

La advertencia histórica que matizó el optimismo

Tras asegurar que los planetas se alinearon para ofrecerle al país una oportunidad fabulosa, Arriazu matizó su optimismo con una advertencia histórica.

Argentina ya ha desperdiciado ventanas de oportunidad similares en el pasado, recordó el economista. Manifestó su deseo de que esta vez la tendencia logre revertirse.

La viabilidad de este proceso expansivo estuvo en el centro del debate de los especialistas. Coincidieron en la urgencia de avanzar hacia una reforma tributaria profunda.

Los funcionarios del Ministerio de Economía expusieron los lineamientos sobre los que trabaja el Gobierno. Buscan reducir la presión impositiva, eliminar distorsiones y garantizar previsibilidad.

Qué busca la reforma tributaria que impulsa el Gobierno

La Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, Claudia Balestrini, remarcó que el objetivo central es diseñar un sistema tributario que no interfiera en las decisiones de inversión ni condicione la rentabilidad de los negocios por razones fiscales.

La funcionaria ponderó la drástica baja que ya se implementó en los derechos de exportación e importación. Anticipó que la reforma de fondo buscará revertir inequidades en lugar de otorgar dispensas particulares.

El plan oficial contempla disminuir la presión impositiva y suprimir de forma gradual los tributos más distorsivos. Se mantiene siempre el compromiso con el equilibrio fiscal y el cuidado de los recursos públicos.

El Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, abordó la necesidad de otorgar seguridad jurídica a través de la inserción internacional.

El funcionario destacó la aprobación parlamentaria de convenios para evitar la doble imposición. Adelantó que se gestionan acuerdos similares con otros países.

Los convenios ya aprobados y en gestión incluyen:

• China (aprobado)
• Turquía (aprobado)
• Austria (aprobado)
• Estados Unidos (en gestión)
• India (en gestión)
• Uruguay (en gestión)
• República Checa (en gestión)

Imirizaldu valoró la ratificación legislativa del Instrumento Multilateral (MLI). Esta herramienta estandariza los tratados vigentes bajo parámetros internacionales de transparencia.

El MLI previene abusos y ofrece un marco de previsibilidad clave para los flujos de inversión.

El impuesto provincial que amenaza el éxito de la reforma

A pesar de los consensos sobre el rumbo deseado, los expertos del sector privado advirtieron sobre complejos desafíos estructurales que aún persisten.

Fernando Quiroga Lafargue, socio de Tax & Legal de KPMG Argentina, aportó datos de la última encuesta anual de la firma. La medición se realizó a referentes impositivos de grandes y medianas empresas.

El impuesto a los Ingresos Brutos se consolida como el principal factor de encarecimiento en los precios de bienes y servicios.

El especialista reveló que la incidencia de este gravamen saltó del 54% registrado el año pasado a más del 60% en la medición actual.

Quiroga Lafargue concluyó que cualquier intento de reforma fiscal enfocada en la productividad y el desarrollo estará destinado al fracaso si no se aborda de manera decidida la readecuación de este impuesto provincial y la mitigación de la fuerte superposición de los regímenes de recaudación locales.

Compañía Mega dio un paso concreto en su estrategia de expansión. La firma, controlada en conjunto por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%), puso en marcha en Bahía Blanca una nueva instalación para el fraccionamiento de líquidos del gas natural que demandó una inversión de USD 260 millones y que le permitirá procesar volúmenes crecientes de producción proveniente de Vaca Muerta. El acto contó con la presencia del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y del intendente bahiense Federico Susbielles, entre otros representantes del sector energético.

La obra forma parte de un programa de inversiones más amplio que la compañía lleva adelante entre 2023 y 2028, con un presupuesto total de 650 millones de dólares. La primera fase ya está concluida. La segunda, por USD 360 millones, fue presentada en abril bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está en marcha.

Mega opera desde 2001 como eslabón central del segmento de transporte y procesamiento de hidrocarburos en la Argentina. Su infraestructura conecta la Cuenca Neuquina con el puerto de Bahía Blanca a través de un poliducto de 600 kilómetros, y la compañía procesa actualmente cerca del 40% del gas natural que se produce en esa cuenca. Es también el principal exportador argentino de GLP y gasolina natural, y el mayor abastecedor de etano para la industria petroquímica local.

Con el nuevo tren de fraccionamiento en funcionamiento, la producción de líquidos del gas natural (NGLs) podrá crecer hasta un 50%. El incremento responde a la mayor disponibilidad de esos líquidos asociados que trae consigo la expansión de la actividad en Vaca Muerta, y a la necesidad de contar con infraestructura capaz de procesarlos sin cuellos de botella.

El CEO de la compañía, Tomás Córdoba, explicó el significado de la inversión en términos de posicionamiento estratégico: “Refleja la confianza de nuestros accionistas en las oportunidades concretas que ofrece la Argentina en materia energética. Y, sobre todo, nos permite estructurar el próximo ciclo de crecimiento de la compañía, acompañando la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia para seguir dando valor a la producción energética del país y continuar exportando energía a diferentes mercados internacionales”.

Mientras el nuevo tren entra en operación, la compañía ya trabaja en la siguiente fase del plan. El proyecto presentado bajo el RIGI contempla obras en cuatro provincias —Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires— e incluye la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo, junto con ampliaciones y mejoras en la infraestructura existente.

El objetivo es sumar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de NGLs y llevar la producción total de la empresa a un nivel un 27% superior al actual. De ese volumen incremental, se estima que cerca del 80% tendrá como destino los mercados externos, principalmente en forma de propano, butano y gasolina natural. El 20% restante abastecerá el mercado interno, sobre todo a través del suministro de etano al sector petroquímico.

Horacio Marín subrayó la dimensión del proyecto en el acto de inauguración: “Con la segunda etapa de ampliación de Mega, un proyecto que fue presentado en el RIGI, vamos a poder procesar entre 40 y 42 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta. Ampliar Mega es darle valor agregado al gas natural”.

La ciudad bonaerense es el punto de llegada del poliducto y la sede del fraccionamiento y despacho de productos. Para el intendente Susbielles, la inversión tiene un efecto que va más allá de la planta: “Genera empleo, dinamiza la economía regional y posiciona a la ciudad como un nodo clave para la exportación de energía argentina”, señaló durante el acto.

La puesta en marcha del nuevo tren cierra la primera etapa del plan de inversión y deja a Mega en condiciones de encarar la siguiente con mayor infraestructura, en un momento en que la producción de Vaca Muerta sigue creciendo.