En una entrevista en Infobae al Regreso, Ricardo Buryaile valoró la decisión oficial de reducir las retenciones para trigo, cebada y soja a partir de un cronograma fijo, anunciado por el ministro de Economía en conferencia de prensa.

Durante su paso, Buryaile ponderó el anuncio: “Me parece correcto. Lo que tenemos que hacer es dividir en dos: lo inmediato para trigo y cebada, y lo proyectado para la soja en los próximos años”.

La confirmación de un cronograma “más certero” para la baja de retenciones, según Buryaile, permite que los productores puedan tomar decisiones de siembra con mayor información.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desde junio las retenciones para trigo y cebada tendrán una reducción de dos puntos porcentuales, medida que llega “justo a tiempo” para la toma de decisiones de siembra.

Buryaile contextualizó: “El productor triguero venía perdiendo 50 dólares por hectárea. Con este anuncio pierde 35. Ya la Bolsa de Comercio de Rosario estima una caída de alrededor de 250 mil hectáreas en la superficie sembrada”.

La suba de insumos sigue siendo una preocupación central para el sector. “No es indiferente a la producción agropecuaria lo que pasó con los combustibles, que subieron más del 40%. Los fertilizantes también aumentaron muchísimo”, detalló el exministro.

Según su visión, la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Buryaile fue enfático al describir el dilema: “La decisión del productor cuando saca los números es: ‘¿Le pongo menos tecnología al trigo?’ Vas a tener o reducís el área de siembra o aplicás menos tecnología. Eso te baja la calidad y los rindes”.

El gobierno estableció un cronograma fijo para la baja de retenciones a la soja, que será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027 y medio punto porcentual mensual a partir de 2028.

El impacto fiscal mayor, de 1.224 millones, se trasladará al próximo mandato presidencial. Sobre este punto, Buryaile valoró la previsibilidad: “Ahora está fijo, es otra cosa. Cuando el presidente decía que dependía de la recaudación, había incertidumbre sobre cómo iban a operar los mercados a futuro”.

El exministro insistió en la necesidad de transformar el esquema en legislación: “Sería mucho mejor que sea por ley. Todos los gobiernos usan el artículo 755 del código aduanero para fijar estos aranceles, pero funcionan como derecho de exportación. Es un impuesto y debería darlo el Congreso”.

Recordó la experiencia de años anteriores: “En 2022, cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, incluyó los derechos de exportación en la ley de presupuesto y nosotros rechazamos la suba. Eso es lo que hay que hacer: darle previsibilidad de futuro”.

Pese al alivio que implica la baja de retenciones, Buryaile subrayó que “la suba de los costos y la inestabilidad climática siguen generando pérdidas para los productores”. Explicó que la rentabilidad depende también del tipo de cambio: “No es lo mismo tener una retención sobre un tipo de cambio de mil cuatrocientos que de mil seiscientos. El tipo de cambio real, después de restar el derecho de exportación, incide directamente en los ingresos”.

La incertidumbre climática añade un factor de riesgo: “Cuando producís a cielo abierto enfrentás los avatares del clima. Este año fue extraordinario, tuvimos una gran cosecha, pero si viene un Super Niño puede complicar todo. Tenés que ganar plata para cuando te vaya mal, y si perdés dos años seguidos, te desanimás”.

En cuanto a la estructura productiva, Buryaile aclaró: “No todo es soja o trigo. Muchas veces se habla del campo como un todo y hay cultivos o actividades, como la ganadería, que atraviesan realidades distintas. Hoy la ganadería pasa un mejor momento que la agricultura”.

El exministro concluyó que “hay un punto que hay que empezar a animarse a terminar con estos impuestos distorsivos”, aunque reconoció que “llevar las retenciones a cero es difícil porque implican entre 8 y 10 mil millones de dólares menos para el Estado”.

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Durante el último año, los créditos otorgados a familias registraron un fuerte incremento en los niveles de morosidad. Según datos oficiales, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% doce meses después, un valor que no se observaba desde hace más de veinte años. El segmento de préstamos personales concentra el mayor nivel de incumplimiento en quince años.

Según el Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de créditos en situación irregular para el sector privado alcanzó el 7%, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a febrero y 5 puntos más que un año atrás (2%). En el caso del financiamiento a hogares, la morosidad casi se triplicó en comparación interanual (+8,3 p.p) y subió 0,3 puntos respecto al mes anterior.

Hacia adentro de la irregularidad de hogares, el 14,2% de los créditos personales mostró algún grado de mora, lo que representa un alza de 0,4 puntos porcentuales en comparación con febrero. Los préstamos hipotecarios mostraron una morosidad del 1,4% y no exhibieron variaciones respecto a la medición previa. En el caso de los créditos prendarios, el nivel de incumplimiento llegó a 6,9%, con una suba de 0,1 puntos. La tasa de incumplimiento en tarjetas de crédito se ubicó en 11,7%, incrementándose 0,1 puntos en relación con el mes anterior.

Por su parte, el coeficiente de mora del crédito a las empresas experimentó un aumento de 0,2 puntos porcentuales en el tercer mes del año hasta 3,1% (+2,2 p.p. interanual), dinámica generalizada entre los principales sectores económicos.

Ayer, en un evento de IA, varios CEO de bancos locales habían destacado que la morosidad había encontrado un freno y que empezó, como mínimo, a amesetarse. Es muy probable que los ejecutivos se refirieran a datos posteriores, de abril e incluso lo que va de mayo, a los oficiales que presentó hoy el BCRA (marzo), aunque se observó una desaceleración de la suba de la irregularidad en el análisis particular de las líneas que componen el financiamiento a hogares.

Desde la perspectiva de los economistas de la consultora LCG, el aumento de la morosidad en los préstamos destinados a familias está vinculado a la combinación de tasas de interés activas altas y la falta de mejora en los salarios. Además, se advierte que la tasa de interés real supera el nivel de inflación, lo que impide que las deudas pierdan valor con el tiempo.

La restricción en el acceso al crédito impactó tanto en la vida diaria de los hogares como en la actividad bancaria. Esto contribuyó a que muchas familias enfrentaran obstáculos para refinanciar sus deudas y a que los bancos demorasen en la gestión de clientes con atrasos. La contracción crediticia comenzó incluso antes de que se registrara la volatilidad de tasas asociada a las elecciones legislativas del año pasado.

“Las tasas activas tan altas (y, en consecuencia, la lentitud que tiene el crédito en pesos para recuperarse) puede tener varias explicaciones, pero nos quedamos con dos: (i) dada la morosidad, los prestamistas se cubren prestando solamente a tasas elevadas, y (ii) pese a que las tasas cortas están notablemente estables desde hace dos meses y medio, al no haberse modificado el régimen monetario de ‘tasa endógena’, sigue siendo difícil prever cómo evolucionarán las tasas en el futuro”, explicó un informe de la consultora 1816 sobre la ralentización del crédito en pesos y el crecimiento de la mora bancaria.

El deterioro en el cumplimiento de obligaciones también afecta a las billeteras virtuales y a las entidades financieras no bancarias, donde algunas estimaciones ubican la morosidad por encima del 30%. Esta dinámica evidencia la presión sobre quienes recurren a microcréditos para afrontar gastos cotidianos fuera del sistema bancario tradicional.

En efecto, el crédito gestionado por fintech alcanza a 8,1 millones de personas en Argentina y muestra un nivel de morosidad del 30,5% sobre el total de su cartera. No obstante, hacia fines de 2025 se observó una estabilización en la irregularidad, según un informe elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto con el ITBA.

“Si bien la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el total del sistema, indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre”, señaló la quinta edición del Informe de Crédito Fintech, que diferencia entre dos indicadores de morosidad. La “mora operativa” en el segmento fintech (categorías 2 a 4, es decir, atrasos de entre 30 y 360 días) subió junto al promedio del sistema hasta alcanzar 22,7% y prácticamente no varió desde noviembre de 2025, “lo que marcaría una estabilización del fenómeno”. Por su parte, la mora total, que incluye a los préstamos considerados “incobrables” (categoría 5), llegó al 30,5% en febrero y sigue creciendo debido a deudas acumuladas previamente.

Según las fintech, los “roll rates”—indicadores tempranos de deterioro que anticipan el paso de una situación regular a un primer atraso—marcaron su punto más alto entre octubre y noviembre de 2025 y desde entonces exhiben una desaceleración, tanto en fintech como en bancos y otros actores del mercado.

Pese a estos niveles elevados, el riesgo sistémico se mantiene bajo. Aunque la morosidad en las billeteras digitales supera la de los bancos, el impacto en el conjunto del sistema es limitado: el crédito fintech representa el 8% del volumen total de préstamos en mora, frente al 74,1% de los bancos y el 17,9% de otros proveedores. La participación de las fintech en el crédito total equivale al 3,3%, el doble que hace dos años.

El sindicato cuestionó 250 recategorizaciones, advirtiendo que «se premia el amiguismo» . Estiman que la jerarquización significa sueldos de unos 6.000.000

22/05/2026 – 09:54hs

La decisión del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, de anunciar 246 recategorizaciones al alza en el escalafón del organismo, desató la reacción de la Unión del Personal Superior (UpsAfip) que afirmó: «La arbitrariedad no es política de recursos humanos», advirtiendo que se trata de «un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, asignando subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando el convenio colectivo de trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito».

Señalan que en la lista de ascensos en la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana figuran Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del jefe aduanero, José Velis. Al respecto, el gremio señaló: «No cuestionamos la valía personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a día sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses».

Se estima que, con las recategorizaciones, los beneficiarios tendrán ingresos que pueden superar los $6 millones mensuales, entre sueldo básico y adicionales por jerarquización. Voceros gremiales señalaron que «tampoco nos oponemos a una mejora salarial, pero sí advertimos que esto se da en un marco de ajuste constante en el ARCA, donde pasamos más de un año sin recibir una suba en nuestros haberes».

Cruce entre las autoridades de ARCA y el sindicato

Desde ARCA no respondieron a los planteos de la UpsAfip, explicando que se trata de una organización que «no tiene personería gremial, por lo tanto, no está avalado jurídicamente». Una fuente sindical respondió con ironía: «Las autoridades de la Agencia estarían desconociendo la Ley de Modernización Laboral, que nos da derecho a sentarnos en la mesa paritaria» y reveló que Vázquez fue afiliado a la UpsAfip y continuaría en la misma situación.

Pero esta no es la única designación polémica del director de la ARCA, quien en enero promovió a su esposa, María Eugenia Fanelli, como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI. Esto no es todo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió el mes pasado la indagatoria de Vázquez por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a u$s2 millones.

El secretario General del sindicato, Julio Estévez (h), expresó que «es la propia superioridad (el Ministerio de Economía, en el presupuesto de ARCA 2026) la que reconoce por escrito que el Fisco Nacional padece un ‘ecosistema tecnológico obsoleto’ y una ‘gestión de talento limitada’ con serios problemas para retener personal calificado».

Subrayó que «ante este diagnóstico lapidario, la respuesta de Vázquez es profundizar la grieta interna con designaciones a dedo. Señor director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100 por ciento de la planta».

«Usan la Agencia como la caja de un barrabrava»

Estévez remarcó que «no se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares».

El dirigente insistió: «No se despedaza a la mejor organización del Estado -orgullo en foros internacionales- permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí» y destacó que «no se pretende que los verdaderos hacedores de la recaudación se comporten como mendigos a la espera de un próximo revoleo de grupos.»

Sostuvo que «mientras se firman estas subas injustificadas, sigue pendiente la exigencia de este gremio para el reencasillamiento de todos los funcionarios de determinaciones de oficio y de penal, así como de aquellos que cumplen funciones de investigación y fiscalización bajo el principio de igual tarea, igual remuneración«, y cerró advirtiendo que «las administraciones salientes solían cometer estas arbitrariedades al retirarse; si esta no es su despedida, no puede admitirse como política de gestión».