A la espera del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 93 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. El saldo favorable responde a acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos estatales. Este viernes, la entidad sumó USD 139 millones y el total anual rozó los 9.000 millones de dólares.

En la tarde del jueves, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina por USD 20.000 millones y, de esta manera, habilitó el giro de los fondos frescos, que impactarán en los próximos días en las arcas de la autoridad monetaria. Desde el Central confirmaron a Infobae que los dólares todavía no ingresaron.

A partir de la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA alcanzó adquisiciones por 8.990 millones de dólares. Abril se destacó como el mes de mayor volumen, con USD 2.769 millones, mientras solo el 2 de enero no se registraron compras.

Recientemente, la compra de divisas mostró una aceleración, después de un inicio de mayo con montos diarios menores a los 100 millones de dólares. En la última semana, la autoridad monetaria sumó USD 909 millones, elevando el acumulado de mayo a 1.835 millones de dólares.

El BCRA ya alcanzó el 89,9% de la meta anual de compras. La demanda de dólares del Tesoro para cancelar obligaciones financieras limitó el aumento neto de reservas durante el primer trimestre. Para mantener el ritmo de acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, apuntando a estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Las estimaciones oficiales proyectan que el saldo neto de compras para 2026 oscilará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, estos factores serán críticos para el balance anual.

Se prevé que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un caudal significativo de dólares a las reservas. A esto se sumarían las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales, que podrían aportar más de USD 3.200 millones y fortalecer la capacidad de intervención oficial.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía, todavía no ingresaron los principales flujos vinculados a la cosecha agrícola, lo que anticipa una mayor oferta de dólares y amplía las posibilidades de intervención del Central en el corto plazo.

Al cierre de esta jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 46.803 millones, con un incremento diario de 52 millones de dólares. La cifra quedó cerca del récord de la gestión Milei, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. Se espera que una vez que ingresen los fondos del FMI, se supere esa meta.

Ante el desafiante calendario de pagos de deuda previsto para 2027, el gobierno encabezado por Javier Milei mantiene conversaciones con bancos internacionales para consolidar los tres préstamos repo en una única operación, lo que permitiría extender los plazos de vencimiento, según Bloomberg.

“El gobierno del presidente Javier Milei mantiene conversaciones con bancos para fusionar los tres repos negociados desde 2025 en uno solo por al menos USD 5.000 millones, con vencimiento en 2028 o después de las elecciones presidenciales”, remarcó la agencia de noticias.

En enero de 2026, el Banco Central había concretado un repo por USD 3.000 millones con seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa anual del 7,4 por ciento. Esta operación se realizó ante un vencimiento inminente de deuda con acreedores privados por 4.300 millones de dólares.

Este acuerdo fue el tercero bajo la conducción de Bausili en el BCRA. Los dos repos previos se firmaron en 2025: el primero, en enero, por USD 1.000 millones y una tasa del 8,8%, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones y una tasa del 8,25%. Ambos tuvieron un plazo de dos años.

En este tipo de operaciones, el solicitante entrega bonos u otros instrumentos de deuda a una entidad internacional como garantía a cambio de obtener fondos. El compromiso consiste en recomprar esos activos luego de un plazo acordado, abonando una suma mayor a la recibida al inicio. Esa diferencia corresponde al interés del financiamiento.

El campo celebró la baja de retenciones anunciada por el Gobierno, pero pidió obras e infraestructura para reducir costos y mejorar la competitividad

22/05/2026 – 10:44hs

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió este viernes a la decisión del Gobierno de reducir los derechos de exportación para el trigo y la cebada, además de delinear un esquema de baja progresiva para la soja en los próximos años.

Si bien el dirigente destacó el rumbo de la medida, admitió que no formaba parte de las previsiones del sector. En ese marco, remarcó: «Apuntamos a que las retenciones sean cero. Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible».

El esquema de reducción anunciado por el Ejecutivo

El plan oficial establece una disminución de las retenciones al trigo y la cebada, que pasarán de 7,5% a 5,5% desde junio. En paralelo, se prevé una reducción escalonada para la soja a partir de enero de 2027, con ajustes mensuales de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales, sujetos al desempeño fiscal.

En ese contexto, el presidente Javier Milei ratificó la orientación de la política tributaria al afirmar: «Vamos a seguir bajando retenciones».

Impacto productivo y advertencias del sector

Para Pino, la baja en las alícuotas podría generar un efecto positivo sobre la producción y la economía en general. «Genera más producción y virtud para todo el país», sostuvo.

Sin embargo, el titular de la SRA advirtió que la reducción impositiva no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del sector agropecuario. En esa línea, reclamó avances en infraestructura y logística.

«Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino».

Relación con el Gobierno y clima en el campo

El dirigente también se refirió al vínculo entre el sector agropecuario y la administración nacional, y descartó que existan comportamientos especulativos generalizados en el sector.

«No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad».

Récord histórico en la última campaña agrícola

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundió los resultados de la campaña agrícola 2025/2026, que marcó un máximo histórico de producción.

Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, la producción total de los seis principales cultivos alcanzó 163,2 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 21,25% respecto del ciclo anterior.

El desglose fue el siguiente:

• Soja: 49,9 millones de toneladas
• Maíz: 70 millones de toneladas, su mayor nivel en dos décadas
• Girasol: 7,4 millones de toneladas, récord histórico
• Trigo: 27,9 millones de toneladas, también récord histórico
• Cebada: 5,6 millones de toneladas

Perspectivas positivas para la próxima campaña

En declaraciones a A24, Nicolás Pino anticipó además un escenario favorable para la producción: aseguró que el sector se encamina hacia «una muy buena cosecha», en línea con las proyecciones optimistas del agro para el próximo ciclo.

El 14 de mayo se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 1139 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), vigente desde el día siguiente.

Apenas se conoció la norma, parte del mercado bursátil comenzó a ofrecer servicios de gestión financiera para empresas —cobranzas y pagos a proveedores— con un mensaje explícito: “evitar el impuesto al cheque”. La reacción no solo fue inmediata; también abrió un debate tan sensible como controvertido.

El origen de ese “producto” radica en que la CNV eliminó una restricción de la normativa anterior: las ALyC no podían efectuar más de dos pagos diarios a sus clientes mediante cheques.

Además, la resolución estableció expresamente que, cuando los cobros o pagos con clientes se realicen mediante cheques electrónicos (eCheq), no habrá límites en la cantidad de endosos, siempre que se garantice la trazabilidad tanto en la recepción como en la entrega de los fondos.

A partir de esa lectura, algunos operadores del mercado entendieron que las cuentas de inversión podrían convertirse en una herramienta de gestión de pagos empresariales y, por esa vía, en un mecanismo para eludir el impuesto al cheque. A nuestro juicio, esa conclusión desnaturaliza el alcance de la medida.

No debería perderse de vista que la RG 1139 fue dictada en el marco del proceso de desregulación y simplificación normativa que la CNV viene impulsando. Su objetivo principal es flexibilizar y ordenar aspectos regulatorios, especialmente en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

No hay elementos para sostener que la norma haya sido dictada para habilitar que las cuentas de inversión funcionen como cuentas bancarias. Tampoco para concluir que ahora puedan utilizarse, en forma general, como instrumentos de tesorería empresaria o como una vía legítima para “evitar el impuesto al cheque”.

En ese punto, el status quo no cambió.

Dicho esto, también es cierto que el endoso de cheques está exento del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (IDCB). Esa exención no admite mayor discusión: en materia tributaria rige el principio de legalidad, por lo que los impuestos deben analizarse según lo que la ley efectivamente dispone.

Por ejemplo, una empresa que cobra mediante cheques puede endosarlos a su cuenta de inversión sin necesidad de depositarlos previamente en su cuenta bancaria. Ese endoso se encuentra exento del IDCB, lo que puede generar una eficiencia fiscal del 0,6%.

Atención, por favor: una cosa es reconocer una exención prevista por la ley y otra, muy distinta, pretender convertir una cuenta de inversión en una cuenta operativa para cancelar obligaciones comerciales. Ese límite —a nuestro entender— sigue vigente. Y para las empresas, confundir ambos planos puede traducirse en contingencias fiscales y regulatorias innecesarias.

En definitiva, la discusión no pasa por negar la existencia de determinadas eficiencias fiscales, sino por evitar interpretaciones forzadas de una norma que no fue concebida para rediseñar la operatoria de tesorería de las empresas.

El autor es socio de Lisicki Litvin & Abelovich