El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta USD 550 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capitales.

Esta medida representa la primera vez que el BID otorga una garantía de este tipo al país sudamericano, según informó el organismo internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la garantía permitirá al país movilizar USD 1.200 millones en financiamiento privado. Este ingreso facilitará la llegada de recursos internacionales, en sintonía con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El BID explicó que el apoyo busca “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.

El financiamiento se destinará al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno argentino para enfrentar los delitos vinculados a organizaciones criminales. El proyecto pretende “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”, según consta en el comunicado del BID.

En el marco de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, el proyecto incluye un enfoque integral y un programa basado en resultados. El objetivo es potenciar las capacidades de las fuerzas federales de seguridad y mejorar la investigación e inteligencia criminal. El BID subrayó que “el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional”.

La garantía confirmada este miércoles ya había sido anticipada en abril, cuando el Grupo BID proyectó un esquema de asistencia para la Argentina que podría superar los USD 7.200 millones durante 2026. Ese monto incluye más de USD 5.000 millones en operaciones con el sector público, entre las que se contaba la garantía ahora aprobada, además de un aporte adicional de BID Invest, el brazo de financiamiento privado del grupo, que estima movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones a lo largo del año.

El esquema anunciado en abril implicó un aumento respecto del año anterior, cuando el Grupo BID había aprobado operaciones por cerca de USD 5.000 millones en total. En ese momento, el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, había señalado que la entidad acompañaría el proceso argentino “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”. La aprobación final de cada tramo del paquete quedó sujeta, en su momento, a la decisión de los directorios de los distintos organismos que integran el grupo, paso que se fue cumpliendo de manera escalonada en las últimas semanas.

El anuncio del BID llegó un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, orientado a cubrir el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

Ambas decisiones se dieron en un contexto de baja del riesgo país, que pasó de los 520 puntos básicos registrados en abril a 425 puntos básicos al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años. La mejora se explica, entre otros factores, por la suba de la calificación de la deuda argentina por parte de Standard & Poor’s, que pasó de CCC+ a B-, y por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales”.

Las garantías de organismos multilaterales forman parte de la estrategia financiera que el equipo económico presentó ante el FMI para cerrar el programa correspondiente a este año. El viceministro de Economía, José Luis Daza, había explicado semanas atrás que esa estrategia contemplaba préstamos respaldados por garantías del BID, el Banco Mundial, MIGA y, posiblemente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según trascendió, el CAF podría sumar a fines de julio una garantía adicional de entre USD 250 y USD 500 millones, lo que completaría el esquema de respaldo multilateral previsto para 2026.