POLITICA
El impacto del caso Adorni complica la estrategia electoral de Karina Milei y crece el malestar en un sector del Gobierno
En el Gobierno reconocen que, incluso puertas adentro, la discusión pasa hoy casi exclusivamente por Manuel Adorni y sus causas judiciales. Se convirtió en el principal tema de conversación de los despachos oficiales y atraviesa las reuniones de ministros, aun en medio de victorias legislativas como la sanción de la Ley de Glaciares.
Según pudo saber TN, hubo en los últimos días planteos directos a la cúpula del poder para reclamar un “golpe de efecto” ante una gestión que algunos funcionarios describen como paralizada por el caso del jefe de gabinete.
La tensión interna ya no se limita a la defensa pública del funcionario. En más de un ministerio transmiten que la discusión pasa por cuánto tiempo puede sostenerse este esquema sin costos mayores para el Ejecutivo.
El malestar creció a medida que avanzó la investigación judicial y se profundizó la percepción de que el oficialismo responde siempre desde atrás. En ese marco, en Nación combinan respaldo político a Adorni con preocupación por el deterioro de la agenda oficial y por el impacto que el tema tiene en la imagen de la gestión.
El foco de esa crisis también se trasladó a Karina Milei. Funcionarios que la frecuentan aseguran que en los últimos días la vieron afectada, más introspectiva y sin definiciones cerradas sobre los próximos pasos.
Cerca de la secretaria general sostienen que su prioridad inmediata es proteger a Adorni, pero también medir las consecuencias políticas del escándalo en medio de su disputa con Santiago Caputo. En su entorno interpretan que detrás del caso hubo un componente de pase de factura ligado a los cambios recientes en Justicia y a la reconfiguración de vínculos sensibles dentro de Comodoro Py.
La interna con Santiago Caputo, de hecho, sigue siendo uno de las tensiones estructurales. En ambos sectores admiten que la pelea por áreas clave, como Legal y Técnica y otras cajas de poder del Estado, quedó en pausa, pero no resuelta.
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La desconfianza se profundizó en los últimos meses y en la Casa Rosada ya describen el vínculo entre el ala de Karina Milei y la del asesor presidencial como una relación sin retorno. En ese contexto, el caso Adorni quedó también atrapado en una disputa mayor: la del reparto de influencia sobre la gestión y sobre el vínculo con la Justicia.
Cerca de Karina Milei agregan que la secretaria general quedó especialmente molesta por haber quedado expuesta en medio de una secuencia que atribuyen a “desprolijidades” del jefe de gabinete, justo cuando creía haber consolidado posiciones tras la victoria oficialista en la estrategia electoral de medio término.
En Nación igual repiten que Adorni seguirá siendo sostenido porque forma parte del núcleo de mayor confianza de los Milei y porque esperan que la presentación de su declaración jurada ayude a bajar la presión.
En el Gobierno generó ruido interno su ausencia junto a la secretaria general de la Presidencia durante la sanción de Glaciares, una postal que en el oficialismo leyeron como un dato político. El impacto del caso ya empezó además a proyectarse sobre la discusión electoral de 2027. En Nación advierten que el próximo foco de conflicto será la estrategia territorial para la presidencial.
Según pudo saber TN, Karina Milei quiere competir en la gran mayoría de las provincias y limitar los acuerdos a un puñado de distritos, con la idea de reservar entendimientos sólo con mandatarios aliados como Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Claudio Poggi y Alfredo Cornejo, si terminan cerrando.
El encargado de ejecutar esa hoja de ruta es Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores de la secretaria general. Del otro lado, Santiago Caputo insiste con la conveniencia de ampliar alianzas con gobernadores para blindar la gobernabilidad y asegurar mejores condiciones para la reelección.
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Ese debate no es nuevo, pero volvió con fuerza. Ya en 2025 había sectores del oficialismo que proponían priorizar acuerdos de gobernabilidad por encima de la expansión partidaria pura, y hoy esa discusión reaparece empujada por la fragilidad política del momento.
En Nación saben que una estrategia más confrontativa con las provincias dialoguistas puede abrir un nuevo frente de conflicto, pero también creen que el control del armado 2027 definirá quién maneja los hilos del poder en la etapa que viene.
Por eso, detrás del caso Adorni no sólo se juega la continuidad de un funcionario clave: también empezó a ordenarse la pelea por las definiciones para el próximo ciclo electoral.
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POLITICA
El Sindicato de Camioneros se movilizará ante la Legislatura porteña para reclamar los USD 200 millones en indemnizaciones
Los Moyano decidieron ir a la guerra para garantizar el pago de USD 200 millones en indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos en CABA: en una asamblea masiva realizada este miércoles, el Sindicato de Camioneros resolvió una movilización para el lunes próximo ante la Legislatura porteña con el fin de asegurar que se incluya ese beneficio en los nuevos pliegos de licitación del servicio entre 2028 y 2038.
En un predio ubicado en Lafayette 1751, en Barracas, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, acompañado por el secretario gremial, Marcelo Aparicio, anunció el inicio de protestas ante la versión de que el gobierno de Jorge Macri no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.
“El compromiso de Hugo, de Pablo y de Feúcho (por Aparicio) es que se tienen que pagar las indemnizaciones totales -dijo el dirigente en la asamblea-. El día lunes, que es la primera audiencia pública, tenemos que ser más de 20 mil trabajadores. A nosotros nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.
“No nos van a frenar, compañeros -agregó-. Hoy empezamos una lucha que va a ser durísima porque tenemos a la justicia, los medios y los empresarios en contra, tenemos a estos dos gorilas que nos gobiernan (por Javier Milei y Jorge Macri), pero no van a poder con la unidad y con la lucha de los trabajadores. Vamos por la indemnización completa”.
El conflicto, anticipado por Infobae, se reactivará el lunes que viene porque ese día, al mediodía, se hará una audiencia pública virtual en la que se analizarán los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad entre 2028 y 2038.
Pablo Moyano advirtió que la exclusión de las indemnizaciones del pliego afectaría una práctica que consiguió Hugo Moyano a partir de fines de los años 90 y que consiste en que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Conocida como “Ley Moyano”, esa norma no escrita y sin basamento jurídico alguno se basa en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano desde que debutó en 1998 con la finalización del contrato con Manliba.
En un video publicado en las redes sociales de Camioneros, Pablo Moyano dijo este martes que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento a 6 mil empleados del sector.
Por eso anunció que empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para “garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos”.
El sindicalista aseguró que hay “más de 7 mil empleados” a la espera de una indemnización y recordó a quienes trabajaron durante la pandemia. “Por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”, dijo.
El pliego vigente del servicio de recolección de residuos, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, contempla el ítem “Indemnizaciones Finales” dentro del Régimen de Personal Operativo, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El gobierno de Jorge Macri no prevé incorporar ese pago para los trabajadores de recolección en los nuevos pliegos, donde, de todas formas, los empleados conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 y durante 10 años, ya sea en las empresas actuales o en las nuevas adjudicatarias del servicio.
La preocupación sindical también se extiende al presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno enviará a la Legislatura de la ciudad: Camioneros teme que no incluya las partidas necesarias para afrontar las compensaciones que surgen de la “Ley Moyano”.
La práctica de pagar el resarcimiento a Camioneros se inició tras la finalización del contrato de Manliba en 1998 y ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores cuando cambiara una concesionaria.
El sistema fue utilizado también en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.
La disputa por este mecanismo alcanzó a Walmart después de que Grupo Narváez comprara la cadena en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, indemnización y reincorporación de 500 de los 718 empleados del centro de distribución, con el pago de la doble indemnización vigente.
La indemnización finalmente no se aplicó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El episodio exhibió la capacidad de presión del gremio para sostener ese esquema en operaciones empresariales.
En 2022, el sindicato volvió a confrontar con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta resolvió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó entonces al jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.
La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de la Ley Moyano. En mayo de 2024, Pablo Moyano había amenazado con que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el siguiente vencimiento de los contratos.
Sin embargo, el gobierno porteño recordó que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero que en 2020 las partes prorrogaron los contratos hasta 2028.
En octubre de 2024, Hugo Moyano y la Ciudad acordaron no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes tenían problemas de salud desde la pandemia que les impedían cumplir sus tareas.
La decisión provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado en una asamblea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, como se vio en un video registrado en ese momento.
La reacción llevó al secretario gremial Marcelo Aparicio a difundir un video en el que calificó el mecanismo como un “privilegio” para los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permite recibir indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.
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POLITICA
La Justicia postergó la elección de la UTA, el gremio de los colectiveros, tras detectar irregularidades en el padrón
La elección de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó formalmente postergada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este miércoles que los comicios previstos para el 7 y 8 de octubre no podían realizarse válidamente en las condiciones actuales, debido a las irregularidades detectadas en el padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de las listas.
En ese marco, la resolución —a la que accedió LA NACIÓN— ordenó “retrotraer el proceso electoral” del sindicato de los colectiveros a la etapa “de presentación de listas y avales”, fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre. En tanto, rechazó la suspensión, así como dejó vigente la integración de la Junta Electoral Central y de las juntas electorales locales, aunque con la fiscalización permanente por parte de un veedor judicial, que será el abogado Matías Cremonte, para acceder a registros, bases de datos y documentación y controlar las distintas etapas del proceso.
La decisión fue adoptada a partir de la causa iniciada contra la UTA y la Junta Electoral por parte de la opositora Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, actual jefe de la seccional Mar del Plata, y patrocinada por el abogado Leandro Recalde. En sus fundamentos, los jueces remarcaron que el tribunal había intentado inicialmente que las anomalías fueran corregidas por el propio órgano electoral, pero concluyeron que los grises persistieron y, en algunos casos, se agravaron.
“La consecuencia de lo expuesto resulta tan delicada como ineludible”, sostuvo el fallo de la Sala I, antes de concluir que así “el acto eleccionario no podría celebrarse válidamente” los días que estaban jugados inicialmente. El fallo fue firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez.
La noticia impactó en un escenario caliente en la UTA, donde el oficialismo pretende, a través de la Lista Celeste y Blanca, que el actual secretario general, Roberto Fernández, revalide por quinta vez su cargo al frente del poderoso gremio. La judicialización previa del estatuto, a su vez, ya había ampliado el juego electoral a otros rivales. Entre ellos se anotaron el exoficialista Alberto Patiño (Lista Marrón) y el trotskista Claudio Gómez (Lista Bordó), además de Escriba, cuya candidatura representa una continuidad de la antigua facción opositora a Fernández que supo liderar el dirigente Miguel Bustinduy.
Un padrón cuestionado
Uno de los principales focos de la resolución está puesto sobre el padrón electoral. La Cámara detectó 2870 exclusiones procesadas entre junio y agosto, todas bajo la causal genérica “Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)”, sin consignar la fecha de finalización del vínculo. El dato resulta relevante porque la normativa preserva durante seis meses la afiliación y el derecho a votar de los trabajadores desvinculados.
Además, en la “Revisión de Reclamaciones” el tribunal constató más de 500 altas individualizadas solicitadas por la Lista Celeste y Blanca y más de 1000 exclusiones adicionales, sin la documentación necesaria ni la audiencia previa prevista para las tachas. Para el nuevo proceso, ordenó que las altas cuenten con respaldo documental y que las bajas indiquen causa y fecha de extinción, mientras que ninguna tacha podrá resolverse sin audiencia previa del afiliado.
La Cámara también cuestionó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas: once superaban los 600 votantes y algunas los 1000, mientras que cuatro tenían 1 solo elector y otras once no superaban los 4, lo que podía afectar el secreto del sufragio. La nueva organización deberá fijar un máximo de 600 electores por mesa, únicamente en los lugares establecidos en la convocatoria, y agrupar a quienes pertenezcan a establecimientos con pocos votantes.
En paralelo, se detectaron mesas ubicadas fuera de los lugares previstos y una resolución de la Junta Electoral que consignaba erróneamente los comicios para “el 7 y 8 de diciembre”, en lugar de octubre. El tribunal también observó que las boletas habían sido confeccionadas y enviadas a imprenta sin la conformidad previa de cada agrupación. En adelante, los modelos deberán ser aprobados por los apoderados al menos 48 horas antes de la impresión y las boletas deberán estar en poder de la Junta diez días antes de la elección.
La reapertura del proceso permitirá además que la Lista Negra, que seguía excluida en seis seccionales, vuelva a presentar o reformular sus nóminas durante los diez días hábiles establecidos por la Cámara.
La resolución fijó pautas específicas para San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, La Plata y Chaco, se dispuso aperturas para incorporar nuevas candidatas para cumplir con los requisitos de representación femenina, y se habilitó una urna complementaria para votos observados de afiliados pasivos, afiliados incorporados después del 24 de abril con antigüedad discutida y personas que figuren como fallecidas hasta verificar su situación.
La oficialización definitiva de las listas deberá completarse antes del 30 de octubre, la definición de las mesas será el 1° de diciembre y el escrutinio definitivo y la proclamación deberán concluir antes del 29 de diciembre.
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POLITICA
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno acelera negociaciones con aliados para blindar en Diputados el DNU sobre la Ley de Tierras
El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.
“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.
La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.
El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.
Noticia que está siendo actualizada.
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