POLITICA
Unión por la Patria rechazó el proyecto de Losada para sancionar las falsas denuncias por violencia de género

El proyecto de ley que busca penas más severas para las falsas denuncias avanza en el Senado de la Nación. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, apunta a modificar el tratamiento penal de este tipo de delitos. La propuesta obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y aguarda su debate en el recinto. La discusión generó diferencias entre los miembros de la Cámara Alta y repercusiones en distintos espacios políticos.
En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, la senadora María Florencia López, de Unión por la Patria por La Rioja, expuso sus reparos sobre la orientación y los efectos prácticos del proyecto. “Este es un proyecto que viene por parte de la senadora Losada hace tiempo, no es algo nuevo», dijo.
En este sentido indicó: “Nosotros creemos que este proyecto lo único que intenta es escuchar o hacerse eco de algo popular, que por ahí se escucha en la calle: cuántas denuncias son falsas, que las mujeres se aprovechan de esa situación para denunciar, que le quieren sacar la plata a los hombres».
Y continuó: “Yo conozco algunos casos, denuncias falsas que han llevado adelante algunas mujeres en contra de algunos hombres y en algunos casos se ha perjudicado la imagen del hombre. Ahora, esa cuestión particular individual es muy excepcional. Prácticamente la totalidad de las denuncias que se formulan son denuncias reales”.
Cuestionamientos al incremento de penas
Consultada sobre las consecuencias de aprobar penas más altas por falsas denuncias, López advirtió: “Creemos nosotros que haber subido la imputación o las penas, mejor dicho, de delito de falso testimonio y después también de denuncias falsas, lo único que va a hacer es atemorizar a las mujeres que quieren hacer una denuncia porque sufren violencia, porque hay abusos sexuales tanto respecto de ellas como de los menores de edad. Ante el miedo de que puedan ser contradenunciadas por denuncia falsa y ante la imposibilidad de tener pruebas del delito, muchas veces las víctimas van a decir: bueno, no denuncio”.
La senadora de Unión por la Patria remarcó la dificultad de aportar pruebas en casos de abuso sexual y cómo esto podría desalentar a víctimas a presentarse ante el sistema judicial. “El delito de abusos sexuales, a menos que hagan la denuncia en ese momento y el abuso sea con acceso carnal, puedes tener muestra de semen con ADN, lo demás es muy difícil de probar. Entonces, muchas veces las víctimas van a decir: bueno, no denuncio”, agregó.
La polémica en torno a los dichos de Losada sobre la contratación de mujeres en despachos legislativos también estuvo presente en el debate. Preguntada sobre la existencia de asesoras en su equipo, López indicó: “Tengo asesoras mujeres y tengo asesores hombres también. No tengo problema”.
Señaló que en la práctica la totalidad de los despachos cuenta tanto con personal varón como mujer: “Porque exista la violencia de género y las denuncias, no vamos a dejar de contratar mujeres que sean capaces. Todo eso forma parte del runrún que se escucha: ‘Mirá, te van a denunciar’. Se aprovecha de estos comentarios prácticamente populares sin ningún tipo de asidero”.

Debate sobre el impacto y el sentido del proyecto
Respecto a la calificación de los comentarios atribuidos a Losada, López evaluó: “Seguramente que algún machista le debe haber dicho: ‘Tengo miedo que me denuncien’. Si vos no hacés nada, si vos te comportás correctamente con una mujer es imposible que te hagan una denuncia, es imposible. Planteamos quizás algún caso excepcional de alguna mujer que no debe haber estado muy bien de la cabeza o debe haber tenido algún desequilibrio, puede haber hecho algo así, pero el normal de las mujeres trabajamos con jefes varones y nunca se le ha cruzado por la cabeza irlos a denunciar falsamente por violencia de género o abuso sexual”.
Interrogada sobre si comprende el planteo de la senadora Losada, López respondió: “No lo comprendo porque no es real. Lo que plantea la senadora no lo he escuchado yo nunca, jamás en la vida. Hoy en día, con las leyes de género y con las posibilidades que tenemos para denunciar, si alguien actúa mal en contra de nosotras, siempre hay posibilidad de denunciar».
En este aspecto aseguró que “hay varones que ningunean estas situaciones, ningunean las violencias, ningunean los abusos sexuales. En lugar de proteger más a la mujer y darle más vías de acceso para que denuncie, para que pueda llegar a la justicia, le ponemos una traba o impedimos que denuncie atemorizándola diciéndole: ‘Ojo, que puedes tener una pena muy grave’. La pena que intentan ponerle a las denuncias falsas son hasta de tres a seis años, es decir, mayor que un montón de delitos”.
López también criticó que una mujer impulse esta iniciativa: “Por supuesto que es mucho más grave, pero siempre se usa más a las mujeres para que hagan este tipo de leyes, este tipo de cosas, porque obviamente si la hace un varón se sienten como que va a haber más reproches hacia él. La verdad, con el solo hecho de ser mujer no te da derecho a plantear leyes que en definitiva van a ir en contra de las propias mujeres”.
Avance legislativo y próximos pasos
La representación de La Libertad Avanza en el Senado resultó clave para que la iniciativa avanzara sobre tablas. El martes pasado, el proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. “Ayer han firmado ya el despacho favorable en la Comisión de Penal, de Justicia y de Asuntos Penales, así que muy probablemente en poco tiempo va a estar en el recinto”, confirmó López.
Las posiciones encontradas en la Cámara Alta marcan un escenario de debate abierto de cara al tratamiento en el recinto. La discusión sobre las falsas denuncias y el acceso a la justicia por parte de las mujeres sigue presente en la agenda parlamentaria.
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POLITICA
Reforma política: a diferencia de la Casa Rosada, un senador oficialista dijo que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”

En un intento de calmar las aguas con sectores dialoguistas, el senador oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Agustín Coto (Tierra del Fuego), blanqueó que “no hay ninguna intención de tratar todo junto” el proyecto y se diferenció de la postura de la Casa Rosada, que ordenó no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que piden aliados.
La iniciativa en cuestión tiene, como uno de los objetivos principales, dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También activa cambios profundos sobre el financiamiento, modificaciones extra en la Boleta Única de Papel (BUP) y suba de umbrales en afiliados y votos para la supervivencia de partidos políticos.
Tras la exposición de la asesora del Ministerio del Interior Luz Landívar, el radical Flavio Fama (Catamarca) consultó sobre la “vocación” real de La Libertad Avanza (LLA) para analizar el texto “unificado”, o la posibilidad de debatir varios en simultáneo. Es decir, abrir el juego. “Quizá sea conveniente no tener todos los compartimientos en una misma habitación”, planteó el legislador.
Coto manifestó que “sin duda alguna, en próximas reuniones” se podrá “trabajar en diferentes proyectos”, y que “no hay ninguna intención de tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”. “Hoy íbamos a dar esa información”, agregó.
De esta manera, ratificó lo que días atrás deslizó a un medio nacional la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que no responde a los deseos de Balcarce 50. A pesar de todo esto, en los sectores aliados desconfían de las volteretas libertarias y aguardarán a los próximos encuentros para saber, de forma fehaciente, hasta dónde está dispuesto a negociar el mileísmo.

Al momento de hacer uso de la palabra, Bullrich eligió una especie de avenida del medio y, para no confrontar con los deseos del Ejecutivo, y sugirió contemplar “en una reunión un par de capítulos, para profundizarlos y poder avanzar”, y “luego otros, ya que son seis”. Entiéndase por esto: ni una cosa, ni la otra. Por ende, alejada ahora de Coto, que quedó en soledad.
Este tipo de situaciones son normales en algunas narrativas de La Libertad Avanza: confundir con un mix de declaraciones y aprovechar pequeñas hendijas para lograr la meta. La percepción de senadores experimentados es que toda esta puja seguirá por un buen tiempo.
Detalles de la ley
En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).
Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.
Algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.
Noticia en desarrollo…
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POLITICA
Financiamiento universitario: la Corte le dio ingreso al caso, pero no tiene fecha para resolver y la UBA reclama celeridad

La Corte Suprema le dio ingreso a la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo y quedó en condiciones de resolver si deja firme la medida cautelar dictada contra el Gobierno. Los jueces, sin embargo, no tienen aún un plazo fijado para resolver.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) les pidió este martes que se expidan “a la mayor brevedad posible” y que dejen firme la cautelar que le impone al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.
La cautelar en cuestión fue dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick y ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no está vigente porque el Gobierno presentó un recurso extraordinario y la Cámara le habilitó el camino a la Corte.
Con esta instancia abierta, Cormick frenó la implementación de su medida cautelar hasta que la Corte decida.
En este momento, las tres instancias tienen decisiones por tomar. Cormick tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del amparo; es decir, si le exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (lo resuelto hasta ahora es sólo la cautelar). La Corte, en tanto, tiene a estudio el pedido del Gobierno para que la cautelar quede sin efecto, y la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar que dispuso Cormick.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a que la Cámara debe restablecer la cautelar porque la ley sostiene que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, aunque la Corte tenga a estudio un recurso extraordinario.
El artículo que citan las universidades es el 258 del Código Civil y Comercial, que dice que si una sentencia de la cámara “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”.
“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, dijo Manili a . Si la Cámara actuara como espera el abogado, la cautelar entraría en vigencia de inmediato, sin esperar una definición de la Corte Suprema.
Las universidades se quejan de la estrategia del Gobierno de demorar los trámites. Cuestionan que haya recusado a todos los jueces; incluidos los tres ministros de la Corte Suprema, que deberá tratar esas recusaciones antes de decidir sobre el destino de la cautelar.
“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dijo Manili.
Las universidades celebran, en cambio, la celeridad con la que la Corte le dio ingreso formal al expediente, ni bien lo recibió, con una breve resolución que dice “Autos”.
El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en X que “Autos” es la expresión recortada del clásico “Llamamiento de autos para despacho”, que significa que el tribunal recibió la causa y está a la consideración de los ministros. Arballo advierte que esta expresión de la Corte “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.
El camino de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron.
En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca la aplicó. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue por eso que los rectores decidieron ir a la Justicia.
El 29 de octubre de 2025, el CIN interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas, y el 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
El Gobierno presentó entonces su recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y la Cámara se lo concedió. Por eso, Cormick frenó la implementación de la cautelar.
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POLITICA
El Senado avaló 15 pliegos que envió el Gobierno para cubrir cargos claves en la Justicia

La Comisión de Acuerdos del Senado emitió dictamen favorable a 15 pliegos judiciales propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en tribunales federales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
En una nueva reunión celebrada este miércoles en el Salón Azul del Congreso, con la ausencia del bloque peronista, el oficialismo y sus aliados avanzaron en el proceso de renovación de cargos clave del Poder Judicial.
Entre los pliegos avalados figuran designaciones para Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOF) de La Plata y San Martín, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y varios juzgados de primera instancia en los fueros penal, civil, comercial y de ejecuciones fiscales tributarias.
Algunos de los candidatos propuestos incluyen a Javier Matías Arzubi Calvo, quien aspira al TOF N° 5 de La Plata y se desempeñó durante más de una década como secretario en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo
También obtuvo luz verde el pliego de Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham; y el de Emilio Santiago Faggi y Laureano Alberto Durán, propuestos para vocalías en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
También recibieron dictamen favorable postulantes para los TOF N° 1 y N° 3 de La Plata, el TOF N° 3 y N° 5 de San Martín, y varios juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial de la Capital Federal. En total, los pliegos abarcan vacantes que, según se indicó durante la audiencia, afectan el normal funcionamiento de tribunales con alta carga de trabajo en el AMBA.
La Comisión, presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto evaluó los antecedentes de los candidatos y emitió dictámenes favorables que ahora pasarán a la firma de sus integrantes antes de ser tratados en el recinto.
El lunes, el Ministerio de Justicia envió al Senado un nuevo paquete de 45 pliegos judiciales. Se trata de la tercera tanda enviada por la gestión de Javier Milei y donde también aparecen nombres con una extensa trayectoria en la Justicia. Se prevé que esa lista se incluya en la próxima reunión de la comisión.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
Con esta medida, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
Leé también: El Gobierno relativizó la convocatoria de la marcha universitaria: “El número no es importante”
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Senado
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