La votación del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, expuso la división interna de la bancada oficialista que conduce Patricia Bullrich. La designación fue aprobada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, entre ellas la de la propia Bullrich. También hubo ausencias, como la del cordobés Luis Juez.

Entre los 18 votos en contra estuvieron el de los libertarios Bartolomé Abdala, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Belén Monte de Oca y Juan Carlos Pagotto. El senador riojano, que preside la Comisión de Acuerdos, había recibido la orden de frenar el tratamiento del pliego. Varios de esos legisladores responden a terminales internas distintas: algunos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los números de la votación reflejaron la situación del bloque oficialista, que el día previo a la sesión tuvo una reunión interna cargada de reproches, pases de factura y discusiones en tono elevado. La senadora karinista Nadia Márquez fue una de las más críticas con Bullrich: la acusó de tener actitudes “personalistas” y pidió que “la prioridad sea defender el proyecto de Javier Milei”.

Errores de estrategia libertaria

El mal clima interno terminó por desestabilizar la estrategia parlamentaria del oficialismo para la sesión de este jueves. No solo se aprobó la designación de Michelli, pese a que horas antes el Senado le había dado entrada parlamentaria a la nota enviada por el presidente Javier Milei para retirar su pliego, sino que además la oposición dialoguista pidió cambios a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y postergó su sanción en el recinto.

Fuentes cercanas a Bullrich calificaron como un error haber planteado en la reunión de Labor Parlamentaria que votarían 50 pliegos de los 73 dictámenes habilitados para su tratamiento.

Sin embargo, la misma fuente reconoció que la decisión de La Libertad Avanza de incorporar al temario el pliego de Michelli —aceptando la presión de sectores de la oposición dialoguista y de la bancada kirchnerista que conduce José Mayans— buscó cortar el desgaste del oficialismo en el Senado, dar vuelta la página legislativa y volver a concentrarse en la agenda de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

Los motivos de las diferencias

El punto de mayor tensión se produjo el lunes pasado, cuando Bullrich les anticipó a sus pares del Senado que había hablado con el Presidente y que no acompañaría el retiro del pliego.

“Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli como jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, planteó.

Bullrich aclaró que su compromiso con el proyecto político del Gobierno “es total”, pero ratificó que también lo es con “los principios” que sostuvo durante toda su vida. Además, aseguró que haber presentado su renuncia a la presidencia del bloque fue “un gesto de bien” en medio de la diferencia abierta por el tratamiento de los pliegos judiciales.

La agenda que viene

Bullrich ya prepara una nueva reunión interna de La Libertad Avanza para la próxima semana, con el objetivo de cerrar definitivamente la crisis que se abrió en los últimos días. Además, buscará avanzar en acuerdos legislativos con la UCR por los proyectos de ley Hojarasca, que ya tiene media sanción de Diputados, y de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Otro de los temas que intentarán consensuar es la Reforma Electoral. Bullrich ya le advirtió a la Casa Rosada que no están los votos para eliminar las PASO. Para Milei, sin embargo, ese sigue siendo el objetivo central del debate, con el argumento de reducir el costo fiscal.

Por eso, el oficialismo deberá definir con la Mesa Política hasta dónde puede avanzar: si las PASO serán optativas, si se reducirá un 20% el financiamiento público destinado a las campañas y si el capítulo de Ficha Limpia se mantendrá dentro de la reforma o se tratará por separado, como reclama el PRO.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales mantienen conversaciones con gobernadores para intentar construir consensos alrededor de la agenda legislativa del Gobierno.

Senado, La Libertad Avanza, Patricia Bullrich

Conforme a

El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.

La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni– se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país», es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.

Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.

Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.

En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.

Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.

El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.

Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.