“¿Qué sentimos en el corazón cuando vemos a un sin techo o a niños pidiendo en la calle? ¿Los vemos como parte del paisaje de nuestras ciudades, como estatuas o paradas de autobús? Ignorar a los pobres y sin techo lleva a la corrupción del alma». La reflexión la realizó el fallecido papa Francisco en la homilía que realizó el 31 de marzo de 2017 en Santa Marta.

No mencionó una ciudad, un país o un barrio en particular. La descripción, brutal, era a nivel mundial. La imágen se sigue repitiendo. En la Argentina, por ejemplo, un reciente informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral revela que la situación de calle dejó de ser un fenómeno circunscrito a perfiles específicos para convertirse en una crisis de inclusión social y habitacional que afecta a segmentos de población cada vez más amplios, entre ellos familias completas, mujeres, personas mayores y adolescentes que nunca antes habían transitado esa condición.

“La situación de calle constituye una de las expresiones más extremas de la exclusión social y habitacional en Argentina. Lejos de limitarse a la ausencia de vivienda, es una problemática multidimensional atravesada por la precariza ción laboral, las dificultades de acceso al hábitat, el deterioro de la salud física y mental, los consumos problemáticos, las violencias, las rupturas vinculares y el debilitamiento de las redes de protección social”, se sostiene en el documento, titulado «Situación de Calle en Argentina en 2026″ elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio. Combina el análisis de datos de relevamientos existentes con una encuesta propia a 18 referentes de organizaciones socio-comunitarias distribuidas en 17 localidades de distintas regiones del país, entre ellas las ubicadas en: San Luis capital, Córdoba capital y Villa María; varios distritos de la provincia de Buenos Aires como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Quilmes, Avellaneda, La Plata y Lanús; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero Capital, Comodoro Rivadavia, Trelew, Corrientes Capital, Rivadavia, en San Juan y Rawson.

Uno de los cambios estructurales que registra el informe es el aumento de personas que llegan a la calle por razones económicas directas. “La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia“, señaló Alessio, arquitecto becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

El informe subraya que es un problema federal atravesado por profundas dife rencias territoriales y climáticas que exigen respuestas adaptadas a cada re gión. También sitúa esta tendencia en un contexto de creciente “inquilinización” de la población: cerca del 21% de los hogares alquila. A ello se suma la expansión de formas precarias de acceso al hábitat —conventillos, hoteles pensión, casas tomadas—, caracterizadas por hacinamiento grave e inseguridad en la tenencia. Según un informe del Centro para la Integración SocioUrbana (CISUR) citado en el documento, 1 de cada 2 hogares presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% que registra déficit compuesto, tanto cuantitativo como cualitativo.

“En los últimos años -se sostiene en la investigación-, la problemática ha adquirido una creciente visibilidad pública en distintas ciudades del país. Sin embargo, gran parte de las respuestas estatales continúan centradas en la emergencia inmediata y en abordajes fragmentados, sin lograr intervenir sobre las condiciones estructurales que producen y sostienen las trayectorias hacia la calle. A su vez, persisten importantes dificultades para dimensionar el fenómeno de manera integral, tanto por la ausencia de sistemas públicos de información continuos como por las limitaciones de mu chos relevamientos oficiales centrados exclusivamente en el conteo de personas en vía pública”.

El perfil de la población, en transformación

Si bien el patrón predominante sigue siendo el de varones adultos jóvenes de entre 20 y 40 años con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo, los referentes territoriales consultados por la Fundación DHI coinciden en señalar una diversificación acelerada. Aparecen con mayor frecuencia adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia de género, familias desalojadas sin acceso a empleos que les permitan costear una vivienda, y adolescentes expulsados de sus entornos familiares

El consumo problemático aparece como un factor transversal en prácticamente todas las respuestas, aunque los referentes advierten que, en muchos casos, no es la causa inicial de la situación de calle sino una consecuencia de ella.

Por ejemplo, el 54% de las personas relevadas declaró consumir sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 45,3% indicó que el consumo aumentó desde que se encuentra en la calle.

Los datos del informe al que accedió Infobae describe el perfil de las personas que sufren situación de calle:

• Familias completas desalojadas sin acceso a empleo que permita sostener un alquiler.
• Mujeres víctimas de violencia de género.
• Personas mayores jubiladas sin ingresos.
• Jóvenes y adolescentes desvinculados de sus familias por conflictos ligados al consumo.
• Niñas, niños y adolescentes.
• Personas con padecimientos de salud mental severos.

A esto se suman Indicadores clave:

• Completaron el nivel secundario el 14,75%.
• Saben leer y escribir el 87,7%.
• No están alfabetizadas el 8,8%.
• Estudiaban al momento del relevamiento el 5,5%.
• Expresaron interés en retomar estudios más del 50%.
• No reciben asistencia económica estatal el 61,5%.
• Sufrieron violencia desde que están en calle el 54%.
• Padecieron violencia por parte de fuerzas de seguridad 1 de cada 4 personas.
• Mujeres y personas trans que sufrieron violencia de género más del 50%.
• Realizaron un chequeo médico en el último año 36,8%.
• Nunca se realizaron un control médico el 8,3%.
• Consumen sustancias psicoactivas 54%.
• De ese grupo, aumentaron el consumo desde que están en calle el45,3%.

Incremento y transformación en los últimos años

El informe registra que una abrumadora mayoría de los referentes consultados reporta cambios significativos y estructurales en el perfil de la población. Los principales cambios son:

-Aumento exponencial de personas que llegan a la calle por razones económicas: incapacidad de pagar alquileres en contextos de desocupación y falta de oportunidades laborales.

-Diversificación de perfiles: familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados, personas que nunca antes habían estado en situación de calle.

-Expansión geográfica: el fenómeno se extendió desde los centros urbanos hacia barrios más alejados.

-Rejuvenecimiento de la población: cada vez más jóvenes y adolescentes transitan la calle.

-Deterioro profundo de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos en personas que antes no los manifestaban.

Tendencias emergentes y desafíos para la intervención pública

El informe, de 35 páginas también describe que:

• Muchas personas circulan constantemente entre alojamientos, alquileres precarios y calle, lo que dificulta anclar políticas locales de respuesta.
• Rechazo a los paradores: tanto por restricciones vinculadas al consumo como por horarios incompatibles con las estrategias de supervivencia de la población.
• Feminización y familiarización del fenómeno: la crisis económica trasladó la situación de calle a hogares enteros, difuminando las fronteras entre vivienda precaria y calle.
• Dependencia y violencia estructural en mujeres y disidencias: dependencia económica y emocional de varones que ofrecen “protección” a cambio de sumisión.
• Cronificación de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos que antes no se manifestaban en esta población.

Las diferencias climáticas, una variable que las políticas ignoran

Uno de los aportes del informe es el análisis de la situación de calle a partir de las seis zonas bioclimáticas del país. La extensión territorial de Argentina implica que las personas que pernoctan en el espacio público enfrentan adversidades radicalmente distintas según la región: desde las altas temperaturas y la elevada humedad del norte, que agravan cuadros de deshidratación y enfermedades transmisibles, hasta las bajas temperaturas, nevadas y vientos intensos del sur, que incrementan el riesgo de hipotermia y mortalidad por exposición.

El documento señala que, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prioridad es dar refugio ante la combinación de frío y alta humedad invernal, en localidades patagónicas el riesgo de hipotermia exige paradores con estándares de aislamiento térmico y calefacción permanente mucho más rigurosos.

En el norte del país, en cambio, las exigencias son opuestas. Para la Fundación DHI, cualquier estrategia de intervención que ignore estas diferencias reproduce desigualdades territoriales en lugar de atenuarlas.

Obstáculos estructurales en el acompañamiento

Los referentes territoriales consultados identificaron tres planos de obstáculos que se retroalimentan entre sí. En lo económico, la escasez de recursos estatales impide ofrecer alternativas habitacionales a personas que atravesaron procesos de rehabilitación, lo que perpetúa un círculo en el que quienes logran avances no encuentran dónde consolidar su salida de la calle.

En lo burocrático, la falta de documentación actúa como barrera de acceso a servicios básicos, mientras que los trámites para solicitar alojamiento o gestionar derechos resultan complejos y lentos.

En lo social, la estigmatización y el rechazo comunitario dificultan tanto el acceso a instituciones como la reconstrucción de vínculos.

«Uno de los principales desafíos es producir información confiable y sistemática. Sin una metodología adecuada que brinde datos efectivos, es muy difícil dimensionar el problema, asignar recursos y construir políticas públicas acordes. Esa respuesta, además, no puede quedar en la emergencia, debe ser una estrategia permanente de integración social», afirmó Julieta Eva Neumann, directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, socióloga e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

Lineamientos para una política integral

Sobre la base de los hallazgos, el informe propone seis lineamientos para el diseño de políticas públicas. El primero es reconocer la situación de calle como una problemática multidimensional que excede la ausencia de vivienda e involucra dimensiones laborales, sanitarias, educativas y comunitarias.

El segundo plantea construir un sistema federal de abordaje integral que articule los distintos niveles del Estado y garantice un piso mínimo de derechos en todo el territorio, sin delegar la responsabilidad exclusivamente en provincias y municipios.

El tercer lineamiento apunta a fortalecer las políticas habitacionales y las estrategias de prevención del riesgo de calle, con herramientas como subsidios habitacionales, programas de alquiler social y producción pública de vivienda.

El cuarto propone consolidar dispositivos territoriales e interdisciplinarios de acompañamiento —centros de integración social, centros de día, equipos comunitarios— con capacidad para sostener intervenciones continuas y no solo operativos estacionales.

El quinto lineamiento exige incorporar perspectivas específicas para poblaciones particularmente vulneradas: infancias y adolescencias, personas mayores, personas con discapacidad y personas con padecimientos de salud mental.

El sexto y último plantea garantizar la producción pública de información y la participación social, con relevamientos periódicos, sistemas interoperables de registro y mecanismos que habiliten a las organizaciones comunitarias a intervenir en el diseño y la evaluación de las políticas.

Cambio de perfil

“La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia”, explica Agustín Alessio, uno de los autores del informe, arquitecto becario de CONICET e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

Durante décadas, la imagen asociada a la situación de calle fue la de un varón adulto solo, de entre 20 y 40 años, con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo. Ese perfil sigue siendo el más frecuente, pero los referentes consultados por la Fundación DHI describen una transformación que califican como estructural, no coyuntural.

¿La razón? “Las transformaciones recientes en la compo de la población a partir de las dificultades en el mantenimiento y sostenimiento de la vivienda, el crecimiento de la informalidad habitacional, la precarización laboral, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el debilitamiento de las redes de protección social configuran escenarios de vulnerabilidad cada vez más extendidos en todo el territorio nacional”.

León XIV, el sucesor del papa Francisco también abordó el tema de los excluidos en su mensaje para el IX Día Mundial de los Pobres bajo el título“Tú eres mi esperanza”. Allí escribió:“La pobreza tiene causas estructurales que deben abordarse y eliminarse”.

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El Gobierno prepara anuncios para la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como vocero presidencial y alista las reformas de Desregulación. El nuevo portavoz confirmó que tendrá su presentación oficial este viernes a las 11 y que el próximo martes, también a las 11, encabezará su primera conferencia abierta a los periodistas acreditados.

En el Ejecutivo quieren que el debut del nuevo portavoz sea “contundente” y trabajan en una agenda de gestión enfocada en lo económico para desplazar el eje del caso Manuel Adorni y de sus derivaciones judiciales. Los equipos de comunicación del oficialismo preparan un esquema de respaldo y difusión para las intervenciones públicas y digitales de Ravier, similar al que se usó en los primeros meses de gestión de Adorni al frente de la comunicación oficial.

En la Casa Rosada buscan construir el perfil del economista pampeano a partir de sus primeras conferencias, las repercusiones de sus anuncios, la defensa de sus intervenciones y el tono que intentarán instalar. En varios despachos oficiales sostienen que el impacto inicial de Adorni como vocero fue también producto de una maquinaria política y digital que ordenaba, recortaba y amplificaba sus intervenciones.

En Balcarce 50 creen que pueden volver a construir ese efecto con Ravier, pero con un tono más sobrio, técnico y menos orientado al choque con la prensa. La diferencia, sostienen en sus filas, será el estilo. El nuevo vocero apunta a un perfil más sobrio, técnico y económico, lejos de la lógica confrontativa que caracterizó a Adorni en buena parte de sus conferencias.

En el entorno del jefe de Estado creen que ese cambio es necesario para recuperar credibilidad comunicacional después de semanas en las que cada aparición del jefe de Gabinete terminó atravesada por su situación patrimonial, sus declaraciones juradas y las causas judiciales. El objetivo es que el nuevo vocero sea presentado como una voz de defensa del programa económico y de la gestión.

En el Gobierno siguen trabajando sobre la estructura que tendrá Ravier como vocero, junto con su designación formal y la del nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández. El economista participará de las reuniones de Gabinete para estar al tanto de la agenda de gestión, pero no se sumará a la mesa política que encabeza Karina Milei para definir envíos legislativos y poroteos en el Congreso.

Uno de los puntos que está en estudio para integrar la primera presentación es el paquete de desregulación que trabaja Federico Sturzenegger. En el Ejecutivo aseguran que el texto ya está en la Secretaría de Legal y Técnica y que es una prioridad para el oficialismo. “Lo están revisando, pero se va a mandar en el corto plazo”, expresan en Nación.

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En la Casa Rosada reconocen que es probable que ese paquete sea incluido entre los anuncios que preparan para Ravier. La iniciativa reúne cambios sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como una nueva etapa de la agenda de desregulación, con foco en reducir costos, ampliar competencia y eliminar barreras de entrada en sectores que consideran “sobrerregulados”.

El capítulo de seguros es uno de los más relevantes para Milei. El Presidente viene hablando de la “revolución de los seguros”, una idea que presentó como parte de su visión sobre el achicamiento del Estado: desarrollar mercados privados de cobertura más competitivos, profundos y completos para reducir la necesidad de que el sector público actúe como prestador de última instancia.

Ese enfoque conecta con el evento de la Fundación Faro, donde Milei se mostró con Ravier y con David Friedman, hijo de Milton Friedman. El economista estadounidense impulsa el pensamiento libertario y anarcocapitalista, con una obra centrada en la provisión privada de servicios que tradicionalmente se asocian al Estado. En su entorno ven un marco doctrinario compatible con el discurso presidencial.

La reforma sobre seguros todavía no está explicitada en su letra fina. En despachos oficiales hablan de ampliar la oferta, habilitar más competencia y reducir costos, pero evitan precisar si el texto modificará directamente la Ley 20.091, que regula a las entidades aseguradoras, o si avanzará sobre normas complementarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El paquete también incluye el capítulo de cabotaje. El Gobierno quiere modificar el régimen que reserva la navegación entre puertos argentinos a embarcaciones de bandera nacional y tripulación local. En el Ejecutivo sostienen que la apertura permitiría reducir costos logísticos para cargas del litoral, mejorar la competitividad exportadora y facilitar el transporte fluvial interno.

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Otro frente es el mercado inmobiliario. El borrador apunta a eliminar requisitos como la matrícula obligatoria y el título universitario para la intermediación inmobiliaria, además de liberalizar honorarios, quitar restricciones geográficas y limitar el poder sancionatorio de los colegios profesionales. Ese capítulo puede abrir una discusión con provincias y colegios profesionales, que defienden la regulación local de la actividad.

El cuarto eje es el mercado de capitales. En la Casa Rosada lo vinculan con la necesidad de ampliar instrumentos de financiamiento privado, facilitar operaciones y reducir trabas regulatorias. Buscan que esa agenda se combine con el Súper RIGI, la flexibilización del crédito en dólares y la autorización para tomar deuda por hasta US$5000 millones, en la previa de vencimientos relevantes de julio.

El resto de los proyectos que estaban en carpeta quedó más demorado. En Balcarce 50 reconocen que la prioridad ahora es ordenar la comunicación, sostener los proyectos que ya están en tratamiento y elegir con cuidado los próximos envíos al Congreso. El caso Adorni, las tensiones con Patricia Bullrich y las negociaciones con aliados obligaron a recalcular tiempos legislativos.

Gobierno, Adrián Ravier, reforma

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.