POLITICA
El Gobierno firmó acuerdos con EE.UU. para reforzar la logística militar y acceder a un mercado de drones
El Gobierno firmó este jueves dos acuerdos para fortalecer la cooperación en materia de logística militar con los Estados Unidos y poder acceder a la plataforma de venta de drones y sistemas antidrones del Ejército norteamericano.
Las cartas de intención fueron suscritas este jueves por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en un acto celebrado por el Gobierno como una ampliación en “la cooperación logística y tecnológica”.
Por un lado, uno de los acuerdos gira alrededor del fortalecimiento del apoyo logístico entre ambas naciones mediante un acuerdo para el suministro recíproco de combustible en operaciones.
En ese sentido, el Gobierno argentino reafirmó el Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente entre ambas naciones desde el año 2009 u apunta a “ampliar las capacidades de apoyo logístico bilateral a escala global, facilitando el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran”.
El Ministerio de Defensa sostuvo que ese mecanismo permitirá optimizar el sostenimiento de las fuerzas durante el desarrollo de ejercicios combinados, actividades de adiestramiento, despliegues operacionales, escalas en puertos, operaciones de cooperación y otras iniciativas que las naciones realicen en forma conjunta.
A su vez, “contempla la posibilidad de brindar asistencia logística en situaciones imprevistas o contingencias que demanden una respuesta rápida y coordinada”.
Acceso a un mercado de drones del Ejército de Estados Unidos
Por otro lado, la segunda carta de intención con los Estados Unidos habilita la incorporación de Argentina a un Mercado Digital Internacional para facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados (drones), así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas contra ese tipo de dispositivos.
“Esto permitirá conformar una plataforma centralizada donde los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas desde el ámbito militar de la Defensa”, explicaron desde la cartera que conduce Presti.
Para el Gobierno, la adhesión a este sistema es fundamental en un contexto internacional donde los drones y los sistemas antidrones, se han convertido en herramientas decisivas en numerosos escenarios de conflicto.
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“Las experiencias observadas en los principales teatros de operaciones de los últimos años han puesto de manifiesto el impacto que estas tecnologías tienen sobre la vigilancia, el reconocimiento, la adquisición de blancos, la protección de infraestructuras críticas y la conducción de operaciones militares”, enfatizaron en Defensa.
Por su parte, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, destacó los acuerdos como una muestra de “liderazgo” y proclamó: “Así construimos una Argentina y un hemisferio más fuertes”.
Gobierno, Estados Unidos, ministerio de Defensa
POLITICA
El Senado aprobó un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones y ahora Diputados debe votarlo en junio
El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.
La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.
Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni– se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país», es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.
“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.
Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.
Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.
En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.
Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.
El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.
Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.
POLITICA
El Club Político Argentino señaló el proceso de selección de jueces y alertó por una “creciente degradación” institucional
Cuando ya asomaban los primeros chispazos de la agitada sesión del Senado en la que se alteró la lista de pliegos a tratar y se aprobaron, finalmente, los dictámenes de 74 candidatos, el Club Político Argentino advirtió por una “creciente degradación” de las instituciones argentinas y reclamó que “la valía moral, profesional y académica” debe ser el único criterio objetivo para nombrar a los jueces.
“Argentina vive, desde hace tiempo, una creciente degradación de sus instituciones fundamentales. Cuando esa degradación afecta a la justicia, se comienzan a desmoronar los fundamentos que hacen que podamos vivir juntos”, advirtió la entidad que preside Ricardo Gerardi y, de manera honoraria, encabeza Graciela Fernández Meijide.
El documento no menciona por su nombre a María Verónica Michelli, la postulante a jueza federal de La Plata que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser pariente del periodista de Hugo Alconada Mon. Pero parece haber sido redactado a la medida del caso.
“Asistimos con asombro a un proceso de nombramiento de jueces que vulnera los procedimientos establecidos. Este debe basarse exclusivamente en el criterio de idoneidad, que exige la Constitución. La valía moral, profesional y académica de los candidatos son los únicos criterios de selección. Aplicar otros significaría discriminarlos por sus creencias personales, por el lugar o la familia en que les tocó nacer, por sus elecciones privadas de vida”, alertó el Club Político Argentino.
“Todos merecen una estricta igualdad de trato. Hay un proceso formal de selección en diversas etapas, que se ha reglado justamente para evitar la discrecionalidad”, añadió el colectivo de intelectuales, profesionales y académicos, que valoró el proyecto elaborado por dos jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para limitar la discrecionalidad política en los concursos de los magistrados.
“El procedimiento podrá mejorarse, sin dudas. El Club Político ve con agrado la reciente propuesta de la Corte Suprema orientada a mejorar la selección de los jueces, pero, mientras otro modelo no se haya aprobado, se debe respetar el régimen vigente. Necesitamos confiar en el cumplimiento de procedimientos justos, en decisiones fundadas”, indicaron.
Y concluyeron: “La confianza regenera los vínculos personales, sociales y políticos. La confianza en que se respeten la letra y los valores de la Constitución es la piedra basal para regenerar la convivencia social y permitir un desarrollo estable”.
agitada sesión del Senado,Conforme a
POLITICA
El jefe de la CGT Cristian Jerónimo anticipó una inminente reunión para definir medidas contra el Gobierno
El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo anticipó este jueves una inminente reunión del Consejo Directivo de la central obrera para definir nuevas medidas de fuerza contra el gobierno de Javier Milei después de la reglamentación de la reforma laboral.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera”, afirmó Jerónimo.
El referente sindical aclaró que “nunca se descarta un paro general como medida concreta de respuesta” y recordó además que la CGT “ya hizo cuatro paros y 14 movilizaciones al Gobierno”.
Denuncia ante la OIT
Las centrales sindicales argentinas se unieron este jueves en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas y al que, por primera vez en 25 años, el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.
Jorge Sola, integrante del triunvirato cegetista junto a Jerónimo y Octavio Arguello, expuso el miércoles último en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei.
“Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.
Rechazo a la reforma laboral
Un día antes, la CGT había rechazado la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo, al afirmar a través de un documento que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.
“Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la central obrera.
Al respecto, Jerónimo sostuvo este jueves que la reforma laboral “no generó ni un solo puesto de trabajo”.
“Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada. Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores”, dijo el sindicalista en declaraciones a Futurock.
En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión de Milei. La primera había sido el 24 de enero de 2024, a poco más de un mes de la llegada al poder del mandatario libertario.
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