La causa que investiga hechos de espionaje ilegal contra jueces de la Corte, otros magistrados y funcionarios se reactivó hoy con las citaciones a prestar declaración indagatoria al espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, a un hacker misionero ligado a las maniobras y a un tercer acusado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó la investigación y la encuadró en una presunta asociación ilícita.

Los citados son Zanchetta, Ezequiel Nuñes Pinheiro y un nuevo sospechoso: el joven que creó el sitio Dark PFA, el sitio desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. Se podían conocer así las líneas telefónicas contratadas a nombre de los espiados.

Fuentes judiciales precisaron que las indagatorias fueron fijadas para los próximos días: Zanchetta declarará el 17 de junio; Nuñes Pinheiro, el 19, y Tomás Patricio Hválica, el 24 de junio próximo. Las audiencias serán por Zoom.

Martínez De Giorgi instó mediante un oficio al jefe de la División Análisis de Evidencia Digital Forense del Departamento Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina a que “con carácter urgente proceda a la producción del análisis del contenido de los elementos remanentes pendientes de estudio” vinculados con la causa y dictó una serie de pautas para profundizar el estudio de ese material.

En ese marco, el juez anotició a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, el avance de su expediente por asociación ilícita y le pidió detalles de su causa, donde pretende firmar un acuerdo de juicio abreviado con uno de los acusados. Fue ese acuerdo el que precipitó las indagatorias.

Es que Martínez había enviado el viernes pasado un mail al juzgado de Martínez De Giorgi pidiendo “certificar” (conocer) su causa, con vistas a sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y de la privacidad e irrupción en las comunicaciones.

El acuerdo de conciliación, según confirmó la defensa, estaba fijado para hoy e implicaría la devolución de cualquier prueba que pueda existir secuestrada en el expediente.

Martínez De Giorgi le informó a su par porteña que Pinheiro fue procesado por los delitos de espionaje, interrupción de las comunicaciones, estafa y acceso ilegítimo a datos personales.

Se convirtió su procesamiento en prisión preventiva y se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, decisión que fue homologada por Cámara Federal y está firme.

Excarcelado desde abril del 2024, el juez también le informó que las pruebas lo ligaban a una presunta asociación ilícita y estaba citado a indagatoria.

“La causa se encuentra en trámite”, le recordó, pidiendo detalles del expediente que tramita en el fuero local. Le preguntó qué medidas se dispusieron y quiénes son las víctimas en ese caso “previo a la adopción de cualquier decisión de mérito que pueda afectar el curso de uno u otro proceso”.

Fue una señal clara del juez federal ante la posible resolución que dicte la jueza porteña que pueda afectar su causa.

La jueza Martínez fue la que recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A inicios de diciembre del 2022, en vísperas de la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad, se ventilaron supuestos diálogos del entonces funcionario y jueces tras la difusión de un viaje que compartieron a Lago Escondido.

La causa por el espionaje contra los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios focos.

Uno es la denuncia que investiga la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y de otras personas.

La otra es el hackeo a dos camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También, al entonces diputado Diego Santilli y al exministro de Seguridad porteño, entre otros.

Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo pasó una serie de encargos. El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, según declaró Nuñes Pinheiro en indagatoria.

También estuvo detenido y está procesado Zanchetta, expolicía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en la base SudamericaData, en donde solo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-.

Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.

Tras el análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y allanó al exfuncionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien hablaba con el espía y fue acusado de haberle encargado “objetivos” y operaciones.

También mantuvo diálogos con el diputado Rodolfo Tailhade. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.

Ahora, Martínez De Giorgi también decidió llamar a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio Dark PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.

En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que los datos que necesitaba para llevar adelante su hackeo los buscaba en la página de Dark PFA.

La oposición legislativa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había logrado reunir suficientes voluntades para poner en marcha una sesión especial en la Cámara de Diputados provincial con el objetivo de exponer sus críticas al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y, entre otros puntos, citar a su titular, Homero Giles. Sin embargo, horas antes de la realización del debate, previsto para las 13, la Presidencia de la Cámara, a cargo de Alejandro Dichiara, suspendió la convocatoria y desató críticas de las bancadas opositoras.

Para la sesión especial que se había previsto para este lunes, a las 13 (a continuación, se iba a desarrollar una sesión ordinaria, que también se suspendió), la oposición contaba con, al menos, 49 diputados dispuestos a sentarse a dar el quorum, que se logra con 47 presencias (la Cámara de Diputados bonaerense está compuesta por 92 legisladores). Así lo informaron a desde la oposición legislativa, en la que contabilizaban como dispuestos a habilitar el debate a los bloques de La Libertad Avanza, Pro, Unión y Libertad, UCR+Cambio Federal, UCR, Coalición Cívica, Espacio Abierto-Hechos, Derecha Popular, Izquierda Socialista y Partido de los Trabajadores Socialistas.

En el orden del día de la sesión especial, se habían reunido 12 proyectos opositores sobre el funcionamiento del IOMA, obra social provincial que es blanco de críticas por sus prestaciones y cuya gestión el gobierno de Kicillof respalda. Entre esas iniciativas, se contaban algunas que solicitan la presencia del titular del IOMA, Homero Giles (un dirigente que pertenece a La Cámpora), para pedirle información sobre el funcionamiento de la obra social. También, otras que buscan la creación de comisiones para controlar sus cuentas, o que buscan declarar al IOMA en emergencia sanitaria, económica y financiera.

Con una resolución publicada esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara (hombre fuerte del peronismo en la sexta sección electoral bonaerense y exintendente de Monte Hermoso) suspendió la sesión en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 28 del reglamento interno, que define “atribuciones y deberes del presidente” de la Cámara. En la misma resolución, convocó a sesión especial, con el mismo temario, para el jueves, a las 13. Para una hora más tarde, se convocó a sesión ordinaria. Según el texto firmado por Dichiara, la suspensión se debe “a que resulta necesario continuar con el análisis y estudio de los asuntos que motivaron el pedido de sesión especial”.

Dentro del peronismo provincial, una fuente bien informada ofreció a una explicación sobre la suspensión de la sesión, más allá de la que consta en el documento oficial. “Si bajábamos [al recinto para debatir en la sesión], quedábamos como operando contra el gobernador. Nos iban a echar la culpa a nosotros y no a la oposición. Por eso, preferimos pagar el costo antes que pelearnos con el gobernador, que siempre le echa la culpa a la Legislatura”, afirmó la fuente consultada por este diario. El 28 de mayo, la Cámara de Diputados provincial realizó su primera sesión ordinaria del año; la de Senadores, aún no tuvo ninguna sesión ordinaria.

La cancelación de la sesión generó críticas de la oposición. “Mientras miles de afiliados sufren demoras en la atención, falta de prestaciones, dificultades para acceder a medicamentos y una creciente incertidumbre sobre el destino de sus aportes, el oficialismo decidió impedir el debate y evitar las explicaciones que la sociedad reclama. Lo ocurrido demuestra la escasa importancia que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación del IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social”, afirmó a el presidente del bloque de Pro, Alejandro Rabinovich.

Para Diego Garciarena, jefe del bloque UCR+Cambio Federal, “perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe del IOMA, que es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses”.

“El kirchnerismo no quiere que se hable de los graves problemas del IOMA, que tiene de rehenes y víctimas a miles de bonaerenses. Convocar a sesión y después darla de baja es la muestra del desinterés de hablar de los problemas concretos del IOMA y la falta de vocación de buscar soluciones concretas”, señaló a este diario Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica.

Según coincidieron fuentes legislativas de distintas bancadas, el peronismo intentará que algunos diputados que este lunes se disponían a dar quorum, no lo hagan el jueves. “En eso estamos”, admitió un hombre del justicialismo. “Es la misma estrategia que tuvieron para esta sesión, pero estamos sólidos”, sostuvo un opositor.

“Colapso sanitario”

El IOMA es un punto crítico para la administración de Kicillof. Las quejas por el funcionamiento de la obra social derivaron en proyectos opositores como los que iban a tratarse en la sesión que se suspendió este lunes. Se realizaron también presentaciones judiciales, como la del concejal de Esteban Echeverría Marcelo Mazzeo (La Libertad Avanza), quien denunció a Kicillof y a Giles por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”, y puntualizó que se observa “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”.

El 21 de mayo, una delegación de legisladores de La Libertad Avanza se acercó a la sede central del IOMA, en La Plata, para presentar un pedido formal de explicaciones sobre su funcionamiento.

La obra social bonaerense también está en la mira del gobierno nacional, que le reclama deudas con hospitales nacionales. La semana pasada, el Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, informó que el IOMA saldó su deuda con el Hospital Garrahan. “El último saldo pendiente, por más de $1230 millones, fue cancelado en su totalidad”, se indicó desde la cartera sanitaria provincial.