POLITICA
El Consejo de la Magistratura enviará en los próximos días más pliegos para cubrir vacantes clave en Comodoro Py
El Consejo de la Magistratura de la Nación enviará en los próximos días 32 nuevos pliegos de candidatos al Poder Ejecutivo para cubrir cargos vacantes en Comodoro Py.
La medida incluye principalmente postulantes para los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal porteña, organismos claves para causas sensibles.
Durante mayo, el organismo remitió 17 ternas al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Durante junio se prevé el envío de otras 15 ternas, que contemplan candidatos para la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, tribunal que revisa las decisiones de primera instancia en causas de instrucción. En total, se sumarán 32 ternas a las que ya retiene el Ejecutivo.
En los ocho Tribunales Orales Federales de Comodoro Py existen 24 cargos titulares, de los cuales siete se encuentran vacantes. Solo los TOF 1, 3, 7 y 8 se encuentran completos, con sus tres jueces. El caso más crítico es el del TOF 6, que no tiene ningún cargo cubierto y opera exclusivamente con magistrados subrogantes. El TOF 2 tiene una vacante, el TOF 4 cuenta con dos y el TOF 5 con una.
El proceso de cobertura comienza cuando el Consejo de la Magistratura llama a concurso, designa jurados, evalúa exámenes y entrevistas, y elabora las ternas que remite al Poder Ejecutivo. El Presidente elige uno de los tres candidatos y envía el pliego al Senado para su tratamiento.
Hasta el momento, Mahiques remitió 150 pliegos a la Cámara Alta y tiene en revisión otras 115 ternas. Aún permanecen en poder del Ejecutivo 105 ternas sin enviar al Senado, equivalentes al 28% de las vacantes totales.
En paralelo, el Consejo tiene en trámite 151 concursos que representan el 41% de las vacantes existentes. De ellos, 15 se encuentran a consideración del plenario, 10 en etapa de evaluación de entrevistas y 34 listos para la realización de entrevistas personales. El total de vacantes en la justicia nacional y federal asciende a 371 cargos.
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La aceleración se produce en medio de tensiones políticas vinculadas a designaciones judiciales, como el caso de la candidata María Verónica Michelli, cuyo pliego fue aprobado por el Senado este jueves, a pesar de la negativa del gobierno.
Comodoro Py concentra gran parte de los juicios por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico de alcance federal.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
El Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
El Ejecutivo busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Consejo de la Magistratura, pliegos, Poder Ejecutivo
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.
Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.
La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
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LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará a Nueva York la semana que viene en coincidencia exacta con la visita del presidente Javier Milei a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las dos agendas oficiales se solapan entre martes y miércoles próximos. Milei buscará reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener aval público al reclamo de soberanía por las islas Malvinas; Kicillof se mostrará con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, y disertará sobre el futuro de Argentina en el orden global, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.
Milei, en tanto, disertará sobre valores democráticos, economía y libertad ante un think tank promovido por la fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI), con el Citi Bank como anfitrión.
En plena batalla ideológica por el rumbo de la Argentina de cara a las elecciones de 2027, Kicillof buscará posicionar su discurso antónimo al de Milei en una universidad de prestigio internacional, dado que no tiene invitación ante las Naciones Unidas.
Milei, por su parte, intentará obtener una reunión bilateral con Trump, luego de que este mandatario señalara que evaluaba cambiar la postura histórica de apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del Estrecho de Ormuz.
El viaje de Milei se dará una semana después de que el gobierno nacional enviase al Congreso el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.
El martes, Milei buscará una reunión bilateral con Trump, durante las reuniones preparatorias de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas. Esta foto no está confirmada. Sí está confirmado un discurso de Milei ante la ONU, el miércoles.
Ese día Kicillof también tendrá una foto simbólica con autoridades de Estados Unidos: el gobernador de Buenos Aires participará de un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, referente del Partido Demócrata de Estados Unidos.
Kicillof coincidirá con Mamdani en un coloquio convocado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”. También se espera la participación de otros mandatarios, como el presidente de España, Pedro Sánchez.
El alcalde de Nueva York brindará a Kicillof la oportunidad de proyectarse como antónimo de Milei en un ámbito progresista.
La agenda de Kicillof comenzará el martes con una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en el distrito bonaerense.
El viaje de Kicillof será en una línea comercial y los gastos correrán por cuenta de la provincia de Buenos Aires. “Es un viaje oficial”, se precisó ante la consulta de . No se dieron detalles de las partidas destinadas a este fin.
El miércoles, tras reunirse con el alcalde de Nueva York, Kicillof disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.
De acuerdo al anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.
En la provincia de Buenos Aires lo reemplazará interinamente la vicegobernadora Verónica Magario.
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POLITICA
La Armada desplazó a nueve efectivos en medio de la investigación por presunto cobro de sobresueldos
El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial denunciados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos. Además, ordenó su pase a disponibilidad mientras avanza una investigación disciplinaria.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, los nueve efectivos quedarán sin funciones y serán investigados bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La medida se tomó a partir de una investigación interna y corre por separado de la causa que tramita en la Justicia.
El pase a disponibilidad está contemplado en la Ley de Personal Militar y supone que los involucrados quedan transitoriamente sin funciones por un plazo máximo de un año. La medida no implica por el momento una degradación ni una condena, sino su apartamiento de los cargos mientras se determinan eventuales responsabilidades disciplinarias.
En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones previstas pueden llegar hasta la destitución.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
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