En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por hecho que el Presidente mantendrá frenado el decreto de nombramiento y no completará el último paso del trámite.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el acuerdo del Senado no obliga políticamente a Milei a firmar de inmediato la designación. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento. Ese último acto quedó ahora en manos del Presidente, que había pedido retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición forzara su tratamiento y aprobación.

En despachos oficiales ponen como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2011, el Senado había aprobado su pliego para asumir como camarista federal en San Martín, pero el decreto de designación nunca fue firmado después del malestar que generó su actuación en la causa contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Yalj terminó renunciando a su postulación ante el Poder Ejecutivo.

Ese antecedente aparece ahora como referencia interna para explicar la estrategia oficial. En el Gobierno creen que, si Milei demora la firma y mantiene abierta la situación, Michelli podría terminar dando un paso al costado para evitar que su postulación quede atrapada en una disputa política prolongada. En Balcarce 50 también apuntan a un dato administrativo: el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue creado por ley, pero todavía no está plenamente integrado ni en funcionamiento ordinario. Su puesta en marcha requiere cubrir vocalías, habilitación operativa, estructura de personal, equipamiento y definición de recursos por parte del Poder Judicial.

El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado.

El caso se convirtió en un revés político para el Gobierno porque la postulación había sido enviada originalmente por el propio oficialismo. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.

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En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50. Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli.

La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. “La elección había sido sin un criterio particular”, sostienen en el Ejecutivo. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.

La maniobra, sin embargo, desordenó la sesión. El cambio de criterio en la cantidad de pliegos provocó la reacción del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de lo conversado en Labor Parlamentaria. El oficialismo debió pedir un cuarto intermedio y, al regreso, aceptó votar los 73 pliegos con dictamen más el de Michelli, que había sido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.

El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Por otro, quedó obligado a convivir con el acuerdo otorgado a una candidata que el propio Milei había decidido frenar. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron mencionar a Michelli en los mensajes públicos posteriores a la votación.

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La Casa Rosada buscará ahora recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto.

En el Gobierno, por ahora, dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada. En Balcarce 50 creen que las trabas administrativas para que el tribunal funcione le dan margen a Milei para no firmar de inmediato la designación, aun después del acuerdo del Senado.

Gobierno, Senado

El Senado aprobó, con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, el pliego de María Verónica Michelli. El legislador de LLA por Formosa, Francisco Paoltroni dialogó con Infobae Al Amanecer y justificó su voto a favor del pliego de una jueza. En este sentido afirmó que, aunque suele acompañar al gobierno de Javier Milei, en temas relacionados con la Justicia mantiene una posición propia. Cabe destacar que el presidente y la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El senador nacional por Formosa afirmó que actuó en línea con posiciones que ya había expresado en debates anteriores sobre designaciones judiciales. Además, destacó la aprobación de 74 pliegos de jueces y ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, el funcionario recordó que también se había opuesto a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Según explicó, esa decisión derivó en su salida del bloque oficialista, aunque continuó acompañando las iniciativas del Gobierno.

“Me opuse a la postulación del juez Lijo y me valió que me echaran del bloque”, señaló. Y agregó: “Seguí votando y acompañando todo con el Gobierno por convicción y porque entiendo que las ideas de la libertad son las ideas correctas”.

El senador sostuvo que las diferencias en materia institucional no implican un alejamiento político del oficialismo. “Cuando hay estas situaciones, yo ya he planteado mi reparo en las cuestiones institucionales”, indicó.

Consultado sobre la abstención de una integrante del bloque vinculado a Patricia Bullrich, consideró que cada senador debe asumir personalmente la responsabilidad de su voto. “Son decisiones personales que uno las tiene que asumir con toda la responsabilidad que merece el cargo de senador nacional”, expresó.

En relación con el caso de la jueza Michelli, explicó que no compartió la posición de su bloque. “No puedo nunca compartir la postura de mi bloque en esta postulación de la jueza Michelli, que pasó todo el proceso, que tenía el orden de mérito y me parece que no corresponde la negativa para ese caso”, afirmó.

Cuestionamientos al proceso y defensa de la división de poderes

Al mismo tiempo, el funcionario se refirió a las críticas sobre el tratamiento del pliego y consideró que existieron errores durante el proceso. “Hay una impericia, sin dudas”, sostuvo.

Según explicó, la magistrada figuraba en el puesto 18 del orden de mérito y señaló que desconoce cómo llegó a convertirse en la candidata propuesta. Sin embargo, remarcó que una vez que el expediente ingresó al Senado y obtuvo dictamen de comisión, la definición correspondía exclusivamente a los legisladores.

“La decisión es de los senadores”, afirmó. Luego agregó que “no se puede avasallar un poder a otro”. Para el senador formoseño, cualquier intervención que altere ese esquema afecta la calidad institucional. “Es una clara falta de calidad institucional”, sostuvo durante la entrevista.

Paoltroni vinculó nuevamente ese planteo con la situación de Formosa y señaló que su experiencia política en la provincia influye en la manera en que analiza este tipo de debates.

La aprobación de 74 jueces y las vacantes en la Justicia

Más allá de la discusión sobre algunos nombres puntuales, el senador destacó el resultado general de la sesión. En particular, valoró la aprobación de 74 pliegos judiciales. “Hemos dado un gran salto con la aprobación de 74 jueces”, afirmó. También señaló que el país arrastra desde hace años un problema de vacantes en distintos tribunales.

Según explicó, cerca del 30% de los cargos judiciales permanecen vacantes. A su entender, esa situación afecta el funcionamiento de la Justicia y demora la resolución de causas. “Es imposible tener una justicia que funcione en tiempo y forma”, sostuvo. Luego añadió una definición sobre el impacto de esas demoras: “La justicia lenta no es justicia”.

Paoltroni consideró que la cobertura de cargos representa un avance institucional. “Estamos hablando de 300 pliegos en todo el país y se pudo avanzar con 74”, señaló.

Además, sostuvo que durante más de una década las vacantes aumentaron sin que existieran avances significativos para resolver el problema. “No podemos pretender calidad de justicia cuando tenés una gran cantidad de piezas que faltan”, afirmó.

Respaldo al Gobierno y preocupación por Formosa

Además, Paoltroni se refirió a las diferencias internas dentro del oficialismo y minimizó las tensiones públicas entre distintos dirigentes. “Esto es normal. En todos los gobiernos y en todos los procesos siempre puede haber alguna pequeña diferencia”, señaló. Y aseguró que no observa cuestionamientos al compromiso político de Patricia Bullrich con la gestión nacional.

El senador ratificó además su respaldo al proyecto político encabezado por Javier Milei. “Todos trabajamos para la reelección del presidente Milei”, afirmó.

Consultado sobre su continuidad dentro del espacio oficialista pese a algunas diferencias puntuales, respondió: “Lo voy a seguir haciendo. Porque es por convicción y por estar adherido a las ideas”.

Por último, volvió a plantear su preocupación por la situación de Formosa y pidió que el Congreso avance con el tratamiento de una intervención federal para la provincia. “Es la única salida, es el último remedio que prevé la Constitución Nacional”, sostuvo.

El legislador advirtió sobre el impacto que podrían tener futuras modificaciones en el esquema tributario nacional sobre una provincia que, según indicó, depende en gran medida de los recursos de coparticipación. En ese marco, insistió en la necesidad de abordar la situación institucional de Formosa dentro del Congreso.

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Por: Redacción Noticias del Momento
En las calles de nuestras ciudades, una imagen desafía toda lógica: colectivos feministas y dirigentes políticos —desde el Frente de Izquierda hasta sectores del kirchnerismo y Unión por la Patria— marchan con fervor bajo la bandera de Palestina. Mientras en Argentina exigen derechos y paridad, en sus plataformas políticas levantan como estandarte a una región donde esos mismos derechos son sistemáticamente aniquilados. ¿Estamos ante una ceguera selectiva o ante el ejercicio más cínico del progresismo actual?

La complicidad de la dirigencia argentina

La contradicción es profunda. Mientras figuras como los diputados del Frente de Izquierda (como Myriam Bregman o Nicolás del Caño) han participado de cierres de campaña y actos reivindicando explícitamente la causa palestina, y legisladores de Unión por la Patria, como Eduardo Valdés, intentan llevar la postura del gobierno actual a debate en el Congreso bajo un prisma crítico, nadie parece notar el abismo ético en sus discursos.
Es alarmante ver cómo estos dirigentes, que en Buenos Aires se presentan como los máximos abanderados de la «perspectiva de género», guardan un silencio sepulcral sobre la realidad social que impera en los territorios que defienden. Esta «agenda de doble vara» no es más que una burla al feminismo: utilizan una causa internacional como herramienta de propaganda anti-occidental mientras dan la espalda a la brutal realidad que ocurre al otro lado de la frontera.

La cruda verdad que los carteles no mencionan

La realidad de la mujer bajo las normas que esta dirigencia política avala con su militancia es devastadora y se aleja años luz de las conquistas que tanto declaman en Argentina:

• Matrimonio infantil: La entrega de niñas de 12 a 14 años a hombres que les triplican la edad es una realidad normalizada, reduciendo a las menores a simples objetos de intercambio.
• La mujer como propiedad: La tutela masculina es una jaula invisible. El permiso de un tutor varón es un requisito obligatorio para que una mujer pueda estudiar, trabajar, viajar o incluso acceder a servicios médicos básicos.
• Violencia normalizada: La denuncia por violencia doméstica es un acto de valentía que a menudo se vuelve contra la víctima, ya que el sistema legal prioriza el honor familiar y el control patriarcal por sobre la integridad física de la mujer.

El silencio cómplice ante el odio LGBTQ+

La contradicción alcanza niveles absurdos al observar a miembros del colectivo LGBTQ+ sumarse a estas marchas junto a estos dirigentes. Es un hecho indiscutible: en los territorios que estos políticos respaldan, ser homosexual no es una identidad, sino un delito penado con el ostracismo, la cárcel o la muerte. Defender a capa y espada una cultura que, si los tuviera frente a frente, los condenaría por el simple hecho de existir, es la prueba definitiva de una desconexión total con la realidad.

¿Activismo o cinismo electoral?

Lo que vemos en las calles no es defensa de los derechos humanos, sino propaganda política disfrazada de solidaridad. La clase política que lidera estas movilizaciones traiciona los valores que juran defender en casa para sostener una postura internacional que, en esencia, es profundamente misógina y autoritaria.
La pregunta que le hacemos a cada dirigente que hoy levanta esa bandera es simple: ¿Hasta cuándo van a seguir engañando a sus seguidores con una causa que desprecia todo lo que dicen defender?
La incoherencia ya no puede esconderse tras un hashtag. La realidad es una, y es hora de que el activismo argentino deje de ser funcional a la opresión.

Como voto el Kirchnerismo y la Izquierda en leyes que ayudaban a la mujer.