WASHINGTON.- En un nuevo paso del alineamiento de la administración del presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump, su principal socio internacional, la Argentina adhirió este miércoles junto a otros países a una declaración impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para combatir la sobreproducción industrial en sectores manufactureros claves, considerado como un “desafío fundamental para la economía global”.

El documento de la “Declaración ministerial conjunta” destinada a “abordar el exceso de capacidad y producción estructurales” fue firmado también por Australia, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, la India, Italia, Japón, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea (UE), en el marco del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El USTR, que lidera el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había convocado una reunión de altos funcionarios de las 14 economías para iniciar labores destinadas a abordar esa problemática que apunta a la competencia con China en materia comercial.

Como resultado, los países que suscribieron el documento junto con Estados Unidos -que partió de las deliberaciones sostenidas durante la reunión ministerial de comercio del G-20 realizada en Milwaukee la semana pasada- expresaron su determinación de trabajar mediante “nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas eficaces” frente a este problema en diversos sectores considerados de preocupación.

La declaración también hace un llamado a todos los países a poner fin al uso de políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado, que, según los firmantes, “distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción”.

“Durante la presidencia de Estados Unidos del G-20, numerosas economías señalaron casos de exceso estructural de capacidad y producción en economías que superaban persistentemente la demanda mundial, sostenidos por políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado aplicadas por gobiernos extranjeros”, declaró Greer mediante un comunicado, en el que no hizo mención a China.

“De no controlarse, estos problemas seguirán perjudicando gravemente a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias”, amplió Greer, el funcionario que en febrero pasado firmó en Washington junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo recíproco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina.

“La administración Trump seguirá colaborando con nuestros socios comerciales para defender nuestras industrias nacionales, a nuestros trabajadores y nuestra economía frente a las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”, completó Greer.

Aunque el texto de la declaración no nombra a ningún país en particular, el tema remite de manera directa a China, cuyo modelo industrial, apoyado en subsidios estatales y una capacidad instalada que supera con amplitud su demanda interna, ha sido el blanco recurrente de las quejas de Washington, Bruselas y otros gobiernos por la sobreproducción en sectores como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los paneles solares y los semiconductores.

El régimen de Xi Jinping ha rechazado esas acusaciones en reiteradas ocasiones y sostiene que su competitividad responde a ventajas de eficiencia y a la dinámica del mercado.

“En particular, el exceso de capacidad y producción estructural conduce a la sobreproducción y a una concentración excesiva de la producción; desalienta la inversión, la producción y el desarrollo de capacidad basados ​​en el mercado; y socava las exportaciones basadas en el mercado», señaló el documento firmado por los 14 países.

“Reconocemos que el exceso de capacidad y producción estructural en cualquier país plantea desafíos importantes para todos sus socios comerciales, ya que distorsiona los precios y los patrones de producción, disuade la entrada de nuevos actores y obstaculiza la innovación y la competencia”, añadió.

Específicamente, el texto detalló que en las deliberaciones de este año los miembros expresaron su preocupación por el exceso de capacidad y producción estructural —existente o proyectado para el futuro— en muchos sectores, entre ellos, automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.

“Nos preocupa que, a falta de medidas oportunas y eficaces, el exceso de capacidad y producción estructural en estos sectores paralice nuestras industrias nacionales, desplace la producción local, destruya empleos, socave nuestras economías, obstaculice los esfuerzos de desarrollo e industrialización y, en última instancia, reduzca el nivel de vida de nuestra población”, alertó.

La relación comercial entre Estados Unidos y China ha estado bajo tensión durante la segunda administración Trump, por la imposición de aranceles, actualmente bajo una tregua hasta el 10 de enero de próximo tras acordar una prórroga a una competencia que ha afectado los mercados globales.

MENDOZA.- El exjuez federal mendocino Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción, accedió a un beneficio especial, lo que generó fuerte repercusión en la provincia cuyana. Un magistrado riojano, con actuación en Mendoza, le otorgó un permiso para volver todos los fines de semana a su casa, con el fin de cuidar a su hijo discapacitado y a su esposa, que se encuentra convaleciente.

De esta manera, el polémico exfuncionario judicial, sentenciado por cobrar coimas a cambio de beneficios a presos, podrá pasar tres días por semana fuera de prisión.

Actualmente, se encuentra tras las rejas en el complejo penitenciario de la localidad montañosa de Cacheuta. Con la resolución judicial, Bento podrá regresar al hogar familiar, en el country Palmares, ubicado en Godoy Cruz, desde los viernes a la mañana hasta los lunes a la tarde, lo que en los pasillos de tribunales calificaron de “finde XXL”.

La decisión fue tomada por el juez federal de La Rioja Jorge Gamal Abdel Chamia, integrante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, quien hizo lugar a una solicitud de la defensa del mendocino, por lo que Bento ya está habilitado para dejar una vez por semana el Complejo Penitenciario Federal VI, donde cumple la condena. Aunque no se trata del acceso a la prisión domiciliaria, sus letrados destacaron la decisión del juez aunque insistirán con el pedido de ese beneficio para que Bento logre estar todos los días en su hogar.

Por su parte, desde la Fiscalía se espera la presentación de una oposición a la medida para que sea revisada y rechazada por la Justicia, ya que se considera que la familia del exmagistrado cuenta con la prestación necesaria para el cuidado integral del hijo de Bento. Esto es, cuidadoras las 24 horas, kinesiólogo, centro de día y transporte adaptado.

Entre las medidas de seguridad que dispuso Chamia se encuentran los traslados que estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal y los controles aleatorios en el domicilio de Bento, que serán realizados por Gendarmería Nacional. En tanto, se espera la orden para que el exmagistrado porte una tobillera electrónica, aunque es una medida aún bajo análisis.

De acuerdo con los fundamentos de la decisión, el magistrado riojano entendió que hubo cambios en la dinámica familiar a raíz del empeoramiento en el cuadro de recuperación de la esposa de Bento, Marta Boiza, quien había sido intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades por una grave afección en la rodilla, que comenzó luego de un altercado con un periodista.

Actualmente, según la defensa, la mujer se encuentra en silla de ruedas, con un fijador externo, edema y una fístula, por lo que necesita asistencia constante. Esta situación atentaría contra las condiciones necesarias para poder cuidar a Facundo, el hijo del matrimonio que padece discapacidad severa y dependencia funcional.

Bajo este escenario, los abogados de Bento solicitaron a la Justicia que contemplara el inconveniente familiar, asegurando que el exmagistrado es la persona indicada para cumplir esa función en el hogar, entre las que destacan la contención emocional del joven. Los otros dos hijos de la pareja están fuera de la provincia: uno, en Buenos Aires; el otro, en España.

Fue este punto de “vinculación afectiva” en el que el juez Chamia hizo foco para otorgar el beneficio, más allá de lo material y asistencial que necesita Facundo, y que tiene garantizado. De hecho, el magistrado riojano tuvo en cuenta los testimonios que aseguran que el joven muestra mejoras cuando está en contacto con su padre, con quien hasta ahora sólo tenía encuentros esporádicos y restringidos.

18 años de prisión

A la espera de las presentaciones que se realicen en las próximas jornadas, desde la Justicia dejaron en claro que la decisión es “excepcional, provisoria y revisable”. Después de dos años de debate, en febrero del 2026, Bento fue condenado a 18 años de prisión por graves delitos relacionados a una red de corrupción que operó durante años desde el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

Las juezas del Tribunal Federal N°2, Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá, fueron las encargadas de declararlo culpable de liderar una asociación ilícita, además de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”, sostuvo el tribunal en los fundamentos.