POLITICA
El descargo de Vidal tras el fallo de la Corte que destrabó el conflicto con el kirchnerismo por la Justicia de Santa Cruz: “Fin de la impunidad”
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló la ampliación del Superior Tribunal de Justicia provincial y declaró inválida la sentencia que había bloqueado esa reforma. “Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó!”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que apuntó directamente contra el kirchnerismo y contra sectores del Poder Judicial que, según afirmó, operaron durante décadas como escudo protector de funcionarios investigados.
La decisión del máximo tribunal nacional pone fin a una disputa que se extendió por casi un año y que mantuvo en vilo la composición del órgano judicial más alto de la provincia patagónica. La ley provincial 3.949, sancionada el 28 de agosto de 2025, había ampliado el tribunal de cinco a nueve miembros, pero una demanda de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz 3 de Julio logró que el propio Superior Tribunal local la declarara inconstitucional. La Corte Suprema revirtió ese pronunciamiento este jueves con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con la resolución en firme, los magistrados Sergio E. Acevedo, José A. González Nora, Gabriel Nolasco Contreras y Juan Ramón de la Vega —designados por la Cámara de Diputados de Santa Cruz al amparo de la misma ley— podrán asumir sus funciones de forma inmediata y sin restricciones. El fallo establece que “no existen impedimentos para que los jueces designados según la ley 3.949 asuman inmediatamente el cargo”.
El gobernador no limitó su reacción a una celebración institucional. En su publicación, Vidal trazó un diagnóstico sobre lo que describió como tres décadas de deterioro provincial: “Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia”, sostuvo, y señaló que una parte del Poder Judicial no solo omitió actuar ante esos hechos, sino que formó parte del sistema que protegió a los responsables. La referencia al kirchnerismo fue explícita: el mandatario calificó a ese sector de la Justicia como “la última trinchera” de ese espacio político.
La Corte Suprema fundamentó su decisión en un argumento procesal de fondo: la asociación gremial que impulsó la demanda original no contaba con un interés personal, directo y concreto que la habilitara como parte interesada, conforme al artículo 132, inciso 3, de la Constitución provincial. El máximo tribunal señaló que la entidad no representaba un interés diferenciado del conjunto de la sociedad ni acreditaba una afectación concreta derivada de la ampliación. Esos “déficits de fundamentación”, según los términos del propio fallo, tornaron inadmisible la demanda y dejaron sin sustento todos los cuestionamientos sobre la reforma.
El esquema que rigió al Superior Tribunal quedó así formalmente desactivado. Durante el lapso de la disputa, el cuerpo funcionó únicamente con los jueces anteriores a la ampliación, con la particularidad de que su presidente, Mariani, fue apartado de la causa por recusación y reemplazado por la defensora general provincial en carácter de conjueza.
La resolución introduce además un precedente sobre los alcances de la legitimación de asociaciones gremiales en materias vinculadas a la organización del Poder Judicial. Al negar esa condición a la entidad actora, la Corte Suprema trazó un límite sobre qué tipo de actores pueden cuestionar judicialmente la estructura de los tribunales provinciales, un debate que excede la coyuntura santacruceña y proyecta consecuencias sobre casos similares en otras jurisdicciones.
Vidal cerró su mensaje con una afirmación que sintetizó el tono político de su reacción: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables”. El gobernador añadió que, a partir de ahora, “la ley vuelve a ser igual para todos” en Santa Cruz. Con los cuatro nuevos magistrados en funciones, los jueces designados durante administraciones kirchneristas pasarán a ser minoría dentro del tribunal ampliado.
POLITICA
PASO 2027: el semáforo de los gobernadores, las listas colectoras que pide la UCR y una inesperada fisura en el PJ
La negociación para que en 2027 no haya PASO entró en una nueva etapa. Después de concentrarse durante meses en los gobernadores, la Casa Rosada comenzó a trasladar la discusión al ámbito donde finalmente deberá resolverse: el Senado. El Gobierno tiene un semáforo con los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño: contabiliza 12 en verde, cuatro en amarillo y ocho en rojo, aunque reconoce que esa fotografía política provisoria todavía no permite garantizar los 37 votos para aprobarla.
“Con esto no alcanza para sacar en el Senado. Se está trabajando senador por senador y, en algunos casos, con algunos bloques”, explicó a Infobae una fuente calificada del oficialismo que está involucrada en el poroteo.
La frase describe el estado real de una negociación que el Gobierno considera prioritaria para ordenar el escenario electoral del año próximo. Javier Milei mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero en la Casa Rosada están dispuestos a aceptar una nueva suspensión para 2027 si esa alternativa permite construir una mayoría más amplia.
La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La hermana del Presidente y titular de La Libertad Avanza interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios y con los legisladores y tiene previsto desarrollar una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.
Las conversaciones ya no se limitan a determinar quién está a favor y quién en contra. Entraron en una segunda etapa: comenzaron a discutirse las condiciones políticas y electorales que algunos potenciales aliados reclaman para acompañar la reforma.
Allí reapareció una propuesta que había circulado a principios de año, luego quedó relegada y ahora volvió a la mesa: una colectora o, en la definición que utilizan quienes participan de las conversaciones, una lista de adhesión.
La iniciativa volvió a ser planteada desde sectores del radicalismo y apunta a resolver uno de los principales problemas electorales que la suspensión de las PASO les plantea a los gobernadores aliados: cómo respaldar la candidatura presidencial de Milei sin quedar obligados a integrarse por completo a La Libertad Avanza ni resignar sus propias estructuras provinciales.
La idea es habilitar una adhesión a un solo candidato presidencial.
En términos prácticos, un gobernador radical, del PRO o perteneciente a una fuerza provincial, podría presentar su propia boleta para gobernador y asociarla electoralmente a la candidatura de Milei a presidente. Mantendría su sello, su estructura territorial y sus candidatos provinciales, pero compartiría en la parte superior de la oferta electoral al postulante presidencial libertario.
“Una sola lista de adhesión”, describió una fuente oficial al explicar la variante que volvió a circular.
Ese detalle es central.
No se piensa, al menos en esta etapa de la discusión, en un sistema abierto de múltiples colectoras que permita que numerosas listas se cuelguen indiscriminadamente de una candidatura presidencial. La propuesta que llegó desde el radicalismo es más acotada: habilitar una vía para que fuerzas políticas diferentes puedan asociarse a un mismo candidato a presidente.
Políticamente, el mecanismo podría facilitar acuerdos que hoy resultan difíciles de cerrar.
Hay gobernadores radicales y de fuerzas provinciales que pueden coincidir con la reelección de Milei y, al mismo tiempo, competir en sus distritos contra candidatos de La Libertad Avanza. Una lista de adhesión permitiría separar ambos planos: acompañar al Presidente en la categoría nacional y mantener la autonomía en la disputa provincial.
Para los mandatarios, además, significa preservar uno de sus principales activos: el control de sus propios armados territoriales.
Para la Casa Rosada, en tanto, puede transformarse en una moneda de cambio importante dentro de la negociación por los votos que necesita para sacar las PASO del calendario.
La discusión tiene antecedentes.
La posibilidad de habilitar colectoras había aparecido en las primeras conversaciones sobre la reforma electoral. Durante el invierno, funcionarios nacionales y gobernadores analizaron distintos mecanismos para que las fuerzas provinciales conservaran sus listas y pudieran, al mismo tiempo, acompañar la candidatura presidencial de Milei.
La alternativa buscaba facilitar acuerdos con gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales que no estaban dispuestos a incorporarse orgánicamente a La Libertad Avanza.
Después perdió fuerza.
El Gobierno decidió concentrarse primero en conseguir los votos para eliminar o suspender las PASO, y la discusión sobre las colectoras quedó relegada. Ahora volvió a aparecer, y su regreso marca una diferencia importante respecto de aquella primera etapa: ya no se trata solamente de discutir si habrá primarias, sino de empezar a diseñar bajo qué reglas competirían los eventuales aliados del oficialismo en 2027.
La discusión electoral comenzó así a mezclarse directamente con la parlamentaria.
El semáforo de los gobernadores
En los despachos donde se sigue la negociación circula una clasificación de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño según la posición que la Casa Rosada les atribuye frente a una suspensión de las PASO nacionales.
Hay doce en verde.
Son Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Poggi, de San Luis; y Raúl Jalil, de Catamarca.
La clasificación no significa que los doce hayan cerrado un acuerdo electoral con el Gobierno ni, mucho menos, que puedan garantizar automáticamente todos los votos de sus provincias.
El verde significa que la Casa Rosada considera que tienen una posición favorable a que las primarias nacionales no se realicen en 2027.
Los cinco gobernadores radicales aparecen en ese grupo.
Cornejo, Pullaro, Valdés, Zdero y Sadir hicieron declaraciones públicas con diferentes grados de respaldo. Algunos defendieron las PASO como instrumento y rechazaron su eliminación definitiva, pero admitieron que podrían volver a suspenderse durante 2027. Valdés fue incluso más lejos y dejó abierta la posibilidad de apoyar directamente su derogación.
Ese alineamiento fue una de las señales que llevó al Gobierno a acelerar las conversaciones durante y después de la Argentina Week de París. Cuatro de los cinco gobernadores radicales viajaron a Francia y tuvieron allí distintos contactos políticos con funcionarios nacionales. La posición pública de los cinco, con matices, es compatible con que no haya primarias nacionales en 2027.
Pero una posición favorable de un gobernador no equivale automáticamente al voto de un senador.
Por eso comenzó la segunda parte del trabajo.
Los cuatro gobernadores pintados de amarillo son Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.
Son mandatarios con los que el Gobierno entiende que todavía existe margen para negociar. Llaryora, Vidal y Sáenz provienen de expresiones peronistas alejadas del kirchnerismo. Melella tiene una trayectoria política diferente, aunque en Balcarce 50 registraron señales de acercamiento y por eso tampoco lo consideran hoy dentro del rechazo definitivo.
El amarillo expresa precisamente esa situación: no son votos garantizados, pero tampoco negociaciones cerradas.
En rojo aparecen Axel Kicillof, de Buenos Aires; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.
También allí existen situaciones particulares.
Jorge Macri figura en rojo pese a pertenecer al PRO porque en el Gobierno consideran que su definición terminará dependiendo de la posición política que adopte Mauricio Macri. Jaldo quedó afuera del grupo favorable pese a haber acompañado diferentes iniciativas de Milei desde 2023. Y Misiones conserva la lógica de una fuerza provincial que suele negociar cada votación de manera autónoma.
El semáforo, en definitiva, no divide a aliados y opositores.
Es una fotografía específica de una sola negociación: PASO 2027.
Y la Casa Rosada admite que todavía no alcanza.
La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos en el Senado. De allí que el trabajo haya comenzado a trasladarse de los gobernadores a los legisladores, con negociaciones individuales y conversaciones con bloques completos.
Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem cumplen distintas funciones dentro de esa estrategia. Santilli concentra buena parte del vínculo con los gobernadores. Bullrich y los operadores legislativos trabajan sobre el Senado. Karina Milei interviene en las definiciones políticas y electorales de fondo. Menem deberá contribuir a construir la mayoría correspondiente en Diputados.
La pregunta central ahora es cuántos de los gobernadores pintados de verde pueden transformar su posición política en votos concretos.
Y cuánto deberá ofrecer el oficialismo para conseguirlos.
Ahí vuelve a cobrar relevancia la lista de adhesión.
Una fisura inesperada en el peronismo
Mientras el Gobierno hace esa cuenta, apareció una variable que puede agregar todavía más complejidad a la discusión: dentro del peronismo comenzó a resquebrajarse la posición común que había prevalecido sobre la defensa de las PASO.
Una fuente calificada del Partido Justicialista (PJ) aseguró a Infobae que sectores vinculados a Cristina Kirchner comenzaron a evaluar la conveniencia de dejar que el Gobierno avance con la suspensión de las primarias.
La hipótesis tiene una explicación enteramente vinculada a la interna peronista.
Sin PASO, la conducción formal del PJ conservaría mayor capacidad para intervenir en la definición de las candidaturas y prolongaría la negociación hasta el momento de inscripción de las listas.
Axel Kicillof perdería, en cambio, la posibilidad de utilizar una primaria nacional como mecanismo institucional para desafiar a la estructura partidaria y resolver mediante el voto una eventual competencia presidencial.
El entorno del gobernador bonaerense viene defendiendo precisamente la posición contraria: considera que las PASO deben mantenerse y que las candidaturas del peronismo tienen que resolverse mediante una competencia interna si no existe previamente un acuerdo. Esa postura fue ratificada públicamente en las últimas horas.
Pero Kicillof no está solo en esa posición. Según pudo saber Infobae, Sergio Massa tampoco está de acuerdo con eliminar ni con suspender las PASO y coincide en ese punto con el gobernador bonaerense.
El dato agrega otro actor de peso a la disputa.
Massa ya había participado en agosto de las conversaciones del peronismo en las que se acordó defender el sistema de primarias de cara a 2027. En aquella mesa estaban representados sectores que hoy mantienen diferencias profundas sobre la candidatura presidencial y el liderazgo del espacio.
La novedad es que esa posición común empezó a mostrar fisuras.
Una fuente de peso del peronismo sostuvo ante Infobae que existe un movimiento para que sectores vinculados a Cristina Kirchner no bloqueen la suspensión de las PASO. Incluso atribuyó a la expresidenta el interés político detrás de esa alternativa.
En las conversaciones internas comenzaron a aparecer dos senadores de peso. Uno de La Cámpora y otro del norte. No hay, sin embargo, elementos que permitan afirmar que alguno de ellos esté negociando directamente con el Gobierno.
De hecho, la Casa Rosada lo niega. “No veo que de ahí vengan los votos en el Senado”, aseguró una fuente oficial involucrada directamente en el poroteo.
La respuesta fue todavía más terminante respecto de una eventual conversación con ese universo político: “En nuestro menú de herramientas no hay conversaciones con ellos. Los números los estamos trabajando con otros senadores y otros bloques”.
Es decir, hay dos planos que por ahora transcurren separadamente.
Una cosa es la discusión que comenzó dentro del peronismo sobre si a todos sus sectores les conviene conservar las PASO. Otra, diferente, es la construcción de votos que lleva adelante la Casa Rosada.
El Gobierno asegura que no está negociando con el kirchnerismo.
Pero admite que entiende perfectamente por qué la ausencia de primarias podría resultar conveniente para Cristina Kirchner.
Sin PASO, Kicillof no tendría una elección interna abierta en la que disputar la candidatura presidencial y la pelea se trasladaría al control partidario, la conformación de las alianzas y, finalmente, el cierre de las listas.
La conducción del PJ ganaría entonces capacidad de negociación.
La fuente oficial consultada por Infobae lo resumió en términos políticos: la ausencia de una primaria permitiría a Cristina Kirchner mantener la presión sobre Kicillof hasta el último tramo del armado electoral.
La paradoja es evidente.
Milei quiere eliminar las PASO, entre otras razones, porque considera que constituyen una herramienta financiada por el Estado para resolver internas partidarias. Pero la desaparición de ese mecanismo puede alterar a su vez de manera profunda la correlación de fuerzas dentro del principal partido opositor.
Hasta ahora, una parte importante del peronismo había defendido las primarias como mecanismo para preservar la unidad y resolver la candidatura presidencial. En agosto, Massa, Kicillof y otros referentes habían participado de un reagrupamiento partidario que incluía la defensa de ese sistema.
Pero en el cristinismo esa posición nunca fue completamente homogénea. Ya durante el año, dirigentes cercanos a la expresidenta habían dejado trascender que una elección general con candidato propio podía resultar más conveniente que una primaria contra Kicillof.
Ahora esa diferencia volvió a emerger con mayor intensidad ante la posibilidad concreta de que el Gobierno consiga los votos.
De un lado quedaron Kicillof y Massa, partidarios de conservar las PASO.
Del otro comenzó a insinuarse un sector vinculado a Cristina Kirchner que analiza si le resulta más conveniente llegar a 2027 sin primarias.
Pero todavía no existe una posición dominante.
Ni el sector que pretende sostener las PASO tiene hoy garantizada una mayoría interna capaz de imponer esa postura al conjunto del peronismo, ni quienes analizan facilitar su suspensión lograron volcar al PJ hacia esa alternativa.
“Veremos quién gana”, respondió una fuente peronista calificada consultada por Infobae sobre cómo terminará esa pulseada.
Esa indefinición es parte del escenario que observa la Casa Rosada.
No porque el Gobierno contabilice hoy votos del kirchnerismo —sus principales operadores aseguran que no lo hacen—, sino porque una división dentro del PJ podría reducir la capacidad opositora de bloquear el proyecto en el Senado.
La negociación, por ahora, sigue concentrada en otro universo.
El Gobierno tiene doce gobernadores pintados de verde. Busca consolidar a los cuatro amarillos. Trabaja senador por senador para llegar a 37 votos. Y volvió a discutir una herramienta electoral que puede convertirse en una de las llaves del acuerdo: permitir que los gobernadores que acompañen a Milei puedan adherir sus propias boletas provinciales a una única candidatura presidencial libertaria sin resignar sus partidos ni sus armados territoriales.
La lista de adhesión ofrece algo que el semáforo por sí solo no puede garantizar: un incentivo electoral concreto para transformar afinidades políticas en acuerdos.
Y mientras la Casa Rosada negocia esos votos, la posibilidad de que no haya PASO empezó a producir un efecto adicional que hasta hace poco parecía improbable: dividir al peronismo sobre las reglas con las que deberá resolver su propia candidatura presidencial.
El oficialismo todavía no llegó a 37 votos.
Pero la discusión ya dejó de ser únicamente si las PASO deben existir o no. Ahora también se negocia cómo competirán los aliados de Milei si desaparecen y quién controlará las candidaturas opositoras si finalmente no se realizan.
POLITICA
La Iglesia y el Ministerio de Salud acordaron mantener una mesa de diálogo por la crisis en discapacidad
En la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, que tiene programada una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, uno de los principales centros de atención integral de personas con discapacidad que atiende la Iglesia, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina presentaron este lunes un documento con inquietudes y propuestas al Ministerio de Salud de la Nación sobre la problemática de la discapacidad. La reunión derivó en el compromiso de mantener una mesa de diálogo.
“Se abrió una puerta para seguir trabajando. El compromiso del Gobierno fue sostener una mesa de dialogo”, confiaron fuentes del organismo episcopal a , al transmitir la esperanza de que el intercambio institucional favorezca los avances requeridos.
La delegación de la Iglesia fue encabezada por el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, acompañado por el secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione, y la coordinadora del Área de Discapacidad, María Bayá Casal.
Fueron recibidos por el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri; el secretario de Gestión Administrativa, Rodrigo Sbarra, y el secretario de la Sedronar, Roberto Moro.
El Área de Discapacidad de la Comisión de Pastoral Social informó que en el encuentro con las autoridades de Salud se presentó un documento con distintas inquietudes y propuestas vinculadas al sector de la discapacidad, que fue recibido por las autoridades del Ministerio para su análisis.
“Somos conscientes de que muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad están atravesando momentos particularmente difíciles. Son ellas, especialmente las personas con discapacidad y quienes las acompañan, quienes deben estar en el centro de nuestra atención y de nuestros mayores esfuerzos”, expresó el grupo de trabajo.
La reunión se desarrolló en un clima de diálogo respetuoso y constructivo, informó el equipo del Episcopado. “Se conformó una mesa de diálogo que permita dar continuidad al intercambio y avanzar progresivamente en la búsqueda de respuestas y soluciones a las distintas problemáticas que atraviesa el sector”, ´se informó.
Al mismo tiempo, se estableció el compromiso de mantener abierto el canal de diálogo institucional para abordar los temas que correspondan al Ministerio de Salud.
Preocupación de larga data
Ya en mayo de 2025, la Iglesia expresó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y las dificultades que enfrentan los centros dedicados a la atención de esta franja de la sociedad.
La comisión ejecutiva del Episcopado denunció ese ese momento las dificultades para acceder a servicios de salud, rehabilitación, educación y acompañamiento profesional y sostuvo que el cuidado de las personas con discapacidad no puede quedar relegado. Además, reclamó una respuesta adecuada del Estado y dijo que “las personas con discapacidad no pueden esperar”.
En sucesivos pronunciamientos, los obispos advirtieron que la discapacidad debe ser una prioridad de las políticas públicas y expresaron que el acceso a la salud, la rehabilitación, la educación y los apoyos cotidianos es incierto y limitado.
En abril pasado, el Episcopado envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que describió la grave crisis que afrontan hogares, , centros e instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad y reclamó que “la discapacidad no puede quedar expuesta a recortes”.
En respuesta a la carta, el Ministerio de Salud recibió a una delegación del Episcopado y transmitió el compromiso de regularizar deudas con prestadores, además de abrir una instancia de diálogo para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Al margen del canal de diálogo abierto con el Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados se discute la prórroga de la emergencia en discapacidad. Mientras la oposición plantea la necesidad de mantenerla por un año, el bloque libertario sostiene que se trata de un instrumento transitorio que debe sustituirse por un esquema estable, con financiamiento específico.
Mariano De Vedia,Iglesia,Discapacidad,Conforme a
POLITICA
Senadores demócratas acusaron a Trump de interferir en las elecciones de Brasil y recordaron las legislativas de la Argentina en 2025
Senadores demócratas le hicieron fuertes acusaciones al gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump al hablar de “interferencias” en las elecciones en Brasil, que ganó el liberal, Flávio Bolsonaro, ante el mandatario Lula da Silva, que definirán el proceso en balotaje, el 25 de octubre. En el comunicado también hablaron del caso argentino por las legislativas de 2025.
Los senadores estadounidenses Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine y Peter Welch le enviaron una carta a Rubio, con fecha 29 de septiembre, en la que le reclamaron “reconocer el resultado de las elecciones en Brasil y solicitando al Departamento de Estado que colabore con socios regionales del hemisferio occidental en el seguimiento de los procesos electorales y judiciales”.
En la carta los senadores expresan su preocupación por “las recientes acciones de la Administración Trump hacia Brasil, incluyendo el uso de aranceles y sanciones selectivas para intentar influir en el veredicto de la Corte Suprema brasileña en el caso del expresidente Jair Bolsonaro, que fue juzgado por intentar incitar un golpe militar para mantenerse en el poder”.
Además le reclamaron a la Administración Trump “no dañar aún más la relación bilateral con Brasil, socio comercial clave de Estados Unidos” y alertaron sobre un “patrón de injerencia electoral en América Latina, incluyendo sus acciones antes de las elecciones de medio término en la Argentina, Honduras y Colombia”.
Senadores demócratas acusaron a Donald Trump de interferir en las elecciones de Brasil
Los senadores demócratas expresaron su preocupación “respecto a las acciones de la Administración” Trump, que advirtieron que amenazan la “alianza estratégica con Brasil y socavan la segunda democracia más grande del hemisferio occidental”, previo, en ese momento, a las elecciones del domingo pasado.
Mencionaron “el nombramiento de Darren Beattie como asesor principal en asuntos de Brasil en el Departamento de Estado, un conocido extremista de ultraderecha y supremacista blanco”, que tiene entre sus antecedentes “declaraciones públicas que señalaban un compromiso ideológico manifiesto para socavar las instituciones democráticas de Brasil y promover los intereses de la ultraderecha brasileña”. Además de la imposición de “aranceles elevados a las importaciones brasileñas”.
Hablaron de un “aparente intento de interferir y, potencialmente, socavar las elecciones generales de Brasil en octubre” y citaron la reunión de Flávio Bolsonaro con Trump en mayo, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que incluyó una foto entre ambos, “llevada a cabo mientras intentaba mitigar un escándalo político interno”, que alertaron que “subraya la disposición de la Administración a inmiscuirse en las elecciones”.
La mención de senadores demócratas al caso de las legislativas argentinas en 2025, en sus acusaciones de Donald Trump de “injerencia” en las presidenciales de Brasil
Los senadores demócratas mencionaron el caso de las legislativas argentinas en 2025, en sus acusaciones de Trump de “injerencia” en las presidenciales de Brasil: “EE.UU. usa presión diplomática, económica y política que pone en riesgo las instituciones democráticas del país, socava la confianza en el proceso electoral brasileño y daña aún más nuestra relación con un aliado estratégico y socio comercial”.
Consideraron que “estas acciones reflejan un patrón más amplio y profundamente preocupante de injerencia por parte de la Administración Trump en los recientes procesos electorales en América Latina, como se observó durante las elecciones intermedias en la Argentina y las elecciones presidenciales en Honduras y Colombia”.
Advirtieron que “este patrón no solo amenaza la integridad de los procesos electorales en países individuales, sino que también erosiona progresivamente la confianza del electorado en los procesos e instituciones democráticas en toda la región”.
El año pasado, un mes antes de las elecciones legislativas nacionales en las que se impuso el oficialismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un fuerte respaldo financiero para la Argentina, como un swap por U$20.000 millones para reforzar las reservas.
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