En el marco de la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el Grillete fiscal, un proyecto para que el Congreso de la Nación no pueda “votar ni sostener” un Presupuesto deficitario. El objetivo central es mantener el equilibrio de las cuentas públicas por ley y, en caso de incumplirse, podría derivar en el shutdown o “cierre” del Estado.

“¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado», aseguró el mandatario.

Y continuó: “Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos porque nunca son ellos los que pagan los platos rotos. Por eso, este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague”.

En la práctica, el Grillete fiscal establece que, ante un saldo fiscal negativo sostenido durante varios meses, el Congreso contará con un plazo limitado para restablecer el equilibrio presupuestario. En caso de no logarlo, se activará en forma automática la paralización de todas las actividades no esenciales del Estado.

Si se materializa este escenario, se suspenderán nuevos gastos, no se aprobarán contratos, no se incorporará personal y quedarán interrumpidas las transferencias discrecionales a las provincias. Además, mientras rija esta medida, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, los ministros, secretarios y subsecretarios no percibirán sus salarios.

Milei aclaró que el proyecto contempla la protección de las funciones y servicios esenciales de la administración central. En tal sentido, explicó que quedarán excluidos del alcance de la medida las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la atención sanitaria, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otras prestaciones.

“Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad”, añadió el jefe de Estado en su mensaje grabado en Casa Rosada.

El concepto de shutdown alude a la paralización parcial o total del Estado debido a la ausencia de fondos para sostener las actividades públicas. Este proceso suele iniciarse cuando el presupuesto previsto se agota y no existe una herramienta legal que permita continuar con los gastos estatales.

En estos escenarios, los gobiernos centrales interrumpen las funciones que no se consideran prioritarias. Esto puede suponer el cierre temporal de dependencias, la suspensión de programas oficiales, la demora en trámites y la imposición de licencias sin goce de sueldo a parte del personal. A diferencia de estas restricciones, los servicios definidos como esenciales —como la seguridad, la justicia y la atención sanitaria— mantienen su actividad, ya que resultan imprescindibles para la estructura fundamental del Estado.

El impacto y la extensión de la clausura temporal varían según las normas de cada país. En ciertos Estados, existen alternativas para evitar la detención total, como la utilización de fondos extraordinarios o prórrogas presupuestarias. En otros, la imposibilidad de aprobar nuevos recursos conduce a la interrupción de una parte significativa de las funciones públicas hasta que se resuelva el desacuerdo que originó la crisis.

El ejemplo más habitual de shutdown se encuentra en Estados Unidos. Allí, el gobierno federal detiene parcialmente sus operaciones si el Congreso no aprueba la legislación de financiamiento antes del inicio del ciclo fiscal o del vencimiento de partidas temporales. Generalmente, el parlamento estadounidense recurre a normas transitorias de financiamiento, conocidas como “stopgap bills”, para evitar el cierre. Sin embargo, la falta de consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha provocado en más de una ocasión la paralización de la administración.

Durante estos cierres, cientos de miles de empleados federales clasificados como no esenciales dejan de trabajar y no perciben salario, mientras que quienes desempeñan tareas indispensables —como el control aéreo, la seguridad fronteriza y el personal militar— deben continuar en funciones, aunque sin cobrar hasta que se restablezca el flujo de fondos. Al mismo tiempo, organismos con financiamiento autónomo, como el Servicio Postal, pueden seguir operando con normalidad. En contraste, la difusión de cifras oficiales, como los informes de empleo o crecimiento económico, se suspende hasta que el gobierno retome su actividad.

El Gobierno formalizó este jueves la aprobación del Proyecto Vicuña dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando el desembolso minero más importante de la historia del país, una iniciativa que se lleva adelante en la provincia de San Juan liderada por la alianza estratégica entre los gigantes globales BHP y Lundin Mining.

El desarrollo aprobado contempla un compromiso inicial de inversión de u$s9.737 millones, encuadrado bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Este paso administrativo habilita una proyección de desarrollo integral que podría alcanzar los u$s18.000 millones a lo largo de sus distintas fases en la próxima década.

RIGI: el Gobierno aprueba la mayor inversión minera de la historia

La luz verde por parte del Ministerio de Economía llegó de la mano de un aval clave en materia energética. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) resolvió ayer a favor de la empresa el acceso a la capacidad de transporte requerida para operar en la cordillera sanjuanina.

La resolución asegura la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental derivada de las obras de ampliación en alta tensión que financiará la propia compañía, destrabando la factibilidad técnica para poner en marcha la construcción del complejo. Las cifras estipuladas en la Resolución 1154 del Palacio de Hacienda fijan un cronograma estricto para los activos computables.

De los u$s9.024 millones destinados directamente a infraestructura y equipamiento clave, las empresas desembolsarán u$s1.128 millones hasta finales de 2026. El tramo principal, equivalente a u$s7.895 millones, se ejecutará entre 2027 y 2031. Además, la norma exige un cumplimiento acelerado de u$s2.009 millones durante los primeros 24 meses para validar los beneficios fiscales y cambiarios. 

El megaproyecto surge de la unificación operativa de los depósitos Josemaría y Filo del Sol. Se trata de un activo con una vida útil estimada en más de 70 años^, pensado para posicionar a la Argentina nuevamente entre los proveedores globales de minerales críticos, ya que el megaemprendimiento apunta a exportar 395.000 toneladas de cobre al año y proyecta crear más de 31.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Una aprobación clave de suministro energético

Este miércoles el ENRGE autorizó formalmente las obras para conectar el proyecto minero Vicuña a la red nacional de alta tensión y le otorgó el derecho prioritario sobre la capacidad eléctrica que se genere. De esta manera, el organismo de control destrabó el avance del plan de transporte para la fase I del yacimiento de cobre Josemaría y dejó establecido el marco bajo el cual operarán las redes clave en la región.

El dictamen del organismo de control zanja la controversia técnica y administrativa iniciada tras la publicación de la Resolución ENRE N° 79/2026, la cual derivó en la celebración de una Audiencia Pública debido a las oposiciones planteadas por entes reguladores provinciales y empresas con proyectos vecinos en la cordillera sanjuanina.

La resolución ratifica el marco bajo el cual se desarrollará la infraestructura requerida para vincular el Distrito Vicuña con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y a la vez desestimó el reclamo de otros proyectos mineros en la provincia de San Juan.

En la audiencia pública de comienzos de junio, se presentaron las posturas de McEwen Copper, operadora del proyecto de cobre Los Azules; Barrick Exploraciones Argentinas de la mina de oro y plata Veladero; Golden Mining vinculada al proyecto minero Hualilán / Casposo, además de funcionarios de las provincias de San Juan y La Rioja.

Las tareas contemplan la provisión y montaje en la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan del campo 05 de 500 kV, la construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo, la desconexión de la línea Nueva San Juan–Rodeo de los campos de 132 kV para su vinculación a sendos campos de 500 kV, la construcción de la Nueva ET Chaparro de 500/220 kV y el tendido de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de aproximadamente 167 kilómetros de extensión. 

Actualmente, Vicuña trabaja con una red activa de 245 proveedores y mas de 2.300 empleos directos

Con la publicación de la Resolución 330/2026 del ENRGE, concluye la etapa de revisión administrativa para el esquema de transmisión eléctrica del Distrito Vicuña. El instrumento legal aporta la certeza regulatoria requerida para iniciar las fases de construcción y montaje de las líneas y estaciones transformadoras de alta tensión, infraestructura que sustentará la entrada en operaciones de uno de los emprendimientos mineros de mayor envergadura proyectados en la Argentina.

Proveedores y cadena de valor

El desarrollo de Vicuña moviliza una amplia red de empresas que participan en actividades de exploración, perforación, transporte, logística, mantenimiento, construcción, ingeniería y servicios especializados. Actualmente, el proyecto trabaja con una red activa de 245 proveedores, integrada por 45 proveedores de bienes y 200 proveedores de servicios.

La provincia de San Juan concentra 150 empresas (61,2%) de esa cadena de valor. Además, participa un 35,1% de empresas del resto del país y 3,7%  proveedores internacionales, principalmente vinculados a bienes y servicios especializados. A medida que el proyecto avance en las distintas etapas previstas por la PEA, continuará creciendo la demanda de bienes, servicios, infraestructura y talento, ampliando las oportunidades para empresas y trabajadores de San Juan y del resto del país.

A nivel operativo, la minera ya desplegó la maquinaria pesada en el yacimiento. En los últimos meses ingresó una flota propia de camiones fuera de ruta de 40 toneladas para efectuar el movimiento inicial de suelos y la adecuación de la plataforma donde se construirá la futura planta concentradora. Estos avances permitieron activar un esquema de trabajo continuo de 24 horas, complementado con obras viales internas e ingeniería de detalle.

Estos avances no quedaron exentos de polémica cuando Vicuaña, a comienzos de junio, adjudicó a una compañía china una licitación para ampliar el campamento permanente de la iniciativa en la provincia de San Juan, lo que generó cuestionamientos por parte de sectores empresariales y legislativos.

En la previa de la presentación del proyecto para modificar la Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 117 millones este jueves y, de esta manera, suma más de USD 2.000 millones en lo que va de julio. Además, la autoridad monetaria acumula más de USD 13.200 millones en lo que va del año.

Desde que inició la cuarta etapa del esquema monetario y cambiario, el BCRA incorporó USD 13.281 millones a sus reservas. El equipo económico definió para 2026 una meta anual de acumulación de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

El martes, la autoridad monetaria no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tanto de manera directa como indirecta. Fue la segunda ocasión en el año en la que no realizó compras de divisas, algo que también sucedió el 2 de enero de 2026.

Fuentes del organismo encabezado por Santiago Bausili informaron que ese día se observaron compras importantes del sector energético. Pese a esto, indicaron que en julio el promedio diario de adquisiciones se ubica en USD 116 millones, por encima de los USD 97 millones diarios que promedia el año.

Ese mismo día se llevó a cabo el “fixing” de la D31L6, una letra del Tesoro atada al dólar y con vencimiento el 31 de julio de 2026. Este procedimiento establece el valor oficial del dólar en una fecha determinada, que se utiliza como referencia para diversas transacciones financieras. Para letras o bonos vinculados al tipo de cambio, ese valor determina el monto en pesos que recibirán los tenedores al vencimiento.

Si el dólar oficial continuaba su tendencia alcista, el Ministerio de Economía debía destinar más recursos para cumplir con los pagos de la D31L6. Con un dólar más bajo, el monto en pesos necesario se redujo.

Además, el martes representó la primera vez en 135 ruedas que el Banco Central optó por no comprar divisas. Se trató de una de las tres rachas de compras más extensas de las últimas dos décadas, impulsada por los ingresos provenientes del agro, la minería, la energía y las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales.

Entre enero y julio de 2026, el flujo de divisas creció por las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como por las colocaciones de deuda en el exterior de compañías y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron al Banco Central absorber una parte significativa de los dólares disponibles en el mercado.

En junio, la entidad monetaria redujo su intervención para contener la presión sobre el tipo de cambio. Durante ese mes, la demanda de divisas se incrementó y el precio mayorista del dólar subió más de 5%, superando la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras oficiales de junio sumaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo y apenas por encima del nivel de enero, que fue el más bajo del año. En julio, hasta la fecha, las adquisiciones llegan a USD 2.116 millones, superando lo acumulado en el mes anterior.

Cabe destacar que el Banco Central alcanzó ya la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. En el primer trimestre, el principal reto estuvo relacionado con las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener el ritmo de compras, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin emplear mecanismos de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

Al cierre de esta jornada, las reservas internacionales del BCRA alcanzaron los 49.001 millones, con una caída diaria de 199 millones de dólares.

A las 20, el presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para presentar el proyecto del oficialismo para modificar la Carta Orgánica de la entidad, que será girado al Congreso de la Nación para su debate parlamentario.

Según lo que anticiparon desde el propio Gobierno, el eje central de la iniciativa es clausurar la financiación del Tesoro, las provincias y los municipios vía emisión monetaria. En concreto, que el BCRA no pueda emitir pesos para cubrir los déficits de los distintos estamentos del Estado.

Al mismo tiempo, la propuesta de la administración libertaria plantea la eliminación del uso de Letras Intransferibles. Se trata de títulos de deuda emitidos por el Tesoro y entregados al Central a cambio de reservas internacionales.

Estos instrumentos no pueden ser vendidos ni negociados en el mercado financiero, lo que significa que el BCRA no puede desprenderse de ellos para obtener liquidez. Desde 2006, el Gobierno utilizó las Letras Intransferibles como mecanismo para financiar pagos de deuda externa utilizando reservas de la entidad monetaria.

Además, el proyecto busca redefinir el objetivo principal del Banco Central para que vuelva a ser preservar el valor de la moneda, dejando sin efecto las funciones sumadas en 2012, entre ellas la promoción de la estabilidad financiera, el impulso al empleo y el fomento del desarrollo económico con equidad social.