Al igual que la industria textil, el sector del calzado atraviesa una crisis derivada principalmente de la falta de consumo y de la competencia con las importaciones. En 2025, las compras al exterior alcanzaron los 51 millones de pares, por un monto de USD 721 millones. Esto representó un aumento del 38% en cantidades y del 20% en valores respecto del año previo.

En tanto, en los primeros cinco meses de 2026, las importaciones totalizaron 16 millones de pares, según los últimos datos disponibles de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). De este modo, en los 17 meses que van de enero 2025 a mayo 2026 se importaron 67 millones de pares.

Como resultado, la producción viene en declive: de acuerdo al Indec, en el primer cuatrimestre, el rubro registró una caída del 24% en relación con igual período de 2025 y del 22,1% en comparación con 2024.

CIC detalló también que el año pasado, se fabricaron 80,4 millones de pares, 14,5% menos que en 2024 y 25,6% respecto de 2023. La caída se reflejó también en la disminución de empleo y de empresas: desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, se perdieron 6.014 puestos de trabajo y cerraron 165 unidades productivas.

En esa línea, meses atrás se conoció que John Foos dejaría de fabricar zapatillas en su planta de Beccar, provincia de Buenos Aires, para importar desde Asia. En Córdoba, cerró Gomas Gaspar, que desde hace más de 30 años se dedicaba a la producción de suelas y bases para calzado.

El Grupo Dass, fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics; atraviesa un proceso de ajuste y ya desvinculó a 43 empleados. Por su parte, Viamo entró en concurso preventivo de acreedores, tras efectuar despidos y cerrar locales.

Emanuel Fernández, dueño de Zapatillas Kioshi, dijo: “La situación del sector está bastante mal. Nosotros tuvimos que reducir personal, pasando de 120 a 15 empleados; y achicamos mucho la gama de productos, nos estamos enfocando en un nicho deportivo”. Además, afirmó que están haciendo un mix entre producción e importación y tercerizando algunos procesos.

El empresario destacó: “La venta está costando, principalmente por el cierre de comercios que no pueden afrontar los alquileres. Ni lo importado se está vendiendo”. Y mostró preocupación porque en diciembre se terminan las medidas antidumping contra China: “Sería un golpe letal para el sector si no se renuevan”.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en mayo las ventas del rubro Calzado y marroquinería presentaron un descenso de 0,2% interanual y acumularon un retroceso de 0,9% en los primeros 5 meses del año. No obstante, en términos mensuales avanzaron 3,1 por ciento.

CAME resaltó: “El volumen de ventas se sostuvo mediante la aplicación de descuentos en efectivo, esquemas de financiación y acciones promocionales. El canal físico mantuvo su predominio operativo debido a la necesidad de prueba del artículo. Paralelamente, la rentabilidad experimentó una fuerte presión por el incremento de costos fijos y el comercio informal, forzando a los establecimientos a liquidar inventario anticipadamente para asegurar la rotación de stock”.

Fabián Castillo, presidente de la Cámara de Comercio del Calzado, contó que mientras que transitan un momento recesivo, se están dando cambios en los hábitos de consumo, especialmente en el público sub-40, que prioriza moda y compra por redes, motivo por el cual considera necesario adaptarse constantemente.

Explicó que las ventas venían cayendo, sobre todo en verano, pero en el último mes repuntaron por las bajas temperaturas, que impulsaron la reposición de calzado de invierno. Lo que más se está comercializando son las botas tipo australianas, dado su precio (alrededor de $50.000) y que son abrigadas.

En cuanto a las importaciones, Castillo opinó que siempre pueden traer problemas vinculados a la diferencia de talles y a las dificultades de hacer cambios en caso de fallas. Aparte señaló que muchos de los productos que ingresan son de mala calidad, con lo cual la industria nacional tiene ventaja.

CIC mencionó varios problemas estructurales del sector. Entre los más importantes se encuentran:

• Asimetría regulatoria: la reducción de aranceles y la flexibilización de los mecanismos de control aplicables a productos importados no ha sido acompañada por la implementación de instrumentos equivalentes de fortalecimiento y promoción para la industria nacional
• Alta carga tributaria y costos sistémicos: la estructura impositiva acumulativa a nivel nacional, provincial y municipal, sumada a costos logísticos, financieros y laborales, incrementa significativamente el costo final, reduciendo márgenes y competitividad frente a las importaciones y la oferta informal
• Contrabando y falsificación marcaria: afectan la competitividad al introducir productos que no cumplen con los estándares legales, tributarios y de calidad vigentes. El ingreso se produce principalmente a través de pasos fronterizos identificados como críticos —Jama (Jujuy), Sico (Salta), Aguas Blancas (Salta) y Bernardo de Irigoyen (Misiones)—
• Alta informalidad en la cadena de valor: la existencia de talleres no registrados y eslabones informales en la cadena productiva implica competencia desleal, precarización laboral y dificultades en la trazabilidad del producto
• Dificultad de las pymes para acceder a financiamiento: esto restringe la inversión en tecnología y ampliación de la capacidad instalada

En este marco, la entidad aseguró que se pueden tomar varias medidas para ayudar a paliar la situación:

• Fortalecer el control y regulación de plataformas internacionales de comercio electrónico para evitar la competencia desleal
• Implementar tarifas eléctricas diferenciadas para pymes industriales
• Promover créditos para pymes manufactureras, con tasas de interés subsidiadas y plazos adaptados a los ciclos productivos, destinados a capital de trabajo y modernización
• Impulsar la reducción progresiva o eliminación de Ingresos Brutos para la fabricación de calzado
• Reincorporar valores criterio en la importación y reforzar controles aduaneros a fin de prevenir prácticas como la subfacturación y triangulación indebida
• Limitar la aplicación automática de embargos sobre cuentas bancarias de pymes por deudas fiscales, priorizando alternativas de regularización para evitar la paralización de actividades
• Establecer una moratoria con condonación parcial de intereses y planes de pago accesibles para regularizar deudas fiscales y de seguridad social.

Hasta el 12 de junio, cuando se anunció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en el Golfo Pérsico, a los surtidores argentinos solo se había trasladado parcialmente el aumento del precio internacional del crudo. “Entre febrero y marzo el WTI subió 41,7%, mientras que la nafta súper de YPF en CABA aumentó 24,2%; en otras palabras, el precio de surtido trasladó cerca del 58% del aumento porcentual del crudo”, precisa un análisis del ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Ante la pregunta sobre si debido a la fuerte baja del crudo en la última semana debería bajar la nafta en la Argentina Carnicer precisa que la caída del WTI desde USD 84,88 el barril a USD 76,54 a mediados de esta semana (esto es, una reducción del 9,8%), si se aplicara con la misma elasticidad observada en marzo, tras el aumento inicial, “el precio de la nafta súper tendría un margen teórico de reducción de aproximadamente $117 por litro, hasta cerca de $1926 por litro y una traslado pleno llevaría el litro a cerca de $1.842 el litro, poco más de $200 menos que el precio vigente.

Sin embargo, advierte el análisis, “ese escenario debe leerse solo como referencia teórica, porque el precio final de la nafta no está compuesto únicamente por crudo”.

Carnicer recuerda que después del aumento inicial de marzo el precio de la nafta quedó casi congelado en la Argentina “frente a un WTI todavía alto”. De hecho, observó, “en abril y mayo el crudo continuó en niveles elevados, pero la nafta no repitió nuevos saltos. Esto muestra que el mercado local amortiguó el shock, ya sea por política comercial, márgenes, impuestos, o decisiones de estabilización. La contracara es evidente: si el aumento no se trasladó en forma plena cuando el crudo subía, tampoco es automático que la baja se traslade plenamente cuando el crudo cae. Pero sí abre una discusión legítima sobre cuánto margen existe para reducir o, al menos, evitar nuevos aumentos”.

Según el análisis, la discusión de fondo “no es técnica solamente, es también de reglas de mercado. Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja. Esa simetría no tiene por qué ser perfecta ni inmediata, pero debería ser explicable. En la Argentina, el precio de la nafta funciona como un precio sensible: impacta en costos logísticos, expectativas inflacionarias y percepción pública. Por eso, cuando el WTI cae en pocos días, la pregunta ya no es si se justificaba el aumento de marzo, sino qué parte de la baja internacional puede llegar al consumidor y en qué plazo”.

En esa lógica agrega, si bien es cierto que en marzo los precios internos de las naftas absorbieron solo una parte del shock del crudo y que luego se mantuvieron contenidos, también lo es que “la baja reciente del WTI abre una ventana para revisar precios; no necesariamente para una baja plena, pero sí para evaluar una reducción parcial o, como mínimo, para evitar nuevos aumentos mientras el crudo se estabiliza en niveles menores”.

Por otra parte, un proyecto ingresado al Senado propone reducir el peso de los impuestos nacionales sobre los combustibles. La iniciativa fue presentada por el senador nacional santacruceño José María Carambia y contempla dos modificaciones centrales: 1) mantener y fortalecer el tratamiento diferencial para determinadas zonas del sur argentino, y 2) reducir a la mitad la alícuota del impuesto a los combustibles líquidos en el resto del país.

Los análisis y propuestas, en cualquier caso, están sujetos a la evolución concreta del conflicto en el Golfo, que pueden ir en contra del acuerdo anunciado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Este sábado el régimen iraní anunció un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz -por donde circula más del 20% del comercio internacional de petróleo- por los ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, es una remuneración diferida que la legislación argentina garantiza a todos los trabajadores en relación de dependencia. No se trata de un bono discrecional ni de una gratificación que el empleador otorga a voluntad: es un derecho acumulado a lo largo del año, reconocido y regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, específicamente en sus artículos 121, 122 y 123.

El marco normativo del SAC tiene varias capas. La Ley 23.041, sancionada en 1983, fijó el criterio de cálculo vigente: el 50% del salario mensual más alto del semestre, con todos los rubros remunerativos incluidos. Décadas después, la Ley 27.073, publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015, reformó el artículo 122 de la LCT y estableció con precisión las fechas tope de pago: el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.

El aguinaldo se percibe en dos cuotas anuales. La primera, que corresponde al período enero-junio, se abona en el sexto mes del año. La segunda, que cubre el tramo julio-diciembre, se paga en diciembre. Con el cierre de junio de 2026 a días de distancia, millones de trabajadores registrados del sector privado, empleados del Estado y jubilados del sistema previsional aguardan el cobro de la primera cuota del año.

El SAC alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, con independencia de la actividad económica, el convenio colectivo aplicable o la modalidad contractual. También corresponde a los empleados del Estado en los tres niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal— y al personal de casas particulares, cuyo régimen específico, previsto en la Ley 26.844, les reconoce el derecho en iguales condiciones que al resto de los trabajadores registrados.

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino también perciben el aguinaldo, en virtud de la Ley 24.241 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En su caso, el pago se integra de forma automática al haber mensual de junio y de diciembre, sin necesidad de trámite previo.

Quedan fuera del beneficio los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad. En estos casos, la ausencia de una relación de dependencia registrada elimina la obligación legal de pago del SAC.

Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026

El artículo 122 de la LCT, en su redacción vigente tras la Ley 27.073, fija el 30 de junio como fecha límite para el pago de la primera cuota del SAC. En 2026, ese día cae martes. A ese plazo se suma el artículo 128 de la LCT, que otorga a los empleadores un período de gracia de cuatro días hábiles para abonar las remuneraciones. La jurisprudencia extendió ese criterio al aguinaldo, por lo que el vencimiento efectivo para su pago corre hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Si el empleador no abona el SAC dentro de esos plazos, queda en mora automática desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de notificación previa por parte del trabajador, y con obligación de pagar intereses por el período de atraso. El trabajador puede intimar el pago mediante telegrama laboral gratuito desde el Correo Argentino.

Para el personal de casas particulares, el régimen es más estricto: el SAC debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga, conforme lo establece la Ley 26.844.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobran la primera cuota del aguinaldo integrada al haber de junio, de forma escalonada según el tipo de beneficio y la terminación del DNI. La Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializó ese cronograma: quienes perciben el haber mínimo cobran entre el 8 y el 22 de junio; los titulares de haberes superiores al mínimo, entre el 23 y el 29. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobran entre el 8 y el 12 de junio, también según el último dígito del documento. Para los empleados del sector público nacional, provincial y municipal, los cronogramas dependen de cada administración.

La fórmula de cálculo surge de la Ley 23.041 y fue ratificada por la Ley 27.073 al reformar la LCT: el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el semestre. Para la primera cuota de 2026, el semestre de referencia abarca de enero a junio. El criterio es el del mejor mes, no el promedio: si un trabajador cobró más en marzo que en los otros cinco meses, ese salario es la base del cálculo.

El cálculo no se limita al sueldo básico. Se suman todos los rubros de carácter remunerativo que el trabajador haya percibido en el semestre. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos, compensaciones por indumentaria o asignaciones que la ley o los convenios colectivos clasifiquen fuera del salario.

Al monto bruto resultante se le aplican los mismos descuentos que al salario mensual habitual: aportes jubilatorios (11%), obra social (3%) y PAMI (3%), lo que representa una retención total del 17% sobre el SAC bruto.

Cuando la relación laboral no abarcó el semestre completo —por ingreso reciente, renuncia, despido o períodos sin remuneración—, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado. El artículo 123 de la LCT establece que, ante la extinción del contrato por cualquier causa, el trabajador tiene derecho a percibir la parte proporcional del aguinaldo devengada hasta el momento del cese. La fórmula es: (mejor remuneración mensual bruta del semestre ÷ 2) ÷ días totales del semestre × días efectivamente trabajados.