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ECONOMIA

El Gobierno debe $5,6 billones a proveedores, obras sociales, transportes y PAMI por caída ingresos

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El ajuste fiscal de Javier Milei sumó una nueva herramienta, menos épica que la «motosierra», pero más efectiva para la caja: dejar de pagar. El gobierno libertario acumula al día de hoy una deuda flotante, esto es gastos autorizados (devengados) pero no abonados, que los técnicos del propio Ministerio de Economía que dirige Luis «Toto» Caputo estiman en torno a los $5,6 billones en lo que va de 2026.

Medido en moneda estadounidense son u$s4.000 millones y representa un 3,6% del total de gastos del Presupuesto en todo 2026, unos $148 billones.

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Traducido al lenguaje de la calle, los compromisos asumidos que quedaron en pausa, una práctica que se acentuó por la asfixia fiscal, ya fueron bautizados en la jerga interna, sin eufemismos, como «el pagadiós, como política de Estado».

La explicación oficial remite a la «motosierra sin fin» que impulsa el Presidente en un contexto de caída de los ingresos. La recaudación cayó 4,5% real interanual en marzo —octavo mes consecutivo de retroceso— mientras la inflación volvió a acelerarse al 3,4% mensual y hace diez meses que no detiene su ascenso, desde mayo de 2025, cuando fue de 1,5%.

En ese contexto, el propio Milei encendió las alarmas y le escribió a Caputo en la red X: «El dato es malo», y visiblemente enojado por la frustración explotó este martes ante empresarios de la American Chamber (Amcham): «La motosierra no se detiene. Di la orden expresa de que no para. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria ni en la desregulación».

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Pero en los despachos técnicos admiten que la motosierra más filosa hoy no pasa por recortar partidas, reducir oficinas o personal, sino por postergar pagos. El superávit fiscal, en rigor, se sostiene con una premisa sencilla: pisar gastos.

Un ajuste que se profundiza con recortes del 20% en obra pública

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ordenó en los últimos días un recorte adicional del 2,5% del gasto total del presupuesto a ejecutar antes del 30 de abril. La poda combina una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital, es decir, infraestructura y obra pública, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria. Las restricciones, así las cosas, están al tope de la agenda.

Desde el área económica describen un escenario crítico: los ingresos «vienen en caída libre» y apenas alcanzan para cubrir salarios. El resto de las erogaciones permanece frenado. En ese esquema, el presupuesto base cero funciona como un «doble torniquete»: el ajuste reduce la actividad, eso achica la recaudación y obliga a nuevos recortes, profundizando la recesión.

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«No, el ajuste es más motosierra, lo que se viene haciendo», resumió un vocero del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos por el uso de fondos públicos para viajes o la sospecha de compras de departamentos o casas en countries.

La anatomía del «pagadiós»: PAMI, subsidios y obra pública

Los números internos muestran la magnitud del fenómeno. Al 28 de febrero, la deuda flotante acumulaba $3,9 billones, según las comprobaciones de los auditores de Economía. Para fines de marzo ya se estimaba en $5,6 billones, con una dinámica de crecimiento cercana a $1,7 billones mensuales, aun mientras se cancelan obligaciones atrasadas de 2025.

Los rubros más afectados incluyen PAMI con deuda de $500.000 millones a mediados de abril, subsidios al transporte y energía con cerca de $500.000 millones impagos, y la Ciudad de Buenos Aires con $116.350 millones bajo cautelar judicial, además de obra pública, universidades, provincias y municipios con certificados impagos desde 2025 e incluso 2023.

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El detalle específico es el siguiente:

  • PAMI: deuda de $260.000 millones a febrero y acumulación de unos $140.000 millones mensuales, que ya rondan los $500.000 millones a mediados de abril. El atraso derivó en una huelga de médicos de 72 horas
  • Subsidios al transporte (y energía): cerca de $500.000 millones impagos. La semana última pararon varias líneas de colectivos porque no podían pagar sueldos a los trabajadores de la UTA
  • Ciudad de Buenos Aires: la Nación le debe a CABA $116.350 millones bajo cautelar judicial
  • Obra pública, universidades, provincias y municipios: certificados impagos, programas paralizados y deudas que en muchos casos se arrastran desde 2025 e incluso 2023. En la Cámara de la Construcción señalan que hay deudas impagas desde 2023, cuando recién asumió Milei

A esto se suman los reintegros de IVA a exportadores, directamente interrumpidos. «Hay una orden expresa de Caputo de no pagarlos», admitió un alto funcionario de ARCA. La decisión abre la puerta a una catarata de litigios millonarios contra el Estado, con intereses y costas judiciales que podrían agravar aún más el pasivo.

La falta de transparencia complica el diagnóstico: no existe un detalle consolidado ítem por ítem y los propios funcionarios reconocen que la información debe reconstruirse «mirando planillas» y detectando «agujeros negros».

Un problema que crece bajo la alfombra y ya equivale a u$s4.000 millones

Si se toma el presupuesto total de 2026, de $148,06 billones, la deuda flotante ya equivale al 3,8% del total, unos u$s4.000 millones al tipo de cambio actual, incluyendo arrastres del año anterior.

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Aunque cierta acumulación de deuda flotante es habitual hacia fin de año, en Economía admiten que esta vez la caída de ingresos transformó lo que era un mecanismo administrativo en un problema estructural. «No la están informando y la magnitud es muy grande», reconocen fuentes oficiales.

El impacto ya se traslada al sector privado. La ruptura de la cadena de pagos empieza a ser visible: proveedores que no cobran, pymes que no reciben pagos de supermercados y exportadores que tampoco acceden a reintegros. El efecto dominó es evidente. Muchos productores de bienes de consumo masivo que se resignan a no vender en el mercado interno luego logran exportar pero no cobran los reintegros del IVA y los reclamos se acumulan en el ARCA.

Ajuste selectivo: la motosierra llegó a todos menos a los intereses

El ajuste no es uniforme. Mientras se multiplican los recortes de gastos —4,9% en prestaciones sociales, 5,9% en universidades, 38% en transferencias a provincias y hasta 60% en el PAMI solo en marzo—, el pago de intereses de deuda se mantiene intacto. Solo en ese mes se destinaron $600.000 millones, unos $19.354 millones diarios. «La motosierra llegó a todos menos a los intereses», ironizan en despachos oficiales.

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«En enero lo hicieron dejaron de pagar los subsidios al transporte, en febrero le agregaron gastos sociales, y PAMI, y siguen pisando los pagos», señalan en Economía. La deuda flotante hasta diciembre de 2025 era 100% mayor a diciembre de 2024, o sea una anomalía.

«Y los meses de enero, febrero y marzo son tradicionalmente superiores a los de diciembre. Por lo tanto, la deuda está rondando los $5,6 billones, como mínimo», señaló el funcionario a iProfesional. «Eso se traduce en despelotes en la calle», señalaron las fuentes de la planta permanente.

Según el Centro de Economía Política Argentina CEPA, la ejecución del gasto público total cayó 30% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2023. Hubo recortes profundos en salud (hasta -52% en hospitales), ciencia (hasta -83% en investigación), educación (eliminación de Conectar Igualdad y -96% en infraestructura), desarrollo social (caídas de hasta 94%) y obra pública (entre 78% y 100%). En contraste, la Secretaría de Inteligencia aumentó su ejecución en un 35% del presupuesto.

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Recesión y caída de ingresos: el peor registro desde 2013

El trasfondo es una economía en retroceso. La industria cayó 8,7% interanual en febrero y acumula una baja del 6% en el año, con 14 de 16 sectores en rojo. La construcción también muestra debilidad, con caídas en insumos clave, aunque el empleo formal creció 3,6% interanual en enero, pero el desempleo total creció al 7,5% en 2025 según el Indec.

La recaudación de marzo alcanzó $16 billones, con una suba nominal del 26,2% pero una caída real del 4,5%. En el primer trimestre, el descenso fue del 7,5% real, el peor registro desde 2013. Incidieron la caída del comercio exterior (-27%), el empleo (-4%) y la actividad (-2,9%).

Los datos del IARAF refuerzan el cuadro: los derechos de exportación se desplomaron 35,3%, los impuestos internos 13,7%, los derechos de importación 11,8% y el IVA 2,6%. Solo crecieron el impuesto a los combustibles (35,3%) y el impuesto al cheque (4,7%).

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Un círculo difícil de romper: menos actividad implica más ajuste

Economistas y funcionarios coinciden en la descripción: se trata de un «círculo vicioso» donde menos actividad implica menos recaudación; menos recaudación, más ajuste; y más ajuste, nuevamente menos actividad.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a sostener el equilibrio fiscal aun a costa de acumular deudas y tensiones. En palabras de un funcionario técnico: «No podemos dejar a la repartición a la deriva. Este gobierno algún día desaparecerá y nosotros seguiremos. Hay que ordenarse dentro de este caos». Por ahora, la motosierra sigue en marcha. Pero cada vez corta menos gasto efectivo y más promesas de pago.

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Hidrovía: las empresas que ganaron la licitación crearon Vía Navegable Argentina (VNA), la firma que operará la concesión

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El consorcio adjudicatario promete impulsar el desarrollo de una vía navegable moderna y eficiente

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Ambas empresas celebraron la decisión oficial y conformaron Vía Navegable Argentina (VNA), la firma que estará a cargo de la operación.

El anuncio oficial confirmó que Jan De Nul, empresa de origen belga, junto con Servimagnus, conformarán la nueva sociedad Vía Navegable Argentina (VNA), que tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial por los próximos 25 años. Las compañías aseguraron que su propuesta se sustenta en la inversión privada, el uso de equipamiento propio y la incorporación de tecnología avanzada.

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En un comunicado, Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul, expresó: “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”.

Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, remarcó que la adjudicación representa el resultado de “un compromiso histórico con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina”. En su declaración, enfatizó: “Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica. Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El proyecto, que impulsará la conformación de la Vía Navegable Argentina (VNA), tiene previsto generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias. Las empresas destacaron la relevancia del corredor fluvial para el desarrollo económico nacional y para el fortalecimiento de la competitividad argentina en los mercados internacionales.

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El proyecto prevé generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias en el país (EFE)
El proyecto prevé generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias en el país (EFE)

En el comunicado conjunto, las compañías subrayaron que los trabajos de profundización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal durante los últimos 30 años contribuyeron al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada y el aumento de los volúmenes de exportación. Afirmaron: “Durante los últimos 30 años, los trabajos de profundización y mantenimiento ejecutados en la Vía Navegable Troncal han contribuido decisivamente al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de los volúmenes exportados y la generación de divisas para la Argentina”.

Respecto a los próximos pasos, Jan De Nul y Servimagnus anunciaron que pondrán a disposición su experiencia y recursos para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de la vía. En la nueva etapa, anticiparon la incorporación de tecnología de última generación, con estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental. Según el comunicado, la VNA trabajará para “impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país”.

Las empresas insisten en que el proyecto busca no solo mantener la operatividad sino también modernizar la infraestructura, con el objetivo de garantizar una vía navegable transparente y eficiente en el largo plazo. La sociedad que administrará la concesión desarrollará una política de generación de empleo y transferencia tecnológica, priorizando el impacto positivo sobre la economía local y regional.

En sus declaraciones, los responsables del consorcio enfatizaron la importancia estratégica de la hidrovía para la economía nacional y para las cadenas productivas ligadas a la agroindustria y la exportación. Jan De Nul y Servimagnus remarcaron que su gestión se basará en la aplicación de recursos propios y en la implementación de innovaciones tecnológicas que permitan dar un salto de calidad en el funcionamiento del corredor fluvial.

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El proyecto implica la creación de una nueva sociedad, Vía Navegable Argentina, que asumirá la gestión integral del sistema. La iniciativa prevé mejoras en la infraestructura, el uso de tecnologías de última generación y la aplicación de estándares internacionales en materia de seguridad y protección ambiental. Según los responsables del consorcio, el modelo de gestión elegido permitirá “brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El anuncio de la adjudicación de la concesión y la conformación de la nueva sociedad recibió respaldo por parte de los actores involucrados, quienes consideran que la continuidad y modernización del corredor fluvial representa una oportunidad para consolidar el crecimiento económico y la inserción internacional de la Argentina.



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El impresionante aumento en dólares y el cambio de anatomía del Merval en lo que va del gobierno de Milei

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Entre fines de diciembre de 2023, a poco de asumir el gobierno de Javier Milei, y el martes pasado, el índice Merval de acciones de bolsa de Buenos Aires medido en dólares CCL aumentó un 127 por ciento. Para dimensionar ese desempeño, un informe de Quantum precisa que en el mismo período el índice Bovespa, de la bolsa de San Pablo, subió 1,6% y el índice MSCI (por Morgan Stanley Capital International) para América Latina aumentó 28%, un ritmo cinco veces menor.

Además, el informe de la consultora comparó el resultado del Merval en dólares con el del S&P 500 de Estados Unidos, que en igual período aumentó 57%. El índice porteño incluso dejó atrás al subíndice tecnológico “Magnificent 7” (por las “tecnológicas” Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla), cuyo crecimiento fue del 97 por ciento.

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Según Quantum, el extraordinario rally del Merval en dólares CCL se debe mayormente a dos factores: el “riesgo país” o costo de capital en la Argentina y a la composición particular del índice, que además tuvo un notable cambio de anatomía, con un fortísimo aumento de la incidencia de los sectores financiero y energético y una no menos notable pérdida de los sectores productores de bienes (“Materiales”), en tanto la incidencia de los “servicios públicos” mantuvo invariada su participación.

El riesgo país pasó de niveles de 1.900 puntos básicos a fines de 2023 a cerca de 420 en los últimos días. Pero, observa el informe, “a pesar de que la baja en el período es muy significativa, continúa siendo superior y menos estable que en otros países de la región”. Por caso, el riesgo de Brasil es de 200 puntos (menos de la mitad) y la tasa base o mojón del cálculo del costo total de endeudarse para la Argentina, que son los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, pasó de 3,88% a 4,43% en el mismo período, neutralizando unos 55 puntos de la disminución o mejora del riesgo país.

infografia

“En términos generales, la reducción del riesgo país conlleva mejores condiciones para el acceso al financiamiento del sector privado. Ello mejora las expectativas del flujo de fondos de las empresas y su rentabilidad. A menor riesgo país o costo de capital, mejores condiciones de acceso a financiamiento y perspectivas de las compañías, proceso que impacta positivamente en la valuación del índice.

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La combinación de ordenamiento macroeconómico general, y fiscal en particular, y las “muy buenas expectativas sobre el futuro de sectores específicos de la economía”, resalta el informe, contribuyeron a la baja del riesgo país y a que el Merval en dólares se acerque a los máximos históricos.

No menos espectacular que el aumento del índice son los cambios en su interior. El 49% de la actual capitalización del índice (contra 45% a fines de 2023) está representada por compañías de petróleo y gas (YPF sola explica el 32%), ahora menos expuestas a medidas gubernamentales “dada la situación y evolución internacional del sector y el marco específico que se dio en Argentina para su desarrollo”, dice el informe, en referencia a los precios internacionales y el RIGI.

Mucho más impresionante aún es el aumento de la participación de los bancos y empresas financieras, que casi se duplicó (pasó del 18 al 33%), con pesos muy destacados de Grupo Galicia (13%) y Banco Macro (9%). Se trata, justamente, del sector más expuesto a la evolución del costo de capital o riesgo país y por lo tanto el más favorecido por su reducción.

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El sector de servicios públicos representa el 8,6% y el de materiales/industriales el 8,1%, contra el 26,9% de fines de 2023 con fuerte participación de Mirgor en ese momento. En definitiva, la evolución del índice refleja la pérdida relativa del conjunto de empresas productoras de bienes e integrantes del sector “Materiales” de la economía.

Las variaciones por sector muestran lógicamente la misma evolución, en la que también cuentan las perspectivas de negocios.

El sector de Petróleo & Gas aumentó 183% entre 2023 y 2026, contra un aumento del 31% del mismo sector en el S&P 500. “Mientras que en el Merval el sector representa 49% de la capitalización total de mercado, en el S&P 500 es apenas el 3% del total”, dice un pasaje del informe, lo que describe cierta anomalía.

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Del mismo modo, mientras el sector financiero pesa 33% en el Merval, su incidencia en el S&P 500 es del 12 por ciento. Mientras en Wall Street las acciones financieras crecieron un de por sí notable 44%, en el mercado local volaron un impresionante 230%, lo que apuntaría a que tienen con qué afrontar el preocupante aumento de la morosidad bancaria y financiera, que en abril llego a su mayor nivel en 20 años.

Por último, mientras en el S&P 500 las “Magníficas 7” de Hi Tech representan el 38% de la capitalización, en el Merval no hay empresas que puedan considerarse “tecnológicas”.



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“Antifragilidad”: según J.P.Morgan, los vencimientos de deuda de 2027 pondrán a prueba el plan financiero del Gobierno de Milei

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JP Morgan proyecta que los requerimientos de divisas del sector público en 2027 ascienden al 3,7% del PBI, cifra que trepa al 5,3% si se incorpora el servicio de deuda del Banco Central. (Reuters)

El año electoral que se avecina no es solo un desafío político para la administración de Javier Milei. También será una prueba financiera de magnitud: los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027 son lo suficientemente elevados como para exigir una estrategia de pre-financiamiento activa, según advierte el banco JP Morgan en su último informe sobre la economía argentina.

El diagnóstico del banco de inversión más grande de EEUU reconoce avances en el frente fiscal, pero pone el foco en la magnitud de las obligaciones que se acumulan el año próximo y en la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para hacerles frente.

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El dato central que expone J.P.Morgan es contundente: para todo el año 2027, los requerimientos de divisas del sector público ascienden al 3,7% del PBI. Pero esa cifra sube al 5,3% del PBI si se incorpora el servicio de deuda del Banco Central, que incluye los Bopreal y los repos con bancos internacionales.

En términos absolutos, el banco calcula que, asumiendo una renovación total de la deuda en pesos, la brecha de financiamiento en dólares para 2027 se ubica en torno a los USD 9.000 millones, equivalente al 1,4% del PBI. Ese número se reduce a cerca de USD 4.000 millones bajo el escenario en que el BCRA logra renovar sus repos con bancos del exterior. En cualquiera de los dos casos, la brecha es significativa para una economía que todavía trabaja en la reconstrucción de sus reservas.

Javier Milei se reunió con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan
El presidente Javier Milei y Jamie Dimon, titular de JP Morgan, en un encuentro durante 2025.

Para cubrir esa brecha, J.P.Morgan señala dos caminos posibles: la emisión de deuda en los mercados internacionales —“siempre que el Gobierno esté dispuesto a convalidar los rendimientos de mercado vigentes”— o el recurso a fuentes alternativas de financiamiento. La elección entre uno y otro dependerá, en gran medida, de las condiciones que ofrezca el mercado a medida que avance el calendario electoral.

Ante ese panorama, J.P.Morgan destaca que las autoridades ya trabajan proactivamente para prefinanciar las necesidades de 2027. La estrategia apunta a lo que el banco describe como construir “antifragilidad”: fortalecer la posición financiera antes de que la incertidumbre electoral genere turbulencias en el mercado de deuda.

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En ese marco, la entidad contempla en sus proyecciones la colocación de USD 2.500 millones adicionales en Bonares durante el segundo semestre de este año, por sobre USD 4.000 millones ya comprometidos para 2026. Esto es, una estrategia de acumulación de fondos que se anticipe a los vencimientos de 2027, de modo de reducir la exposición a la volatilidad que suele acompañar a los períodos preelectorales en Argentina.

El banco subraya que “la escala de las obligaciones en moneda extranjera en 2027 y más allá subraya la necesidad de complementar la acumulación de reservas con opciones de financiamiento diversificadas”. En esa línea, J.P.Morgan identifica tres pilares para sostener la consistencia del programa financiero en el mediano plazo: “la disciplina fiscal sostenida, la gestión activa de pasivos y una revinculación gradual con los mercados internacionales”.

Para el tramo que resta de 2026, el diagnóstico de JP Morgan es más tranquilizador. El banco estima que las necesidades de financiamiento en moneda local entre junio y diciembre equivalen al 6,9% del PBI, y las de moneda extranjera al 1,6% del PBI.

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Si el Banco Central logra renovar sus repos con bancos internacionales, la brecha de financiamiento en dólares para 2027 se reduciría de USD 9.000 millones a alrededor de USD 4.000 millones, estima JP Morgan. (Reuters)
Si el Banco Central logra renovar sus repos con bancos internacionales, la brecha de financiamiento en dólares para 2027 se reduciría de USD 9.000 millones a alrededor de USD 4.000 millones, estima JP Morgan. (Reuters)

Estas últimas, según el informe, “deberían ser manejables” incluso bajo el escenario en que solo se renueve el 80% de la deuda en pesos, gracias a los ingresos provenientes de emisiones de deuda doméstica en dólares, préstamos externos respaldados por organismos multilaterales y fondos esperados de privatizaciones.

En el frente en pesos, la tabla de usos y fuentes elaborada por JP Morgan muestra que las amortizaciones de deuda en moneda local previstas para 2027 ascienden a 110.000 millones de pesos —unos USD 60.600 millones al tipo de cambio proyectado—, con fuentes que incluyen depósitos del Tesoro en el Banco Central y nuevas colocaciones de deuda. La brecha en pesos para ese año se estima en 34.347 millones de pesos, equivalente al 3,3% del PBI.

El otro costado del análisis de JP Morgan refuerza la solidez del esquema macroeconómico. El banco señala que “el compromiso de la administración Milei con el equilibrio fiscal permanece intacto”, pese a la caída de los ingresos registrada en lo que va del año.

En mayo, el superávit primario superó las estimaciones del propio banco, con un resultado positivo de USD 1.400 millones que llevó el acumulado del año al 0,8% del PBI. El resultado global —que incluye el pago de intereses— también arroja superávit, en este caso del 0,2% del PBI, en línea con el nivel registrado en el mismo período del año anterior. Medido en los últimos doce meses, el superávit primario corre al 1,4% del PBI.

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Para todo 2026, JP Morgan proyecta un presupuesto equilibrado. El banco estima que un superávit primario del 1,5% del PBI será suficiente para cubrir los pagos de intereses. Por el lado de los ingresos, espera una suba de 0,5 puntos del PBI, impulsada principalmente por ventas de activos estatales —equivalentes al 0,3% del PBI— y una recuperación de los ingresos vinculados a la actividad en el segundo semestre. Ese incremento quedaría compensado, en parte, por un mayor gasto social, con nuevos compromisos que incluyen mayores transferencias para el financiamiento universitario.

JP Morgan advierte que, a medida que se consolide el impulso de la actividad económica, la estrategia de consolidación fiscal tenderá a virar: pasará de centrarse en la contención del gasto hacia una mayor movilización de ingresos. En términos de nivel, el gasto primario todavía se ubica un 29% por debajo del promedio de 2017-2019, con caídas particularmente pronunciadas en subsidios económicos —60% menos— y en inversión pública —76% por debajo de aquel período.

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