El ajuste fiscal de Javier Milei sumó una nueva herramienta, menos épica que la «motosierra», pero más efectiva para la caja: dejar de pagar. El gobierno libertario acumula al día de hoy una deuda flotante, esto es gastos autorizados (devengados) pero no abonados, que los técnicos del propio Ministerio de Economía que dirige Luis «Toto» Caputo estiman en torno a los $5,6 billones en lo que va de 2026.

Medido en moneda estadounidense son u$s4.000 millones y representa un 3,6% del total de gastos del Presupuesto en todo 2026, unos $148 billones.

Traducido al lenguaje de la calle, los compromisos asumidos que quedaron en pausa, una práctica que se acentuó por la asfixia fiscal, ya fueron bautizados en la jerga interna, sin eufemismos, como «el pagadiós, como política de Estado».

La explicación oficial remite a la «motosierra sin fin» que impulsa el Presidente en un contexto de caída de los ingresos. La recaudación cayó 4,5% real interanual en marzo —octavo mes consecutivo de retroceso— mientras la inflación volvió a acelerarse al 3,4% mensual y hace diez meses que no detiene su ascenso, desde mayo de 2025, cuando fue de 1,5%.

En ese contexto, el propio Milei encendió las alarmas y le escribió a Caputo en la red X: «El dato es malo», y visiblemente enojado por la frustración explotó este martes ante empresarios de la American Chamber (Amcham): «La motosierra no se detiene. Di la orden expresa de que no para. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria ni en la desregulación».

Pero en los despachos técnicos admiten que la motosierra más filosa hoy no pasa por recortar partidas, reducir oficinas o personal, sino por postergar pagos. El superávit fiscal, en rigor, se sostiene con una premisa sencilla: pisar gastos.

Un ajuste que se profundiza con recortes del 20% en obra pública

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ordenó en los últimos días un recorte adicional del 2,5% del gasto total del presupuesto a ejecutar antes del 30 de abril. La poda combina una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital, es decir, infraestructura y obra pública, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria. Las restricciones, así las cosas, están al tope de la agenda.

Desde el área económica describen un escenario crítico: los ingresos «vienen en caída libre» y apenas alcanzan para cubrir salarios. El resto de las erogaciones permanece frenado. En ese esquema, el presupuesto base cero funciona como un «doble torniquete»: el ajuste reduce la actividad, eso achica la recaudación y obliga a nuevos recortes, profundizando la recesión.

«No, el ajuste es más motosierra, lo que se viene haciendo», resumió un vocero del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos por el uso de fondos públicos para viajes o la sospecha de compras de departamentos o casas en countries.

La anatomía del «pagadiós»: PAMI, subsidios y obra pública

Los números internos muestran la magnitud del fenómeno. Al 28 de febrero, la deuda flotante acumulaba $3,9 billones, según las comprobaciones de los auditores de Economía. Para fines de marzo ya se estimaba en $5,6 billones, con una dinámica de crecimiento cercana a $1,7 billones mensuales, aun mientras se cancelan obligaciones atrasadas de 2025.

Los rubros más afectados incluyen PAMI con deuda de $500.000 millones a mediados de abril, subsidios al transporte y energía con cerca de $500.000 millones impagos, y la Ciudad de Buenos Aires con $116.350 millones bajo cautelar judicial, además de obra pública, universidades, provincias y municipios con certificados impagos desde 2025 e incluso 2023.

El detalle específico es el siguiente:

• PAMI: deuda de $260.000 millones a febrero y acumulación de unos $140.000 millones mensuales, que ya rondan los $500.000 millones a mediados de abril. El atraso derivó en una huelga de médicos de 72 horas
• Subsidios al transporte (y energía): cerca de $500.000 millones impagos. La semana última pararon varias líneas de colectivos porque no podían pagar sueldos a los trabajadores de la UTA
• Ciudad de Buenos Aires: la Nación le debe a CABA $116.350 millones bajo cautelar judicial
• Obra pública, universidades, provincias y municipios: certificados impagos, programas paralizados y deudas que en muchos casos se arrastran desde 2025 e incluso 2023. En la Cámara de la Construcción señalan que hay deudas impagas desde 2023, cuando recién asumió Milei

A esto se suman los reintegros de IVA a exportadores, directamente interrumpidos. «Hay una orden expresa de Caputo de no pagarlos», admitió un alto funcionario de ARCA. La decisión abre la puerta a una catarata de litigios millonarios contra el Estado, con intereses y costas judiciales que podrían agravar aún más el pasivo.

La falta de transparencia complica el diagnóstico: no existe un detalle consolidado ítem por ítem y los propios funcionarios reconocen que la información debe reconstruirse «mirando planillas» y detectando «agujeros negros».

Un problema que crece bajo la alfombra y ya equivale a u$s4.000 millones

Si se toma el presupuesto total de 2026, de $148,06 billones, la deuda flotante ya equivale al 3,8% del total, unos u$s4.000 millones al tipo de cambio actual, incluyendo arrastres del año anterior.

Aunque cierta acumulación de deuda flotante es habitual hacia fin de año, en Economía admiten que esta vez la caída de ingresos transformó lo que era un mecanismo administrativo en un problema estructural. «No la están informando y la magnitud es muy grande», reconocen fuentes oficiales.

El impacto ya se traslada al sector privado. La ruptura de la cadena de pagos empieza a ser visible: proveedores que no cobran, pymes que no reciben pagos de supermercados y exportadores que tampoco acceden a reintegros. El efecto dominó es evidente. Muchos productores de bienes de consumo masivo que se resignan a no vender en el mercado interno luego logran exportar pero no cobran los reintegros del IVA y los reclamos se acumulan en el ARCA.

Ajuste selectivo: la motosierra llegó a todos menos a los intereses

El ajuste no es uniforme. Mientras se multiplican los recortes de gastos —4,9% en prestaciones sociales, 5,9% en universidades, 38% en transferencias a provincias y hasta 60% en el PAMI solo en marzo—, el pago de intereses de deuda se mantiene intacto. Solo en ese mes se destinaron $600.000 millones, unos $19.354 millones diarios. «La motosierra llegó a todos menos a los intereses», ironizan en despachos oficiales.

«En enero lo hicieron dejaron de pagar los subsidios al transporte, en febrero le agregaron gastos sociales, y PAMI, y siguen pisando los pagos», señalan en Economía. La deuda flotante hasta diciembre de 2025 era 100% mayor a diciembre de 2024, o sea una anomalía.

«Y los meses de enero, febrero y marzo son tradicionalmente superiores a los de diciembre. Por lo tanto, la deuda está rondando los $5,6 billones, como mínimo», señaló el funcionario a iProfesional. «Eso se traduce en despelotes en la calle», señalaron las fuentes de la planta permanente.

Según el Centro de Economía Política Argentina CEPA, la ejecución del gasto público total cayó 30% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2023. Hubo recortes profundos en salud (hasta -52% en hospitales), ciencia (hasta -83% en investigación), educación (eliminación de Conectar Igualdad y -96% en infraestructura), desarrollo social (caídas de hasta 94%) y obra pública (entre 78% y 100%). En contraste, la Secretaría de Inteligencia aumentó su ejecución en un 35% del presupuesto.

Recesión y caída de ingresos: el peor registro desde 2013

El trasfondo es una economía en retroceso. La industria cayó 8,7% interanual en febrero y acumula una baja del 6% en el año, con 14 de 16 sectores en rojo. La construcción también muestra debilidad, con caídas en insumos clave, aunque el empleo formal creció 3,6% interanual en enero, pero el desempleo total creció al 7,5% en 2025 según el Indec.

La recaudación de marzo alcanzó $16 billones, con una suba nominal del 26,2% pero una caída real del 4,5%. En el primer trimestre, el descenso fue del 7,5% real, el peor registro desde 2013. Incidieron la caída del comercio exterior (-27%), el empleo (-4%) y la actividad (-2,9%).

Los datos del IARAF refuerzan el cuadro: los derechos de exportación se desplomaron 35,3%, los impuestos internos 13,7%, los derechos de importación 11,8% y el IVA 2,6%. Solo crecieron el impuesto a los combustibles (35,3%) y el impuesto al cheque (4,7%).

Un círculo difícil de romper: menos actividad implica más ajuste

Economistas y funcionarios coinciden en la descripción: se trata de un «círculo vicioso» donde menos actividad implica menos recaudación; menos recaudación, más ajuste; y más ajuste, nuevamente menos actividad.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a sostener el equilibrio fiscal aun a costa de acumular deudas y tensiones. En palabras de un funcionario técnico: «No podemos dejar a la repartición a la deriva. Este gobierno algún día desaparecerá y nosotros seguiremos. Hay que ordenarse dentro de este caos». Por ahora, la motosierra sigue en marcha. Pero cada vez corta menos gasto efectivo y más promesas de pago.