INTERNACIONAL
Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días
Tres hechos violentos ocurridos entre el miércoles y jueves en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia, dejaron al menos siete personas muertas y generan alerta por la creciente violencia que provoca el crimen organizado en el país.
El primer caso se produjo el miércoles en la estancia Campo Nuevo, ubicada a unos 10 kilómetros del municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil. Según el reporte preliminar de la Policía, un grupo de hombres armados interceptó una camioneta y abrió fuego contra sus ocupantes, causando la muerte de cuatro ciudadanos bolivianos.
De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los investigadores, cuatro presuntos sicarios de nacionalidad brasileña participaron en el ataque, que es investigado como un posible ajuste de cuentas.
Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar una intensa balacera. Cuando efectivos del Comando Fronterizo EPI-San Matías llegaron al lugar encontraron a dos personas sin vida y posteriormente se confirmó el fallecimiento de los otras dos debido a la gravedad de sus heridas.
Ese mismo día, la violencia volvió a golpear al departamento de Santa Cruz. Dos cuerpos decapitados fueron hallados la mañana del miércoles en un camino de tierra del municipio de Yapacaní, una zona situada a unos 300 kilómetros de San Matías y considerada un corredor estratégico entre el oriente y el occidente de Bolivia.
Las víctimas, dos hombres identificados como Bismark Gómez, de 25 años y Matías Tapia, de 22 años, fueron encontrados con signos de violencia. Los cuerpos fueron encontrados junto a un mensaje de advertencia cuyo contenido se analiza para determinar el móvil del doble homicidio y la posible participación de organizaciones criminales.
El tercer caso ocurrió en la localidad de Ascensión de la Frontera, también cerca de la frontera con Brasil, donde una balacera dejó dos personas muertes el jueves. De acuerdo con reportes de la prensa local, cuatro personas interceptaron una camioneta, dispararon con armas de grueso calibre e incineraron el vehículo antes de darse a la fuga. Los dos ocupantes murieron en el ataque, uno de ellos el subteniente de la Policía boliviana, Yerson Salazar Aliendres.
Según el comandante policial de Santa Cruz, David Gómez, el agente policial investigaba los asesinatos ocurridos el día antes en San Matías. Tras su ejecución, los atacantes se llevaron el cuerpo del policía sin que hasta ahora se haya logrado recuperarlo.
La Fiscalía y la Policía iniciaron las investigaciones en estos casos y por el momento se tiene un aprehendido por el último crimen. Los tres episodios se producen en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico y a las disputas entre grupos delictivos que operan en el departamento de Santa Cruz.
San Matías y otros municipios fronterizos con Brasil, han sido escenarios recurrentes de operaciones contra el narcotráfico y de ataques armados atribuidos a organizaciones criminales transnacionales. En tanto, Yapacaní, ubicado entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, también ha sido identificado por las autoridades como un punto de tránsito utilizado para el traslado de droga y otras actividades ilícitas.
Los tres ataques dejaron un saldo de siete fallecidos en dos días y mantienen a las fuerzas de seguridad en busca de los responsables y esclarecer si ambos hechos forman parte de una misma dinámica de violencia criminal.
Según un recuento realizado por Infobae en base a reportes de la prensa local, en lo que va del año hubo al menos 23 muertes violentas o ejecutadas por sicarios, la mayoría concentradas en el departamento de Santa Cruz, la región del Trópico de Cochabamba y regiones fronterizas del sur del país.
Entre las víctimas de la ola de violencia de este año figuran el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, asesinado a tiros en mayo en un crimen investigado por un presunto conflicto de tierras, y el caso reciente del subteniente Salazar, quien participaba en las pesquisas de los asesinatos de San Matías ocurridos horas antes.
A diferencia de otros casos atribuidos a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, ambos eran funcionarios del Estado, lo que refleja una expansión de la violencia hacia quienes ejercen funciones de seguridad y administración de justicia y plantea nuevos desafíos para las autoridades en materia de protección institucional, investigación criminal y control del crimen organizado.
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INTERNACIONAL
Guatemala declara alerta roja en el Trifinio por crisis de sequía: vicepresidenta Karin Herrera ordena medidas urgentes
Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño, mientras la vicepresidenta Karin Herrera ordenó medidas urgentes para contener la escasez de agua y alimentos en municipios de Chiquimula y Jutiapa. La decisión, tomada el 11 de septiembre de 2026, busca reforzar la atención sanitaria, sostener el abastecimiento alimentario y proteger a las familias expuestas a la sequía en el corredor seco ampliado.
La alerta roja se activó después de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional declarara alerta naranja en todo el país ante el riesgo de afectaciones en la disponibilidad de agua y alimentos. La medida nacional antecedió a la elevación de la emergencia en la zona fronteriza del Trifinio.
La instrucción fue dirigida a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres durante dos reuniones extraordinarias encabezadas por Herrera. La Vicepresidencia informó que los encuentros buscaron coordinar a las instituciones responsables de atender las consecuencias de la sequía.
Un plan para el Trifinio y el corredor seco ampliado
La primera reunión correspondió al Gabinete Específico de Desarrollo Social, que revisó los acuerdos alcanzados con el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Allí se presentó el Plan de Acción–Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, diseñado para la Región Trifinio y el corredor seco ampliado, donde se concentra una parte de la vulnerabilidad alimentaria guatemalteca.
Cinco ministerios recibieron tareas específicas. El Ministerio de Economía deberá fijar precios de referencia y actuar frente a aumentos injustificados en productos de la canasta básica y combustibles.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá sumar medidas de vigilancia y respuesta ante enfermedades relacionadas con la falta de agua o su mala calidad. También deberá incorporar al Consejo Nacional de la Juventud en las brigadas sanitarias.
El plan dispone el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición con equipos multidisciplinarios. Su labor incluirá suplementación, desparasitación y vacunación de niñas, niños y mujeres embarazadas, además del monitoreo comunitario de la calidad del agua, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que asegurar que los bonos conserven su carácter condicionado y alcancen a todos los beneficiarios prioritarios. A su vez, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá identificar recursos disponibles y analizar medidas legislativas que permitan acelerar la ejecución presupuestaria.
Las autoridades asignaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la reducción de los plazos de entrega de alimentos. La cartera también deberá definir acciones para asegurar agua y alimentación al ganado afectado por la ausencia de pastos.
Reservas de alimentos, pozos y asistencia para productores
La emergencia contempla reservas estratégicas de alimentos y la activación del seguro agrícola como compensación ante la pérdida de cosechas. También prevé reservorios artesanales para captar agua de lluvia, raciones destinadas a la ganadería y la rehabilitación de pozos comunitarios.
Los productores rurales podrán acceder a crédito con tasas nulas mediante inversión de capital en cajas rurales. La medida busca evitar que los campesinos abandonen sus tierras por la pérdida de cultivos y la falta de recursos para sostener su actividad.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sesan, deberá mantener el seguimiento de las familias que atraviesan inseguridad alimentaria y actualizar la estimación de población afectada. Desde el Conasan también continuará la verificación del estado nutricional de la niñez y de la evolución de la crisis en los hogares más expuestos.
Herrera convocó a alcaldes y gobernadores del Trifinio y del corredor seco ampliado para que eleven las alertas necesarias ante los Coordinadores de Emergencia municipales y departamentales. El objetivo es garantizar el acceso al agua y la asistencia para las familias alcanzadas por la sequía.
Los gobiernos locales deberán utilizar recursos de los Consejos de Desarrollo en cocinas escolares y centros de recuperación nutricional, conforme a la tipología de seguridad alimentaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La instrucción busca dirigir fondos hacia los espacios donde se atiende a población con mayor riesgo nutricional.
“Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca”, afirmó Herrera durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social. La vicepresidenta sostuvo que la respuesta debe situarse por encima de las banderas políticas y concentrarse en las familias vulnerables.
La producción nacional de granos resulta insuficiente, por lo que Guatemala deberá recurrir a importaciones para garantizar el abastecimiento oportuno. Herrera ordenó anticipar y agilizar esos procedimientos, además de fortalecer el monitoreo de caudales, embalses y generación hidroeléctrica con escenarios que permitan activar medidas preventivas.
“Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan”, señaló la vicepresidenta, según la Vicepresidencia. Las instituciones convocadas deberán presentar en 15 días calendario un informe escrito sobre los avances en la aplicación de las medidas.
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NEWYou can now listen to Fox News articles!
President Donald Trump said Saturday during a trip to Ireland that he would love to see the country unified.
The Republic of Ireland gained independence from the United Kingdom in 1922, while Northern Ireland, established in 1921, has remained part of the U.K.
«I don’t want to cause any problems, but I will tell you, I’d love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They’re Irish people. How can they be bad, right?» Trump said in Dublin while on stage with Ireland’s prime minister, Micheál Martin. «I’d like to see a unified country. I think it would be a great feather in everybody’s cap if that happened. It’s going to happen eventually.»
He added that the U.K. «will have something to say about it obviously,» but reiterated that unification would be a «great thing.»
TRUMP SAYS IRAN CONFLICT COULD END AFTER MIDTERMS
President Donald Trump meets with Ireland’s Prime Minister Micheál Martin at Farmleigh House in Phoenix Park in Dublin on Sept. 12, 2026. (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
In response to Trump’s comments, British Prime Minister Andy Burnham said in a statement that the U.K. government’s stance on reunification remains unchanged.
«I am not aware that there is majority public support for another referendum, and until that changes, there will not be one,» Burnham told reporters in Parliament, according to Reuters.
Later Saturday, Trump addressed a crowd at the Deerfield Residence, the official home of the U.S. ambassador to Ireland.
U.S. Ambassador Edward S. Walsh introduced the president, who took the stage to the sound of Lee Greenwood’s «God Bless the USA.»
Early in his remarks, Trump revisited the question a reporter had asked during his meeting with Martin about the prospect of Irish reunification.
«That’s one of those questions where no matter what you say, no matter how well you say it, there’s no good answer, right?» he said, before saying reunification would be a «cool thing.»
President Donald Trump delivers remarks to U.S. Embassy personnel and business leaders at Deerfield Residence on Sept. 12, 2026, in Dublin, Ireland. (Anna Moneymaker/Getty Images)
IRISH AUTHORITIES SEEK EXTRADITION WARRANT FOR SUSPECT IN MURDER OF AMERICAN MOM JAMEY CARNEY: REPORT
The debate over whether Ireland should be one country has been one of the island’s most divisive political issues for decades.
At times, it was far more than a war of words. From the late 1960s through the late 1990s, Northern Ireland was gripped by decades of sectarian violence known as «the Troubles.»
Irish nationalists and republicans — drawn largely from Northern Ireland’s Catholic minority — sought to reunite the island under a single Irish state.
Unionists and loyalists, who mostly belonged to the Protestant majority, wanted Northern Ireland to remain part of the U.K.
Throughout the conflict, more than 3,500 people were killed in violence involving Irish republican and loyalist paramilitary groups, as well as British security forces.
A photographer captures a scene of soldiers in front of a building in May 1981 in Northern Ireland. (Joe McNally/Getty Images)
The fighting largely ceased with a peace deal in 1998, but in the decades since, tensions remain between Protestants and Catholics in Northern Ireland.
A 2024 U.K. Parliament report found that 90% of students in Northern Ireland attend schools that «are effectively segregated along religious lines.»
The peace deal signed in 1998 — known as the Good Friday Agreement or the Belfast Agreement — set up a new government that had representation for both nationalists and unionists.
It also established that Northern Ireland will remain part of the U.K. unless a majority of citizens vote to leave through a referendum.
Brexit reignited debate over Ireland’s future, with Northern Ireland voting to remain in the European Union even as the U.K. as a whole voted to leave. Still, no referendum has been proposed or scheduled on whether Northern Ireland should leave the United Kingdom.
Reuters contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Los bloqueos por el alza de combustibles dejan seis agentes heridos y varios arrestos en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que seis agentes resultaron heridos durante el desalojo de un bloqueo el viernes 11 de septiembre, en el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, en una jornada de protestas contra el aumento de los combustibles que también dejó vehículos incendiados en Zacapa y cortes en varios departamentos de Guatemala.
Un cierre continuaba activo el sábado 12 de septiembre a las 06:45 en el kilómetro 225 de la ruta departamental QUE-03, en la aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca. El bloqueo había comenzado cuatro minutos antes, afectaba ambos sentidos de circulación y era el único punto cerrado en el reporte matutino de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial); las demás rutas figuraban habilitadas.
El policía Ronal Gavino Morales Chávez sufrió un disparo en el estómago y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, después de ser estabilizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango. Los otros cinco efectivos padecieron lesiones por explosiones de morteros, el impacto de una piedra en el cráneo y golpes en distintas partes del cuerpo.
La corporación indicó que sus Fuerzas Antidisturbios despejaron más del 90% de los puntos bloqueados en el país. El despliegue respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad para liberar las rutas con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ejército.
Dos focos de conflicto en Zacapa y Villa Nueva
Los incidentes persistían al cierre de la jornada en sectores de Zacapa y Villa Nueva, donde la PNC afirmó haber detectado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado dentro de las manifestaciones. La institución acusó a esos grupos de usar a mujeres, adultos mayores y niños como escudos humanos.
La fuerza de seguridad solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación para proteger las garantías de los menores y las mujeres presentes en las zonas de conflicto. También pidió a los habitantes de los lugares donde continuaban los enfrentamientos que permanecieran en sus hogares mientras avanzaba el operativo.
“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, advirtió la policía. La institución requirió denuncias anónimas sobre actividades delictivas, instigación o presencia de personas infiltradas.
La PNC señaló que, con base en el artículo 257 del Código Procesal Penal, detendría en flagrancia a quienes obstruyeran las vías. Los vehículos y camiones utilizados deliberadamente para bloquear carreteras serían puestos a disposición de los tribunales para su comiso.
“Los promotores e instigadores de estos ataques violentos están debidamente perfilados e individualizados y enfrentarán todo el peso de la ley”, sostuvo la corporación.
Durante el operativo en Cuyotenango, las autoridades detuvieron a Armando Constancia Martínez, a quien le decomisaron piedras, hondas, morteros y otros objetos presuntamente utilizados para agredir a los agentes. El arresto se sumó a cuatro capturas previas por disturbios en San Miguel Petapa y Suchitepéquez.
En la zona cinco de Mixco, sobre la calzada San Juan, agentes de la comisaría 16 arrestaron a Juan “N”, de 44 años, y Joseline “N”, de 29, cuando arrojaban objetos contundentes contra policías que buscaban despejar la cuarta avenida.
Otros dos hombres fueron capturados en el kilómetro 19,5 de la ruta al Pacífico. William “N”, de 33 años, y Hugo “N”, de 28, estaban en un bloqueo que reunía a 150 personas, donde también se registró el lanzamiento de piedras contra los efectivos de seguridad.
La presencia policial fue reforzada en la colonia Bethania, el Anillo Periférico, Villa Nueva, la ruta al Atlántico y los sectores de Río Hondo y Zacapa, que concentraron algunos de los cierres más prolongados.
Camiones incendiados y reclamo de estado de excepción
La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó los hechos de violencia, vandalismo y destrucción registrados durante las protestas, con especial referencia a la quema de vehículos y camiones de transporte pesado en la aldea Santa Cruz, en el kilómetro 124 de Zacapa.
“El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir”, expresó la organización. El gremio sostuvo que ninguna causa justifica la destrucción de propiedad privada, las agresiones contra trabajadores ni la interrupción forzada de las principales vías de comunicación.
La cámara exigió al Gobierno de Guatemala el restablecimiento inmediato del orden y de la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los sectores afectados por bloqueos violentos. También reclamó al Ministerio Público una persecución penal inmediata contra los responsables materiales e intelectuales de la destrucción, los incendios de vehículos y las amenazas contra transportistas.
“Solicitamos respetuosamente, pero con absoluta firmeza”, al presidente que evalúe declarar un estado de excepción en los municipios donde la violencia haya superado la capacidad ordinaria de las autoridades, planteó el gremio.
Las movilizaciones surgieron después de que el Congreso de la República aprobara, con trámite de urgencia nacional, un decreto que establece precios máximos de referencia para el diésel y las gasolinas, además de un fondo de compensación para los importadores. Diversos sectores del transporte consideran insuficiente la medida frente al aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.
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