El precio de llenar el changuito de alimentos y bebidas varía significativamente según la provincia en la que se realice la compra. A fines de mayo, el costo superó los $1.013.000 en Santa Cruz, mientras que en el conurbano bonaerense fue de $886.730. Los valores surgen de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, que analizó precios online y permitió identificar profundas diferencias entre las distintas regiones del país.

En Santa Cruz, llenar el changuito requiere destinar $1.013.092, el monto más alto registrado en la Argentina durante el período relevado. Chubut ocupa el segundo puesto con $1.001.181, seguido por Río Negro con $994.315. Tierra del Fuego también muestra un valor elevado, con $981.913. La Patagonia concentra los precios más altos del país.

En contraste, el conurbano bonaerense presenta el menor costo para adquirir la misma canasta de bienes, con $886.730. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica apenas por encima, con $889.818. La Rioja y Santa Fe completan el grupo de provincias con precios más bajos, con $887.125 y $886.758 respectivamente.

El estudio de Analytica muestra una marcada brecha entre el sur del país y el centro-norte. Mientras que las provincias patagónicas se mantienen por encima de los $980.000, otras regiones presentan montos cercanos a los $900.000. Neuquén registra $939.213 y San Luis $919.425. En el norte, Salta tiene un valor de $917.652, y Santiago del Estero alcanza los $915.238.

Jujuy y Catamarca presentan costos similares, con $913.480 y $913.099, respectivamente. San Juan, Chaco y Córdoba se mantienen en el rango de $912.000 a $912.578. Tucumán y Misiones cierran el grupo con $911.023 y $912.236.

Provincias como Corrientes y La Pampa se ubican en torno a los $910.454 y $908.114. Formosa muestra $902.719, y el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo el conurbano) llega a $899.991.

La diferencia de precios entre provincias impacta directamente en el poder de compra de los hogares. Aunque los salarios pueden variar según la región, la brecha de más de $120.000 entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense representa una carga significativa para los consumidores del sur.

La consultora Analytica subraya que el relevamiento se basa en precios online de supermercados y almacenes. Esta metodología permite reflejar el costo promedio realista de una compra mensual de alimentos y bebidas, sin contemplar promociones puntuales ni compras mayoristas.

El ranking elaborado por Analytica señala que la dispersión de precios no responde únicamente a la distancia geográfica, sino también a la estructura de costos y a la logística del transporte y distribución en cada región. En algunas provincias del noroeste y noreste, el costo del changuito se asemeja a los valores del centro del país.

El relevamiento de Analytica, realizado a fines de mayo, no contempla promociones ni descuentos puntuales. Por tanto, los valores pueden variar si se consideran compras en mayoristas, ferias o almacenes de barrio. Sin embargo, el informe ofrece una referencia clara para comparar el impacto de la inflación en las distintas provincias argentinas.

La diferencia entre el costo del changuito en Santa Cruz y en el conurbano bonaerense supera los $126.000. Esta brecha resalta la necesidad de monitorear las políticas de precios, la logística y la estructura de costos en el país.

El relevamiento de Analytica evidencia que, a pesar de las diferencias regionales, el costo promedio de una compra de alimentos y bebidas ronda el millón de pesos en la mayoría de las provincias. El informe permite dimensionar el peso que tiene este gasto en el presupuesto familiar y la importancia de seguir la evolución de los precios en cada jurisdicción del país.

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El ministro de Economía, Toto Caputo prepara la aspiradora de pesos ante un nuevo vencimiento de deuda por unos $16 billones este viernes. Si se mantuviera la línea que el Tesoro viene mostrando en las últimas licitaciones, no se contentará con «rollear» el capital de los bonos, sino que colocará títulos por una suma que podría llegar a $3 billones.

La absorción de pesos excedentes, sobre todo desde que Federico Furiase está al frente de la Secretaría de Finanzas, ha sido uno de los puntos centrales del plan económico, junto con la extensión de los plazos de vencimiento.

Así, en cada licitación suele haber un «rolleo» en el orden de 120%, algo que el gobierno justifica como una necesidad para garantizar la senda descendente de la inflación. El temor que en su momento expresó explícitamente Javier Milei es que los pesos que emite el Banco Central cada vez que compra dólares puedan presionar los precios.

Se estima que a fines de junio el BCRA habrá emitido unos $2 billones, una cifra que luce menor en comparación con los $3,5 billones de mayo y los $3,8 billones de mayo. Pero aun así, el gobierno ha dejado en claro que no quiere correr riesgos.

Con el dólar en la mira

De hecho, por primera vez en muchos meses, se volvió a hablar en el mercado financiero sobre la intervención del Central en el mercado de futuros, donde se observó un volumen inusual de operaciones, y una compresión de la tasa implícita para los contratos de vencimiento más corto. Eso llevó a que los analistas sospecharan de una pulseada entre los bonistas de títulos «dólar linked», que pujan por hacer subir al dólar, y el BCRA, que quiere acotar la suba de los últimos días.

Ante esa situación, están dados los incentivos como para que Toto mantenga su sesgo contractivo y retire liquidez de la plaza. Esta política monetaria ha sido criticada por muchos economistas de línea ortodoxa, que sostienen que cuando el BCRA compra dólares hay, por definición, un incremento en la demanda de pesos y que, por ende, no existe el riesgo de inflación ni de corrida.

Pero Caputo no ve las cosas de la misma manera. Sobre todo, cuando está previsto que en un par de semanas salgan de las arcas públicas u$s4.000 millones, para saldar los vencimientos de la deuda externa que se acumulan en julio.

Las tasas, variable de ajuste

Entre las principales críticas que genera esta política por la cual el Tesoro absorbe los pesos que emite el Central es que resulta nociva para el crédito. De hecho, es algo que va en el sentido opuesto al «Punto Anker», como denominan en el equipo económico a la expansión monetaria que se genera cuando el Tesoro no renueva la totalidad de los vencimientos y paga parte del capital con los pesos del superávit fiscal.

Durante muchos meses, Caputo se jactó de que esa era la política más sana, porque el Estado dejaba de competir con las empresas por la liquidez. Su frase preferida era: «Hicimos que los bancos volvieran a trabajar de bancos».

Pero en este momento las prioridades cambiaron, dada la urgencia del gobierno por mostrar un IPC por debajo del 2% mensual. Y la variable de ajuste de esa política es un ensanchamiento del spread de tasas de interés.

Es decir, se hace más grande la diferencia entre las tasas pasivas -las que los bancos pagan a los depositantes de plazos fijos- y las tasas activas -las que cobran a sus clientes cuando otorgan un préstamo-.

Hablando en cifras, la tasa pasiva está en torno de 20%, lo que implica un retorno negativo respecto de la inflación esperada -que asciende a 24% anual-, mientras que las tasas activas, considerando el costo efectivo total, superan las tres cifras.

Los economistas se quejan de que con esta política monetaria se acota el funcionamiento de uno de los «drivers» de la actividad productiva y comercial, como es el crédito. Y que, al colocar deuda por encima de sus necesidades financieras, el Tesoro está, en los hechos, contribuyendo a mantener las tasas altas, por más que los funcionarios destaquen que hay un proceso de reducción del interés.

Un menú para extender vencimientos

En lo que respecta al «menú» de opciones que el Tesoro le ofrece a los inversores para esta licitación, resulta más variado que en ocasiones anteriores. Volvió a incluir bonos de renta fija, como las Lecap, y también mantuvo opciones en tasa dual y títulos ajustables por dólar.

Los duales -de interés variable- tienen el atractivo de que acotan notablemente el riesgo, al pagar la mejor tasa entre una ajustable por CER y otra por el índice TAMAR. Traducido, que da cobertura tanto para la inflación como para un aumento agudo en las tasas de interés.

Es posible que en esta ocasión haya un mayor interés por la inversión «dólar linked» que la observada en las anteriores licitaciones, dado el movimiento que se observó en el mercado, y que llevó al tipo de cambio oficial al nivel de $1.480, un precio que no se veía desde fines de 2025.

Pero acaso la mayor expectativa estará centrada en si el mercado elige los títulos con vencimiento posterior a 2027 o si se concentrará en el corto plazo. Extender la «duration» de la deuda en pesos, según la definición del secretario Furiase, es uno de los principales objetivos de la política financiera.

Y esa meta tiene dos motivaciones. La financiera es aliviar el calendario de vencimientos de 2027, un año con «ruido» electoral, en el que, además, habrá un exigente cronograma de pagos para la deuda dolarizada.

La motivación política para extender los vencimientos de los bonos es que se puede interpretar como una señal de confianza del mercado en el sentido de que el presidente Milei obtendrá la reelección el año próximo y no hay riesgos de cambios bruscos en la línea de política económica.

Finalmente, se emitirán también bonos «hard dólar», en un último tramo de u$s366 millones, con vencimiento en 2028. De esta manera, se completará el cupo para buscar financiación en dólares en el mercado doméstico, con el objetivo de enfrentar cancelaciones de deuda externa.

El bono con vencimiento en 2027 ya fue colocado en su totalidad, y pagó una tasa promedio de 5,4%, mientras que la que devuelve el capital en 2028 también tuvo una buena aceptación, aunque a una tasa más alta, en torno de 8,2%. La diferencia entre ambas tasas es lo que el ministro Caputo ha denominado «el riesgo kuka», en alusión a la prevención de los inversores por un eventual cambio de gobierno en las próximas elecciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha en julio de 2026 una nueva actualización del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que incluirá un incremento del 2,15% tanto en los montos de las prestaciones como en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

La modificación responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales de acuerdo con la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, millones de trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados verán modificados los valores que perciben, mientras que algunas familias dejarán de reunir los requisitos para seguir cobrando las asignaciones familiares.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos del SUAF en julio 2026

Uno de los cambios más importantes de julio no será únicamente el aumento de las asignaciones, sino la actualización de los ingresos máximos permitidos para permanecer dentro del sistema.

Desde este mes, los nuevos límites serán los siguientes:

• Ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844 mensuales
• Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688 mensuales
• Actualización aplicada: 2,15%
• Vigencia: julio de 2026

Esto implica que, si cualquiera de los integrantes supera el tope individual o si la suma de los ingresos familiares excede el límite establecido, ANSES suspenderá automáticamente el pago de las asignaciones familiares.

Quiénes perderán el SUAF desde julio

El organismo previsional toma como referencia los ingresos brutos, es decir, antes de aplicar descuentos por jubilación, obra social, impuestos u otros conceptos.

Por ese motivo, una familia dejará de percibir las asignaciones familiares cuando se presente alguna de estas situaciones:

• Uno de los integrantes cobre más de $3.034.844 mensuales
• El ingreso total del grupo familiar supere los $6.069.688 por mes

La exclusión se produce de manera automática una vez que los ingresos registrados superan alguno de esos parámetros, independientemente de la cantidad de hijos a cargo.

Por qué aumentan las asignaciones familiares

La actualización se encuentra prevista en la Ley 27.160, que estableció un mecanismo de movilidad para las asignaciones familiares.

Posteriormente, el Decreto 274/2024 modificó la fórmula de cálculo y dispuso que tanto los montos de las prestaciones como los topes de ingresos se ajusten mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El objetivo del esquema es evitar que la inflación deteriore el poder adquisitivo de las prestaciones, aunque la actualización de los límites también provoca que algunas familias queden fuera del sistema cuando sus salarios superan los nuevos valores establecidos.

La excepción para familias con hijos con discapacidad

La normativa contempla una excepción importante para determinados beneficiarios.

En los casos en que el hijo posea un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no rigen límites de ingresos para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad ni para percibir la Ayuda Escolar Anual.

Esto significa que las familias podrán seguir cobrando esas prestaciones independientemente del nivel de ingresos del hogar, siempre que cumplan con el resto de los requisitos establecidos por ANSES.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares del SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos sectores de la población que mantienen un vínculo con el empleo formal o el sistema previsional.

Entre los beneficiarios se encuentran:

• Trabajadores en relación de dependencia
• Monotributistas
• Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
• Titulares de la Prestación por Desempleo
• Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas

El monto que percibe cada beneficiario depende del rango de ingresos en el que se encuentre encuadrado.

Cuánto paga ANSES por las asignaciones familiares en julio de 2026

Con la actualización del 2,15%, los principales valores del SUAF quedarán de la siguiente manera:

• Asignación por Hijo (primer rango): $74.033
• Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango): $241.041
• Asignación Prenatal: $74.033
• Asignación por Nacimiento: $86.295
• Asignación por Adopción: $515.930
• Asignación por Matrimonio: $129.209
• Asignación por Cónyuge: $17.964

Los nuevos importes comenzarán a abonarse junto con el calendario de pagos de julio de 2026 y regirán en simultáneo con los nuevos topes de ingresos definidos por ANSES para continuar dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares.