POLITICA
El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia
Maximiliano Ariel Vallejo el financista ligado a la AFA a través de Sur Finanzas y amigo de Carlos “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, se presentará hoy a las 10 de la mañana a declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, en perjuicio del Club Atlético Banfield. Una hora más tarde está citada su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los dos se presentarán ante los tribunales de manera puntual porque, si no, el magistrado ya ordenó su detención.
Vallejo se declarará inocente de la totalidad de los hechos que se le atribuyen y rechazará “enfática y categóricamente” cada una de las imputaciones que le formulan los investigadores.
La comparecencia del financista fue confirmada a Infobae por Marcelo D’Alessandro. El abogado defensor fue muy claro ante las preguntas de este medio: “Vallejo va a declarar y, de acuerdo con las imputaciones, contestará o no. Hay delitos que investigan otros jueces. Tiene siete jueces interviniendo. Uno lo sobreseyó. Eran ocho”, recapituló.
En este último caso, D’Alessandro se refería a Santiago Inchausti, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, en una causa por delitos fiscales que prescribió por más de nueve años de inactividad procesal. El fallo, dictado el 12 de mayo pasado, se basó en que la presunta conducta delictiva había cesado el 31 de diciembre de 2016 y que Vallejo recién fue llamado a indagatoria el 15 de octubre de 2025, por lo que “el plazo de seis años previsto conforme al máximo de la escala penal aplicable transcurrió sin que mediara acto interruptivo válido”. El fiscal Santiago Eyherabide emitió un dictamen favorable al sobreseimiento.
En esa causa, Vallejo era investigado por haber actuado como “contador o asesor” de dos personas entre fines de 2015 y 2016, y se le imputó haber utilizado datos personales y claves fiscales para gestionar altas y modificaciones registrales —desde su rol en una casa de cambio— con el fin de “disimular la real situación fiscal de los obligados”. La ausencia de antecedentes penales también jugó a su favor.
El sobreseimiento no afecta las múltiples causas que aún tiene abiertas. Entre ellas, como recordó el letrado, la que se tramita en el juzgado federal porteño a cargo de María Servini que lo investiga por el “rulo cambiario”. El eje de la investigación es una operatoria denominada “rulo financiero”, que habría consistido en obtener divisas al tipo de cambio oficial —con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la presidencia de Alberto Fernández— para después colocarlas en el mercado negro y capturar la diferencia entre ambas cotizaciones como ganancia ilícita.
Según la hipótesis que sostienen los investigadores, el circuito habría movilizado cerca de 500 millones de dólares a través de una red de sociedades y casas de cambio. El acceso al mercado oficial se habría logrado mediante declaraciones juradas, tras lo cual los dólares obtenidos eran canalizados hacia el mercado informal, donde se vendían a un precio notablemente superior.
Otra es la que instruye Adrián González Charvay a cargo del Juzgado Federal de Campana. Investiga una porción de la causa en la que el juez Armella y la fiscal Incardona se declararon parcialmente incompetentes.
En este caso, por ejemplo, Vallejo no contestaría preguntas que puedan impactar en ese otro expediente. La defensa ya había desplegado una serie de planteos procesales con el objetivo de suspender o bloquear las indagatorias que había fijado el juez Armella e incluso la defensa articuló un planteo de nulidad del trámite de la causa, que también se encontraba pendiente al momento de la audiencia. La defensa sostuvo que no correspondía avanzar con la indagatoria mientras ese planteo no estuviera resuelto.
Decisiones del tribunal de alzada
El magistrado rechazó de plano el recurso de reposición. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio e impuso costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata avaló íntegramente la postura del juzgado y rechazó los planteos recursivos del abogado defensor, despejando el camino para que las audiencias se efectúen sin demoras.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un perjuicio ante una convocatoria diseñada precisamente para garantizar el derecho de defensa.
Como resultado de toda esa secuencia, Armella fijó para hoy la nueva fecha de indagatoria para Vallejo y su madre bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar su detención inmediata en caso de incomparecencia.
Qué maniobras se investigan
El Juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.
El expediente identifica tres ejes delictivos principales:
Asociación ilícita. Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.
Defraudación por administración fraudulenta. La maniobra se sostiene sobre dos ejes:
1. Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:
- 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
- 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).
En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.
2. Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. Sin embargo, el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.
Lavado de activos agravado. Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:
- Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
- Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
- Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.
Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.
POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial
Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
Jerónimo Moyano,Hugo Moyano,Conflicto gremial,Conforme a,Hugo Moyano,,En caída. Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social de los camioneros,,Operación millonaria. Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Massa,,Deuda millonaria. Hugo Moyano convoca a una reunión por la crisis financiera de la obra social de los camioneros
POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros
El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.
El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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POLITICA
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.
La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.
El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.
Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal
Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.
Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.
Impacto sobre el consumo y percepciones sociales
La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.
Propuestas de la industria y alternativas regionales
COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.
Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.
Escenario legislativo y transición normativa
La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.
El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.
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