POLITICA
El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia
Maximiliano Ariel Vallejo el financista ligado a la AFA a través de Sur Finanzas y amigo de Carlos “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, se presentará hoy a las 10 de la mañana a declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, en perjuicio del Club Atlético Banfield. Una hora más tarde está citada su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los dos se presentarán ante los tribunales de manera puntual porque, si no, el magistrado ya ordenó su detención.
Vallejo se declarará inocente de la totalidad de los hechos que se le atribuyen y rechazará “enfática y categóricamente” cada una de las imputaciones que le formulan los investigadores.
La comparecencia del financista fue confirmada a Infobae por Marcelo D’Alessandro. El abogado defensor fue muy claro ante las preguntas de este medio: “Vallejo va a declarar y, de acuerdo con las imputaciones, contestará o no. Hay delitos que investigan otros jueces. Tiene siete jueces interviniendo. Uno lo sobreseyó. Eran ocho”, recapituló.
En este último caso, D’Alessandro se refería a Santiago Inchausti, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, en una causa por delitos fiscales que prescribió por más de nueve años de inactividad procesal. El fallo, dictado el 12 de mayo pasado, se basó en que la presunta conducta delictiva había cesado el 31 de diciembre de 2016 y que Vallejo recién fue llamado a indagatoria el 15 de octubre de 2025, por lo que “el plazo de seis años previsto conforme al máximo de la escala penal aplicable transcurrió sin que mediara acto interruptivo válido”. El fiscal Santiago Eyherabide emitió un dictamen favorable al sobreseimiento.
En esa causa, Vallejo era investigado por haber actuado como “contador o asesor” de dos personas entre fines de 2015 y 2016, y se le imputó haber utilizado datos personales y claves fiscales para gestionar altas y modificaciones registrales —desde su rol en una casa de cambio— con el fin de “disimular la real situación fiscal de los obligados”. La ausencia de antecedentes penales también jugó a su favor.
El sobreseimiento no afecta las múltiples causas que aún tiene abiertas. Entre ellas, como recordó el letrado, la que se tramita en el juzgado federal porteño a cargo de María Servini que lo investiga por el “rulo cambiario”. El eje de la investigación es una operatoria denominada “rulo financiero”, que habría consistido en obtener divisas al tipo de cambio oficial —con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la presidencia de Alberto Fernández— para después colocarlas en el mercado negro y capturar la diferencia entre ambas cotizaciones como ganancia ilícita.
Según la hipótesis que sostienen los investigadores, el circuito habría movilizado cerca de 500 millones de dólares a través de una red de sociedades y casas de cambio. El acceso al mercado oficial se habría logrado mediante declaraciones juradas, tras lo cual los dólares obtenidos eran canalizados hacia el mercado informal, donde se vendían a un precio notablemente superior.
Otra es la que instruye Adrián González Charvay a cargo del Juzgado Federal de Campana. Investiga una porción de la causa en la que el juez Armella y la fiscal Incardona se declararon parcialmente incompetentes.
En este caso, por ejemplo, Vallejo no contestaría preguntas que puedan impactar en ese otro expediente. La defensa ya había desplegado una serie de planteos procesales con el objetivo de suspender o bloquear las indagatorias que había fijado el juez Armella e incluso la defensa articuló un planteo de nulidad del trámite de la causa, que también se encontraba pendiente al momento de la audiencia. La defensa sostuvo que no correspondía avanzar con la indagatoria mientras ese planteo no estuviera resuelto.
Decisiones del tribunal de alzada
El magistrado rechazó de plano el recurso de reposición. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio e impuso costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata avaló íntegramente la postura del juzgado y rechazó los planteos recursivos del abogado defensor, despejando el camino para que las audiencias se efectúen sin demoras.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un perjuicio ante una convocatoria diseñada precisamente para garantizar el derecho de defensa.
Como resultado de toda esa secuencia, Armella fijó para hoy la nueva fecha de indagatoria para Vallejo y su madre bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar su detención inmediata en caso de incomparecencia.
Qué maniobras se investigan
El Juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.
El expediente identifica tres ejes delictivos principales:
Asociación ilícita. Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.
Defraudación por administración fraudulenta. La maniobra se sostiene sobre dos ejes:
1. Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:
- 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
- 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).
En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.
2. Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. Sin embargo, el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.
Lavado de activos agravado. Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:
- Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
- Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
- Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.
Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.
POLITICA
El Gobierno sigue de cerca la recuperación del Papa tras recibir el alta y asegura que no hay cambios en su visita a la Argentina
El Gobierno monitorea la evolución de la salud del papa León XIV después de que este sábado recibiera el alta hospitalaria e insiste en que no hubo modificaciones en la visita prevista a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
En la Casa Rosada aseguran que Cancillería mantiene el contacto con la Santa Sede y que los equipos encargados de la organización continúan trabajando sobre el cronograma original, mientras esperan las próximas definiciones médicas.
La Oficina de Prensa del Vaticano informó este sábado 17 de octubre que los médicos autorizaron la salida del Pontífice del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el martes 13 después de una intervención en el pulmón derecho.
La decisión se tomó a partir de los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y la evaluación de su estado clínico. León XIV regresará al Vaticano y tiene previsto rezar el Ángelus el domingo desde la ventana del apartamento pontificio.
“Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, expresan en Nación. En el Ejecutivo aclaran que la instrucción es sostener los preparativos mientras no exista una comunicación oficial que disponga una modificación o postergación del viaje.
En Balcarce 50 remarcan además que no recibieron hasta ahora una nueva comunicación de la Santa Sede que altere las fechas o las actividades previstas en el país. Otro integrante del Gobierno aseguró que tampoco hubo novedades adicionales sobre la evolución médica del Pontífice por los canales diplomáticos. La Casa Rosada distingue así entre la información sanitaria que difunde públicamente el Vaticano y las decisiones que eventualmente deberá comunicar sobre la gira.
El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir cambios en el recorrido, los horarios y las actividades si la recuperación del Papa lo requiere. “Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para que venga. Por ahora nos comunicaron que sigue todo igual y que tiene intenciones de venir”, explicó otra fuente oficial. En ese sector destacan que el objetivo es preservar la visita siempre que León XIV esté en condiciones de realizarla y que las decisiones médicas tendrán prioridad sobre cualquier planificación.
La operación se realizó el martes 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios detectaran un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano informó que la intervención se desarrolló sin complicaciones y que la evolución posterior fue favorable. Durante los últimos días, León XIV retomó progresivamente su alimentación, comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria.
El alta representa un avance en su recuperación, pero todavía no resuelve los interrogantes sobre su capacidad para afrontar una gira internacional de casi dos semanas. Los especialistas deben completar la evaluación del tejido extraído y determinar si será necesario algún tratamiento adicional. El viaje contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, con numerosos traslados y actividades multitudinarias.
POLITICA
Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.
“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.
El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.
Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.
Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país
El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.
Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.
A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.
“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.
POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a
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