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El oficialismo se vio obligado a tener que debatir la situación creciente de morosidad que hoy vive buena parte de la sociedad en el país. A pesar de que el Gobierno con el presidente Javier Milei a la cabeza se mantuvo firme en que el problema es “entre privados” y que el Estado no tenía que intervenir, la oposición logró avanzar en el Congreso y poner fecha para terminar el debate en las comisiones.

Luego de subirse a la sesión que había pedido la oposición y acompañar los emplazamientos para evitar una derrota en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza está trabajando en un proyecto propio para poder llevar al debate y tener una posición.

“Estamos trabajando en un dictamen propio”, señaló a Infobae Santiago Pauli, el diputado libertario que preside la comisión de Finanzas, cabecera del debate en el plenario de comisiones junto a Defensa del Consumidor.

Aunque el legislador libertario evitó dar detalles sobre los puntos en los que está trabajando el oficialismo, la senadora de la misma fuerza, Patricia Bullrich, adelantó el modelo por donde está trabajando el oficialismo.

La ex ministra de Seguridad, que fue la única que calificó como un “robo” las elevadas tasas, propuso implementar un “etiquetado frontal” obligatorio para los créditos financieros, similar al sistema de octógonos negros utilizado en los alimentos, que funcione para poner a los tomadores de créditos al tanto del costo real de los mismos. Su idea es que los préstamos de bancos y empresas fintech lleven advertencias claras para que se entienda exactamente las tasas y condiciones antes de endeudarse.

Esta idea fue tomada por diputados libertarios cercanos a la senadora que son los que están trabajando en el texto a presentar.

Otro detalle que podría contar el proyecto en el que trabaja el bloque libertario es que la toma de créditos de manera digital tenga un doble conforme. Es decir, que quien lo toma tenga que aceptar los términos y condiciones en dos oportunidades antes de acceder al mismo.

Este dato no es menor porque sustenta la idea del oficialismo que alguna vez esgrimió Milei que a nadie “le ponen una pistola en la cabeza” para tomar un crédito y endeudarse.

Desde la estrategia política, con esto La Libertad Avanza primero tiene algo propio para debatir y no solo los proyectos de la oposición. Además, también propone una salida a los socios parlamentarios.

“Si hay sectores que no dan quórum a una sesión porque la pide el kirchnerismo, imagínate que no van a acompañar ningún proyecto. En ese esquema ellos van a tener algo para llevar al recinto y nosotros nada, lo que nos obligaría a tener que discutir solo lo que proponga la oposición. Con esto, tenemos proyecto propio, mostramos que hicimos algo para la gente y, además, le damos una opción a los socios parlamentarios”, agregó una fuente libertaria.

Los socios parlamentarios quedaron bastante molestos con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni por la estrategia que aplicó LLA de habilitar la sesión. El bloque libertario ingresó al recinto y, aunque un pequeño grupo de sus diputados se sentó y sumó al quórum, la gran mayoría -incluyendo a las autoridades y sus referentes parlamentarios- se quedó de pie al lado de sus bancas a la espera de que la oposición junte el bloque. El PRO y la UCR definieron esperar fuera del recinto.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR bastante molesto con el posicionamiento libertario. “Nosotros no habilitamos sesiones que pida el kirchnerismo”, agregó un legislador del PRO marcando una fuerte diferencia con el oficialismo.

La intención libertaria es llegar al martes 15, la primera reunión informativa, con el proyecto ya listo.

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En apenas siete años, el patrimonio declarado por Claudio “Chiqui” Tapia habría dado un salto del 1.000%: de cuatro propiedades con un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y unos US$43.000 líquidos en 2017, a un patrimonio que en 2024 incluía más de $1.002 millones distribuidos en cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y una liquidez total cercana al millón de dólares. En el medio, entre 2019 y 2020, sumó cuatro propiedades nuevas en zonas de alto valor y vendió su casa original de Caballito a un precio muy superior al que había declarado al comprarla.

Esa es la base de la acusación que formuló el empresario Guillermo Tofoni que ahora comenzará a ser investigada por la Justicia para determinar si realmente tuvo un crecimiento patrimonial injustificado. Según la denuncia del empresarioq que tiene una larga disputa con la AFA, “no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción para impulsar la acción penal contra Tapia por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires desde enero de ese año.

La causa, caratulada “Tapia, Claudio Fabian S/ Enriquecimiento Ilícito (Art.268 Inc.2)” (CFP 1515/2026), tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y se originó en una denuncia de Guillermo Luis Tofoni. El escrito de Pollicita, presentado este viernes, retoma en detalle los términos de esa denuncia para fundamentar el pedido de avanzar con la investigación.

El punto de llegada de ese análisis, y la cifra que da sustento al pedido fiscal, es la que resume el propio denunciante al cierre de su presentación: “el incremento patrimonial denunciado habría representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1.000 %, entre 2017 y 2024, el cual no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”.

El punto de partida de ese cálculo es 2017, año en que Tapia declaró “cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos -equivalente entonces a aproximadamente US$43.000 al tipo de cambio vigente-”. Según la denuncia, ese “patrimonio acotado” registró un primer quiebre en 2019, cuando se produjo un “salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria”: “en ese único ejercicio ingresaron a su patrimonio declarado cuatro propiedades: una casa en Beccar/San Isidro de 315 m², con valor fiscal de $15 millones y adquirida -según la propia declaración- mediante venta de activos; un departamento en Caballito, CABA, de 291 m²; una casona en Cardales/Ingeniero Maschwitz (280 m², valor fiscal $12.000.000, ubicada contigua al complejo del Sofitel); y un megaterreno en Campana de 2.430 m², adquirido mediante crédito hipotecario, con valor fiscal declarado de $10.918.214.

Las cuatro propiedades se ubican en zonas de alto valor de mercado”. Al año siguiente, agrega el texto, “en 2020, Tapia vendió su casa original de Caballito por la suma de US$950.000, contra un valor de adquisición declarado en 2009 notoriamente inferior, sin que esa diferencia encuentre explicación en los ingresos declarados para el período”.

El otro extremo de la comparación es la declaración jurada de 2024, en la que Tapia habría registrado “más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias -entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones-, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial. El total en liquidez asciende aproximadamente a un millón de dólares”. Es esa distancia —entre los cerca de US$43.000 líquidos de 2017 y el millón de dólares declarado en 2024— la que arroja el crecimiento del 1.000% que señala la denuncia.

Para explicar esa diferencia, el escrito repasa los ingresos que Tapia declaró por sus funciones durante ese período. En su declaración jurada más reciente, de julio de 2025, consignó tres relaciones laborales: en el CEAMSE, $100.233.144 anuales —“aproximadamente $8 millones mensuales”— con una dedicación declarada de 15 horas semanales; en la CONMEBOL, como vicepresidente segundo, $718.536.500 anuales —“aproximadamente $60 millones mensuales”— por una dedicación declarada de apenas 2 horas semanales; y en la AFA, “trabajo ad honorem, sin remuneración”, con una dedicación de 15 horas semanales. El denunciante sumó a esto que “el ingreso total declarado supera los $818 millones anuales (aproximadamente $68 millones mensuales), más $200 millones adicionales: $44 millones por venta de vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA por viajes al exterior, que se supone que gastó en su labor, y $130 millones en intereses de plazos fijos y diferencias de cambio”.

La historia no termina en 2024. Esa misma declaración jurada de julio de 2025 —la última presentada por Tapia— mostró un giro completo respecto del pico de liquidez del año anterior: según la denuncia, exhibió una “liquidez en cero: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación”. Sobre la composición patrimonial de ese período, el denunciante puntualizó que la declaración incluía siete propiedades: “dos casas en Río Luján (una comprada con fondos propios, valor fiscal $3,2 millones; otra con préstamo hipotecario, $1,4 millones); una casa en Cañada (valor fiscal $387.000); una casa en Beccar/San Isidro (315 m², valor fiscal $15 millones, adquirida en 2019 mediante venta de activos); un departamento en Caballito, CABA (291 m², valor fiscal $1 millón); una casa en San Juan (519 m², $250.000 fiscal); y un terreno en San Juan ($153.000 fiscal)”. Sobre estos dos últimos, remarcó que “registran una doble anomalía.

Sus valores fiscales decrecieron en lugar de actualizarse: el bien de 2012 pasó de $1.169.892 a $153.708; el de 2013, de $717.631 a $250.673. Por otro lado, ambos habían sido declarados originalmente como bienes propios y en la DJ 2025 pasaron a integrar el conjunto ganancial. Adicionalmente, la propiedad adquirida en 2012 figura en la DJ anterior como ‘vivienda’ y en la de 2025 como ‘Terreno – San Juan’”. Y agregó, a modo de ejemplo sobre el desfasaje entre los valores declarados y los de mercado: “una casa de 315 m² en Beccar/San Isidro -zona cuyo valor de mercado supera ampliamente el millón de dólares- figura a valor fiscal de $15 millones”.

La misma declaración de 2025 consignó, siempre conforme el denunciante, dos vehículos —uno valuado en $22.052.000 y otro en $5.000.200 a valor fiscal— y la venta de un tercero por $44.306.250, “el cual tampoco se correspondería con su valor real”. El megaterreno de Campana, en cambio, “desaparece como ítem individual en la DJ 2025: quedó absorbido sin desglose dentro del conjunto de bienes gananciales”. El denunciante sumó, además, que en 2006 Tapia había declarado la adquisición de una propiedad en Exaltación de la Cruz de 230 m² con ingresos propios y que ese predio se habría “expandido a dos parcelas contiguas, alcanzando aproximadamente 6.100 m²”.

Leer más: La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE

El escrito recoge también la valoración final del denunciante, quien fue más allá de lo documentado en las declaraciones juradas: “las declaraciones son falsas. Sin duda incrementó ilegalmente su patrimonio. Inclusive se ha dicho que tiene bienes no declarados: otra casa en Cardales, propiedades en Miami, vehículos, ropa lujosa, relojes de alto valor, etc. Y emplea barcos y aviones privados a título personal, como puede ser a través de las empresas CCYACHTING LLC, CHARTER DREAMS YACHT SERVICES, Insured Aircraft Title Service (IATS), VSL Aerospace INC, PLS Logistic LLC, Jet Support Services INC y Banyan Air Services”. Al resumir su exposición, sostuvo que “los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar: el incremento patrimonial registrado en 2019, con la adquisición simultánea de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor; la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024; ni, finalmente, la desaparición inexplicada de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025”.

Con ese análisis como base, el fiscal Pollicita consideró que “deberán llevarse a cabo las diligencias probatorias suficientes para determinar si ocurrió un incremento patrimonial apreciable por parte de Tapia -por sí o mediante persona interpuesta- durante el ejercicio de la función pública desde el año 2016 hasta la actualidad”, y pidió al juez Lijo que se tenga por impulsada la acción penal y por dispuesto el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia, además de una veintena de medidas de prueba dirigidas a bancos, la AFIP/ARCA, exchanges de criptomonedas y, mediante exhorto internacional, a la CONMEBOL.

El entorno de Tapia niega cualquier acusación y asegura que el caso será archivado.

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