(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave para la investigación que busca determinar si autoridades de la AFA y socios comerciales cometieron actos de corrupción en ese país.

La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las negociaciones que mantiene el testigo con la Justicia de Estados Unidos para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.

La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.

La convocatoria a los testigos había quedado explicitada en una subpoena emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia.

De manera textual, la citación obligatoria establecía:

—“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.

La orden rquería que los testigos entregasen toda la documentación que vincule a las principales autoridades de la AFA con TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.

Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.

La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

Según la pesquisa, desde 2021 esa empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y de vínculos comerciales con compañías como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia intentan reconstruir la ruta de esos fondos.

En ese contexto, la investigación preliminar sostiene que Faroni y Gillette operaron a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por ese motivo, tampoco se descarta que responsables de esas entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis.

La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos, incluyendo a personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la Asociación del Fútbol Argentino o en empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.

La Fiscalía y el Departamento de Justicia también buscan determinar los montos involucrados, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones investigadas.

La pesquisa incluye además una investigación preliminar sobre diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.

En ese marco, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel central. La negociación que mantiene el testigo convocado por el Gran Jurado forma parte de ese proceso y, por ese motivo, la audiencia prevista para este jueves no llegó a concretarse.

El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene un plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.

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El Gobierno considera que tiene que volver a recuperar la agenda disruptiva que tenía tiempo atrás para evitar que se instalen temas de agenda que no los favorecen. Es decir, una posición ofensiva y no defensiva, como viene siendo en las últimas semanas a partir de la conversación pública al respecto del nivel de consumo, el nivel de mora en las familias y la evolución de la imagen de la gestión.

Fue así que en la Casa Rosada estaban expectantes de lo que se iba a anunciar esta madrugada al informar que Javier Milei había firmado un DNU para habilitar la expulsión de extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos. Una medida cuanto menos controvertida por la forma de su aplicación, pero que no hace más que volver a poner en el ruedo la batalla cultural que tanto le interesa al Presidente.

Y es que fue el mismo Milei quien decidió hacer esta medida menos de una semana atrás. En el entorno presidencial cuentan que el puntapié y la idea se la dio el proyecto bonaerense de arancelamiento de la universidad y la salud pública para extranjeros no residentes presentado por el legislador Agustín Romo, integrante de Las Fuerzas del Cielo.

“La idea vino de Javier y la ejecución de la medida la hizo el Kremlin”, afirmaban esta mañana desde el Ejecutivo.

No sorprende esto último porque la comunicación provino desde la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), la cual está en manejo del área de Santiago Caputo. Al momento de salir se dispuso el aparato comunicacional en redes con cuentas que suelen responder a esa ala del oficialismo. Hasta el momento no se pronunciaron algunos de los referentes más activos en redes del karinismo, como Santiago Oría o Lilia Lemoine.

En el entorno de Santiago Caputo estaban conformes por la repercusión. “35.000 likes hasta las siete de la mañana”, se encargaban de enfatizar. En ese sector calificaron a la medida de “divertida”, dando a entender que es una acción comunicativa que busca captar la primera plana de la agenda política-mediática y despejar otro tipo de discusiones que, en cierta manera, ponen en entredicho al oficialismo.

Es algo que el oficialismo no estaba pudiendo generar en el último tiempo. Menos en la época del Mundial. El balance que se generó después de la competición futbolística fue que la comunicación fue descoordinada y que si bien el Gobierno quiso difundir hacia afuera que no quería “politizar” a la Selección, los furcios cometidos y la forma de emisión de los mensajes terminaron politizando toda la cuestión. En particular todo lo relativo al potencial feriado por los festejos que Milei se precipitó al anunciar.

La discusión nacionalista también le sigue quedando incómoda al Gobierno. Es algo que se encarga de enfatizar en privado la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se considera a sí misma como quien dotaba de ese componente a la campaña libertaria en el 2023.

Todavía es prematura la especulación sobre cuánto tiempo quedará en agenda esta cuestión, pero dará que hablar. El Presidente ejecutó la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el cual le da un aura de mayor impronta a esa decisión, porque implica modificar aspectos de una normativa sin llevar esa discusión al plano parlamentario.

Dos especialistas en derecho migratorio consultados por Infobae se despertaron con la noticia esta mañana. “La discrecionalidad es bastante amplia porque no se define qué es ‘mensajes de odio. Desde el punto de vista jurídico es una locura”, afirmaba uno de ellos, agregando que “en Argentina no existen los discursos de odio, se cerró el INADI y la libertad de expresión está amparada en la Constitucicón. Distinto es ultrajar símbolos patrios que es un delito”.

Antes que todo, la modificación vía DNU deberá pasar por un test de constitucionalidad y desde el sector creen que es una medida “para la tribuna”.

En los considerandos del DNU, el Gobierno justificó que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

También marcó que “ello constituye un riesgo para todos los argentinos” y que “el quiere de ese respeto básico desnaturaliza el sentido de las políticas migratorias de la República Argentina”. Dos fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional afirmaron a Infobae que no hay casos apuntados y que sean pasibles de expulsión. Al menos no por el momento.

El Presidente viene de mantener un discurso con fuerte impronta en San Pablo, Brasil, contra el mandatario Lula da Silva. No resultó llamativo que unos minutos antes de dar ese discurso que llevó a una escalada diplomática, el Presidente citara una cuenta de X que afirmaba que Brasil había sido el país con más publicaciones sobre la Argentina en el último tiempo. “Después hablame de interferencia”, citó Milei.

En declaraciones posteriores confirmó que su especulación es que el Palacio do Planalto financió discursos de la denominada “campaña antiargentina”. Al ser consultado sobre ese tema en su última conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier, no pudo dar detalles de cuáles eran los sustentos de esas afirmaciones.

Lo cierto es que Milei tiene intenciones de aprovechar estas semanas para insertar temas que abonen a su concepción de la batalla cultural y, además, proponer medidas desde el plano de lo económico.

No es menor que haya elegido comunicar su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central a través de una Cadena Nacional. Esta será emitida este jueves a las 20 horas, una hora y media antes de que Boca Juniors juegue el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. El mensaje será grabado en Casa Rosada junto al equipo económico y no durará más de media hora, pero tratará de comunicar el rumbo de las políticas macro que intenta imponer su gestión.

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