POLITICA
El Gobierno adelanta el calendario electoral

Atravesado por disputas internas, escándalos y una dinámica económica que no termina de estabilizarse ni de evolucionar positivamente de forma homogénea, el Gobierno decidió salir de ese laberinto para adelante, más que por arriba.
Apenas algunos datos económicos y de humor social parcialmente positivos le bastaron como trampolín para tratar de proyectarse al futuro, alejarse del presente complicado y construir algo de expectativas, un capital fundamental que lo ha sostenido hasta ahora en la opinión pública. Más que las realizaciones y soluciones.
Así, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, convertido en vocero provisional para suplantar al escorado vocero titular Manuel Adorni, se dedicaron a adelantar el calendario electoral en la última semana.
A pesar de sus recurrentes críticas sobre el negativo impacto para la gestión y la marcha de la economía que genera vivir en modo elecciones, Javier Milei y Toto Caputo se ocuparon de instalar prematuramente en la agenda pública la elección presidencial de 2007 con, al menos, cuatro propósitos.
Pero no se trata solo de un recurso discursivo. Desde Economía, desde el Ministerio del Interior y, sobre todo, desde el comando político único (más que unificado) que conduce Karina Milei, secundada por los primos Menem, han empezado a actuar con el objetivo de pavimentar la construcción electoral y el camino hacia la reelección del hermanísimo Javier.
Todo empezó con el proyecto de reforma política-electoral, hoy cajoneada en el Senado por falta de acuerdos, inclusive entre los propios. Esa iniciativa pretendía centralmente eliminar la PASO, para dificultar la construcción de frentes opositores, más allá de algunos nobles objetivos declamados. Las restricciones para avanzar con esa iniciativa oficiaron como motorizadores de más acciones en ese terreno, en lugar de frenarlas.
“Están super apurados por cerrar acuerdos este año. Pero no es tan fácil. A ellos no les van tan bien y los gobernadores, que somos clave para poder acordar, no les tenemos confianza, menos con tanta anticipación. Se han cansado de demostrarnos que cuando están fuertes y nos tienen a disposición nos maltratan y no cumplen con lo prometido”, admite un mandatario aliado.
El gobernante habla desde la experiencia acumulada en los 29 meses de gestión libertaria en la que acredita una larga lista de ayudas dadas al Gobierno nacional para aprobar leyes, sosegar reclamos o evitar que avanzaran proyectos que lo complicaran, tanto como acumula una extensa nómina de deudas impagas.
“Tenemos 11 o 12 gobernadores con los que estamos en condiciones de cerrar acuerdos político-electorales este año para que apoyen lo que tenemos que sacar con la promesa de ayudarlos y no complicarlos a ellos en la gestión ni en las próximas elecciones provinciales. Son provincias donde las chances de quedarnos con la gobernación son muy bajas, así que no vale la pena complicar lo importante. El problema es que adentro no todos están alineados y no siempre los recursos o las ayudas salen en tiempo y forma”, admite un alto funcionario que interactúa con las administraciones provinciales e integra el bando de Karina Milei.
La pertenencia a esa línea interna del mileísmo es un dato relevante, ya que la estrategia de buscar acuerdos en lugar de competir implica un cambio respecto de la desarrollada en 2025, que fue uno de los detonantes de la feroz disputa que los terrenales karimenemenistas mantienen hasta hoy con los celestiales santicaputistas. La cruzada “pureza de sangre libertaria” puede esperar.
“Javier y, sobre todo, Karina saben que lo único que importa es la reelección. Si eso pasa, Milei va a ser el primer presidente no peronista reelegido en la historia argentina”, dice un funcionario que agita ese anzuelo tanto por convicción como por conveniencia. Sumar aliados para esa misión también es parte de su propia construcción política presente y futura. Un buen negocio para varios. No para todos.
Adelantos excepcionales de coparticipación a los aliados, promesas de no poner en riesgo sus territorios en las elecciones provinciales, cesión de recursos y obras nacionales, fomento de inversiones y aval para tomar deuda externa son algunos de los platos del menú que ha empezado a desplegar el Gobierno en la escala subnacional con la mira puesta en la reelección presidencial. Nada que la denostada casta política no haya hecho e intentado antes.
Ese objetivo de mediano plazo está en proceso y es, de alguna manera, el menos consolidado hoy. Mientras tanto, hablar de 2027 apunta a otros cuatro objetivos más urgentes:
1) Alinear el más que desalineado frente interno.
2) Transmitir señales optimistas a empresarios e inversores inquietos por la sustentabilidad política y la perduración del proyecto de Milei.
3) Complicar el armado de algún espacio político electoral alternativo con anticipación, en momentos en los que la imagen de Milei y la de su gestión están en su punto más bajo desde que empezó el mandato.
4) Recrear las alicaídas expectativas sociales más allá del núcleo duro de votantes mileístas con la construcción de un horizonte de futuro más halagüeño que este presente complicado y dominado por un regreso de las emociones negativas respecto de la situación personal y la del país.
Ese cuádruple propósito explica la ya famosa frase “la economía se va a llevar puesta a la política” con la que Toto Caputo buscó impactar en un encuentro de empresarios, operadores bursátiles y agentes financieros.
El ministro, que parece disfrutar de sus provocaciones verbales, a pesar de ciertas limitaciones en la materia, volvió a exponer ahí la veta política que ya había mostrado en recientes reuniones de Gabinete y de la Mesa Política. En una de ellas se había constituido en adalid de un pacto anticipado con gobernadores dialoguistas, a pesar de que luego él lo desmintió a causa de las disputas internas. La autoría de la filtración de esa estrategia es una de las acusaciones que se arrojan los combatientes karimenemistas y santicaputistas.
La pretensión de instalar un futuro promisorio, como se dijo, tiene un claro propósito político-electoral. En el Gobierno saben y alimentan el peso que tiene a la hora del voto la realidad económica. Para bien y para mal. Por eso antes que hablar del presente complejo intentan que se discuta sobre un eventual futuro perfecto.
Dilema para el Pro y la UCR
La duda respecto de si la economía crecerá y derramará beneficios o si, al menos, puede generar la expectativa medianamente fundada de que en algún momento derramará sobre los que siguen haciendo esfuerzos sin recibir beneficios es una de las grandes incógnitas que paraliza a los dirigentes de los espacios que comparten votantes con el oficialismo.
Ese es el dilema existencial que atraviesa a macristas y radicales. En especial de los que gobiernan ya sea provincias o municipios. Ser o no ser oficialistas (sin ser deglutidos). Y hasta cuándo. Esa es la cuestión.
Con serias restricciones presupuestarias por caída de los ingresos propios y de las transferencias nacionales, aumento de la demanda de prestaciones sociales y de servicios públicos esenciales (salud, seguridad y educación) y creciente malestar por la destrucción de empleo en industrias y comercio y caída del poder adquisitivo, gobernadores e intendentes del Pro y del radicalismo, al igual que algunos de fuerzas provinciales con electorados antikirchneristas, otean el futuro sin encontrar certezas, mientras caminan a tientas.
Jorge Macri es uno de los principales exponentes de esos a los que desvela el presente de cara a 2027. El histórico bastión macrista es el territorio más amenazado por los libertarios, después de dos décadas de dominio.
El gobierno nacional dosifica el pago de deudas por la coparticipación recortada al extremo de hacerle sentir síndrome de abstinencia, a pesar del fallo favorable de la Corte Suprema, y escatima aportes del Tesoro, con los que premia a provincias de gobernantes a los que le compra voluntades y no está en condiciones de desbancar.
Al mismo tiempo, lo acosa desde la Legislatura con un lazo con el que Pilar Ramírez, la vicaria de Karina Milei en la Ciudad, aprieta, pero no ahorca. Mientras tanto, Patricia Bullrich oscila entre una construcción nacional y una candidatura local, que le suma complicaciones al jefe de Gobierno porteño.
Cuando la senadora viaja a Chile o por las provincias él y otros de su espacio se alivian con la perspectiva cada vez más sonora de una postulación nacional (a Presidenta o vicepresidenta). En cambio, cuando se dedica a problemáticas municipales, para anestesiar susceptibilidades de la Casa Rosada, vuelven los temores. Pato sabe hacer de tero. Y logra incomodar a propios y ajenos. Para bien y para mal.
“La gente nos dice sobre Milei ‘este tipo está loco, no se puede pelear con todos y maltratar a todo el mundo, y la economía no arranca’, pero inmediatamente advierten ‘pero no se enfrenten, a ver si vuelven los K’. Mucho más si alguno de nosotros se sube a las críticas. Como que ellos se permiten mostrar su disconformidad, pero no quieren que nos enfrentemos. Al menos, por ahora y mientras no les queda claro cómo seguirá la situación económica. Es complicado”, dice una de las personas más cercanas a Jorge Macri.
El plan de reinstalación del primo Mauricio aparece en ese contexto como un nuevo dilema tanto para el gobierno porteño como para otros gobernadores e intendentes del espacio.
Por un lado, celebran que incomode al mileísmo y que les permita no ser vistos como inexorablemente entregados a la voluntad presidencial. Por otro lado, temen que eso afecte su relación con el gobierno nacional y sean castigados con la distribución de recursos.
La recuperación de la libido (política) por parte del expresidente amarillo genera un mar de incógnitas entre los propios y es un misterio incómodo para los oficialistas, sean mileístas originales o exmacristas reconvertidos.
La cuestión es que ni el mismo Mauricio Macri está en condiciones de develar preguntas y explota el enigma. Sus más allegados cuentan que disfruta, como nunca, de reuniones políticas tanto como de la recuperación de vínculos con factores de poder.
La reconciliación con empresarios del denostado “círculo rojo” con los que se enemistó durante su presidencia es uno de los datos que alimenta todas las especulaciones. Ya sea respecto de un posible nuevo intento de candidatura presidencial, que su nueva pareja no desalentaría (dato nada menor), o como articulador de un armado de centro derecha para competir (en una elección primaria o en una primera vuelta) con el oficialismo. Más aún si la economía sigue en modo serrucho, en lugar de estar en condiciones de llevarse puesta a la política, como pronosticó el ministro exmacrista y ahora mileísta fanático.
Por todo eso, el oficialismo acelera el calendario electoral, ya que la Constitución no le permite adelantar las elecciones presidenciales. Aún a riesgo de hacer lo que quiere evitar: instalar un clima de incertidumbre política por anticipado.
Claudio Jacquelin,Conforme a
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Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto

La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.
Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.
Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.
No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.
Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.
Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.
Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.
“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.
En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.
Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.
En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.
Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.
primera gran polémica del Presupuesto 2027,Paula Rossi,Discapacidad,Conforme a
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Causa AMIA: el juez Rafecas sumó a un nuevo acusado para que sea sometido a juicio en ausencia

El juez Daniel Rafecas resolvió este miércoles que Alí Asghar Hejazi sea sometido a juicio en ausencia por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.
La decisión se adoptó a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, y se fundó en la “actitud obstructiva” del imputado y en la “ausencia de cooperación efectiva” de Irán ante los pedidos de detención preventiva para una eventual extradición.
Hejazi se suma al resto de los iraníes que ya tienen pedido de captura internacional en la causa y fueron incluidos en el mecanismo de juicio en ausencia: Mohsen Rezai, entonces comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; Ahmad Vahidi, responsable de la Fuerza Al Quds; Alí Fallahian, a cargo del Ministerio de Inteligencia; y Alí Akbar Velayati, responsable de Asuntos Exteriores.
Hejazi tiene captura nacional e internacional desde el 10 de abril, cuando fue citado a indagatoria. Ese mismo mes se pidió a Interpol la difusión roja. Se publicaron edictos, se requirió a Irán la detención provisoria con base en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.
En mayo se le comunicó la declaración de rebeldía por exhortos. El juez consideró cumplidos los requisitos para avanzar sin su presencia y descartó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”.
En la resolución, Rafecas afirmó que el imputado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.
También señaló que, por el rango que ocupó y por la “gran atención internacional” de la causa, resulta “prácticamente imposible” que no hubiera sido informado de los requerimientos. “Pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar” las medidas, concluyó el magistrado.
En el mismo fallo se indicó que las conductas atribuidas pueden considerarse constitutivas de crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, en el centro de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Según la acusación fiscal, la planificación, la decisión y la ejecución del operativo estuvieron a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas” a las oficinas de Khamenei.
La resolución judicial sostiene que la decisión concreta de atentar contra la AMIA se definió en Teherán, en el Comité Vijeh, un organismo estatal encabezado por el líder supremo y dirigido por Hejazi.
Ese comité, de acuerdo con la investigación, reunía información, analizaba el objetivo y elaboraba la propuesta del ataque.
El juicio en ausencia
La Ley 27.784 fue sancionada en febrero de 2025 y se limita la figura del juicio en ausencia a causas de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o instrumentos internacionales contra el terrorismo.
El 26 de junio de 2025, Rafecas aceptó los pedidos de familiares y de la fiscalía y ordenó el juicio en ausencia. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre. El defensor oficial Hernán Silva apeló y el expediente quedó en Casación.
POLITICA
El presupuesto 2027 para Defensa contempla la compra de tres submarinos por 2300 millones de dólares

Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.
Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.
Ambas posibles adquisiciones se destinarán a la Armada, en momentos en que golpeó con fuerza en el mundo castrense la investigación que lleva adelante la Justicia por maniobras fraudulentas por sumas millonarias en el pago de haberes del personal naval, como denunció la propia Armada en sede judicial.
Este reequipamiento tiene lugar, además, en medio de la creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. La escalada con Gran Bretaña se da, además, en momentos en que la Armada Argentina no tiene submarinos operativos desde el trágico hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017.
Las gestiones que hasta el momento realizó la administración libertaria para la recuperación de la capacidad submarina apuntan a la posible construcción o adquisición de tres submarinos clase Scorpène. El año pasado, el propio presidente Milei declaró en una entrevista que la Argentina negociaba con Francia la compra de submarinos y de buques para patrullaje marítimo.
La mirada está puesta en los submarinos Scorpène, un modelo convencional que ya opera en la Armada de Brasil. El gobierno de Lula Da Silva viene desarrollando, por su parte, la construcción de un submarino de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.
Las cuentas para 2027
A los a $5,2 billones asignados para el instrumento militar del país, en el Ministerio de Defensa suman otros $2,8 billones que corresponden a la seguridad social del personal de las Fuerzas Armadas. Son los retiros y pensiones militares que se canalizan a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), un organismo que funciona en jurisdicción de la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti. Con ese añadido, el presupuesto total es de 8 billones.
En un área en la que cerca del 75% de los recursos se va en sueldos, el presupuesto para el próximo año contempla la asignación de $2,5 billones al Ejército, $1,3 billones a la Armada, $1 billón a la Fuerza Aérea y $63.200 millones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La planificación en el Ejército prevé $1,1 billón para el apoyo al alistamiento operacional, $155.000 millones para el mantenimiento de medios y $46.500 millones para la Dirección General de Inteligencia, entre otros rubros.
El plan prevé la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano, por $37.600 millones. También se espera financiar con $10.000 millones la modernización de la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, donde se asientan las aeronaves supersónicas F-16 compradas a Dinamarca con el sistema de armas provisto por Estados Unidos.
Las previsiones para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea contemplan la incorporación de seis aeronaves F-16 y la realización de 30 ejercicios militares y 98.300 horas de operación.
En sintonía con la ofensiva del gobierno por fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, se destinarán $30.433 millones a la construcción del muelle en la Base Antártica Conjunta Petrel. A ello se suma el refuerzo presupuestario de $218.000 millones anunciado recientemente por el Presidente para el avance de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Como señaló el sitio especializado Pucará Defensa, es llamativo que el Gobierno no asigne nuevos fondos para esa base, cuando la Armada estimó que su construcción exigirá una inversión de 300 millones de dólares.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Malvinas,Conforme a
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