La crisis que atraviesa la industria nacional sigue sumando empresas históricas. Esta vez fue el turno de A. Mutz y Cía., una tradicional fabricante textil con más de 120 años de actividad, que ingresó formalmente en concurso preventivo después de reconocer ante la Justicia una situación de cesación de pagos y un deterioro financiero que terminó por volver inviable su operatoria habitual.

La apertura del concurso fue decretada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°1, a cargo de Alberto Alemán, en el expediente «A. Mutz y Cía. S.A. s/ Concurso Preventivo», luego de la presentación realizada por la propia compañía.

La firma, fundada en 1903, se dedica a la fabricación de medias, ropa interior y productos textiles de punto. Desde hace décadas opera con marcas conocidas dentro del mercado local como Zorba, Mercury y Mutz Sport, además de desarrollar producción integrada de hilandería, tintorería y confección desde su planta ubicada en San Martín.

Durante años logró posicionarse dentro del segmento masivo de indumentaria básica masculina y deportiva. Pero el expediente judicial muestra cómo el deterioro económico y financiero de los últimos años terminó golpeando de lleno a la compañía.

En la presentación, la empresa describió un escenario atravesado por caída del consumo, inflación, aumento de costos productivos, suba de tarifas y tasas financieras cada vez más elevadas. A eso sumó otro factor que aparece repetido varias veces en el escrito: el fuerte crecimiento de las importaciones textiles.

Según sostuvo la concursada, el nuevo contexto económico profundizó el ingreso de productos terminados provenientes de países como China, Brasil y Bangladesh, con precios imposibles de igualar para buena parte de la industria local.

Cómo logró atravesar el Tequila y la crisis de 2001 pero quedó atrapada en el derrumbe textil

Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que la propia compañía reconstruyó cómo logró atravesar algunas de las peores crisis económicas argentinas durante décadas, algo que, según admitió, no pudo repetir esta vez.

La historia de la empresa se remonta a comienzos del siglo pasado, aunque la sociedad actual nació formalmente en 1989, cuando la familia Battagliotto y Alicia María Mutz relanzaron la actividad tras la liquidación de la firma anterior fundada por Amadeo Mutz.

En el escrito judicial, la compañía recordó que comenzó prácticamente desde cero: «Esta comenzó su actividad con instalaciones alquiladas, maquinaria obsoleta adquirida por un valor residual y sin acceso a financiamiento bancario».

Aun así, logró crecer durante los años siguientes. En plena crisis del «Tequila» de 1995, la empresa incluso aprovechó el colapso de otras firmas del sector para expandirse. Según relató ante la Justicia, en ese momento avanzó en la «adquisición de maquinaria de empresas endeudadas, llegando a operar con 65 máquinas modernas».

También consiguió contratos internacionales. Uno de los más importantes fue con la estadounidense Hanes, para abastecimiento de medias y posteriormente exportaciones a Brasil.

La compañía también sobrevivió a la crisis de 2001. En ese período incorporó tecnología de prendas sin costura y amplió la producción de bóxers y ropa interior masculina.

Ya en 2006 compró su planta industrial de San Martín, de unos 4.200 metros cuadrados cubiertos, mediante una combinación de reservas propias, financiamiento del vendedor y crédito bancario.

Pero el escenario cambió drásticamente en los últimos años.

El momento exacto en que la empresa dejó de poder pagar

Dentro del expediente, A. Mutz fijó el 21 de octubre de 2025 como la fecha en la que comenzó formalmente su cesación de pagos.

Según explicó, desde entonces empezó a incumplir cheques diferidos emitidos a proveedores, cooperativas, acreedores y empresas vinculadas al sector textil. También aparecieron obligaciones pendientes con la Asociación Obrera Textil (AOT).

La empresa reconoció que el deterioro venía acumulándose desde antes y que cada vez dependía más del financiamiento de corto plazo para sostener capital de trabajo, pagar gastos corrientes y mantener activa la producción.

Pero las tasas terminaron acelerando el colapso. De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, los gastos financieros crecieron un 182% en términos reales entre 2022 y 2023.

Los balances incorporados al expediente muestran además un derrumbe operativo contundente: el margen bruto pasó de 44% en 2022 a apenas 0,6% en 2024. La propia concursada describió que los costos comenzaron a absorber prácticamente toda la facturación.

«Los ingresos ordinarios resultaron insuficientes para absorber simultáneamente los costos de producción y operación, el sostenimiento del capital de trabajo y el cumplimiento regular de obligaciones exigibles», sostuvo.

Los números terminaron reflejando ese deterioro. La empresa informó pérdidas netas superiores a $941 millones al 31 de enero de 2026 y un capital de trabajo negativo por más de $658 millones.

El flujo de fondos presentado en la causa expuso además el nivel de asfixia financiera que atravesaba la compañía. Durante enero de 2026, casi la mitad de todos los ingresos de la firma se destinaron únicamente a cubrir costos financieros e impositivos.

En uno de los párrafos más delicados del expediente, la propia empresa admitió haber ingresado en un «círculo vicioso de endeudamiento», donde el crédito ya no se utilizaba para financiar producción sino para cancelar obligaciones anteriores.

Cheques rechazados, deuda bancaria y temor a quedar fuera del sistema

La crisis financiera llegó a un punto crítico cuando la textil pidió medidas cautelares para evitar que los bancos cerraran sus cuentas corrientes por el rechazo de cheques.

Según surge del expediente, la firma acumula 36 cheques rechazados por más de $69,2 millones.

Además, los registros del Banco Central muestran créditos tomados por más de $1.200 millones, gran parte de ellos catalogados en situación 3 y 4, es decir, con problemas o alto riesgo de insolvencia.

En la presentación judicial, la empresa advirtió que perder la operatoria bancaria podía generar un «perjuicio económico concreto y actual» y afectar irreversiblemente el funcionamiento cotidiano de la compañía.

Por eso pidió específicamente mantener activa una cuenta corriente en el Banco Provincia y evitar inhabilitaciones derivadas del rechazo de cheques.

La explicación fue directa: sin cuentas bancarias operativas, la empresa ya no podía cobrar ventas, realizar pagos ni sostener el giro comercial habitual.

La lista completa de textiles que también quedaron atrapadas en la crisis

El caso de A. Mutz se suma a una lista cada vez más extensa de empresas textiles que en los últimos meses terminaron recurriendo a concursos preventivos, cierres de operaciones o procesos de reestructuración para intentar sobrevivir a un escenario que combina caída del consumo, aumento de costos, financiamiento caro y avance de las importaciones.

• Una de las situaciones más recientes fue la de Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, que decidió presentarse en concurso preventivo después de varios meses de suspensiones, menor producción y fuerte retracción de ventas en su planta de Mar del Plata. La compañía informó un pasivo millonario y explicó que el proceso busca reordenar su estructura financiera para sostener la continuidad operativa. Entre noviembre de 2025 y marzo de este año llegó a suspender a 175 trabajadores, mientras evaluaba cómo seguir funcionando en medio de la caída del mercado interno.
• También quedó envuelta en una situación crítica Fantome Group, firma que llegó a fabricar indumentaria para marcas como Reebok, Kappa, Billabong, Cheeky, Mimo y Kosiuko. En su presentación judicial, la empresa describió un escenario de «competencia diabólica» frente al ingreso de productos importados y explicó que varias de las marcas para las que producía comenzaron a reemplazar fabricación local por importaciones directas. Según detalló, la salida de algunos de esos contratos terminó desarmando buena parte de su estructura productiva.
• Otro expediente que expuso la profundidad de la crisis fue el de Owoko, la marca de indumentaria infantil que llegó a tener más de 40 locales en todo el país y que hoy atraviesa un proceso concursal a través de las sociedades De Niños y Kokoloko. La empresa enfrenta pasivos superiores a los $2.800 millones, cierre de locales y una fuerte caída de ventas. En el expediente judicial sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo impactó directamente sobre su negocio y advirtió además sobre el cambio en los hábitos de consumo y el crecimiento del comercio electrónico internacional.
• La crisis también alcanzó a Hilado S.A., integrante del grupo TN Platex, controlado por la familia Karagozian. Al justificar su concurso preventivo, la empresa apuntó contra «la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada y el elevado costo financiero». En paralelo, el grupo decidió cerrar DFAC (De Fábrica al Consumidor), el proyecto lanzado por Teddy Karagozian que buscaba vender ropa básica producida íntegramente en Argentina. «Las marcas con las que trabajamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica», señaló la empresa al anunciar el cierre de la iniciativa.
• Otro de los casos que reflejan el deterioro del sector es el de Textil Amesud, la firma fundada por el empresario coreano Yeal Kim, ex presidente de la Fundación Pro Tejer. La compañía opera actualmente con apenas entre 20% y 30% de su capacidad instalada y enfrenta fuertes caídas de ventas respecto de años anteriores. «Es inviable una empresa que pueda trabajar con menos del 30% de su capacidad», sostuvo Kim al describir la situación de la firma. En paralelo, el empresario vinculó el deterioro del negocio al crecimiento de las importaciones y a la decisión de muchas marcas de dejar de producir en el país para comenzar a abastecerse con productos terminados del exterior.

Aunque cada empresa muestra particularidades distintas, los expedientes empiezan a repetir una misma radiografía: desplome del mercado interno, presión financiera, caída de márgenes, aumento de costos y una competencia cada vez más difícil de sostener frente al avance de productos importados y plataformas internacionales. En muchos casos, además, las propias compañías describen un cambio estructural dentro del negocio textil, donde buena parte de las marcas comenzó a reemplazar producción nacional por esquemas de importación directa.

El resultado ya se refleja en toda la cadena industrial: fábricas trabajando con fuerte capacidad ociosa, suspensiones de personal, cierre de líneas de producción y empresas históricas que buscan refugio judicial para intentar sostener operaciones en uno de los momentos más delicados que atraviesa el sector en los últimos años.

El turismo internacional avanza de manera desigual en el país. Entre enero y abril de 2026, ingresaron al país 3,5 millones de visitantes no residentes, lo que representa un aumento de 6,5% frente al mismo período de 2025. En paralelo, los argentinos que viajaron al exterior sumaron 7,2 millones de visitantes, una caída de 13,7% respecto del año anterior.

En términos concretos, eso significa que llegaron al país aproximadamente 215.000 extranjeros más que en el primer cuatrimestre de 2025, mientras que unos 1,15 millones de argentinos menos cruzaron alguna frontera internacional en ese mismo lapso, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Aun así, el saldo del período fue negativo: salieron del país 3,7 millones de visitantes más de los que entraron. Ese número agrupa tanto a turistas —quienes pernoctan al menos una noche en el destino— como a excursionistas, que son quienes realizan una visita de un solo día sin alojarse.

La distinción entre esas dos categorías no es menor. Un turista implica pernoctaciones, consumo en alojamiento, gastronomía y actividades; un excursionista cruza la frontera y regresa el mismo día, con un impacto económico mucho más acotado. El Indec los diferencia en sus estadísticas, y esa separación permite leer el fenómeno con más precisión.

Del total de visitantes no residentes que llegaron al país en el primer cuatrimestre, 2,19 millones fueron turistas —un 6% más que en 2025— y 1,31 millones fueron excursionistas, con un crecimiento de 7,5%.

Del lado argentino, los 7,2 millones de visitantes que salieron al exterior se dividen en 5,22 millones de turistas, una baja de 12,4% interanual, y 2,03 millones de excursionistas, que cayeron 17,1% respecto del mismo período del año anterior.

Es decir: tanto el turismo como las excursiones al exterior bajaron, pero la caída fue más pronunciada entre quienes viajaban sin alojarse. Al mismo tiempo, en el flujo de entrada, tanto turistas como excursionistas crecieron, aunque en proporciones moderadas.

El saldo de solo turistas, sin contar excursionistas, fue de -3,03 millones en el primer cuatrimestre de 2026, una mejora respecto de los -3,89 millones registrados en el mismo período de 2025.

En abril ingresaron al país 755.000 visitantes no residentes, un 8% más que en abril del año anterior. De ese total, 463.100 fueron turistas y 292.000, excursionistas.

Por el lado emisivo, salieron 1,2 millones de visitantes residentes, una baja de 15,7% respecto de abril de 2025. De ellos, 764.800 fueron turistas y 437.500, excursionistas. El saldo del mes fue negativo en 447.200 visitantes.

El principal origen del turismo receptivo en abril fue Brasil, con 94.800 turistas, seguido por Uruguay, con 76.200, y Europa, con 70.900. Del lado emisivo, Brasil también lideró como destino, con 216.500 turistas argentinos, seguido por Chile, con 123.000, y Paraguay, con 93.900.

En cuanto a los medios de acceso, el avión concentró poco más de la mitad del flujo en ambos sentidos: el 51,8% de los turistas no residentes ingresó por vía aérea, mientras que el 51,6% de los turistas residentes salió por esa misma vía. La vía terrestre fue la segunda en importancia para los argentinos que viajaron al exterior, con 40,7% del total.

La Encuesta de Turismo Internacional, que releva datos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aporta información sobre el perfil de los viajeros de ese mes. Entre los turistas no residentes que ingresaron por esos aeropuertos, el principal motivo del viaje fue vacaciones u ocio, con 50,5% de los casos. Las actividades más realizadas en el país fueron las gastronómicas, mencionadas por el 71,8% de los turistas, y la asistencia a espacios culturales, con 56,7%.

Entre los turistas residentes que salieron por esos aeropuertos en abril, el 72,4% también indicó vacaciones u ocio como motivo principal. Brasil concentró el mayor flujo de salidas, con 112.700 turistas, seguido por el bloque de países del resto de América, con 76.800.

Hace unos días comenzó a expandirse por las redes sociales una fake news sobre el supuesto lanzamiento de un billete de $100.000 con la imagen del doctor René Favaloro. Este hecho comenzó a destapar el problema de fondo que tienen comercios y bancos respecto a cuál debería ser la máxima denominación actual de los pesos argentinos en circulación.

Sobre todo porque el papel con el valor más elevado, que es el de $20.000, salió a la calle el 13 de noviembre de 2024, y desde entonces hasta el presente la inflación fue de alrededor del 57%. Por ende, esa misma unidad ahora compra una menor cantidad de artículos. Es decir, la depreciación de la moneda por el incremento de los precios de la economía marca, a las claras, que es necesaria una nueva denominación máxima.

De hecho, una unidad de $20.000 ya no alcanza para comprar diferentes productos y servicios de consumo cotidiano, como un kilo de determinado corte de carne, un kilo de helado premium o uno de los combos más costosos de los locales de comida rápida. Por eso, iProfesional consultó a distintos expertos para conocer qué cifra de billete se está necesitando en la Argentina.

Desde el Banco Central indicaron a iProfesional que, hasta ahora, «no está en estudio» emitir una nueva denominación máxima. También existe una cuestión concreta que genera que no haya una urgencia de las autoridades para emitir una cifra más alta: la mayor penetración de los sistemas de pagos digitales en la población.

En concreto, el dinero digital se usa más que los papeles debido a que, por cada peso físico en circulación, el ecosistema digital procesa $2,35, según datos del BCRA. Esto se ve impulsado por un sistema consolidado de billeteras electrónicas, transferencias inmediatas y pagos por códigos QR y NFC.

En consecuencia, desde mediados de diciembre pasado hasta ahora, cayó un 14% el volumen de dinero (los billetes) en circulación en el público y los bancos. Ello se refleja en el último informe de inclusión financiera del Banco Central, donde se detalla que las métricas de extracciones de efectivo se encuentran en valores mínimos desde 2016; el promedio mensual de extracciones de efectivo por adulto se contrajo desde 2,7 operaciones en 2024 hasta 1,7 extracciones en 2025, mientras que el monto promedio mensual de dichas extracciones se mantuvo prácticamente sin cambios entre ambos años.

Cuál es el billete de máxima denominación que la Argentina necesita hoy

Más allá del mayor uso del dinero digital por ser más práctico y rápido para las transacciones —lo que lleva a que no haya necesidad de imprimir más dinero—, la pérdida de poder de compra del peso generada por una inflación mensual por encima del 2% hace que los economistas planteen la necesidad de una denominación máxima más alta. Esto se debe a que con un determinado billete ya no se compra la misma cantidad de bienes y servicios respecto a lo que se podía adquirir cuando salió a la calle.

Por ejemplo, el valor actual del billete de $1.000, ajustado por la inflación desde que se puso en circulación el 30 de noviembre de 2017 hasta el momento, debería ser de $93.700, según cálculos de AMF Economía. En tanto, el papel de $20.000, si se lo actualiza por inflación, hoy equivale a tener que lanzar un billete de $31.800.

Como referencia, los billetes de máxima denominación en los países de la región equivalen a un promedio de u$s25. Es decir, en pesos, esa cifra representa unos $35.250. Sin contar que el papel de más alto valor de Estados Unidos es el de 100 dólares, que representa, en la teoría, una unidad argentina de $141.000.

El billete de $20.000, lanzado en noviembre de 2024, hoy equivale a $31.800.

«Creo que debería haber un billete equivalente a 50 dólares, es decir, cercano a los $70.000. Incluso pensé también en uno similar a los 50 euros, algo más de $80.000. En resumen, pienso que no se necesitan billetes tan grandes, ya que hoy se hace todo electrónico, y esto evitaría una economía informal. Por eso, un paso lógico sería pasar a uno de $50.000″, afirma Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Al respecto, Augusto Ardiles, economista y exdirector de la Casa de la Moneda, indica a iProfesional que, «mínimamente», debería haber un billete de $50.000 para «mejorar el manejo de los billetes en bancos y casas de cambio». Lo ideal sería tener también uno de $100.000.

En este sentido, un exfuncionario del Banco Central especializado en el tema detalla a iProfesional: «No hay una fórmula para eso. En la familia actual de billetes falta el de $5.000. Después, habría que hacer el de $50.000. En resumen, las familias de billetes son de 6 o 7 denominaciones y un ‘cono monetario’ de unas 4 o 5 monedas. Tal vez hoy tendría papeles de:

• $50.000
• $20.000
• $10.000
• $5.000
• $2.000
• $1.000
• $500

Y si se agrega el de $100.000, habría que pasar el de $500 a moneda».

La otra alternativa que propone este ex-BCRA es la de eliminar tres ceros y «hacer nuevos billetes de todo»; o sea, lanzar un nuevo signo monetario. «El problema es que para cambiar la moneda hay que tener una inflación menor. Una sola cifra anual, para ejemplificar», concluye el exfuncionario.

En resumen, la mayoría de los economistas consultados por iProfesional sostiene que la máxima denominación más adecuada para el presente es la de un billete de $50.000. «El billete de $20.000 de hace un año y medio hoy debería valer alrededor de $35.000 a $40.000, por lo que un billete de $50.000, por lo menos, permitiría ir a esos niveles de nominalidad», sostiene Fernando Baer, economista jefe de Quantum.

Por qué el Gobierno no emite billetes de mayor valor

Parte de las causas de por qué el Gobierno no impulsa, hasta el momento, la impresión de billetes de mayor denominación acordes a la actualización inflacionaria es que busca promover la digitalización y los pagos electrónicos, aspectos que democratizan la economía y bajan los costos respecto a la emisión monetaria. Al mismo tiempo, la utilización de los medios de pago digitales permite disminuir la informalidad.

«La denominación máxima de los billetes debería ser de 1 peso, para que todas las transacciones se hagan con dinero digital. Así se evitaría la corrupción en la política y la criminalidad en la sociedad», opina Jorge Colina, economista de IDESA, ante iProfesional. Y finaliza: «El tema es que para que el uso del dinero digital sea masivo, el Estado nacional tiene que eliminar el impuesto al cheque y los Estados provinciales tienen que eliminar las retenciones de Ingresos Brutos en los medios de pago».

Como dato, apenas el 26,9% de todo el dinero que circula en los bancos y el público es el de mayor denominación ($10.000 y $20.000). De hecho, los billetes de $1.000 representan el 24% del total, con 1.400 millones de unidades en la calle, mientras que los de máxima cifra ($20.000) alcanzan unos 660 millones de ejemplares.