POLITICA
El Gobierno asegura que no usará el Fondo de Garantías de la Anses para impulsar el crédito hipotecario
El Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios, pese a que la alternativa fue expuesta la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En el Ejecutivo aseguran que el proyecto sigue bajo revisión, pero que todavía no hay una definición para instrumentarlo.
“Hoy no está a la vista en el corto plazo, aunque el tema sale cada tanto”, expresan en Nación. En otros despachos oficiales coinciden en que la propuesta continúa bajo análisis y mencionan dificultades jurídicas y financieras que todavía deben resolverse. “Legalmente es complejo”, reconocen.
Caputo confirmó el 13 de agosto que Economía trabaja junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y las entidades financieras en un mecanismo para que el fondo coloque depósitos bancarios a largo plazo. La propuesta descarta que la ANSES compre directamente las hipotecas de las personas y apunta, en cambio, a que los bancos compitan por esos recursos mediante las tasas que estén dispuestos a pagar.
La iniciativa busca resolver el descalce entre los plazos a los que prestan y se financian los bancos. Una hipoteca puede extenderse durante 20 ó 30 años, mientras que buena parte de los depósitos del sistema tiene vencimientos mucho más cortos. El esquema permitiría que el FGS coloque fondos a dos, tres o cinco años para darles a las entidades una fuente más estable de financiamiento.
El último informe oficial de ANSES permite dimensionar el fondo sobre el que se discute. El FGS cerró junio con una cartera valuada en US$79.232 millones. El 77,7% estaba invertido en títulos públicos nacionales, el 14,3% en acciones y el 3,5% en proyectos productivos o de infraestructura. Las disponibilidades representaban apenas el 0,3% del total.
Los plazos fijos ya forman parte de la cartera. A junio, el FGS tenía US$1247 millones colocados en ese instrumento, equivalentes al 1,6% de sus activos. El monto había aumentado desde US$750 millones en marzo y acumulaba una suba de 172,9% durante 2026. El proyecto de Caputo no requiere, por lo tanto, crear una categoría de inversión nueva, sino ampliar una operatoria que el fondo ya utiliza.
La legislación tampoco establece una prohibición general. La Ley 24.241 permite invertir hasta el 30% de los activos del FGS en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, aunque las decisiones deben ajustarse a criterios de seguridad y rentabilidad. Con la valuación de junio, ese techo equivaldría teóricamente a unos US$23.800 millones, pero no significa que ese volumen esté disponible para ser destinado al programa.
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La complejidad aparece en la instrumentación concreta del esquema. Para llevar el mecanismo a la práctica, el FGS debe definir una operatoria que permita extender las colocaciones actuales a dos, tres, cuatro o cinco años y adjudicarlas mediante un proceso competitivo entre entidades financieras. El Comité Ejecutivo del fondo debe fijar los criterios de seguridad, rentabilidad y adecuación temporal de las inversiones y aprobar las operaciones que se realicen.
El diseño deberá determinar qué bancos pueden participar, qué montos se licitan, qué vencimientos se ofrecen, cómo se adjudican los recursos y bajo qué parámetros se comparan las tasas. Caputo mencionó como ejemplo que una entidad pueda ofrecer UVA más una tasa para un depósito a dos años y un rendimiento diferente para otro a cinco años, pero esas condiciones todavía no están definidas.
La tasa aparece como uno de los puntos más sensibles. Los bonos en pesos ajustados por CER representan por sí solos el 44,3% de todo el FGS, mientras que otro 7,4% está invertido en títulos vinculados a la TAMAR. Los responsables del fondo deberán justificar que colocar recursos durante varios años en depósitos bancarios ofrece una relación de rentabilidad, plazo y riesgo adecuada frente a las demás alternativas de la cartera.
El margen efectivo para avanzar tampoco surge directamente del límite legal del 30%. Casi ocho de cada diez dólares del FGS están invertidos actualmente en títulos públicos y las disponibilidades eran de apenas US$224 millones en junio. Para aumentar significativamente los plazos fijos, la administración deberá resolver qué recursos reasigna, qué posiciones deja vencer o qué nuevos flujos destina a las colocaciones bancarias.
Dentro del Ejecutivo reconocen además una fuerte cautela alrededor de la responsabilidad de los funcionarios que deben aprobar la operatoria. “El problema con el FGS es que nadie quiere firmar nada”, expresan en Nación. En el Gobierno vinculan esa prevención con los antecedentes de judicialización que atravesaron decisiones sobre la administración de los activos previsionales en distintas gestiones.
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Durante el kirchnerismo hubo casos vinculados directamente con el manejo del fondo. En 2009, una denuncia por operaciones con Préstamos Garantizados derivó en una investigación que alcanzó a Amado Boudou, Diego Bossio y Sergio Chodos. En 2017, además, Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Fernanda Reyes denunciaron a integrantes del Comité Ejecutivo que administró el FGS entre 2010 y 2015, entre ellos Bossio, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino y Emmanuel Álvarez Agis, por presunta administración fraudulenta.
La exposición judicial no quedó restringida a una sola administración. También durante el gobierno de Mauricio Macri se presentaron denuncias contra integrantes de la conducción de ANSES y del Comité Ejecutivo por operaciones realizadas con activos del FGS. Esos antecedentes no implican que las decisiones investigadas hayan sido finalmente consideradas ilegales, pero refuerzan dentro del Ejecutivo la necesidad de respaldar una eventual nueva operatoria con fundamentos técnicos, financieros y jurídicos precisos.
Por ahora, el proyecto queda bajo revisión y sin una fecha prevista de implementación. En el Gobierno remarcan que el mecanismo no aparece prohibido por la legislación vigente, pero todavía resta definir cuánto dinero se utilizaría, durante cuánto tiempo, a qué tasas y mediante qué procedimiento. El objetivo es encontrar una fórmula que genere fondeo de largo plazo para ampliar los créditos hipotecarios sin comprometer la rentabilidad del FGS ni exponer la operatoria a futuros cuestionamientos.
Gobierno, FGS, Créditos hipotecarios
POLITICA
“Nuestro objetivo es que el Presidente reelija”: la presidenta de LLA en CABA evitó adelantar alianzas electorales
La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez, aseguró que “nuestro objetivo es que el Presidente reelija”. La legisladora descartó alianzas anticipadas en la Ciudad de Buenos Aires con el PRO afirmando: “Futurología no hago”.
Respecto al crecimiento de la bancada libertaria, que pasó de tres a 14 legisladores, la dirigente asumió su rol de liderazgo porteño. Frente a versiones sobre candidaturas locales, Ramírez respondió irónicamente: “Soy la vicejefa ideal de todos”.
En el plano social, apoyó la firmeza frente a los paros de los metrodelegados en el transporte porteño. Al rechazar las huelgas del sector sindical, la representante afirmó: “Los porteños no podemos seguir poniéndonos de rodillas”.
Pilar Ramírez
Sobre la situación económica de la clase media, defendió el programa de estabilización implementado por el Poder Ejecutivo Nacional. Ante los cuestionamientos por el ajuste, remarcó: “No recuperás una economía destruida en tres años”.
Finalmente, Ramírez justificó la comunicación directa del Presidente con la sociedad sin moderar sus discursos públicos. Al respaldar la pedagogía económica del mandatario, la funcionaria concluyó: “No subestimemos a los argentinos”.
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El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri respaldó este martes la detención de tres metrodelegados en medio de una protesta en la estación de la Línea B Rosas que denunciaba la tercerización de tareas de mantenimiento.
“Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.
Los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegadxs), encabezados por el referente sindical Sebastián Carrizo, abrieron este martes los accesos de emergencia para habilitar el paso gratuito de los pasajeros. Esa medida de protesta se llevó a cabo como reclamo por una supuesta tercerización de servicios que la organización asegura pertenecen a los trabajadores de mantenimiento.
Ante la denuncia, la fiscalía a cargo de Natalia Pla solicitó la detención del empleado involucrado por desobediencia, quien estuvo atrincherado en una oficina del lugar. Cuando los efectivos intentaron llevar a cabo esta medida, otros representantes de la comisión directiva del gremio impidieron la actuación policial: el referente Claudio Dellecarbonara y el delegado Facundo Heredia intervinieron para frenar el procedimiento.
Durante el despliegue del operativo, Carrizo estuvo atrincherado dentro de una de las oficinas del personal, mientras que las fuerzas de seguridad arrestaron a Dellecarbonara y a Heredia.
Ambos referentes fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, ubicado en el barrio de Chacarita, y más tarde, puestos a disposición de las autoridades judiciales para la evaluación de sus antecedentes. Se dispuso también la detención del secretario general del sindicato, Néstor Segovia, imputado por agredir a los agentes de seguridad durante los forcejeos registrados en el lugar.
Frente a la escalada de las actuaciones judiciales, la conducción gremial resolvió la paralización total del funcionamiento del Subte.
En este marco, Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad, sostuvo en diálogo con LN+ que las fuerzas esperan la orden de la Justicia para ejecutar la detención de Sebastián Carrizo, quien todavía se encuentra atrincherado. Desde la fuerza porteña informaron a que “personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad detuvo a metrodelegados que realizaban una medida gremial en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias”.
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POLITICA
La presidenta de LLA en CABA mostró cautela ante un acuerdo electoral con el PRO: “Futurología no hago”
Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, afirmó que la prioridad de su espacio es garantizar la reelección de Javier Milei y descartó anticipar definiciones sobre el armado electoral en la Ciudad de Buenos Aires para 2027.
“Nuestro objetivo es que el Presidente reelija. Esa es la prioridad como espacio político, porque entendemos que necesitamos cuatro años más para poder consolidar el modelo que inició”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La legisladora explicó que, por el momento, la actividad parlamentaria y las recorridas por los barrios concentran los esfuerzos de su espacio. “Para pensar en las elecciones falta un montón, un montón”, señaló, antes de descartar que existan definiciones sobre un eventual acuerdo con el PRO, que gobierna la Ciudad desde 2007.
“Futurología no hago”, respondió cuando le preguntaron por una posible alianza entre ambas fuerzas. Y agregó: “No podemos poner el carro delante del caballo. Falta tiempo, falta trabajo, falta entender por dónde van a estar ambos espacios”.
La estrategia electoral de LLA en la Ciudad
Ramírez también evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura propia o la posibilidad de integrar una fórmula con Jorge Macri si el actual jefe de Gobierno buscara la reelección. Consultada sobre si podría convertirse en vicejefa porteña, respondió con ironía: “Soy la vicejefa ideal de todos”.
Luego aclaró que no está evaluando esa posibilidad y destacó su responsabilidad al frente de una bancada que pasó de tres a 14 legisladores. “Hoy tengo una responsabilidad enorme, que es manejar un bloque de 14 legisladores, ser la presidenta de un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio nuevo, un espacio que no existía”, afirmó.
Sobre Patricia Bullrich, con quien trabajó durante la campaña electoral de 2025, destacó el vínculo político que mantienen. “Fui jefa de campaña de ella en el 2025. Trabajamos mucho”, recordó.
La legisladora también se refirió a las diferencias dentro del oficialismo y defendió la convivencia entre distintas posiciones. “No necesariamente todos compartimos lo que opinan todos. Somos libres y podemos tener diferentes miradas”, sostuvo.
El conflicto en el subte y la agenda legislativa
El conflicto sindical en el subte porteño fue otro de los temas centrales de la entrevista. Ramírez respaldó la postura del Gobierno de la Ciudad frente a los metrodelegados y cuestionó las interrupciones del servicio por su impacto en los pasajeros.
“Los porteños no podemos seguir poniéndonos de rodillas por presiones sindicales”, afirmó. Y agregó: “Tu vida no puede ser rehén de un conflicto sindical. Yo creo que esa Argentina se tiene que terminar”.
La dirigente vinculó esa posición con la política nacional frente a los piquetes y los acampes. “El orden es una prioridad”, remarcó.
En el ámbito legislativo, defendió las iniciativas de LLA para reducir impuestos, desregular actividades económicas y simplificar trámites. Como ejemplo del cambio en la discusión política porteña, recordó los comienzos de su bloque, cuando esas propuestas tenían menos respaldo.
“Empezamos siendo tres legisladores y parecíamos tres loquitos que pedíamos baja de impuestos, desregulación”, expresó. También señaló que otras fuerzas comenzaron a incorporar el alivio fiscal a sus agendas. “El año pasado terminamos incluso con el peronismo discutiendo baja de impuestos o peleándose por quién presentaba el proyecto de más baja de impuestos”, afirmó.
Ramírez mencionó, además, los obstáculos que enfrentan los comerciantes para abrir y mantener sus negocios. Entre los reclamos que recibe durante sus recorridas, enumeró las trabas para obtener habilitaciones y las clausuras de establecimientos.
“Se quejan mucho de las trabas que hay muchas veces para la apertura de negocios o las clausuras”, señaló. En ese sentido, defendió mecanismos que agilicen los procedimientos administrativos y permitan corregir determinadas irregularidades antes de aplicar sanciones inmediatas.
La defensa del programa económico de Milei
Consultada por las dificultades de la clase media, los salarios y el poder adquisitivo, Ramírez respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el proceso de estabilización debe evaluarse a partir de la situación que recibió la administración.
“Por primera vez tenemos un presidente economista. Tiene muy claro cuál es el rumbo”, afirmó.
Frente a los cuestionamientos por el impacto del ajuste, la legisladora argumentó que la recuperación requiere tiempo. “Todo plan de estabilización tiene sus momentos”, señaló, antes de defender la gestión de Milei: “No recuperás una economía destruida en tres años y este presidente lo está haciendo”.
Durante la entrevista, también rechazó que el mandatario deba modificar su estilo de comunicación para explicar sus medidas sin confrontar con sus críticos. “Lo explica bien”, respondió cuando le preguntaron si podría transmitir su programa económico de otra manera.
“Yo creo que la gente lo entiende. La gente lo entiende y la gente lo acompaña”, sostuvo. Para Ramírez, la claridad del rumbo anunciado por el oficialismo es uno de los factores que explican el respaldo al Presidente.
“Es muy claro en su rumbo y es muy claro también en lo que dijo que iba a ser este proceso. No subestimemos a los argentinos”, concluyó.
De cara a 2027, la legisladora evitó adelantar candidaturas y acuerdos en la Ciudad. Su planteo fue concentrar los esfuerzos en la consolidación de La Libertad Avanza en el distrito, mientras el espacio mantiene como prioridad política la continuidad del Gobierno nacional.
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