POLITICA
El Gobierno asegura que no usará el Fondo de Garantías de la Anses para impulsar el crédito hipotecario
El Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios, pese a que la alternativa fue expuesta la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En el Ejecutivo aseguran que el proyecto sigue bajo revisión, pero que todavía no hay una definición para instrumentarlo.
“Hoy no está a la vista en el corto plazo, aunque el tema sale cada tanto”, expresan en Nación. En otros despachos oficiales coinciden en que la propuesta continúa bajo análisis y mencionan dificultades jurídicas y financieras que todavía deben resolverse. “Legalmente es complejo”, reconocen.
Caputo confirmó el 13 de agosto que Economía trabaja junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y las entidades financieras en un mecanismo para que el fondo coloque depósitos bancarios a largo plazo. La propuesta descarta que la ANSES compre directamente las hipotecas de las personas y apunta, en cambio, a que los bancos compitan por esos recursos mediante las tasas que estén dispuestos a pagar.
La iniciativa busca resolver el descalce entre los plazos a los que prestan y se financian los bancos. Una hipoteca puede extenderse durante 20 ó 30 años, mientras que buena parte de los depósitos del sistema tiene vencimientos mucho más cortos. El esquema permitiría que el FGS coloque fondos a dos, tres o cinco años para darles a las entidades una fuente más estable de financiamiento.
El último informe oficial de ANSES permite dimensionar el fondo sobre el que se discute. El FGS cerró junio con una cartera valuada en US$79.232 millones. El 77,7% estaba invertido en títulos públicos nacionales, el 14,3% en acciones y el 3,5% en proyectos productivos o de infraestructura. Las disponibilidades representaban apenas el 0,3% del total.
Los plazos fijos ya forman parte de la cartera. A junio, el FGS tenía US$1247 millones colocados en ese instrumento, equivalentes al 1,6% de sus activos. El monto había aumentado desde US$750 millones en marzo y acumulaba una suba de 172,9% durante 2026. El proyecto de Caputo no requiere, por lo tanto, crear una categoría de inversión nueva, sino ampliar una operatoria que el fondo ya utiliza.
La legislación tampoco establece una prohibición general. La Ley 24.241 permite invertir hasta el 30% de los activos del FGS en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, aunque las decisiones deben ajustarse a criterios de seguridad y rentabilidad. Con la valuación de junio, ese techo equivaldría teóricamente a unos US$23.800 millones, pero no significa que ese volumen esté disponible para ser destinado al programa.
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La complejidad aparece en la instrumentación concreta del esquema. Para llevar el mecanismo a la práctica, el FGS debe definir una operatoria que permita extender las colocaciones actuales a dos, tres, cuatro o cinco años y adjudicarlas mediante un proceso competitivo entre entidades financieras. El Comité Ejecutivo del fondo debe fijar los criterios de seguridad, rentabilidad y adecuación temporal de las inversiones y aprobar las operaciones que se realicen.
El diseño deberá determinar qué bancos pueden participar, qué montos se licitan, qué vencimientos se ofrecen, cómo se adjudican los recursos y bajo qué parámetros se comparan las tasas. Caputo mencionó como ejemplo que una entidad pueda ofrecer UVA más una tasa para un depósito a dos años y un rendimiento diferente para otro a cinco años, pero esas condiciones todavía no están definidas.
La tasa aparece como uno de los puntos más sensibles. Los bonos en pesos ajustados por CER representan por sí solos el 44,3% de todo el FGS, mientras que otro 7,4% está invertido en títulos vinculados a la TAMAR. Los responsables del fondo deberán justificar que colocar recursos durante varios años en depósitos bancarios ofrece una relación de rentabilidad, plazo y riesgo adecuada frente a las demás alternativas de la cartera.
El margen efectivo para avanzar tampoco surge directamente del límite legal del 30%. Casi ocho de cada diez dólares del FGS están invertidos actualmente en títulos públicos y las disponibilidades eran de apenas US$224 millones en junio. Para aumentar significativamente los plazos fijos, la administración deberá resolver qué recursos reasigna, qué posiciones deja vencer o qué nuevos flujos destina a las colocaciones bancarias.
Dentro del Ejecutivo reconocen además una fuerte cautela alrededor de la responsabilidad de los funcionarios que deben aprobar la operatoria. “El problema con el FGS es que nadie quiere firmar nada”, expresan en Nación. En el Gobierno vinculan esa prevención con los antecedentes de judicialización que atravesaron decisiones sobre la administración de los activos previsionales en distintas gestiones.
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Durante el kirchnerismo hubo casos vinculados directamente con el manejo del fondo. En 2009, una denuncia por operaciones con Préstamos Garantizados derivó en una investigación que alcanzó a Amado Boudou, Diego Bossio y Sergio Chodos. En 2017, además, Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Fernanda Reyes denunciaron a integrantes del Comité Ejecutivo que administró el FGS entre 2010 y 2015, entre ellos Bossio, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino y Emmanuel Álvarez Agis, por presunta administración fraudulenta.
La exposición judicial no quedó restringida a una sola administración. También durante el gobierno de Mauricio Macri se presentaron denuncias contra integrantes de la conducción de ANSES y del Comité Ejecutivo por operaciones realizadas con activos del FGS. Esos antecedentes no implican que las decisiones investigadas hayan sido finalmente consideradas ilegales, pero refuerzan dentro del Ejecutivo la necesidad de respaldar una eventual nueva operatoria con fundamentos técnicos, financieros y jurídicos precisos.
Por ahora, el proyecto queda bajo revisión y sin una fecha prevista de implementación. En el Gobierno remarcan que el mecanismo no aparece prohibido por la legislación vigente, pero todavía resta definir cuánto dinero se utilizaría, durante cuánto tiempo, a qué tasas y mediante qué procedimiento. El objetivo es encontrar una fórmula que genere fondeo de largo plazo para ampliar los créditos hipotecarios sin comprometer la rentabilidad del FGS ni exponer la operatoria a futuros cuestionamientos.
Gobierno, FGS, Créditos hipotecarios
POLITICA
Tras el fallo de la Corte, Elisa Carrió reclamó a Diputados que rechace el DNU de extranjerización de tierras
La líder fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados que rechace el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto los límites que esa norma establecía para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El reclamo se produjo un día después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo.
“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, escribió en su cuenta de la red social X.
La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo además que la medida constituye un “poder autoritario” que “afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina” y responsabilizó por ello al Presidente y a los ministros que firmaron el decreto.
Y acusó: “Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la Inteligencia Artificial (IA) y el agua dulce. Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para la enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”.
Qué decidió la Corte
La Corte Suprema revocó este martes la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que en diciembre de 2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no estaba legitimado para iniciar esa acción y no existía un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. La Corte Suprema revocó ese fallo este martes.
La Corte aclaró expresamente que su decisión no supone un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni implica una interferencia sobre las facultades del Congreso.
La consecuencia práctica del fallo es que volvió a quedar vigente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras. De esta manera, quedaron sin efecto los límites que establecía esa norma para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, que las tierras en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie de cada territorio nacional, provincial y departamental, y fijaba además un límite de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.
Críticas de la oposición
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, diferentes diputados de la oposición criticaron la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y lo calificaron como “vergonzoso” y “escandaloso”.
Uno de los primeros fue el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, quien solicitó una sesión especial en la Cámara baja para tratar el tema. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23″, dijo.
A su crítica se sumó el diputado izquierdista Nicolás del Caño: “Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto (…) Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2×1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles».
Por su parte, el diputado de Fuerza Patria Martín Soria expresó: “A meses de que el Pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo. No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros”.
También de la Coalición Cívica se manifestó el diputado Maximiliano Ferraro. “Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, dijo y agregó: “La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en el Congreso no pueden sostenerlo con un DNU. No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, diputados y senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.
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La reacción de Javier Milei al cruce en Diputados entre Juan Grabois y dos legisladores libertarios: “Esto es lo que enfrentamos a diario”
Luego del escándalo en Diputados entre Juan Grabois y parte de los legisladores libertarios, donde intercambiaron insultos y amenazas, se generó otro fuerte cruce en redes sociales que involucró al presidente Javier Milei. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X. Minutos más tarde, Grabois redobló la apuesta: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores”.
Este miércoles hubo insultos, gritos y forcejeos durante el plenario de las comisiones que analiza la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos puntos del proyecto. En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento, atravesó parte del salón y fue hacia Guzmán. Entre ambos hubo un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban frenar la discusión.
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Mayra Mendoza vistió un pantalón de Boca durante una sesión en la Legislatura, recibió críticas y salió al cruce
La diputada bonaerense kirchnerista Mayra Mendoza respondió a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La polémica se generó luego de que se viralizara un video en el que se la observa participando de la ceremonia de izamiento de la bandera con un saco azul combinado con un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas, una indumentaria que varios usuarios asociaron con Boca Juniors.
“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, cuestionó en el inicio de su descargo en X.
La legisladora publicó el mensaje este miércoles por la mañana, después de que trascendiera la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.
Asimismo, la exintendente de Quilmes sostuvo que los ataques que recibió reflejan “los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad”. Según planteó, parte de las críticas estuvieron acompañadas por descalificaciones vinculadas tanto a su identidad política como a aspectos personales.
“Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden, o que con eso pueden solucionar alguno de los problemas que estamos viviendo. Quiero decirles algo: ‘kuka’ es una identidad de la que me siento profundamente orgullosa. Y ‘negra’ tampoco me ofende, soy morocha y me encanta”, expresó en la red social.
Y añadió: “Quienes se detienen en una boludez como esta lean también lo que está pasando a su alrededor y reflexionen”, expresó.
La diputada enumeró una serie de temas que, según ella, deberían ocupar el centro de la discusión pública. Entre ellos mencionó “las decisiones que toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia”.
También cuestionó a quienes priorizan las formas por sobre el contenido en la evaluación de los dirigentes y funcionarios. “Quizás prefieren jueces vestidos de traje, solemnes, que se creen con derecho a decidir sobre sus vidas, su patrimonio y su libertad”, escribió.
“Personalmente, prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, sostuvo.
La dirigente kirchnerista también explicó que utiliza la marca deportiva desde su juventud y confirmó su simpatía por Boca Juniors. Fue en ese contexto que formuló la frase que concentró buena parte de la repercusión de su descargo: “Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”.
Mendoza además pidió elevar el nivel del debate y volvió a remarcar que la discusión sobre su atuendo resulta secundaria frente a otros asuntos de interés público. “Por favor, eleven el nivel”, reclamó.
“La ropa se cambia”, señaló luego. Y agregó: “Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”.
En el cierre del posteo, manifestó: “En serio: abran los ojos. Pero no para mirar la ropita. Para mirar lo que está pasando como argentinos”.
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