POLITICA
El Gobierno reconoce la demora en la reactivación económica y comienza a medir el impacto electoral

El martes pasado, el presidente Javier Milei estaba en la residencia de Olivos, agarró su teléfono y confirmó un dato que venía esperando desde hacía mucho tiempo: el de la inflación mayorista, que en julio fue el más bajo de los últimos 14 meses. “Al final, empezó con cero”, celebró, como una ratificación de su gestión.
El jefe de Estado venía insistiendo en casi todas las apariciones públicas con la promesa de que, de acuerdo con sus cálculos, para mitad de este año los precios casi que no iban a aumentar en la Argentina o, en realidad, lo iban a hacer a un ritmo muy lento.
Por eso la cifra que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue festejada como una victoria por el líder libertario, que no tiene pensado cambiar su discurso respecto del rumbo económico.
Tanto en público como en privado, el mandatario nacional asegura que su tarea es solamente ocuparse de la “macro” y rechaza cualquier reclamo para ayudar a algún sector en específico, porque considera que sería distorsionar el mercado.
Basándose en datos del mismo organismo de medición, el Presidente también rechaza la idea de que haya bajado el consumo y sostiene que solamente cambió la forma en la que la gente compra, pasando del comercio de cercanía a los puntos de venta digitales.
Sin embargo, aunque la narrativa por el momento seguirá siendo la misma, en el Gobierno empiezan a aparecer quienes admiten que la situación no está tan bien como esperaban que estuviera para esta época.
“Bueno, creo que ya hubo un funcionario nuestro que dijo algo en esa línea. Santiago Bausili dijo que la recuperación económica está tardando más de lo que nos gustaría“, señaló un miembro del equipo de comunicación.
Efectivamente, el titular del Banco Central lamentó que la recuperación esté demorando tanto y considero que se debe al “miedo o estrés postraumático” provocado por las sucesivas crisis que atravesó el país.
“De todas maneras, a pesar de que todos vivimos con mucha ansiedad, van solo 2 años y medio de gestión. Y teniendo en cuenta el descalabro gigante que heredamos, aún hay tiempo”, aclaró a Infobae la fuente consultada.

En este sentido, en el Poder Ejecutivo destacan que, gracias a las medidas de Milei, la economía está estable y la bomba que habían dejado se desactivó“, por lo que ahora ”es una discusión más de nivel de actividad que otra cosa”.
De acuerdo con los informes periódicos que realiza la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró en junio, último mes medido hasta ahora, una caída interanual estimada en 1,8%, mientras que en la comparación mensual se mantuvo estable respecto de mayo (-0,2% sin estacionalidad).
Las estimaciones fueron elaboradas por el Centro de Estudios de esa organización, a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.
Los indicadores adelantados mostraron un comportamiento heterogéneo. La construcción retrocedió: los despachos de cemento cayeron 2,7% mensual y el Índice Construya, 2%, con niveles que permanecen 24% y 30% por debajo de 2022, respectivamente.
También bajaron la producción metalmecánica (-0,3%) y la de acero (-4,6%), en tanto que la de autos se mantuvo estable (+0,2% mensual), pero acumula una baja interanual de 18%.
En contraste, la demanda eléctrica de Grandes Usuarios Industriales subió 1,4% y el patentamiento de maquinaria industrial creció 9,4%, aunque se ubica por debajo de los niveles de 2025 y 2022 en el acumulado del semestre. Las exportaciones hacia Brasil subieron 15,6% mensual y la liquidación de divisas agroindustriales, 17,9%.
Según datos oficiales del INDEC, la producción industrial de mayo cayó 5,7% interanual y se mantuvo estable respecto de abril (+0,4% sin estacionalidad). Catorce de los dieciséis sectores relevados cayeron en la comparación anual; solo crecieron refinación de petróleo (+19%) y tabaco (+14,6%).
Sin embargo, en el entorno del Presidente no creen que vaya a cambiar el discurso y, en todo caso, si lo hace “dependerá del tiempo y de los resultados en materia económica“.
En tanto, en el interior de La Libertad Avanza opinan que, aunque el panorama no es el mejor de todos, el malestar no se va a trasladar a las urnas el año que viene.
“Yo no soy un negador, sé que hay gente que la está pasando mal, pero creo que también valoran lo que se hizo y hay que hacer foco en que lo otro fue lo que nos trajo hasta acá“, remarcó un influyente armador del partido.
Al respecto, en el partido celebran las declaraciones como las del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ya anticipó que si llega a ser Presidente, va a avanzar con “lo que sea necesario expropiar”.
“Para mí es maravilloso que salga a decir eso, vamos todos a apoyar que sea el candidato del peronismo que, sin dudas, eventualmente se va a acomodar y va a ir detrás de un solo dirigente”, analizó.
Luego del traspié de los primeros comicios del 2025, en un amplio sector de la fuerza liderada por Karina Milei está la convicción de que “se va a ganar en todo el país” y el mandatario nacional “va a conseguir la reelección en la primera vuelta”.
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POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE

La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
Claudio Tapia, AFA, ceamse
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Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero

Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”

La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.

Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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