El Gobierno avanzó con un nuevo paso dentro de su plan de concesiones viales y, a partir de este miércoles, un grupo de empresas privadas pasará a hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de un conjunto de rutas y autopistas que hasta ahora estaban bajo la órbita estatal. La medida se enmarca en la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la administración nacional busca transferir al sector privado la gestión de la infraestructura vial del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X. “Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”, escribió el funcionario, quien precisó que ya se firmaron los contratos correspondientes a la Etapa II-A del programa. Según detalló, las empresas adjudicatarias asumirán desde mañana la operación y el mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que, hasta el momento, eran administradas por la empresa estatal Corredores Viales.

Los tramos involucrados son dos: el Tramo Pampa, que corresponde a la Ruta Nacional 5, y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Caputo definió a ambos corredores como “estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa” y cerró su publicación con una frase que resume el espíritu de la medida: “Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”.

La adjudicación de los dos tramos había sido formalizada semanas atrás, cuando el Gobierno firmó la resolución que definió a los ganadores de cada licitación. El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos del consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que presentó una oferta de 997 pesos sin IVA para la tarifa de peaje. El Tramo Pampa, por su parte, fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una propuesta de 2.355,37 pesos sin IVA para el mismo concepto.

Ambos contratos tienen una duración de 20 años, un plazo que el Gobierno definió con el objetivo de otorgar previsibilidad a los consorcios ganadores y permitirles planificar las inversiones de largo plazo que demanda la gestión de los corredores. En los dos casos, las obras de modernización, mantenimiento y mejora de los servicios quedan a cargo exclusivo de las empresas, sin aportes ni subsidios por parte del Estado nacional.

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