CÓRDOBA.- Pasadas las 18 de este martes, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde, recibieron los seis aviones cazas F16 Fighting Falcon que conforman el segundo lote de las 24 aeronaves que el gobierno de Javier Milei compró a Dinamarca. Las unidades llegaron al Área Material Río Cuarto en Las Higueras. Con este arribo ya hay una docena del conjunto de aviones de cuarta generación en la aeroestación.

Este segundo lote -el primero arribó en diciembre pasado- está integrado por cuatro F-16AM monoplazas y dos F-16BM biplazas. Una de las aeronaves fue conducida por un piloto argentino, mientras que las otras cinco fueron comandadas por aviadores extranjeros.

Antes de llegar a Río Cuarto, los F16 hicieron escalas en Gran Canaria, en España, y en Natal, en el norte de Brasil. Entre esos dos puntos tuvieron el apoyo de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que los reabastecieron de combustible en pleno vuelo

El arribo de los aviones se mezcló con la protesta del personal de las Fuerzas Armadas por la crisis de la obra social de los militares, que arrastra una millonaria deuda y cortes de prestaciones.

En diciembre de 2025, cuando llegaron los primeros seis aviones, el presidente Javier Milei encabezó la recepción y sostuvo que los F-16 son un “símbolo” de la construcción del país. Los calificó como “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros”. Esa ceremonia coincidió con la designación de Presti como ministro de Defensa.

Las aeronaves operan en las instalaciones del Área Material Río Cuarto pero serán trasladadas más adelante a la VI Brigada Aérea, con sede en Tandil, una base que se encuentra en plenas tareas de remodelación. La incorporación de los aviones F-16 se completará en 2028.

El Gobierno sostiene que el programa permitirá recuperar capacidades que la Argentina perdió con el retiro de los aviones Mirage en 2015 y que los F-16 tendrán por delante al menos 25 años de vida útil.

El precio de adquisición de los 24 aviones fue de aproximadamente US$301 millones. El Gobierno ya abonó tres de las cinco cuotas previstas, por unos US$180 millones; la entrega también es “en cuotas”.

A esto se le agregan otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. Con todo, el costo inicial del programa fue estimado en alrededor de US$650 millones. En paralelo, solo el programa de instrucción de pilotos puede alcanzar los US$33 millones, mientras que el acuerdo de modernización y armamento tiene un techo de US$900 millones.

Sin embargo, la compra de las unidades registra algunas objeciones. Por ejemplo, se cuestionó el monto total del contrato y los gastos ocultos o de cielo abierto (con un techo presupuestario estimado en contratos de modernización, armamento avanzado como misiles AMRAAM y costos por hora de vuelo).

Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.

Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.

También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.

“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.

Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.

Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.

La presentación

La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.

En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.

La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.

En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.

Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.

Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.

“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.

En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.

La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.

El caso

Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.

Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.

El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.

La defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.

Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.

La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.