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El Gobierno busca combinar Inocencia Fiscal con cambios en el mercado de capitales para mover dólares del colchón

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El Gobierno busca combinar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal con modificaciones al mercado de capitales para mover los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa ingresará este jueves a la Cámara de Diputados y que incluirá herramientas para reforzar el ingreso de fondos al sistema financiero y canalizarlos hacia inversiones.

La Casa Rosada quiere que el proyecto funcione como una segunda etapa del régimen. La primera versión generó tensiones desde el arranque por las dudas de contadores, tributaristas y contribuyentes sobre el alcance del “tapón fiscal”, la seguridad jurídica y los riesgos de quedar expuestos a fiscalizaciones de ARCA sobre períodos anteriores.

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En Balcarce 50 reconocen que la ley original no produjo el resultado esperado. “Es una ley que fracasó y que arrancó mal de origen porque no consultaron a los que ponen el gancho por la gente”, agregan en el oficialismo, en referencia a los profesionales que asesoran a contribuyentes antes de adherir al régimen.

El Ministerio de Economía busca ahora reforzar la propuesta con garantías más claras para quienes entren al esquema. La idea es fortalecer la protección para que el fisco no pueda investigar períodos previos, salvo casos de discrepancias significativas o situaciones ya iniciadas antes de la adhesión. En términos técnicos, el oficialismo apunta a reducir el margen de discrecionalidad de ARCA y a trasladar al organismo la carga de probar inconsistencias relevantes.

La versión renovada también busca ampliar el universo de contribuyentes. Entre los cambios que se venían analizando aparece la eliminación de topes de ingresos y patrimonio, junto con ajustes al concepto de “discrepancia significativa”, instancias de rectificación y efectos favorables frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF para quienes adhieran al régimen.

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El Gobierno quiere conectar esa ingeniería fiscal con el mercado de capitales. En Nación aseguran que buscarán incorporar al proyecto parte de la operatoria que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya reglamentó para Inocencia Fiscal, con el objetivo de blindar por ley el uso de fondos regularizados en ALyC, agentes vinculados a fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.

El Gobierno también mira las adecuaciones sobre ALyC y agentes de negociación (Foto: Agustina Ribó/TN).

El antecedente directo es la Resolución General 1108 de la CNV. Esa norma adecuó la regulación del mercado de capitales a la Ley 27.799 y a su decreto reglamentario para que quienes hayan optado por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con proveedores de servicios de activos virtuales.

La norma reglamentó la actuación de los sujetos que pueden intervenir en el origen o en el destino de la operación: ALyC, agentes intervinientes en la colocación de fondos comunes de inversión y PSAV. También dejó asentado que la Argentina mantiene compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia del sistema financiero.

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Ahora, el Ejecutivo quiere usar esa base para reforzar el puente entre el régimen fiscal y los instrumentos de inversión. La idea es que el contribuyente que adhiera a Inocencia Fiscal no solo tenga un “tapón” frente a ARCA, sino también un canal regulado para canalizar esos dólares hacia activos financieros, fondos, fideicomisos, obligaciones negociables u otros vehículos del mercado.

En Balcarce 50 traducen esa agenda en una fórmula interna: “armar una banca paralela en dólares”. No se refieren a un banco fuera de regulación ni a un sistema financiero clandestino, sino a un circuito de intermediación no bancaria, bajo reglas de la CNV, para que los dólares regularizados no queden inmóviles en una cuenta y puedan generar rendimiento.

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El punto que buscan reforzar por ley es la seguridad jurídica del canal. En el Gobierno quieren que quien ingrese al régimen pueda llevar fondos a una ALyC o a un instrumento del mercado de capitales sin que esa operatoria sea utilizada automáticamente por el fisco para revisar períodos previos. La protección, aclaran, sería fiscal y no implicaría eliminar los controles antilavado.

En algunas ALyC, sin embargo, miran el esquema con cautela. Sostienen que una garantía fiscal no elimina las obligaciones de prevención de lavado de dinero ni los controles que surgen de la normativa local y de los estándares internacionales. “El tapón fiscal puede servir frente a ARCA, pero no reemplaza el análisis de cumplimiento que tiene que hacer cada agente”, resumen en el sector privado.

El Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada y trató los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal (Foto: Presidencia).
El Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada y trató los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal (Foto: Presidencia).

Esa es una de las tensiones centrales del proyecto. El Gobierno busca que la adhesión a Inocencia Fiscal funcione como antecedente favorable frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF, pero en el mercado advierten que eso no puede convertirse en una dispensa automática. Las ALyC seguirán obligadas a evaluar el perfil del cliente, la trazabilidad de los fondos y eventuales alertas antilavado antes de aceptar operaciones.

La Casa Rosada busca así complementar el rol de los bancos con el de los agentes del mercado. En el equipo económico sostienen que las ALyC pueden funcionar como canal para captar ahorro en dólares y transformarlo en inversión, siempre bajo regulación de la CNV, controles de la UIF y reglas de cumplimiento antilavado.

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A ese esquema se suma el paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger, con cambios sobre prendas, warrants y garantías financieras. La iniciativa prevé digitalizar garantías, habilitar activos virtuales como respaldo de obligaciones, incorporar contratos inteligentes y crear un registro federal unificado para consultar garantías constituidas en el país.

En el oficialismo sostienen que esa agenda puede encajar con Inocencia Fiscal y mercado de capitales. La lógica es sumar vías para que los dólares regularizados tengan destino productivo o financiero: garantías digitales, instrumentos emitidos con menor burocracia, fondos de inversión y operaciones a través de agentes registrados.

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El Ejecutivo quiere evitar que el régimen quede asociado únicamente a una regularización tributaria. La apuesta de Caputo es presentarlo como una herramienta para formalizar ahorro, aumentar la profundidad del sistema financiero, impulsar inversiones y darle más liquidez al mercado local en dólares.

La Casa Rosada sabe que el punto sensible será la seguridad jurídica. Por eso, los cambios buscarán explicitar que la adhesión al régimen no funcione como prueba en contra del contribuyente y que ARCA no pueda reabrir períodos anteriores sin demostrar una inconsistencia relevante. Ese blindaje apunta al frente fiscal, pero no anula los controles antilavado que deberán aplicar bancos, ALyC, escribanos y demás sujetos obligados.

Gobierno, Dólares, Mercado

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El Gobierno sigue de cerca la recuperación del Papa tras recibir el alta y asegura que no hay cambios en su visita a la Argentina

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El Gobierno monitorea la evolución de la salud del papa León XIV después de que este sábado recibiera el alta hospitalaria e insiste en que no hubo modificaciones en la visita prevista a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

En la Casa Rosada aseguran que Cancillería mantiene el contacto con la Santa Sede y que los equipos encargados de la organización continúan trabajando sobre el cronograma original, mientras esperan las próximas definiciones médicas.

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La Oficina de Prensa del Vaticano informó este sábado 17 de octubre que los médicos autorizaron la salida del Pontífice del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el martes 13 después de una intervención en el pulmón derecho.

La decisión se tomó a partir de los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y la evaluación de su estado clínico. León XIV regresará al Vaticano y tiene previsto rezar el Ángelus el domingo desde la ventana del apartamento pontificio.

“Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, expresan en Nación. En el Ejecutivo aclaran que la instrucción es sostener los preparativos mientras no exista una comunicación oficial que disponga una modificación o postergación del viaje.

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En Balcarce 50 remarcan además que no recibieron hasta ahora una nueva comunicación de la Santa Sede que altere las fechas o las actividades previstas en el país. Otro integrante del Gobierno aseguró que tampoco hubo novedades adicionales sobre la evolución médica del Pontífice por los canales diplomáticos. La Casa Rosada distingue así entre la información sanitaria que difunde públicamente el Vaticano y las decisiones que eventualmente deberá comunicar sobre la gira.

La Casa Rosada mantiene mientras tanto la coordinación entre la Secretaría General de la Presidencia y Cancillería (Foto: Presidencia).

El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir cambios en el recorrido, los horarios y las actividades si la recuperación del Papa lo requiere. “Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para que venga. Por ahora nos comunicaron que sigue todo igual y que tiene intenciones de venir”, explicó otra fuente oficial. En ese sector destacan que el objetivo es preservar la visita siempre que León XIV esté en condiciones de realizarla y que las decisiones médicas tendrán prioridad sobre cualquier planificación.

La operación se realizó el martes 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios detectaran un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano informó que la intervención se desarrolló sin complicaciones y que la evolución posterior fue favorable. Durante los últimos días, León XIV retomó progresivamente su alimentación, comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria.

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El alta representa un avance en su recuperación, pero todavía no resuelve los interrogantes sobre su capacidad para afrontar una gira internacional de casi dos semanas. Los especialistas deben completar la evaluación del tejido extraído y determinar si será necesario algún tratamiento adicional. El viaje contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, con numerosos traslados y actividades multitudinarias.

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Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.

“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.

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El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.

Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.

Una imagen de los incidentes frente al Congreso  (RSFotos)

Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país

El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.

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Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.

A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.

El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.

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“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.

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La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás

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La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.

“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.

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La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.

“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.

Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.

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El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.

Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.

“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.

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Esta mañana en San Nicolas la multisectorial 21F acompañó a Hugo Moyano del Sindicato de CamionerosPrensa Multisectorial 21F

Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.

En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.

Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.

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En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.

Alejandro Gabriel López, juez de San NicolásDiario el Norte

La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.

Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.

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La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.

“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.

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“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.

Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.



absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a

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