Tras una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno calificó la protesta de “política”, cuestionó los incidentes frente al Congreso y descartó abrir nuevas negociaciones con los rectores por los fondos. En este escenario, las universidades alertaron que, si no obtienen respuestas, el próximo ciclo lectivo podría estar en riesgo.

Columnas de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades de las universidades, junto con organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron este jueves por quinta vez desde 2024 en distintos puntos del país en reclamo por el financiamiento universitario y la inminente discusión por el Presupuesto 2027.

Pese a la multitudinaria convocatoria, que en el Consejo Interuniversitario Nacional estimaron en un millón de personas, el cierre de la jornada quedó marcado por violentos incidentes frente al Congreso entre un grupo de manifestantes encapuchados y los efectivos de seguridad. El hecho culminó con más de 30 detenidos y una denuncia del Ministerio de Seguridad.

La Casa Rosada consideró que la protesta “claramente se transformó en una marcha política” y señaló la presencia de figuras del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo duro. “De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos”, remarcaron a este medio.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue aún más lejos, compartió un video de los disturbios e ironizó: “Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio”.

El Gobierno cierra la puerta a las negociaciones

En ese escenario, fuentes oficiales al tanto de las negociaciones fueron tajantes y aseguraron que la marcha “no cambió nada”. Y ampliaron: “No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie”. Además, desde el Gobierno cuestionaron la representatividad detrás de la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional, hoy a cargo del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y afirmaron que en los palcos de la marcha del jueves hubo poca presencia de rectores.

En ese sentido, en el Ejecutivo insisten en que trabajarán las relaciones con las universidades individualmente con cada rector, “uno por uno”, y descartaron entablar cualquier tipo de mesa de diálogo. Para ejemplificar esta nueva política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió el miércoles junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.

Firme en la posición de no abrir una nueva instancia de diálogo, el Gobierno sostuvo que cualquier negociación pasará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo comienza a discutir el Presupuesto 2027. Se trata de uno de los principales focos de tensión con las universidades: el proyecto del Ejecutivo asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta ante diputados y senadores.

En Casa Rosada, anticiparon su intención de avanzar como hasta ahora, negociando con los bloques aliados y los gobernadores los votos para que el Gobierno tenga su instrumento. “Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal”, reiteraron.

La advertencia de las universidades: una “olla a presión” y los riesgos para 2027

Frente a esa situación, una importante fuente de la comunidad universitaria reconoció que “hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas”, y advirtió los riesgos que implicaría una escalada del conflicto.

“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, enfatizó la fuente, además de señalar la falta de interlocutores en el Gobierno. “Nadie se hace cargo”, cuestionó.

En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio, y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.

La Justicia y el Congreso: las dos vías del conflicto

La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición en el Congreso, el Gobierno promulgó sin ejecutar hasta que fueran identificadas las fuentes de su financiamiento.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una cautelar para aplicar los artículos 5 y 6 (que actualizan salarios y becas), que luego fue ratificada por la Cámara. El Gobierno llevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente rechazó el recurso el 25 de junio por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. A su vez, Cormick volvió a fallar, esta vez sobre la cuestión de fondo, y ordenó cumplir toda la ley de inmediato. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa continúa.

Fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón.

El empresario Guillermo Tofoni denunció a Tapia y Toviggino.

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El Gobierno ganó ayer en Diputados cuando logró blindar su DNU 70/2023, y algunos actores de la cúpula libertaria vieron en el resultado de la cruzada con la oposición dura una muestra de las perspectivas para el debate por la reforma política. Sin embargo, no todaños los diagnósticos post sesión convergen en el oficialismo y siguen las dudas sobre el nivel de apoyo que tendrán para suspender las PASO.

De hecho, aún no se atreven a ponerle fecha a la convocatoria de una sesión en el Senado para debatir el tema que más apremia, inquieta e interesa al Gobierno de cara a 2027.

Las miradas están divididas puertas adentro sobre lo que significa haber frenado la sesión opositora para esa discusión, que todavía está pendiente y que hoy es la más importante para la Casa Rosada. Quizás más aún que la defensa del DNU 70.

El Presidente siguió la jornada legislativa desde Estados Unidos junto a Karina Milei, que delegó las gestiones políticas para mantener en pie el DNU en Buenos Aires a su mano derecha, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Al final, la oposición no llegó a los llegó a 129 presentes para abrir el recinto. Y la diferencia la hicieron los diputados que responden a gobernadores con diálogo fluido con el oficialismo: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). La jujeña María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión, finalmente no bajó. Y ayudaron un fueguino del bloque Unión por la Patria que responde a Gustavo Melella y una diputada de Santiago del Estero, alineada con Gerardo Zamora.

En la mesa política, dicen que no fue “una victoria circunstancial”, aunque aclaran que todas las sesiones son particulares y tienen su lógica. De todos modos, en el ánimo triunfalista, ayer admitían en privado que lo tomaban como una señal de buena predisposición de los gobernadores, en especial el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el resto de las provincias que retiraron a sus diputados.

Para algunos referentes de la mesa política de Karina Milei, el desenlace de ayer, positivo para los violetas, fue una muestra de que se encuentran supuestamente más cerca de ganar la discusión por la PASO. “Estamos confiados en que sí”, dijeron en el bloque de LLA. Y redoblaron: “Antes de diciembre está aprobada”. En el bloque oficialista de Diputados agregaron con bastante seguridad: “En la última semana de noviembre se sesiona”.

Pero acotaron una obvia condición: “Esto, si logran sacarla del Senado antes de noviembre”. Y ahí aparece el primer motivo de duda. La relación con la Cámara alta no está aceitada después de los roces con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. La senadora aflojó bastante en el último tiempo con las críticas, después del encuentro del viernes con el Presidente en Olivos durante dos horas para volver a sintonizar, luego de los sucesivos señalamientos y desmarques que hizo en público.

El motivo de principal duda está en los propios gobernadores. Queda una pregunta: ¿fue una mala señal para la PASO que los tres diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil, un mandatario afín, se hayan sentado en el recinto cuando el Gobierno buscaba que no hubiera quorum? Lo mismo ocurrió con los de Gustavo Sáenz, de Salta, y con tres de los misioneros. En el caso de Jalil el ruido es mayor, y la incógnita es cuánto de ese respaldo puede dar por descontado el oficialismo cuando llegue una votación que más le interesa ganar.

En el Senado algunos senadores violetas no coinciden con amalgamar las dos sesiones y no se animan a decir que el resultado den una esté atada a la otra. Con más determinación que en Diputados, donde sí dejan abierta la posibilidad de que haya un vínculo de correlación, los senadores sostienen en off que este triunfo no los deja más cerca de lograr la reforma política. “No creemos que influya”, dijeron, sin ánimo.

De todas formas, incluso en Diputados los más optimistas se recataban y trataban de evitar mostrarse demasiado triunfalistas por adelantado. “Cada sesión es distinta”, dijeron. También en Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo, que salió a festejar el resultado en la red X pero sin retuitear a Martín Menem. Como la mayoría, deslizaron que “son dos cosas distintas”.

Desde el entorno de Bullrich dejan ver que no son optimistas respecto de los apoyos para el fin de lsnla PASO. Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que ella no es la encargada de reunir los votos sino de hacer funcionar la sesión, y que la reforma política es algo más grueso, que se teje con acuerdos macro en los que intervienen directamente Karina Milei con los gobernadores, y Santilli y Menem. Es una lectura que no calza del todo con la confianza que se busca lograr en la mesa política.

El balance general que hacen puertas adentro tiene como eje la sesión de la semana próxima y lo que quieren mostrar como el verdadero triunfo: “Tuvimos muñeca política”.

Respecto de esa sesión, convocada por el oficialismo para frenar la de ayer, la oposición relativiza su alcance. Se discutirán, a grandes rasgos, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la restitución de la Ley de Tierras. “Todas las sesiones son particulares, ninguna es consecuente ni se correlaciona con otra o con algún futuro. La de la semana que viene será otra historia. De todos modos, no debería ser tan heavy, porque son dictámenes que fueron consensuados y firmados con aliados”, plantearon.

En paralelo, el Gobierno defendió el accionar en la calle y en privado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que se reprimió a los violentos y nada más. Pero, igual que en la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras, hubo represión contra manifestantes que se expresaban de manera pacífica. Por lo bajo sostienen lo mismo que en público y no hay ningún mea culpa, porque no creen que las imágenes de gases lacrimógenos ni los incidentes influyan en el votante del Gobierno, ni en el del centro ni en los indecisos.

Por lo pendiente en los próximos días podría haber novedades. Santilli participa hoy de un evento sobre logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con una decena de gobernadores. Según pudo confirmar Infobae, estarán presentes los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Chubut, Ignacio Torres, y Río Negro, Alberto Weretilneck. El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en la Casa Rosada y continuar un diálogo que consideran clave. La última vez que se vieron en persona con la mayoría fue en la Argentina Week de París, donde el oficialismo deslizaba, hace sólo dos, semanas que la discusión Sucre la Paso estaba prácticamente ganada. Hoy, la incertidumbre sigue.