El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz continúa pese al decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, que fijó un piso de $1.700.000 para los agentes ingresantes. Los efectivos mantienen el reclamo y exigen que el salario inicial alcance los $2.200.000.

En el Ejecutivo provincial sostienen que la mayor parte de los policías ya volvieron a sus tareas y que las protestas perdieron el nivel de adhesión que tuvieron durante los primeros días del reclamo. Además, consideran que las manifestaciones que aún continúan responden más a intereses políticos que al conjunto de la fuerza.

Con el correr de los días, el conflicto comenzó a mostrar realidades diferentes según la región. En el norte de Santa Cruz, efectivos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza tras recibir el compromiso oficial de revisar la cuestión salarial en los próximos meses y de no sancionar a quienes participaron de las protestas.

La situación es distinta en el sur provincial. En Río Gallegos, El Calafate y otras localidades continúan los acampes y las manifestaciones, donde los policías insisten en que el Gobierno reabra la negociación paritaria y revise la recomposición salarial.

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En paralelo, el bloque oficialista Por Santa Cruz vinculó la posibilidad de seguir mejorando los salarios estatales con la situación financiera de la provincia. En un comunicado, los legisladores señalaron que las deudas que varios municipios mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reducen el margen de recursos disponible y advirtieron que regularizar esos compromisos es fundamental para garantizar la sustentabilidad de ambos organismos.

Pese a la baja en la intensidad de las protestas, el conflicto sigue sin resolverse. Los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, considera cerrada la discusión luego de ratificar la recomposición mediante el Decreto n.º 660.

“Se dio un aumento por decreto. Eso está desarmando la resistencia de la medida y las protestas. Siguen, pero de a poco se va retomando el trabajo en las comisarías. Sigue habiendo autoconvocados y medidas, pero en muchas localidades se normalizó”, indicaron fuentes provinciales a TN. “El foco de máxima tensión es Río Gallegos”, remarcaron.

“Digamos que estamos mejor, pero falta todavía para que termine el conflicto”, enfatizó otro dirigente santacruceño. “La verdad es que la provincia sigue complicada”, afirmaron.

Santa Cruz, Policía, Gobierno

Un vez terminado el Mundial, la política vuelve a su programación habitual y en el caso del PRO, la misión es reactivar la agenda legislativa para la segunda mitad del año. Uno de los principales proyectos pendientes es la reforma del Código Penal, inciativa que el partido fundado por Mauricio Macri impulsa desde hace tiempo.

Este martes, el jefe de bloque de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso el foco en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, donde pidió penas más graves para los asesinatos de polícias. “El que mata a un policía tiene que tener cadena perpetua”, aseguró en su cuenta de X.

“Entendemos que este es uno de los temas pendientes que quedaron del Consejo de Mayo. Si bien la seguridad no formó parte del Pacto de Mayo, la reforma del Código Penal era una discusión que debía retomarse una vez aprobado el grueso de los acuerdos”, indicaron desde el bloque del PRO a TN.

“Desde el PRO estamos recogiendo esa agenda e impulsándola con fuerza. La Justicia necesita más y mejores herramientas para combatir el delito, condenar a quienes corresponda y garantizar que los delincuentes cumplan penas efectivas”, remarcaron.

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Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se incorporan figuras específicas contra los motochorros, “que es el delito que más impacta en los barrios”. Además se elevan las penas de cumplimiento efectivo: “Hoy, si la pena es baja, el delincuente entra y sale; con este Código, el 82% de los delitos tendrán prisión efectiva”.

También se avanza contra los bloqueos sindicales a empresas. “En un país normal bloquear una fábrica no es un derecho gremial, es un delito penal”, sostienen en el bloque que lidera Ritondo. “El que quiere trabajar tiene que poder entrar a trabajar”, destacan.

El proyecto venía de la mano del proyecto de Martín Yeza de inviolabilidad de la propiedad privada que es basicamente el que tomó el Gobierno. Allí se introduce el concepoto de los “desalojos express”.

“Agilizamos los tiempos de la justicia para que, ante una usurpación o intrusión, la restitución del inmueble sea inmediata”, explicaron. “El que toma una propiedad tiene que saber que va a ser desalojado ya”, subrayaron.

“Son puntos clave que van a fortalecer el orden y nos van a permitir cuidar mucho mejor a los argentinos y a sus bienes, que es para lo que nos votaron”, finalizaron en el PRO.

La agenda que impulsa el PRO en el Congreso

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, en tanto, el PRO pretende que se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.

PRO, Reforma del Código Penal, Congreso

El Gobierno busca combinar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal con modificaciones al mercado de capitales para mover los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa ingresará este jueves a la Cámara de Diputados y que incluirá herramientas para reforzar el ingreso de fondos al sistema financiero y canalizarlos hacia inversiones.

La Casa Rosada quiere que el proyecto funcione como una segunda etapa del régimen. La primera versión generó tensiones desde el arranque por las dudas de contadores, tributaristas y contribuyentes sobre el alcance del “tapón fiscal”, la seguridad jurídica y los riesgos de quedar expuestos a fiscalizaciones de ARCA sobre períodos anteriores.

En Balcarce 50 reconocen que la ley original no produjo el resultado esperado. “Es una ley que fracasó y que arrancó mal de origen porque no consultaron a los que ponen el gancho por la gente”, agregan en el oficialismo, en referencia a los profesionales que asesoran a contribuyentes antes de adherir al régimen.

El Ministerio de Economía busca ahora reforzar la propuesta con garantías más claras para quienes entren al esquema. La idea es fortalecer la protección para que el fisco no pueda investigar períodos previos, salvo casos de discrepancias significativas o situaciones ya iniciadas antes de la adhesión. En términos técnicos, el oficialismo apunta a reducir el margen de discrecionalidad de ARCA y a trasladar al organismo la carga de probar inconsistencias relevantes.

La versión renovada también busca ampliar el universo de contribuyentes. Entre los cambios que se venían analizando aparece la eliminación de topes de ingresos y patrimonio, junto con ajustes al concepto de “discrepancia significativa”, instancias de rectificación y efectos favorables frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF para quienes adhieran al régimen.

El Gobierno quiere conectar esa ingeniería fiscal con el mercado de capitales. En Nación aseguran que buscarán incorporar al proyecto parte de la operatoria que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya reglamentó para Inocencia Fiscal, con el objetivo de blindar por ley el uso de fondos regularizados en ALyC, agentes vinculados a fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.

El antecedente directo es la Resolución General 1108 de la CNV. Esa norma adecuó la regulación del mercado de capitales a la Ley 27.799 y a su decreto reglamentario para que quienes hayan optado por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con proveedores de servicios de activos virtuales.

La norma reglamentó la actuación de los sujetos que pueden intervenir en el origen o en el destino de la operación: ALyC, agentes intervinientes en la colocación de fondos comunes de inversión y PSAV. También dejó asentado que la Argentina mantiene compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia del sistema financiero.

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Ahora, el Ejecutivo quiere usar esa base para reforzar el puente entre el régimen fiscal y los instrumentos de inversión. La idea es que el contribuyente que adhiera a Inocencia Fiscal no solo tenga un “tapón” frente a ARCA, sino también un canal regulado para canalizar esos dólares hacia activos financieros, fondos, fideicomisos, obligaciones negociables u otros vehículos del mercado.

En Balcarce 50 traducen esa agenda en una fórmula interna: “armar una banca paralela en dólares”. No se refieren a un banco fuera de regulación ni a un sistema financiero clandestino, sino a un circuito de intermediación no bancaria, bajo reglas de la CNV, para que los dólares regularizados no queden inmóviles en una cuenta y puedan generar rendimiento.

El punto que buscan reforzar por ley es la seguridad jurídica del canal. En el Gobierno quieren que quien ingrese al régimen pueda llevar fondos a una ALyC o a un instrumento del mercado de capitales sin que esa operatoria sea utilizada automáticamente por el fisco para revisar períodos previos. La protección, aclaran, sería fiscal y no implicaría eliminar los controles antilavado.

En algunas ALyC, sin embargo, miran el esquema con cautela. Sostienen que una garantía fiscal no elimina las obligaciones de prevención de lavado de dinero ni los controles que surgen de la normativa local y de los estándares internacionales. “El tapón fiscal puede servir frente a ARCA, pero no reemplaza el análisis de cumplimiento que tiene que hacer cada agente”, resumen en el sector privado.

Esa es una de las tensiones centrales del proyecto. El Gobierno busca que la adhesión a Inocencia Fiscal funcione como antecedente favorable frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF, pero en el mercado advierten que eso no puede convertirse en una dispensa automática. Las ALyC seguirán obligadas a evaluar el perfil del cliente, la trazabilidad de los fondos y eventuales alertas antilavado antes de aceptar operaciones.

La Casa Rosada busca así complementar el rol de los bancos con el de los agentes del mercado. En el equipo económico sostienen que las ALyC pueden funcionar como canal para captar ahorro en dólares y transformarlo en inversión, siempre bajo regulación de la CNV, controles de la UIF y reglas de cumplimiento antilavado.

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A ese esquema se suma el paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger, con cambios sobre prendas, warrants y garantías financieras. La iniciativa prevé digitalizar garantías, habilitar activos virtuales como respaldo de obligaciones, incorporar contratos inteligentes y crear un registro federal unificado para consultar garantías constituidas en el país.

En el oficialismo sostienen que esa agenda puede encajar con Inocencia Fiscal y mercado de capitales. La lógica es sumar vías para que los dólares regularizados tengan destino productivo o financiero: garantías digitales, instrumentos emitidos con menor burocracia, fondos de inversión y operaciones a través de agentes registrados.

El Ejecutivo quiere evitar que el régimen quede asociado únicamente a una regularización tributaria. La apuesta de Caputo es presentarlo como una herramienta para formalizar ahorro, aumentar la profundidad del sistema financiero, impulsar inversiones y darle más liquidez al mercado local en dólares.

La Casa Rosada sabe que el punto sensible será la seguridad jurídica. Por eso, los cambios buscarán explicitar que la adhesión al régimen no funcione como prueba en contra del contribuyente y que ARCA no pueda reabrir períodos anteriores sin demostrar una inconsistencia relevante. Ese blindaje apunta al frente fiscal, pero no anula los controles antilavado que deberán aplicar bancos, ALyC, escribanos y demás sujetos obligados.

Gobierno, Dólares, Mercado