El Gobierno estudia reforzar el control sobre la tecnología utilizada en sectores estratégicos y analiza dos herramientas: identificar determinadas redes y centros de datos como infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores que participen en esos sistemas. La discusión tomó impulso en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de Huawei en la infraestructura tecnológica de Neuquén y todavía no derivó en una medida oficial contra la compañía.

“Estamos estudiándolo”, expresan en la Casa Rosada. En el Ejecutivo aclaran que Nación no tiene jurisdicción para anular directamente una contratación de la Cooperativa CALF, pero reconocen que revisan un esquema más amplio para las infraestructuras consideradas sensibles. Las normas vinculadas a infraestructura crítica se canaliza a través de la Secretaría Legal y Técnica, mientras que los protocolos de ciberseguridad involucran a las áreas técnicas de la Jefatura de Gabinete.

La discusión separa la contratación puntual del marco regulatorio nacional. CALF es una cooperativa neuquina y sus decisiones comerciales no dependen del Ejecutivo, pero Calfibra presta servicios de telecomunicaciones bajo una licencia nacional. El propio ENACOM identificó este año a CALF como licenciataria de Servicios TIC y la Ley Argentina Digital exige autorización federal para desarrollar esa actividad.

La Argentina, además, ya reconoce a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones como sectores de infraestructura crítica. Una resolución nacional de 2019 incluyó esas dos categorías junto con transporte, agua, salud, alimentación, finanzas, nuclear, químico, espacio y funciones del Poder Ejecutivo. La norma define como críticas a las infraestructuras cuya destrucción o perturbación pueda afectar significativamente servicios esenciales, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.

Esa clasificación general no convierte a cada red, servidor, centro de datos o instalación energética del país en un activo crítico. La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad plantea precisamente avanzar en la identificación de esas infraestructuras, profundizar la coordinación con operadores privados y desarrollar un marco normativo para las entidades responsables de su funcionamiento y protección.

El Ejecutivo cuenta desde este año con una herramienta adicional: el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), es la autoridad nacional en la materia y tiene entre sus funciones definir las infraestructuras críticas de información. También puede promover estándares para reducir vulnerabilidades, intervenir en medidas de ciberseguridad sobre redes de telecomunicaciones y realizar pruebas sobre infraestructuras críticas.

El ENACOM tiene otro nivel de intervención sobre las redes. La Ley 27.078 establece que los equipos de telecomunicaciones comercializados en el país deben atravesar procesos de homologación y certificación para garantizar la integridad y la calidad de las redes, mientras que los licenciatarios están obligados a cumplir el marco regulatorio y las decisiones de la autoridad de aplicación. La normativa pública vigente no contiene, sin embargo, una lista de proveedores excluidos por razones de seguridad nacional comparable con la que utiliza Estados Unidos.

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Una de las alternativas bajo estudio es justamente crear requisitos de “proveedor confiable” para determinados sistemas sensibles. Todavía no está definido si el mecanismo se traducirá en una lista de empresas, en categorías de riesgo o en una serie de condiciones técnicas que deberán cumplir los fabricantes.

El modelo estadounidense es uno de los antecedentes que aparecen en la discusión. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos tiene una lista que identifica equipos y servicios de tecnología que representan un riesgo para la seguridad nacional: incluye a Huawei y ZTE, además de equipamiento de Hytera, Hikvision y Dahua en determinados usos ligados con seguridad pública, instalaciones gubernamentales e infraestructura crítica. La inclusión tiene efectos sobre autorizaciones de nuevos equipos, utilización de subsidios federales y programas de retiro y reemplazo de tecnología considerada riesgosa; no constituye simplemente una prohibición general de toda operación privada con esas empresas.

Europa utiliza también mecanismos basados en el riesgo de los proveedores. La Comisión Europea considera que Huawei y ZTE representan riesgos significativamente superiores a otros proveedores de 5G y avaló restricciones adoptadas por distintos Estados. En febrero, además, la Unión Europea presentó un esquema para evaluar proveedores críticos, promover redes con múltiples fabricantes y reducir dependencias de compañías consideradas de alto riesgo.

La controversia argentina se concentró en CALF, que mantiene una alianza con Huawei desde 2024 para su expansión tecnológica. La propia cooperativa informó entonces que la empresa china suministraría equipos electrónicos para la red de fibra óptica de Calfibra. En abril de este año, una delegación de CALF visitó la sede de Huawei en Shenzhen para trabajar sobre conectividad de alta capacidad, redes eléctricas inteligentes, videovigilancia y otras soluciones tecnológicas.

CALF también avanza con la construcción de un centro de datos Tier III en el Polo Tecnológico de Neuquén, aunque la documentación pública relevada no permite afirmar que se trate de un contrato integral adjudicado a Huawei. La cooperativa asegura, además, que su red utiliza múltiples proveedores: reconoció electrónica de Huawei, pero informó que emplea servidores HPE, equipos de energía APC y Eaton, sistemas de ABB y dispositivos MikroTik.

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Estados Unidos elevó progresivamente la presión sobre esa relación. CALF informó que el 12 de julio un gerente recibió mensajes vinculados con posibles restricciones de visas y con la posibilidad de cancelar una iniciativa asociada con Huawei. El 29 de julio, la cooperativa envió una nota formal al embajador Peter Lamelas, con copia a Cancillería, para pedir precisiones y fundamentos técnicos. Luego, el diplomático solicitó una reunión y ofreció evaluar alternativas tecnológicas estadounidenses.

La disputa escaló después al plano público. Lamelas y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, calificaron a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI como proveedores de tecnología de “alto riesgo” y sostuvieron que las leyes chinas pueden obligarlos a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing. Washington pidió a sus socios en América avanzar hacia proveedores que considere confiables. Se trata de la posición oficial estadounidense, que China rechaza.

Beijing respondió en dos oportunidades mediante comunicados oficiales. La Embajada china acusó primero a Estados Unidos de obstaculizar la cooperación con Huawei y cuestionó la utilización de posibles restricciones de visas. Luego calificó los señalamientos de Lamelas como una “calumnia sin ningún fundamento” y sostuvo que Huawei tiene antecedentes favorables en ciberseguridad, acepta auditorías externas y está dispuesta a suscribir compromisos contra accesos no autorizados.

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