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El Gobierno busca reforzar el control de sectores estratégicos en medio de la disputa entre EE.UU. y China por Vaca Muerta

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El Gobierno estudia reforzar el control sobre la tecnología utilizada en sectores estratégicos y analiza dos herramientas: identificar determinadas redes y centros de datos como infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores que participen en esos sistemas. La discusión tomó impulso en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de Huawei en la infraestructura tecnológica de Neuquén y todavía no derivó en una medida oficial contra la compañía.

“Estamos estudiándolo”, expresan en la Casa Rosada. En el Ejecutivo aclaran que Nación no tiene jurisdicción para anular directamente una contratación de la Cooperativa CALF, pero reconocen que revisan un esquema más amplio para las infraestructuras consideradas sensibles. Las normas vinculadas a infraestructura crítica se canaliza a través de la Secretaría Legal y Técnica, mientras que los protocolos de ciberseguridad involucran a las áreas técnicas de la Jefatura de Gabinete.

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La discusión separa la contratación puntual del marco regulatorio nacional. CALF es una cooperativa neuquina y sus decisiones comerciales no dependen del Ejecutivo, pero Calfibra presta servicios de telecomunicaciones bajo una licencia nacional. El propio ENACOM identificó este año a CALF como licenciataria de Servicios TIC y la Ley Argentina Digital exige autorización federal para desarrollar esa actividad.

La Argentina, además, ya reconoce a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones como sectores de infraestructura crítica. Una resolución nacional de 2019 incluyó esas dos categorías junto con transporte, agua, salud, alimentación, finanzas, nuclear, químico, espacio y funciones del Poder Ejecutivo. La norma define como críticas a las infraestructuras cuya destrucción o perturbación pueda afectar significativamente servicios esenciales, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.

Esa clasificación general no convierte a cada red, servidor, centro de datos o instalación energética del país en un activo crítico. La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad plantea precisamente avanzar en la identificación de esas infraestructuras, profundizar la coordinación con operadores privados y desarrollar un marco normativo para las entidades responsables de su funcionamiento y protección.

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Javier Milei junto a Karina Milei y el embajador Peter Lamelas (Foto: Presidencia).

El Ejecutivo cuenta desde este año con una herramienta adicional: el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), es la autoridad nacional en la materia y tiene entre sus funciones definir las infraestructuras críticas de información. También puede promover estándares para reducir vulnerabilidades, intervenir en medidas de ciberseguridad sobre redes de telecomunicaciones y realizar pruebas sobre infraestructuras críticas.

El ENACOM tiene otro nivel de intervención sobre las redes. La Ley 27.078 establece que los equipos de telecomunicaciones comercializados en el país deben atravesar procesos de homologación y certificación para garantizar la integridad y la calidad de las redes, mientras que los licenciatarios están obligados a cumplir el marco regulatorio y las decisiones de la autoridad de aplicación. La normativa pública vigente no contiene, sin embargo, una lista de proveedores excluidos por razones de seguridad nacional comparable con la que utiliza Estados Unidos.

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Una de las alternativas bajo estudio es justamente crear requisitos de “proveedor confiable” para determinados sistemas sensibles. Todavía no está definido si el mecanismo se traducirá en una lista de empresas, en categorías de riesgo o en una serie de condiciones técnicas que deberán cumplir los fabricantes.

El modelo estadounidense es uno de los antecedentes que aparecen en la discusión. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos tiene una lista que identifica equipos y servicios de tecnología que representan un riesgo para la seguridad nacional: incluye a Huawei y ZTE, además de equipamiento de Hytera, Hikvision y Dahua en determinados usos ligados con seguridad pública, instalaciones gubernamentales e infraestructura crítica. La inclusión tiene efectos sobre autorizaciones de nuevos equipos, utilización de subsidios federales y programas de retiro y reemplazo de tecnología considerada riesgosa; no constituye simplemente una prohibición general de toda operación privada con esas empresas.

Europa utiliza también mecanismos basados en el riesgo de los proveedores. La Comisión Europea considera que Huawei y ZTE representan riesgos significativamente superiores a otros proveedores de 5G y avaló restricciones adoptadas por distintos Estados. En febrero, además, la Unión Europea presentó un esquema para evaluar proveedores críticos, promover redes con múltiples fabricantes y reducir dependencias de compañías consideradas de alto riesgo.

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El vocero de la Cancillería de China, Lin Jian, salió al cruce de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas (Foto: Reuters - Tingshu Wang).
El vocero de la Cancillería de China, Lin Jian, salió al cruce de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas (Foto: Reuters – Tingshu Wang).

La controversia argentina se concentró en CALF, que mantiene una alianza con Huawei desde 2024 para su expansión tecnológica. La propia cooperativa informó entonces que la empresa china suministraría equipos electrónicos para la red de fibra óptica de Calfibra. En abril de este año, una delegación de CALF visitó la sede de Huawei en Shenzhen para trabajar sobre conectividad de alta capacidad, redes eléctricas inteligentes, videovigilancia y otras soluciones tecnológicas.

CALF también avanza con la construcción de un centro de datos Tier III en el Polo Tecnológico de Neuquén, aunque la documentación pública relevada no permite afirmar que se trate de un contrato integral adjudicado a Huawei. La cooperativa asegura, además, que su red utiliza múltiples proveedores: reconoció electrónica de Huawei, pero informó que emplea servidores HPE, equipos de energía APC y Eaton, sistemas de ABB y dispositivos MikroTik.

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Estados Unidos elevó progresivamente la presión sobre esa relación. CALF informó que el 12 de julio un gerente recibió mensajes vinculados con posibles restricciones de visas y con la posibilidad de cancelar una iniciativa asociada con Huawei. El 29 de julio, la cooperativa envió una nota formal al embajador Peter Lamelas, con copia a Cancillería, para pedir precisiones y fundamentos técnicos. Luego, el diplomático solicitó una reunión y ofreció evaluar alternativas tecnológicas estadounidenses.

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La disputa escaló después al plano público. Lamelas y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, calificaron a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI como proveedores de tecnología de “alto riesgo” y sostuvieron que las leyes chinas pueden obligarlos a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing. Washington pidió a sus socios en América avanzar hacia proveedores que considere confiables. Se trata de la posición oficial estadounidense, que China rechaza.

Beijing respondió en dos oportunidades mediante comunicados oficiales. La Embajada china acusó primero a Estados Unidos de obstaculizar la cooperación con Huawei y cuestionó la utilización de posibles restricciones de visas. Luego calificó los señalamientos de Lamelas como una “calumnia sin ningún fundamento” y sostuvo que Huawei tiene antecedentes favorables en ciberseguridad, acepta auditorías externas y está dispuesta a suscribir compromisos contra accesos no autorizados.

Gobierno, Estados Unidos, China

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Axel Kicillof invitó a la misa del Papa a Claudio “Chiqui” Tapia, quien recibió $100 millones anuales de su gobierno

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El Gobierno bonaerense conducido por Axel Kicillof extendió una invitación formal a Claudio “Chiqui” Tapia para la misa del papa León XIV.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asistirá al oficio religioso del miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Luján.

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La convocatoria se produce en medio de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito que salpican al dirigente deportivo.

Su última declaración jurada reveló que el directivo percibe un salario anual superior a los $100 millones como presidente de la Ceamse, lo que representa un ingreso cercano a los ocho millones de pesos mensuales por su labor de tres horas diarias en el organismo estatal provincial.

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Axel Kicillof y Claudio “Chiqui” Tapia

Pese a las objeciones sobre su gestión y los cuestionamientos vinculados al manejo de fondos públicos, la administración provincial mantiene acuerdos vigentes con el dirigente. Las alianzas estratégicas incluyen la explotación comercial y la administración conjunta del Estadio Único de La Plata.

El cónclave eclesiástico contará además con la presencia de intendentes, legisladores, gobernadores y dirigentes de diversos espacios políticos. Desde la Casa Rosada confirmaron la asistencia de una comitiva integrada por el jefe de Gabinete Diego Santilli y Pablo Quirno.

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Por su parte, el presidente Javier Milei liderará el recibimiento oficial en el Palacio Libertad y participará en las celebraciones litúrgicas.

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Axel Kicillof,Claudio «Chiqui» Tapia,Luján,papa León XIV

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Marcha de las Velas en la UBA: docentes y estudiantes exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

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Velas encendidas frente al Palacio de Tribunales, el himno entonado a coro y una consigna que se repitió durante toda la noche: “No permitamos que se apague la universidad”. Así se vivió la Marcha de las Velas que protagonizaron docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año.

La columna partió desde Plaza Houssay al caer la tarde y se extendió hasta Plaza Lavalle, donde se encontraban preparados un pizarrón y bancos, listos para una clase abierta de Derecho Constitucional.

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La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). También se sumaron autoridades de la universidad, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos centros de estudiantes.

Entre los presentes se contaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.

Pasadas las 17, Plaza Houssay —rodeada por las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia— comenzó a llenarse de pecheras verdes. Los miembros de ADUBA y APUBA fueron los primeros en llegar. Cerca de las 18, la columna avanzó por la calle Paraguay. Hizo una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional argentino. La bandera negra con la inscripción “Defendamos la UBA” volvió a encabezar la marcha, como lo viene haciendo en varias movilizaciones previas.

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La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la ley, ordenó su aplicación inmediata y fijó multas de $ 100.000 diarios para el jefe de Gabinete por incumplimiento

A diferencia de la última Marcha Federal Universitaria, celebrada en octubre, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y de varios incidentes, esta jornada transcurrió sin contratiempos. Al llegar al Palacio de Tribunales, los manifestantes prendieron sus velas y las depositaron en la valla de seguridad del Palacio de Justicia. Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.

El trasfondo del conflicto tiene su propio peso. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, cuando anularon el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, pero condicionó su ejecución a que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El argumento oficial es que la ley incumple la normativa de administración financiera: el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una disposición no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.

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La respuesta judicial no tardó. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la norma y ordenó su aplicación inmediata, con especial énfasis en los artículos 5 y 6, referidos a la actualización salarial de docentes y nodocentes y al refuerzo de las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó la medida cautelar y la Corte Suprema la dejó firme.

La columna encabezó la bandera negra con la inscripción

Aun así, el Gobierno apeló en todas las instancias. En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $ 100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y abrió una nueva instancia de revisión.

Fue frente al Palacio de Tribunales donde el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili, que representa al CIN, tomó la palabra y ofreció una clase abierta junto al profesor Cristian Cao, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA.

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Para cumplir la ley, sería necesaria una actualización de los salarios del 33%. En cuanto al presupuesto, los rectores estimaron que, para ajustarse a la norma, harían falta $ 11 billones, mientras que el proyecto oficial para 2027 contempla apenas $ 7,3 billones, una diferencia de casi el 50%.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin ajustarse a los requerimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, con una brecha de casi $ 3,7 billones respecto de lo que los rectores consideran necesario para cumplirla.

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El gobernador de Neuquén defendió la gestión de Milei y pidió eliminar las PASO: “Los partidos tienen que dirimir solos sus internas”

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, defendió este miércoles su gestión y aseguró que a la provincia le está yendo muy bien, pero “lo importante de esa bonanza es que le llegue a todos los neuquinos”. Además, respaldó la eliminación de las PASO.

En diálogo con TN, el funcionario recordó: “Hace tiempo dijimos que era importante eliminarlas o suspenderlas [las PASO]. Creemos que los partidos políticos tienen que dirimir solos sus internas y no tiene por qué pagarlo todo el pueblo”.

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Figueroa también confirmó que Neuquén irá antes de octubre a las urnas, pero aclaró: “Nosotros siempre llevamos distintas a las nacionales las elecciones, no es que las desdoblamos”.

Sin embargo, el mandatario provincial evitó responder sobre si apoyará la reelección de Milei. “Queremos que la Argentina vaya para adelante y no vuelva para atrás. Falta mucho tiempo. Hoy por hoy apoyamos un proyecto provincial e invitamos a todos los que quieran sumarse”, indicó.

En otro pasaje de la entrevista con A dos Voces, dijo: “Neuquén se impulsó porque teníamos el sistema de Oil and Gas. Vaca Muerta es simplemente una roca que está a 3.000 metros de profundidad. Tenemos suerte de tenerla, pero hay que trabajarla, no es la lámpara de Aladino”. “Hay varios actores importantes que ayuden a que esa roca pueda ser productiva”, agregó Figueroa al respecto.

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Rolando Figueroa en A Dos Voces. (Foto: captura TN)

El gobernador volvió a referirse al arribo de personas de todo el país que llegan a la provincia en búsqueda de trabajo y reiteró: “Para poder trabajar en Neuquén, sobre todo en el gas y el petróleo, hay que formarse, hay que ser especializado, con lo cual no se puede llegar a Neuquén de la noche a la mañana y decir quiero trabajo porque requiere mucha formación”.

Figueroa remarcó que el valor agregado de su gestión fue lograr que los ratios socioeconómicos mejoren. “En estos dos años hemos disminuido la cantidad de hogares pobres, casi un 60%. La desocupación la hemos disminuido más del 50% y eso se debe a tener una estrategia de desarrollo, donde siempre hay prioridad para los neuquinos”, dijo.

El plan económico de Milei y su impacto en Neuquén

Consultado sobre las medidas económicas tomadas por Milei y sus funcionarios, Figueroa fue contundente: “Nosotros vimos que había un modelo económico que el Presidente lo expuso durante la campaña y a partir de ahí comenzamos a trabajar en cual era el horizonte que se venía”.

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“Yo creo que él fue muy claro al exponer que era lo que pretendía, que era equilibrar la macro, en trabajar para no generar más déficit fiscal, terminar con la emisión. Todo eso lo prometió en campaña, no es que está haciendo algo que no prometió y así fue ampliamente elegido”.

“Durante muchos años tuvimos pisado el precio de nuestros recursos, le entregamos al país y al mundo nuestros recursos a la mitad del valor que tenían. Nuestro subsuelo, de alguna forma, ha sido saqueado. No hablo de épocas, hablo de lo que pasó cuando nos pagaban la mitad”, destacó el gobernador.

“Cuando se trazaron las nuevas reglas del juego, nosotros rápidamente nos adecuamos a lo que venía y rápidamente el neuquino se adaptó. Ahora estamos en el armado del Neuquén post Vaca Muerta”, añadió Figueroa.

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En esa línea, el neuquino aclaró: “Nosotros no somos del mismo proyecto del Presidente pero hemos podido sintonizar con que es lo que necesitaba la provincia. No somos mileistas, somos provincialistas. Si a Neuquén le va bien, al país le va bien”.

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