POLITICA
Fortalecido por el triunfo legislativo, el Gobierno se reúne nuevamente con el PRO en busca de un acuerdo electoral

Poco después de que La Libertad Avanza consiguiera aprobar una nueva ley en el Congreso luego de varias semanas, el Gobierno se prepara para recibir este jueves a los dirigentes del PRO, en el marco de la mesa de trabajo que se inauguró con el objetivo de consolidar la confianza mutua y analizar una alianza electoral de cara al año que viene.
El encuentro se realizará nuevamente en la Casa Rosada, a partir de las 17:00 y estará encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien nunca abandonó formalmente el partido aliado y conoce a todos sus referentes.
El funcionario estará acompañado, como la primera vez, por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, dos figuras de peso en el armado del oficialismo.
Por parte de los invitados, asistirán Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, el jefe del bloque de diputados y el secretario general de la fuerza política fundada por Mauricio Macri, respectivamente.
“Como conversaron los integrantes de la Mesa durante la última reunión, esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país”, señalaron fuentes de Balcarce 50.
Previamente, desde las 12:00, Santilli recibirá en su oficina a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Córdoba, Martín Llaryora, también en busca de consensos y apoyos.
Este miércoles, el Congreso aprobó con 144 votos a favor y 102 en contra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una medida que fue celebrada por el propio presidente Javier Milei en las redes sociales.
El encuentro se suma a la serie iniciada el 13 de agosto, cuando las delegaciones de Karina Milei y Mauricio Macri acordaron institucionalizar el canal de diálogo y coordinar la agenda legislativa y territorial, con miras a blindar el rumbo del Gobierno y explorar un posible acuerdo electoral de cara a 2027.
Este ámbito de diálogo fue concebido para reunirse cada quince días y buscar “sanar heridas” entre libertarios y macristas, así como sumar fuerzas en el Congreso ante la fragmentación opositora y la necesidad del oficialismo de avanzar con reformas estructurales.
En la primera cita de esta nueva etapa, los delegados de La Libertad Avanza y el PRO coincidieron en la importancia de “blindar el cambio” y evitar que “Argentina vuelva a caer en manos del populismo”, según consta en el comunicado conjunto difundido tras el encuentro.

En aquella oportunidad, la conversación se extendió durante dos horas y permitió repasar tanto la agenda parlamentaria como los posibles escenarios de articulación política entre ambos espacios.
El diálogo fue impulsado directamente por la secretaria general y el ex presidente, quienes retomaron el contacto telefónico después de casi un año de distanciamiento. El desencuentro había surgido por el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el posterior nombramiento de Manuel Adorni, lo que generó tensiones internas y el alejamiento entre ambos bloques.
Macri llegó a expresar públicamente su desacuerdo, mientras en el Gobierno se interpretó su postura como un intento de marcar límites y reclamar un espacio de poder dentro de la coalición opositora.
La recomposición del vínculo respondió, en parte, al delicado momento que atraviesa el oficialismo en el Congreso. Las últimas derrotas legislativas y la expectativa de nuevas dificultades para aprobar proyectos clave motivaron a la Secretaría General de la Presidencia a convocar a los representantes del PRO, con el objetivo de “generar confianza y mostrar estabilidad” ante el año electoral que se avecina.
Durante la primera reunión, tanto Cristian Ritondo como Fernando de Andreis destacaron la voluntad de “construir confianza” y “avanzar con las reformas que necesita la Argentina”.

De Andreis subrayó que la cumbre fue más allá de lo estrictamente parlamentario y calificó el encuentro como “un reconocimiento para Macri por el apoyo de estos años”.
Por su parte, Martín Menem valoró el carácter institucional del diálogo y reconoció la existencia de diferencias con el expresidente, aunque ponderó el “muy buen concepto” que existe sobre su figura en el oficialismo.
La nueva reunión en la Casa Rosada buscará profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el PRO, con énfasis en la coordinación de la agenda legislativa y territorial.
Uno de los puntos centrales de la agenda compartida es la necesidad de consolidar mayorías para el tratamiento de leyes clave en la Cámara de Diputados. Tanto en el PRO como en La Libertad Avanza existe el convencimiento de que la articulación política resulta indispensable para sostener el rumbo de la gestión y evitar el bloqueo opositor. “Fue un muy buen primer paso para construir confianza y blindar el cambio”, remarcó De Andreis a la prensa tras el primer encuentro.
Por ahora, los términos concretos del eventual acuerdo electoral no han sido explicitados. Las aspiraciones principales se centran en retener la Ciudad de Buenos Aires y garantizar la posibilidad de reelección para el presidente Milei. La forma en que ambos espacios trabajarán para lograr estos objetivos aún se encuentra en discusión.
La continuidad de la mesa política conjunta marca una etapa de acercamiento y pragmatismo, en la que la prioridad es sostener la gobernabilidad y articular una estrategia común frente a un escenario político fragmentado. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar la solidez del entendimiento y su proyección hacia el ciclo electoral de 2027
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POLITICA
Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno a las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las perforaciones y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.
De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que litiga en este caso.
El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto de la británica Rockhopper Exploration.
La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió , dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano.
Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.
La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.
Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.
La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.
Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.
También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Los fundamentos del fallo que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

La jueza federal Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una medida cautelar dictada en el expediente FCR 13706/2026 a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
En su disposición, la jueza apuntó contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución, además de frenar las obras, desarrolla en detalle los argumentos jurídicos que la sustentan, y está basada en distintos fundamentos.
Eje ambiental
El primer fundamento es ambiental. La jueza tuvo por acreditado que ninguna autoridad argentina había iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto: un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este año, confirmó que no existía aviso de proyecto ni trámite iniciado con las empresas mencionadas.
La Ley General del Ambiente (25.675) exige esa evaluación previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión configura por sí misma la conducta antijurídica que permite actuar preventivamente: quien debía evaluar el riesgo ambiental no lo hizo y, aun así, avanzó con la ejecución de la obra.
Ese razonamiento se apoya en el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica sobre el impacto de una actividad no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave.
La resolución citó también la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— y “Halabi”, que reconocen al ambiente como un bien colectivo, indivisible y no apropiable individualmente, y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva OC-23/17 estableció que el derecho a un ambiente sano protege ecosistemas como el mar aun sin que exista una persona individualmente afectada. Sobre esa base, el juzgado concluyó que la función judicial ambiental no está limitada a intervenir una vez consumado el daño.
Eje en la soberanía
El segundo fundamento es la soberanía. Al analizar la legitimación de los demandantes, la jueza reconoció que la causa promovida por el CECIM “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque involucra además la defensa de la soberanía nacional sobre Malvinas, a la que calificó como “bien colectivo indivisible” y “interés federal por antonomasia”.
Ese argumento le permitió sostener la competencia del juzgado sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, en base al artículo 2603 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el país. La resolución sostuvo que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicación inmediata que se imponen por sobre cualquier autorización o título extranjero que las empresas pudieran invocar.

Peligro de demora
El tercer eje es el de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos requisitos clásicos de toda cautelar. La jueza consideró acreditada la verosimilitud a partir de la existencia y localización del proyecto, la magnitud de las obras previstas —23 pozos, una unidad flotante de producción y una ampliación portuaria en Puerto Argentino— y los antecedentes de las empresas: según documentación oficial incorporada al expediente, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya habían sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon “ilegales y clandestinas” sus actividades en la plataforma continental y dispusieron su inhabilitación para operar en el país por veinte años.
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El peligro en la demora, por su parte, surgió de que el proyecto ya había superado la etapa conceptual: las empresas habían adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025 —rechazada formalmente por la Cancillería argentina el 11 de ese mes— y habían comenzado obras de adaptación de infraestructura, según la propia documentación de Rockhopper.
Alcance del fallo
La resolución aplicó, además, un criterio de proporcionalidad al definir el alcance de la medida. La jueza rechazó la fórmula que habían propuesto originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la suspensión hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: dado que Rockhopper ya tiene una inhabilitación de veinte años, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida provisoria en una prohibición definitiva.
Por eso, la suspensión regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Por el mismo criterio, difirió el pedido de bloquear de manera general nuevos contratos de financiación, pagos o transferencias de las empresas, al considerar que en esta etapa esa prohibición podría alcanzar a terceros no identificados, como bancos o aseguradoras, sin haber sido oídos.
La medida es provisoria y quedará sujeta a revisión una vez que Rockhopper y Navitas —intimadas a presentar en diez días hábiles información detallada sobre el estado del proyecto, sus contratistas, su estructura societaria y financiera— sean notificadas y puedan ejercer su defensa. Por tratarse de empresas domiciliadas en el exterior, esa notificación deberá tramitarse por la vía del Convenio de La Haya de 1965.
Islas Malvinas, Petróleo, justicia federal
POLITICA
Cortocircuito y quiebre entre la Casa Rosada y sus diputados por la ley de discapacidad

“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.
El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.
“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.
Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.
Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.
La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.
Los cambios del presupuesto
Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.
El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.
La jugada del Gobierno generó podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.
No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
Noticia en desarrollo
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